29 ago. 2015


Lo resolvió el fiscal José Luis Longobardi, el mismo que actuó en el juicio que condenó al policía Torales por torturas contra Luciana Arruga. La causa se había generado por una denuncia presentada por abogados de los policías acusados por el crimen de Gabriel Blanco en una comisaría de San Carlos, Isidro Casanova, ocurrido en marzo de 2007. De todos modos, Longobardi aclaró que si durante el juicio a los efectivos, que comenzaría este año, surgen nuevos elementos, podría reabrir la causa. Dialogamos con Pablo Pimentel sobre estas novedades y también sobre la declaración del ex secretario de Seguridad de Avellaneda, Eduardo Villalba, en la causa por las responsabilidades políticas de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. En este marco, Villalba confirmó la presencia el 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón de Prefectura, una fuerza federal cuyas órdenes emanan del poder nacional.

(Por La Retaguardia) El 18 de mayo se realizó una multitudinaria marcha por las calles de La Matanza. Organizaciones sociales y políticas, referentes de derechos humanos, habitantes de la zona se movilizaron para apoyar a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza ante los atentados, persecuciones, y armado de causas contra sus integrantes.
En diálogo con La Retaguardia, Pablo Pimentel, referente de ese organismo, manifestó: “fue histórico para La Matanza, y nosotros nos sentimos orgullosos, muy contentos y acompañados, porque vinieron organizaciones sociales, políticas, barriales, gente de la iglesia, fue muy cálido y de un fuerte compromiso, y creo que eso lo leyó el Poder Judicial de La Matanza, y entendió que lo que estaba manteniendo era realmente un mamarracho jurídico, no tenía sostén”.
En marzo de 2007, Gabriel Blanco, un joven de 21 años que era sistemáticamente hostigado por la policía para que robara para ellos, fue detenido y pocas horas más tarde hallado muerto en su celda de una comisaría de San Carlos. Pimentel fue a esa comisaría a hablar con los otros detenidos para preguntarles si habían oído o visto algo. En 2013, uno de los abogados de los policías acusados por la muerte de Blanco presentó una denuncia contra Pimentel y la APDH La Matanza acusándolos de extorsión; decía que habían arreglado con los presos que ellos acusaran a los efectivos a cambio de beneficios.
“El fiscal Longobardi decidió archivar la causa –explicó Pimentel–, y lo fundamenta en que no hay delito en lo que (el abogado) Fernández denunció, que es una patraña. Es algo realmente muy bajo utilizar a dos presos para que declarasen en contra de la APDH, como que la APDH les había sugerido que denuncien contra la policía, porque si lo hacían iban a obtener mejoras. Además, cuando se detuvo a los policías no se usaron estos testimonios de los presos, sino que tuvieron en cuenta las pericias que se hicieron tanto en la reconstrucción del hecho, en la prueba del cable, y en la re-autopsia que fue contundente, y es lo que llevó a que haya cinco procesados, tres de ellos detenidos”.
En la segunda autopsia que se le realizó al cuerpo de Gabriel en Lomas de Zamora, el perito forense afirmó que se trataba de un caso de tortura seguida de muerte. Además, cuando se hizo una pericia con un cable similar al que había aparecido alrededor del cuello del joven, se comprobó que no podía soportar el peso de su cuerpo, por lo que es imposible que se haya ahorcado con ese elemento. Por la muerte de Blanco, el subcomisario Rubén Darío Suárez, el suboficial Ariel Emiliano Gómez y el oficial Pablo Balbuena se encuentran detenidos, mientras que los otros dos procesados son comisarios que están en libertad.
De todos modos, el referente de la APDH La Matanza advirtió: “la causa quedó archivada pero también hay que decir que en los considerandos de los fundamentos de la resolución del archivo dice que si en el juicio oral que se va a hacer, calculamos, en este año, se ventila algo nuevo en lo que hace a la denuncia que han hecho contra la APDH, el fiscal está en condiciones de desarchivarla y continuar la investigación. Nos están diciendo que por ahora no hay delito, pero que sepamos que van a estar atrás. Y sabemos que esto responde a que la APDH nunca se ha arrodillado ante ningún poder, siempre ha acompañado a las víctimas cueste lo que cueste, y esto nos ha llevado a que nos calumnien, injurien y lo más grave a que nos amenacen con armas a compañeros nuestros y a la familia, pero esto tiene una génesis que tiene que ver con haber tenido el tupé, junto con Vanesa Orieta, Mónica Alegre (hermana y madre de Luciano Arruga), y con el CELS hayamos sido parte del pedido de tres juicios políticos que se tienen que llevar adelante por la mala práctica que han tenido por la causa de Luciano Arruga, tanto las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas como el juez de garantías Gustavo Banco. Uno de estos pedidos está siendo cuestionado por la posible imputada que es la fiscal Castelli. Esta causa en nuestra contra tiene que ver con un sector de la justicia, dicho por algunos de ellos extraoficialmente, que lo alentaban a que continúen, que me llamen, y nos llamen, y sigan adelante con esta denuncia que no tiene ni pie ni cabeza, es un mamarracho jurídico”.
El fiscal Longobardi es el mismo que actuó en el juicio oral y público que condenó al policía Diego Torales a 10 años por las torturas cometidas contra Luciano Arruga: “estuvo muy bien, cumplió muy bien su función, representó a Luciano con contundencia y fue el que pidió los 10 años de condena, por supuesto los abogados nuestros estuvieron brillantes, pero él estuvo acorde a la situación y la verdad que yo lo felicité. Y le dije que independientemente de lo que decida con nuestra causa, en esta oportunidad estuvo muy bien y en nombre de la APDH lo felicité”, afirmó Pimentel.
Se espera que el juicio por el crimen de Gabriel Blanco se realice este año: “estuvimos por Casación la semana pasada preguntando cómo va el trámite de la recusación que hemos hecho. Nosotros recusamos al Tribunal Nº5 porque vimos que podía haber alguna inclinación parcial, ya votó un juez que dio lugar a nuestro pedido, y ahora tiene que votar el otro, y ya con eso resuelven. Seguramente nos darán lugar a la recusación y tendrán que llamar a sorteo nuevamente sin el Tribunal Nº5 y ahí poner fecha”.
“El lunes pasado nos reunimos tardíamente con todas las organizaciones que nos acompañaron en la marcha. Les agradecimos y les contamos los efectos que ha tenido esa movilización, y ahí aprovechamos para pedir que estemos atentos y alertas para cuando empiece el juicio oral porque evidentemente va a hacer un juicio muy duro, con mucha participación, ya han demostrado los familiares de los policías que están dispuestos, lamentablemente, a cualquier cosa, y nosotros no lo vamos a permitir. En el marco de la ley nosotros vamos a participar tanto dentro como fuera del juicio, y por eso hemos pedido a todos los militantes, a todos los sindicatos y partidos, al barrio, a los medios que nos acompañen”, expresó Pablo Pimentel. Cabe recordar que unos pocos días después de esa movilización, integrantes de la APDH de La Matanza fueron recibidos por el gobernador provincial y candidato presidencial por el Frente Para la Victoria (FPV), Daniel Scioli. Pimentel recordó durante la reunión con las organizaciones, que la presión contra sus familiares y otros integrantes de la APDH, cesó tras la muestra de fuerza callejera.

Responsabilidades políticas en los crímenes de Kosteki y Santillán

Entre las múltiples causas que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza acompaña se encuentra la de las responsabilidades políticas de la Masacre de Avellaneda que hace pocos meses fue desarchivada.
En este marco ya había declarado Hernán Fernández y Mayán, quien era secretario de Gobierno de la Municipalidad en junio de 2002. El miércoles 26 de agosto fue el turno del ex secretario de Seguridad, Eduardo Villalba.
Sobre esta instancia también hablamos con Pablo Pimentel: “lo que él agregó como dato y que puede aportar a la responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional es que confirma que la Prefectura nunca había venido tan armada, con tanta gente, y era la primera vez que había entrado al territorio de la Provincia de Buenos Aires. Recordemos que la Prefectura tiene jurisdicción en la Capital Federal nada más, no podía pasar, sin embargo ese día sí lo hizo y tomó parte del plan estratégico que era declaradamente de represión y de evitar cualquier tipo de corte, dicho por el presidente en su momento Eduardo Duhalde. Por eso Prefectura invadió lo que es territorio de la provincia, concretamente la municipalidad de Avellaneda. Villalba confirmó este dato y después de su declaración pedimos una reunión con la fiscal Paloma Ochoa, que la verdad hay que reconocer que con mucha gentileza y diligencia nos recibió, y le pedimos que todos los elementos que fueron surgiendo, que parecerían no aportar, pueda analizarlos en un marco general de lo que estaba pasando en la Argentina en ese momento, y no como un hecho aislado. Si se lo toma como un hecho aislado y solo de una persona que dijo esto por ahí no le sirve para lo que estamos buscando que es justamente que quienes dieron las órdenes, quienes son los autores ideológicos de esta masacre puedan ser llamados a indagatoria, y la fiscal y el juez puedan aplicarles lo que corresponda si se los encuentra penalmente responsables. En el escrito creo que también agrega que (Alfredo) Franchiotti era un habitué de la zona de Avellaneda y que entraba al municipio, y que ese día (26 de junio) creo que también ingresó y hasta cruzó unas palabras con Eduardo Villalba”.

Duhalde y Aníbal contra los fantasmas

Pimentel remarcó que la presencia de la Prefectura en el operativo del Puente Pueyrredón da cuenta de una decisión política federal: “eso lo decide el Poder Ejecutivo Nacional, y es acá donde no hay que esquivarle más al bulto y apuntarle especialmente a los responsables que estaban en el Ejecutivo Nacional, que lo encabezaba Eduardo Duhalde, y el secretario general de la presidencia era Aníbal Fernández.  Y el gobernador era (Felipe) Sola. Algunos no solo están en las actuales boletas electorales, sino que han sacado muchos votos, por eso hay un triple compromiso ético de todos los que están en esto, por supuesto las familias en forma inclaudicable con mucha persistencia, que transforma el dolor en lucha, nos vinieron a buscar el año pasado, nosotros vimos de qué manera podíamos armar junto con otros organismos un frente común para activar la causa y lo logramos, hay que agradecer a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), en los primeros momentos a la APDH Nacional que también había aportado, después hubo un inconveniente y retiró a la persona que estaba, y seguimos nosotros junto con el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y la Liga, con los abogados nuestros, buscando todos los mecanismos que pueda haber para dar a luz, pero justamente le decíamos a la fiscal que no haga un análisis por fuera del contexto político social que se estaba viviendo desde el año ’96 en la Argentina hasta el 2002. Digo 1996 porque ahí suceden los dos primeros hechos que marcan un antes y un después en lo que hace a la participación obrera y de desocupados que son los cortes de Cutral Co (cayó asesinada Teresa Rodríguez) y de General Mosconi, ahí arranca toda una decisión política del mayor alto del Poder Ejecutivo en disciplinar y judicializar a los luchadores y a la protesta social. La fiscal se ha comprometido a investigar y si tiene elementos llamar a indagatoria, esperemos que sea así porque creo que le va a hacer a la Argentina un favor institucional muy importante. No puede haber en la Argentina y en ninguna parte del mundo, un hecho que quede impune. No puede por una cuestión de la salud republicana, de las instituciones, de la justicia, de los valores de igualdad, y después el derecho que tienen los familiares de conocer la verdad, si bien los autores materiales están cumpliendo condena a perpetua, hay que revisar las condiciones de detención, a ver si realmente se están cumpliendo como corresponde, e hincar el diente en los autores intelectuales”.

En la causa aún falta que declaren varios ex funcionarios, pero la palabra más esperada es la del por entonces intendente de Avellaneda, Oscar Laborde: “actualmente es embajador y como tal tiene un fuero por el que puede declarar por escrito, sin embargo la fiscal va a cumplir con el paso de consultarlo, si Oscar lleva adelante lo que se comprometió en la Liga, donde dijo que quiere estar personalmente y decir todo lo que sabe, va a ser muy importante porque él era el intendente, y va a volcar todo lo que se vivió en los días previos, y en ese día en su distrito”, expresó Pimentel, quien adelantó que la declaración de Laborde debería efectuarse antes de este 15 de setiembre.

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