8 jul. 2015

Los instantes previos al comienzo de
los alegatos.
(Por La Retaguardia) Fue este lunes 6 de julio, tras una semana de demora producida por una resolución acerca de la aceptación o no del testimonio de Adolfo Scilingo, y también por la recusación impulsada por la defensa de Jorge Eduardo Acosta, uno de los 60 represores imputados en esta causa por los delitos cometidos contra 800 víctimas. La solicitud fue finalmente rechazada por los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº5 y los representantes del Ministerio Público, Mercedes Soiza Reilly y Guillermo Friele, pudieron dar inicio a su alegato que podría extenderse por 2 meses. Una de las causales del pedido de recusación que, finalmente, el tribunal dejó sin efecto, tenía que ver con dos entrevistas realizadas por La Retaguardia a Guillermo Friele, donde según los represores, el fiscal había denotado pérdida de objetividad.
En esta nota, repasamos los principales lineamientos de la primera etapa del alegato, cuya lectura estuvo a cargo de Soiza Reilly.

Los fiscales iniciaron su alegato señalando que esta Megacausa comprende el juicio más voluminoso de la historia, tanto por la cantidad de imputados, víctimas y testigos intervinientes como por el material documental acumulado en este proceso, que incluye años de instrucción sumado a 2 años y medio de audiencias. Soiza Reilly remarcó que este proceso también incluye años de impunidad y una parálisis que permitió a los integrantes de las fuerzas armadas dar por tierra importante prueba que pudiera perjudicarlos.
De todos modos, los fiscales adelantaron que pedirán condenas por encontrar probados los delitos cometidos. En este sentido, afirmaron que los imputados que están siendo juzgados tuvieron una relación directa con las acciones ilícitas desarrolladas dentro del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante el Terrorismo de Estado, y que incluso ocuparon cargos que funcionalmente se vincularon a estos delitos. “Fueron parte del engranaje represivo indispensable para que las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos, la violencia sexual y la muerte pudieran dejar un número altísimo de víctimas del Terrorismo de Estado”, expresaron los fiscales en su alegato, en donde –según explicaron– al momento de analizar las responsabilidades de los imputados darán cuenta del período en que estuvieron relacionados a estas acciones represivas dentro de la ESMA, “como necesarios eslabones dispuestos para alcanzar el plan criminal: luchar contra lo que ellos llamaron ‘subversión’”, expresaron en el comienzo a las 11:42 del lunes pasado ante la presencia de solo 4 de los 60 imputados: Gonzalo Torres de Tolosa, Ricardo Cavallo, Mario Palet y Edgardo Aroldo Otero.

Víctimas/sobrevivientes/testigos

En un primer punto del alegato, los representantes del Ministerio Público se refirieron a los aspectos generales del cuadro de imputación; hicieron un repaso de las distintas instancias de búsqueda y denuncia de familiares y posteriormente de los sobrevivientes, como habeas corpus, declaraciones ante la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), incluyendo diferentes formas de provocación a los que fueron sometidos por parte de personal militar una vez que las denuncias fueron derivadas a la Justicia Militar.
Los fiscales destacaron especialmente el valor de los testimonios históricos y la confección de listas por parte de los sobrevivientes. En este sentido se preguntaron “¿qué siente un sobreviviente?; ¿qué evoca realmente al momento de prestar declaración?; y, en definitiva, luego del aporte material al juicio, ¿qué pasa con ellos después?”. Luego manifestaron que este juicio debe dejar una enseñanza en relación al tratamiento de las víctimas/testigos de crímenes aberrantes cometidos durante el Terrorismo de Estado, “porque deponer sobre los hechos crueles que se cometieron tiene un significado y una carga muy alta para ellos; porque son hechos que no pasan desapercibidos, y que permanecen y permanecerán para toda la vida, porque los testigos históricos de la ESMA, en muchas audiencias no fueron tratados como sobrevivientes. Se les exigió por demás”. Y retomaron lo declarado en el juicio por Vera Lenie, nacida en cautiverio: “ellos han sido juzgados desde que fueron sobrevivientes, se les ha inhabilitado su papel de víctima”.
En este punto, los fiscales nuevamente se preguntaron “¿es reprochable que durante 39 años, aquellos que salieron de los campos de concentración, necesitaran reconstruir de manera individual o colectiva los hechos que marcarían sus vidas para siempre? ¿Es reprochable que a fin de no olvidar, confeccionaran testimonios históricos que los acompañaron durante su lucha incansable por justicia y por memoria? ¿Es reprochable, que listaron a sus compañeros de cautiverio y sindicaron a algunos de sus captores con apodos, señas o características físicas?”. En un merecido homenaje a los testigos, aclararon que la respuesta a estos interrogantes debe ser negativa, ya que nadie puede reprochar la tarea del sobreviviente, “porque cuando la justicia estuvo ausente, la preservación histórica de sus relatos fue el arma más poderosa que guardaron consigo; porque los pactos de impunidad que existieron en nuestro país obligaron a preservar la prueba de este modo”.
En esta instancia consideraron que no es posible que un testimonio de estas características pierda fuerza procesal y/o fuerza probatoria como consecuencia del paso del tiempo, sino que por el contrario tiene plena validez. Mencionaron los listados que varios de los sobrevivientes confeccionaron, a fin de no olvidar, con cada uno de sus compañeros de cautiverio y algunos de sus captores. A estos documentos históricos agregados al expediente, se les dará validez probatoria, afirmó Soiza Relly. Le otorgó especial atención al listado confeccionado en 1979 en plena dictadura por Sara Solarz de Osatisky, Ana María Martí y María Alicia Milia de Pirles, liberadas del campo. También documentaron los nombres de sus compañeros de militancia, apodos, características, de las madres que dieron a luz en el campo de concentración, las muertes a raíz de las torturas y los traslados, los listados confeccionados por Lila Pastoriza, Martín Gras, Fernando Kron, Graciela Daleo y Andrés Castillo, Pomponi, Mario Villani, Munu Actis Gortea, Andrés Buzzalino, Norma Burgos, Victor Basterra, Ricardo Coquet, Lisandro Raúl Cubas, Pilar Calveiro, Daniel Lastra, Alberto Girondo, Blanca García Alonso, Miriam Lewin, Silvia Labayru, Nilda Orazi, Amalia Larralde, Rosario Quiroga, Elisa Tokar y el manuscrito elaborado por Enrique Fukman.
Mientras Soiza Reilly leía, las imágenes de cada una de las listas se veían a través de la pantalla gigante que se ubica detrás de los jueces del tribunal, Daniel Obligado, Adriana Paliotti y Leopoldo Bruglia.
Los fiscales remarcaron que durante las audiencias los abogados defensores instalaron dudas en la credibilidad del sobreviviente/testigo. “Hemos llegado a escuchar en este juicio, por parte de un defensor, que podrían ser investigados por su responsabilidad civil durante el Terrorismo de Estado. De más está decir, que estos argumentos defensistas son cuestiones que ya han sido zanjadas en innumerables pronunciamientos y hoy se reiteran con el propósito de disgustar a los testimoniantes y evitar que sigan declarando”, expresaron. Al respecto, agregaron que el Ministerio Público entiende que el sobreviviente nunca puede perder la calidad de víctima, ya que es de esta forma cómo ingresó al campo de exterminio: como un secuestrado, que padeció todo tipo de vejámenes y tormentos, y que fue sometido a tratos crueles y degradantes.

Documentos y pruebas

Luego, los fiscales enumeraron los archivos, pruebas documentales y periciales presentadas en este proceso y que fueron tenidas en cuenta al momento de elaborar el alegato, como el trabajo realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, los documentos de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, los archivos del Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, aseguraron que este juicio permitió cruzar toda esta información y establecer los períodos en que los imputados estuvieron funcionalmente ligados a las acciones ilícitas de la ESMA. De esta manera, se los pudo ubicar en la estructura organizada de poder, relacionando el cargo desempeñado, el período de actuación, con la prueba testimonial que los indicaba como parte de esta estructura represiva.
Entre los expedientes hallados dentro de los archivos de las Fuerzas Armadas, los fiscales destacaron uno en particular que permitió acreditar cómo se estructuraba el grupo de tareas de la ESMA en 1976 y cómo se conformaban los grupos especiales encargados de efectuar los operativos de secuestro, además de corroborar que estos grupos estaban integrados por personal destinado en la ESMA, pero también con personal destinado en otras dependencias de la Armada.
Este juicio permitió confirmar a su vez que los represores cuyos retratos fueron obtenidos (y sacados de la ESMA) por el sobreviviente Víctor Basterra, formaron parte del engranaje represivo dispuesto dentro de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Entre los documentos que fueron incorporados y que acreditan la estructura represiva también se encuentra los cables de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA), impulsada por Rodolfo Walsh poco después del inicio del golpe cívico militar.
Los fiscales agregaron que en las audiencias de este tercer tramo de la megacausa ESMA quedó en evidencia el significado de las operaciones de prensa a favor de la acción de las fuerzas armadas, con la connivencia de sectores civiles que actuaron de manera cómplice. Uno de los ejemplos citados fue el reportaje apócrifo a Telma Jara de Cabezas publicado en la Revista Para Tí.

Archivos y responsabilidades

Mercedes Soiza Reilly explicó en el alegato que los documentos aportados por los Ministerios de Defensa y de Seguridad permitieron comprender cómo se ubicaron funcionalmente los imputados en los delitos juzgados en este proceso; cómo se formaron los grupos encargados del secuestro de las víctimas; cuántas personas fueron llamadas a formar estos grupos para actuar tanto dentro del campo de concentración como en los operativos de secuestro. “Es decir, producto del trabajo colectivo y de esta importante apertura de los archivos pudimos conocer las estructuras de la Armada Argentina que, por muchos años, permanecieron silenciadas, producto de un plan sistemático de ocultamiento de pruebas”, expresó.
Los fiscales realizaron un esquema represivo y una estructura orgánica de la Armada a partir de estos archivos. Especificaron, por ejemplo, que la Marina tenía su centro de poder en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde tenía su asiento el Grupo de Tareas 3.3 que pertenecía a la Fuerza de Tareas 3, denominada “Agrupación Buenos Aires”, siendo igualmente su denominación más conocida GT 3.3. Este último estuvo compuesto por personal destinado directamente en la ESMA pero también con personal que provenía de otros destinos, como personal en “comisión”, personal destinado a la Compañía de Seguridad de la Escuela, personal asignado bajo la modalidad “enlace”. “Este mega juicio nos ha permitido probar estas relaciones, el uso de personal de distintos destinos, un grupo de tareas que se nutrió constantemente de personal especializado en las distintas áreas y técnicas a fin de lograr efectividad en sus acciones”, señalaron.

Medios al servicio del terror

Durante la larga lectura, que culminó cerca de las 16, Soiza Reilly detalló el entramado mediático y las operaciones de prensa que tuvieron a disposición los genocidas. Entre otros, citó la fraguada entrevista a Thelma Jara de Cabezas publicada por el semanario Para Tí, y las noticias que dieron cuenta de "la muerte de Norma Arrostito durante un enfrentamiento", cuando en realidad la integrante del grupo inicial de Montoneros, fue secuestrada y permaneció con vida dentro de la ESMA durante 2 años antes de ser desaparecida. En este ítem, también se mostró en la pantalla una nota periodística titulada "Los hijos del terror", en la que se ve una foto de la niña Alejandrina Barry. En esas notas de Editorial Atlántida, se mostraba a la hija de desparecidos como una huérfana abandonada por sus padres, que en realidad habían sido asesinados por la dictadura.
En otro tramo rescataron la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuestionado por alguno de los imputados.
Los fiscales además aseveraron que en este juicio están siendo juzgados no sólo los ejecutores de los crímenes cometidos dentro de la ESMA sino también quienes impartían las órdenes, todos ellos considerados coautores funcionales, es decir los altos mandos, “aquellos que detentaron el poder estatal y llevaron adelante una práctica sistemática de extermino en la Argentina de la década del 70”.
Luego, los representantes del Ministerio Público comenzaron a analizar las responsabilidades penales de cada uno de los imputados, para determinar cuál fue su ubicación en la estructura organizada de poder, y cómo contribuyó a los hechos por los que están siendo juzgados. Los primeros represores en ser analizados en detalle en la jornada del lunes 6 de julio fueron Edgardo Aroldo Otero y Rubén Oscar Franco. En la jornada de hoy y en las siguientes también se identificará el rol del resto de los altos mandos de la ESMA.
La etapa de alegatos ya está en marcha. No fue sencillo arriba a esta etapa. Durante semanas, los fiscales Friele y Soiza Reilly continuarán detallando el accionar de los genocidas dentro del mayor centro clandestino de la dictadura. Ese lugar que nunca será ex. El que nos han contado los sobrevivientes a través de sus invaluables testimonios. La ESMA estará mostrada allí, con toda su carga de dolor y muerte, pero también de resistencia.

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