17 ago. 2015

Fachada de Londres 38 en Santiago de
Chile (Foto: imaginasantiago.com)
(Por La Retaguardia) Hace pocos días murió en Chile Manuel Contreras, el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el sanguinario servicio secreto de Augusto Pinochet. Condenado pero cumpliendo su pena con privilegios, Contreras falleció a los 86 años. Por otro lado, el general retirado del Ejército chileno Hernán Ramírez Rurange se suicidó dos días después de haber sido sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de Eugenio Berríos, un químico de la DINA. Sobre la muerte de los dos represores dialogamos con María José Pérez, coordinadora ejecutiva del Colectivo Londres 38, que trabaja en el centro clandestino de detención que funcionó durante el Terrorismo de Estado en el país trasandino.

“Hemos vivido en los últimos días varios acontecimientos importantes en términos de develar lo que es el pacto de silencio en Chile”, inició María José Pérez la charla con Oral y Público.
La coordinadora ejecutiva del Colectivo Londres 38 explicó que este pacto implica una política de encubrimiento institucional que han tenido las fuerzas armadas, que ha comenzado a tensionarse hace pocos días luego de que un conscripto decidiera romperlo: “entregó una filmación de los crímenes, de lo que se conoce como el caso Quemados, que es cuando queman vivos a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas; él muere y ella sobrevive. Luego de que se vuelve a instalar el concepto de pacto de silencio, varios actores políticos empiezan a pronunciarse y desde el gobierno se hace un llamado a romper este pacto, al mismo tiempo empieza a instalarse el tema de qué pasa con los que están condenados y se conoce la información de que Manuel Contreras estaba desde hace ya 4 meses internado en el Hospital Militar que es uno de los más modernos y lujosos que hay en Chile, y se pone el foco en su estado de salud que era grave. En teoría estaba cumpliendo una condena por los crímenes relacionados a los derechos humanos, tenía condena por casi 500 años, pero su período de reclusión fue en condiciones de lujo, en una cárcel especial con tratamientos, con una serie de beneficios que realmente no tiene ningún condenado, ningún reo”.
Pérez relató que tras la muerte de Contreras se instaló tanto en la opinión pública como en la clase política que el jefe de la DINA se había llevado sus secretos a la tumba, pero aclaró que desde el Colectivo Londres 38 tienen otra postura: “nosotros como organización desde hace dos años venimos impulsando una campaña para terminar con los archivos secretos y creemos que existe evidencia importante, que hay una cantidad de archivos que están todavía guardados y en posesión de las instituciones armadas o de funcionarios o de ex agentes. Creemos que esta idea de que Manuel Contreras muere y se lleva sus secretos no es así, hay mucha gente que maneja información para que operara la DINA, hubo muchas complicidades y creemos que con la muerte de Contreras no se cierra nada; todo lo contrario, se evidencia la impunidad, las condiciones de privilegio que tienen los militares en Chile y se evidencia también la deuda que existe con los familiares y con la memoria histórica de este país”.

El suicidio del condenado

El otro hecho que conmovió a Chile en los últimos días fue el suicidio de Hernán Ramírez Rurange, ex general del Ejército, tras conocerse la condena en su contra por el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos, químico de la DINA.
Rurange tenía 76 años y su muerte reflejó “una suerte de impunidad biológica”,  que para María José Pérez se ha impuesto en Chile. “Los torturadores, los asesinos, están muriendo –expresó–, y efectivamente por su muerte la impunidad se impone de facto. Ante la imposición de la justicia, este hombre decide quitarse la vida para no enfrentar la condena y no enfrentarla en las condiciones en que estamos hoy día donde al parecer, por pronunciamientos que han habido desde el gobierno, existiría la intención del Ejecutivo de cerrar Punta Peuco (penal ubicado al norte de la capital chilena, que tiene condiciones beneficiosas de encierro). Nosotros no tenemos claridad al respecto y nos parece que en realidad es solo volver a poner las cosas en orden con lo que ha operado o debería operar en la justicia y esto es que los violadores de derechos humanos no deben tener condiciones privilegiadas. En este contexto es que se quita la vida, tal como lo hizo Odlanier Mena (ex director de la Central Nacional de Informaciones, condenado por homicidios calificados en el caso Caravana de la Muerte) cuando el gobierno de Sebastián Piñera decide cerrar el Penal Cordillera. Él también se quita la vida antes de estar encarcelado en Punta Peuco donde se iba a encontrar con Manuel Contreras, se sabe que ellos tenían una serie de tensiones y roces, pero para nosotros esto lo que refleja es la resistencia de los militares a ser juzgados y condenados”.
Pérez se refirió además al reciente accionar del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de su país, Hugo Oviedo: “algo más gráfico que el suicidio de este general, es lo que hace el comandante en jefe el martes (11 de agosto), cuando es citado a declarar en la Comisión de Defensa de la Cámara (de Diputados), respecto a si existe o no este pacto de silencio; cita a la que fue acompañado por su ministro de Defensa. En su declaración dice 2 cosas que para nosotros son muy sintomáticas; lo primero que dice es que no existe tal pacto y que las fuerzas armadas no lo amparan, y que no existe una normativa que se los permita tener por lo tanto ese pacto no existe; para nosotros la negación de la autoridad respecto a este pacto lo que hace es validarlo porque justamente es un pacto que opera en la lógica de estas organizaciones que son criminales, clandestinas, operan y juegan entre esta tensión entre la legalidad y la ilegalidad, y cuando reciben este amparo finalmente las personas que se han acogido a este pacto saben que sigue operando. Lo segundo que él dice, y que a nosotros nos parece más grave, es que efectivamente más que un pacto de silencio lo que existe es que las personas que son imputadas por cargos tienen derecho a guardar silencio para defenderse, más aún él entrega y revela los elementos de esta estrategia y le dice a las personas que tienen la duda, que están evaluando si hablan o no, que en realidad lo que más les conviene es seguir guardando silencio, eso a nosotros nos parece gravísimo. Y nos parece aún más grave que haya sido acompañado por el ministro de Defensa que es una autoridad política y que haya respaldado los dichos de este general”.

Londres 38 

Fue un centro de detención tortura y exterminio clandestino que estaba ubicado en pleno centro de Santiago, a unas cuadras de la Casa de Gobierno. “Hasta donde nosotros sabemos funcionó los 2 primeros años, probablemente hasta 1975, fue un centro de reclusión de la DINA y es el único de los centros que permanece en pie. Sabemos que pasaron por allí cerca de 2.000 personas detenidas”, detalló María José Pérez.
Londres 38 está señalizado, en su exterior tiene un memorial con las placas de los 98 detenidos-desaparecidos: “en Chile es el primer memorial que explicita la militancia de los compañeros. Eso marca un hito importante, además es un memorial que está en el espacio público y la casa fue recuperada por nuestra organización; desde el año 2011 está abierta a los visitantes y se han desarrollado una serie de actividades, investigaciones, tenemos un vínculo bien activo con varias organizaciones que están en procesos de lucha”, cerró Pérez el diálogo con Oral y Público. 

0 comentarios:

Publicar un comentario