26 sept. 2015

El Tribunal Oral Criminal N°24 declaró prescripta la acusación contra ex funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra y fueron así sobreseídos en una causa por la tragedia de Cromañón, que ocurrió el 30 de diciembre de 2004 y provocó la muerte de 194 personas. Sobre este tema, dialogamos con la ex legisladora Susana Etchegoyen, una de las impulsoras del juicio político que resolvió la destitución de Aníbal Ibarra. (Por La Retaguardia)

Los funcionarios son el ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana, Juan Carlos López; y el ex subsecretario de Seguridad Urbana, Enrique Carlos Carelli. En tanto, en el caso del ex director general de Servicios de Seguridad Privada, Vicente Osvaldo Rizzo, será Casación quien deberá resolver su absolución, ya que el tribunal entendió que "la acción penal se encuentra vigente" porque durante la investigación siguió teniendo cargos en la administración pública. Esta causa es por el delito de incendio culposo en el marco del tercer juicio oral por este hecho.
“La noticia no me sorprendió porque nosotros supimos siempre que esa causa nacía prescripta, empezando con que el principal responsable que es Aníbal Ibarra ni siquiera fue citado a declarar, el principal responsable político, el tipo que armó un aparato de habilitación por teléfono, que puso a la amiga de sus amigos, que era una maestra jardinera en el área de Habilitaciones, a ese tipo ni siquiera lo llamaron a declarar porque el poder lo protegió. Y Ana María Fernández y los demás totalmente responsables tampoco fueron imputados con la gravedad del caso pero lo real es que detrás de esto se esconde que hay una legislación que protege a los funcionarios, porque las causas de los funcionarios no deberían prescribir. Y además deberían ser más severas, con inhabilitación. Por supuesto que todos sabemos cómo es esto y sabemos que es muy difícil estar en la gestión con aparatos corruptos desde hace muchos años, pero esto no es excusa porque uno siempre puede abrir las cosas y explicarle al pueblo lo que pasa y no hacerse el distraído”, aseveró Susana Etchegoyen en diálogo con La Retaguardia.
La ex legisladora por Autodeterminación y Libertad (AyL) fue una de las que impulsó el juicio político contra Aníbal Ibarra, por el que luego fue destituido de su cargo como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe recordar además que los funcionarios porteños que sí fueron condenados son la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, que recibió 4 años de prisión; el ex director adjunto de ese organismo, Gustavo Torres, condenado a 3 años y 9 meses; y la ex responsable de la Unidad Polivalente de Inspecciones, Ana María Fernández, cuya pena fue 2 años y 10 meses.
Al ser consultada acerca de por qué sí se condenó y con penas más duras a los músicos de Callejeros, y en su momento se condenó también a Omar Chabán, dueño del boliche República de Cromañón que murió en noviembre pasado, y no a los funcionarios, Etchegoyen manifestó: “los funcionarios son los intocables y lo dice la autora del juicio político a Ibarra. Cuando nosotros hicimos el juicio político, no el juicio de la ley, de la justicia ordinaria que debería juzgarlo con igual dureza, nos dijeron que nunca iba a ser destituido y nosotros fuimos el grupo de gente que dijo que había que hacer lo que había que hacer y que después veríamos, y se logró destituirlo; lamentablemente no se logró inhabilitarlo y entonces hay que aguantarlo en un cargo hasta ahora, a él y a toda su banda, pero no hay formato legal. La condena más dura para un funcionario público son 4 años. Todo ese grupo que habilitaba por teléfono a sus amiguitos, a la gente del rock, a los verdaderos responsables... por supuesto no le estoy sacando responsabilidades a Chabán ni a Callejeros. Todos eran parte de un negocio, pero la política cubre a sus hijos, los protege, entonces hay que modificar algunas cuestiones de fondo, esto no puede volver a ocurrir, y que alguien tenga una condena de más de 3 años y que a alguien si es necesario se le dé 20 y que además sea inhabilitado para la función porque su responsabilidad es gravísima, pero eso no se puede lograr más allá de los deseos. Acá hubo un encubrimiento hacia los funcionarios que hicieron que Ibarra ni fuera a declarar y que los demás tuvieran condenas muy leves, pero además de eso hay todo un formato legal para que nada más pueda hacerse. Vos no le podés dar 10 años a un funcionario por incumplimiento, que además es bastante difícil de demostrar un incumplimiento”.

Cambiar la ley de prescripción

En este sentido, Etchegoyen afirmó que apoya a grupos de padres de distintas masacres que proponen modificaciones de algunas leyes: “no voy a decir que son tragedias, son masacres, eran perfectamente evitables y estoy hablando de Cromañón, el choque de trenes en Once, lo que quieren estos padres es cambiar la ley de prescripción y de caratulación de los incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, porque en este marco es imposible hacer otra cosa. Claro que la causa prescribió, igual cuántos años duró, y en este camino se apeló y se apeló, Callejeros sigue apelando, van a seguir libres porque siguen apelando y está bien porque la justicia da un marco de garantías para todos. Pero para los funcionarios públicos no hay un marco legal adecuado de juzgamiento, está armado para protegerlos. Habrá que trabajar para cambiar algunas figuras legales”.

Aníbal, el nunca citado

Respecto a Aníbal Ibarra, la ex legisladora señaló que “es el principal prescripto y el principal responsable. Ni siquiera tuvo que declarar... Es una cosa increíble. Y encima el tipo habla, te lo tenés que aguantar hablando. En la investigación previa al juicio político que fue de una comisión especial, quedó claro cómo era el sistema de habilitación: él y dos amigos levantaban el teléfono y decían qué hacer. De esto hay 1500 hojas escritas de la investigación, que fue bien hecha, nunca fue un invento, él dice que fue un invento macrista, la verdad que el juicio se lo presentó la izquierda, no el macrismo, que no quería sentar un precedente de destitución de un funcionario público porque ellos tenían un jefe de gobierno en vías en ese momento, así que no es verdad que lo destituyó el macrismo, a Ibarra el juicio político se lo pedimos nosotros porque estaba claro cuál era su responsabilidad. La movilización de la gente en la calle y la intervención de algunos de nosotros hizo que el juicio empezara y cuando empezó era tan claro lo que había pasado que no había modo de no destituirlo, esa es la verdad. Ni siquiera con todo el aparato del Estado protegiéndolo a él, a Ana María Fernández y a toda esa banda, porque yo digo que son una banda como las que probablemente están ahora, porque Beara (un boliche donde se derrumbó un entrepiso ilegal en el que murieron 2 jóvenes) fue después, durante el gobierno macrista, y Once también fue después”.

Malos nuestros y malos ajenos

Finalmente, le preguntamos a Etchegoyen por qué razones hubiera impulsado un juicio político contra Mauricio Macri en caso de haber sido legisladora durante su gobierno: “seguramente hubiera pedido juicio político por varias cosas; una fueron las escuchas, otra es lo que hizo con el espacio público, otra es Beara. Ahora la verdad es que nadie tiene 200 muertos... eso también es cierto, ¿cómo es la historia? ¿Cuando el tipo que mata a 200 pibes es nuestro eso está bien, y cuando lo hace la derecha está mal? Yo creo que está mal cuando lo hace la derecha y está mal cuando lo hace alguien del campo que se supone popular, porque el gobierno de Ibarra no fue progresista en la Ciudad de Buenos Aires. Ibarra es el tipo que más ha endeudado a la ciudad antes de Macri que por supuesto no tiene parangón probablemente, pero andan ahí, no andan tan distintos. Yo no suscribo la teoría de que si es corrupto y es nuestro pasa, no, si es corrupto es corrupto, si dio habilitaciones y todo le importó un pito que es lo que ocurrió, porque en Ibarra hubo una mezcla fatal de no me importa y de negocios, una catástrofe en términos de correlación para que algo ocurra y por eso ocurrió, y eso sumado a la soberbia de Ibarra, porque si él el primer día hubiera dicho ‘la verdad que tengo gente abajo que no hace su trabajo’ y hubiera renunciado, hubiera ido a hablar con los padres, hubiera sido otra historia, pero él desde un primer momento se sacó una foto con los tipos que manejan el negocio de la noche en Buenos Aires, y yo la tengo a esa foto. A las 48 horas y sin recibir a los padres. Entonces queda todo tan claro... No es cierto que le pasa esto a los progresistas, le pasa a quien le pasa, nadie estaba acostumbrado, aunque era una tragedia anunciada. Nadie está advertido de lo que va a pasar en los subtes que no tienen mantenimiento, lo que pasa con la gestión Roggio, y el día que pase va a saltar una gran carpeta que va a mostrar que ahí vive Dios como dicen los delegados”.
Por haber impulsado el juicio político a Ibarra, la agrupación a la que pertenecía Etchegoyen fue acusada de haber generado la llegada de Mauricio Macri al poder porteño, una acusación que la ex legisladora desmintió rotundamente: “nosotros decimos que a Macri lo trajo la gestión de la ciudad de Buenos Aires del gobierno ibarrista, que fue la responsable de que Macri pudiera ganar con el 60% de los votos. Dos gobiernos que son corruptos, clientelares y que no son tan distintos, no era tan distinto Ibarra de Macri, no es que estaba haciendo una gestión revolucionaria y por eso le llovió el juicio político. Estaba haciendo una gestión corrupta de la que se quejaban todos, donde había pruebas evidentes de negociados, igual que hay ahora con Macri y pasó, ese es el tema: pasó; como pasó con los trenes, era una catástrofe anunciada, todos sabíamos cómo funcionaba el Sarmiento y pasó. Unos y otros gestionan muy mal y les importa muy poco la gente, y mientras esto pase quienes estemos en el momento en el lugar adecuado y sigamos nuestras convicciones procederemos”.
La causa Cromañón está lejos de estar resuelta en la justicia. Esta semana se conoció además el fallo de la Sala IV de Casación que confirmó las condenas de los músicos de Calljeros, aunque seguirán aún en libertad: Patricio Fontanet a 7 años de prisión; de Juan Alberto Carbone, Christian Torrejón, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado a 5 años; de Horacio Cardell a 3 años; y de la mano derecha de Omar Chabán, Raúl Villarreal, a 6 años. Decisión que seguramente será apelada.

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