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Antena Negra y Prosegur: una pelea de buenos contra malos

Escrito por el septiembre 8, 2015


¿Cómo sigue la causa de Antena Negra TV tras el decomiso? Superada la sorpresa tras el secuestro de los equipos del canal comunitario, –todo un símbolo de los ’90– la situación empeoró: no solo se llevaron los equipos sino que imputaron a un integrante del colectivo de comunicación por graves delitos. Mientras tanto, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), convoca a una movilización para este viernes a las 16 hs. en Av. de Mayo y Perú. Para comprender el trasfondo legal del episodio y su costado intimidatorio, esta semana, durante la emisión de Sueños Posibles con Alfredo Grande e Irene Antinori, por Radio La Retaguardia, dialogaron con Martín Sande –presidente de la cooperativa de Antena Negra y actualmente procesado- y La Retaguardia consultó a María del Carmen Verdú, abogada representante del canal comunitario junto a Martín Alderete. (Por La Retaguardia) 

Un grupo integrado por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y la Policía Federal irrumpió el 4 de septiembre en el canal comunitario Antena Negra TV con una orden de allanamiento y decomiso. Los efectivos secuestraron los equipos y destruyeron el estudio ubicado en Ángel Gallardo 759, en la CABA.
Sande, consultado sobre los motivos reales de los hechos, expresó que “es bastante difícil de comprender porque nos enteramos el mismo día” y detalló que el procedimiento se llevó a cabo “con cuarenta efectivos de la policía, una orden de allanamiento y una imputación hacia mí desde un juzgado penal federal”. Lo más grave, explicó, es que “hay posibilidades de que vaya detenido por ser parte de un medio comunitario”. La causa lo imputa por “interrupción de las comunicaciones”.

El decreto presidencial
que incumple Prosegur
Publicado en diciembre de 2014,
efectivo desde su publicación.

De inmediato, Sande comenzó a detallar el conflicto: “Una empresa privada, Prosegur, hace uso desde el año 1990 de la frecuencia que es para TV digital”. La compañía de seguridad, sin embargo, “había perdido la titularidad y todo derecho por decretos de 2014 y norma técnica de 2013”, pero sucede que “a seis años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no hubo un concurso ni se ha reglamentado”. Sande destaca que los medios comunitarios, alternativos y populares son “anteriores a la ley” y que “el cuerpo y espíritu de la ley” planteaba integrarlos.

Así fue que la empresa que ocupaba la señal, a pesar de hacerlo en la absoluta ilegalidad, formuló una denuncia penal porque “considera que su enlace es muy importante y que ellos estaban primero. Por esa razón intervino la justicia con celeridad y acabó con la interferencia. La justicia preguntó a las diferentes autoridades si nuestra señal es considerada interferencia o no”, expresó el militante, “y hubo una contradicción entre la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)”. Como la AFSCA fue ambigua en su pronunciamiento durante las declaraciones en el expediente, la justicia consideró que había que decomisar al canal por la interferencia “debido a la gravedad y exigencia de esta empresa con tantos clientes”. Para poner en contexto, Sande explicó que AFTIC es lo que fue, antes de 2009, la CNC, y se dedica a regular todo aquello que no le corresponde a la radiodifusión: celulares, enlaces privados, distintos tipos de comunicaciones inalámbricas, etc.
Antena Negra TV denuncia que la justicia dio prioridad a un privado por sobre un medio comunitario y que ese privado tiene estrechos lazos con la misma Policía Federal que efectivizó el cumplimiento del decomiso ordenado. “La policía siempre se maneja con métodos violentos, y tenían una orden para hacer lo que quisieran”, señaló Sande. El procedimiento que llevaron adelante “fue romper todo sin escuchar, y mientras tanto la fiscalía no contestaba y a ellos no les importó. Entraron por la fuerza, rompieron los equipos y se llevaron el transmisor”, aseguró.
Sobre las causas de este episodio sin precedentes desde la sanción de la Ley de medios, Sande expresó que es resultado de “una contradicción que tiene la gestión del AFSCA, que a seis años no ha podido resolver la reglamentación de un plan técnico que incluya al 33% y este es el resultado de esa inacción”. Las exigencias jurídicas que demanda la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) junto a numerosas organizaciones y personalidades son el desprocesamiento de Sande, la devolución de los equipos y la realización del plan técnico que permita reservar el 33% del espectro para las emisoras sin fines de lucro. Sande anticipó que “si el fallo es favorable para las empresas indicaría que yo sea privado de mi libertad por interrupción de las comunicaciones”.
Antena Negra transmite ahora sólo por Internet, por lo que Sande ironizó: “Es tan triste, parece que el único lugar para las emisoras comunitarias es la red, mientras el aire es sólo para las empresas grandes”.

Cambio de abogados

Luego del operativo, la causa judicial fue tomada por la referente de Correpi, María del Carmen Verdú, y el abogado de la Cadep, Martín Alderete. Consultada por La Retaguardia, Verdú se inmiscuyó rápidamente en el detalle del patrocinio que dará Correpi: “Tomamos conocimiento, a partir de la citación que les dejaron a los compañeros, de que no se trataba de una simple cuestión administrativa”, e informó que “hay una causa penal donde concretamente está imputado el compañero Martín Sande como referente de Antena Negra”. El presidente de la cooperativa ya está citado a una declaración indagatoria y “aparentemente el delito que se le imputa es usurpación de una señal no autorizada, cuando AFSCA no abre concursos ni cumple con la ley de medios de democratización de la comunicación”. Verdú denunció que “no hay posibilidad de conseguir el uso legal de esas frecuencias que están inutilizadas”. En la CABA, hay un concurso ya cerrado para una categoría que no es la que Antena Negra pretende para emitir. Por eso no se presentaron y reclamaron formalmente a la AFSCA la apertura de concursos en la categoría pretendida.
Con respecto a los denunciantes, la abogada de Correpi planteó que “la señal que utilizaba Antena Negra también estaba ocupada ilegalmente por una conocida empresa de seguridad privada propiedad de personal policial que probablemente tenga que ver con la promoción de esa causa”. “Vamos a estar al servicio de los compañeros desde Correpi”, aseguró, “asumiendo su plena defensa penal en esta causa y participando de toda la movilización necesaria”. “Hay que hacer una gran campaña de solidaridad que visibilice la situación y neutralice este ataque a la comunicación popular”, agregó. La letrada caracterizó el ataque a Antena Negra y aseguró que fue porque “le estaban entorpeciendo el negocio a una parte no oficial del aparato represivo estatal”.

Aquellos tiempos de decomisos

Verdú relacionó lo sucedido con la lógica imperante en los ’90: “Si habremos corrido de una punta a la otra del Conurbano tratando de acompañar a los compañeros que enfrentaban este tipo de situaciones. Me acuerdo por ejemplo del episodio en la radio comunitaria de la villa 21 24”, rememoró. La abogada también denunció que periodistas y militantes “fueron agredidos por el personal policial mientras trataban de registrar imágenes” al momento del decomiso. Verdú mencionó a Luis Angió, (integrante de Radio La Retaguardia), que fue golpeado cuando intentaba filmar la situación, y contó que le recomendó que hiciese la denuncia penal por el episodio.
La causa penal contra Sande y Antena Negra TV, según informó la militante de Correpi, comenzó mucho antes del decomiso: desde abril de este año se engrosa el expediente con una velocidad insólita. El juez interviniente es Marcelo Martínez Di Giorgi y los integrantes del canal comunitario fueron notificados recién al momento del allanamiento. “Si nos metemos en cualquier expediente de hechos represivos, gatillo fácil, torturas, uno va seis meses después y la causa tiene cinco hojas, a menos que haya una querella laburando e impulsando la investigación. Acá, a puro trabajo de oficio, ya estamos hablando de tres cuerpos de 500 fojas y un expediente. Siempre decimos que los jueces y los fiscales son vagos, que tardan seis meses para librar un oficio -se río-; acá laburaron de una manera impresionante: juntaron papeles, informes de AFSCA, declaraciones testimoniales, copias de legislación, todo tipo de laburo técnico, pericias, etc, para secuestrar los equipos y llamar a indagatoria a Martín”. La fecha de esa declaración es el 17 próximo, pero la defensa pedirá una prórroga para poder estudiar mejor el expediente al que recién tuvieron acceso hoy.

Todos los malos juntos

Sobre la empresa denunciante, Verdú contó que es una empresa que se llama GIA S.A., General Industry Argentina S.A, y es la propietaria de la marca Prosegur. “Esta empresa manifiesta que la señal por la que transmitía Antena Negra se superponía con la que ellos utilizaban de frecuencia para comunicarse con los objetivos que custodian”, explicó. Es decir que no podían establecer contacto cuando “en algunos de esos objetivos existía una situación de irrupción, robo, incendio, lo que fuere, y tampoco podían comunicarse con la fuerza policial para que concurrieran”.
GIA S.A., en el marco de la denuncia, presentó una lista de su grupo de clientes. “Ahí se entiende que haya 500 fojas en tan poco tiempo, una citación indagatoria, un allanamiento y un decomiso”, advirtió Verdú. Los vigilados por Prosegur son Aeropuertos Argentina 2000; los bancos Comafi, de San Juan, HSBC, Galicia, ICBC, Macro, Nación, CityBank, Santander, Superville, BBVA Francés, Itaú y Patagonia; la Caja de Valores; el Consejo Federal de Inversiones; Fabricaciones Militares; la tesorería de la PFA y la Secretaría de Inteligencia del Estado. “Con esta presentación nos venimos a enterar -denunció- que en la tesorería de la Policía Federal, en Fabricaciones Militares, en el Consejo Federal de Inversiones y en la propia Secretaría de Inteligencia del Estado, contratan seguridad y custodia a Prosegur en lugar de ponerla el Estado”. La empresa también es responsable de la seguridad de la Embajada de Israel y de la Embajada de Arabia Saudita. “No tienen conflictos raciales ni religiosos los muchachos de Prosegur”, bromeó Verdú.
General Industry Argentina S.A. es una sección local de una empresa multinacional y acusa a Sande por el delito de interrupción de las comunicaciones, que, comparó Verdú, “vendría a ser la versión en frecuencia de comunicación de lo que es el famoso corte de ruta”. Con respecto a la agenda judicial, la abogada expresó que van a pedir una prórroga de la citación indagatoria del 17 de septiembre porque tiene otros compromisos profesionales y que ni bien se enteren de la nueva fecha la darán a conocer de inmediato porque “ese día es imprescindible que podamos gestar una gran movilización de apoyo que le diga a Martínez Di Giorgi que, si de un lado están todos los malos, del otro lado vamos a estar todos los buenos”.
Verdú avanzó en la denuncia política y aseguró: “Ésta es la verdadera cara de la Ley de medios” y con esta situación “se cae la máscara de la democratización de la comunicación que nos vienen vendiendo”. Por otra parte, dijo, “cobran entidad las alertas y advertencias que desde los medios alternativos se han venido haciendo a cerca del cuidado que hay que tener antes de festejarla a libro cerrado. La ley declama una serie de derechos, porcentajes para la comunicación no comercial, comunitaria, alternativa, sin fin de lucro, barrial, territorial, indígena, y esta es la aplicación práctica”, sentenció y aseguró que es una forma de “aplicar una mordaza” y “un precedente gravísimo para el resto de los medios comunitarios”.
La Red Nacional de Medios Alternativos lo viene advirtiendo. No solo ninguno de sus medios ha conseguido acceder a licencias desde la sanción de la ley de medios, sino que además parece estar pagando sus posiciones políticas con este decomiso.

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  1. Unknown   /   septiembre 18, 2015, (10:01 pm)

    acabo de escuchar a la sra.pesidente decir que nunca cerraron un medio de comunicación,
    caramba, y antena negra qué es? quién lo cerró? no entiendo.
    gracias a La Retaguardia por la buena información. besos.

  2. Unknown   /   septiembre 18, 2015, (10:01 pm)

    acabo de escuchar a la sra.pesidente decir que nunca cerraron un medio de comunicación,
    caramba, y antena negra qué es? quién lo cerró? no entiendo.
    gracias a La Retaguardia por la buena información. besos.

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