3 oct. 2015

Dialogamos con Jorge Perea, historiador e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en esa provincia. A partir del disparador del inicio de un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad, reflexionamos sobre cómo se intentó ocultar la resistencia durante el Terrorismo de Estado, la recuperación de la memoria por parte del pueblo catamarqueño y su relación con las actuales luchas contra la megaminería a cielo abierto. (Por La Retaguardia)

4 ex militares y 1 ex policía son juzgados por la desaparición de Nelly Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos, y los hermanos Francisco Ponce y Griselda Ponce. “Para nosotros siempre que se produce una instancia de este tipo, de inicio de juicios, como comunidad sentimos que estamos dándole una batalla al olvido, no sé si ganándolas pero sí en todo caso dando una batalla en la cual uno puede construir un nuevo tipo de relación con la memoria y también con el pasado reciente. Este es el tercer juicio de delitos de lesa humanidad en la provincia que se desprende de otra causa, quizás la primera causa paradigmática que significó la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Catamarca. Uno encuentra que una de las marcas de la violencia sistemática, a la cual se vio sometida nuestra provincia durante las décadas del ’60 y ’70, es que muchos catamarqueños tenían que migrar a otras provincias en búsqueda de oportunidades de trabajo, y también fueron objeto de atención por parte del Terrorismo de Estado. La mayoría de compañeros catamarqueños desaparecieron trabajando, militando, viviendo en otras provincias. Esto también dificultó su recuperación en términos históricos como personas a las que nosotros seguimos pensando como de pertenencia de la memoria, la verdad y la justicia del ámbito local. Pero en el caso de los Borda, Burgos y Ponce, son desapariciones que se produjeron en la provincia de Catamarca; oportunamente ya hubo dos juzgados y condenados (Carlos Lucena y Juan Alberto Rauzzino) en el primer juicio, pero en una decisión inteligente de la justicia federal de la provincia decidieron que tenía que haber una segunda instancia en la que se juzgara al resto de la cadena de mando, de la cual dependían los policías y los militares que habían sido partícipes de la desaparición de Borda en el departamento de Belén, y del Ponce y los Burgos en el departamento capital”, afirmó el historiador Jorge Perea, en diálogo con Oral y Público. 
Por las desapariciones de Nelly Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos, y los hermanos Francisco Ponce y Griselda Ponce están siendo juzgados desde el 25 de setiembre pasado los ex capitanes del Ejército Darío Otero Arán y Jorge Isaac Ripoll (oficiales de Inteligencia del Regimiento 17 Aerotransportado de Catamarca); el ex mayor del Ejército, Enrique Henzi Basso; el ex jefe de la Sección Tiradores de la misma unidad, Rodolfo Sergio Mujica; y el jefe de la Policía provincial en los primeros 50 días posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Carlos Ricardo Ruiz.
El único detenido de los imputados es Otero Arán. En tanto, Luciano Benjamín Menéndez estaba incluido en la causa por su rol como jefe del Tercer Cuerpo del Ejército pero fue apartado porque se encuentra atravesando otros juicios por delitos de lesa humanidad en La Rioja y Córdoba.
“Desde nuestro punto de vista y de los abogados que llevan a cabo la representación de los organismos y familiares, (los imputados) formaron parte de lo que fue la planificación de la desaparición de los militantes de la Juventud Obrera Católica y del PRT en la provincia de Catamarca. Hay que recordar que Borda era militante también del PRT y Burgos y los hermanos Ponce de la Juventud Obrera Católica”.

Los caminos de la memoria

Perea contó que uno de los imputados en este juicio forma parte de una reconocida familia catamarqueña: “esto también es una parte de la lucha que tuvimos que dar los organismos de derechos humanos al interior de nuestra propia sociedad, porque llevar a juicio a alguien que forma parte de una familia tradicional parecía que significaba también cuestionar la pertenencia de uno de nuestros integrantes a lo que fue el plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura. Esto también es una particularidad de la dictadura en la provincia, este discurso hegemónico sobre lo ocurrido en aquellos años planteaba que si se produjeron hechos de violencia fue de exclusiva responsabilidad de gente extraña a la provincia, funcionarios militares, burócratas civiles que venían a realizar la intervención de determinados organismos del Estado y que en definitiva la sociedad catamarqueña no había tenido ningún tipo de papel en lo que había ocurrido. No era la sociedad en su conjunto, sino que hubo funcionarios, comerciantes, militantes de partidos políticos con tradición democrática que decidieron colaborar con el funcionamiento del Estado provincial durante la dictadura, y ganaron mucho, no solo en términos políticos sino también en términos económicos y de representaciones institucionales que no perdieron luego de que se terminó la dictadura, porque estas personas se hicieron presentes en el ámbito de la justicia provincial, de las instituciones educativas, de la Universidad Nacional de Catamarca y en el liderazgo de partidos importantes como la Unión Cívica Radical”.
Perea explicó que esta situación hizo que a los organismos de derechos humanos y a los familiares les costara visibilizar lo que había sucedido durante el Terrorismo de Estado también en Catamarca: “es interesante seguir los caminos de la memoria en esta provincia, al igual que en todo el país, pero especialmente en las provincias que aparentemente eran marginales para el Terrorismo de Estado, en las cuales había también una militancia en términos cuantitativos mucho menor a la de los grandes centros urbanos. Cuando nosotros iniciamos este camino de reconstruir la memoria y empezar a dar cuenta de los desaparecidos catamarqueños en 1983; en 1985 se empezó con una lista provisional de 14 o 15 compañeros desaparecidos, una lista que se ha ido agrandado con el paso del tiempo, y esto tiene que ver básicamente con la enorme dificultad que han tenido las familias catamarqueñas durante las décadas del ‘80 y el ‘90 de dar cuenta de esto, de que sus familiares de quienes no se tenían noticias no volvían a la provincia, y no era porque se habían ido a vivir a otro lado sino que habían desaparecido, eran víctimas de un régimen terrorista y esto también es una marca de las particularidades de la violencia sistemática del Estado en Catamarca, que por supuesto siguió manteniéndose en las décadas del ’80 y del ’90 porque en pocas provincias como en Catamarca hubo una enorme dificultad para que los familiares de los detenidos y desaparecidos políticos se pudieran organizar, porque había como una suerte de discurso de sentido común imperante, hegemónico, que se sostenía con una fuerte presencia de instituciones del gobierno que plantaban que Catamarca había sido una excepción a la regla durante la dictadura militar. No por casualidad el primer gobernador del Frente Cívico y Social fue un ex gobernador de la dictadura, Arnaldo Aníbal Castillo; no casualmente la lucha por la memoria, la verdad y en contra del olvido es una cuestión vigente en Catamarca; no por casualidad en el comité provincial de la Unión Cívica Radical hay un busto de bronce que conmemora a este ex gobernador procesista. Es sintomático que a diferencia de otros ex gobernadores procesistas, él no tuvo que construir su propio partido provincial para llegar a una primera magistratura, sino que recuperó su militancia como dirigente de la UCR, fue considerado como su principal dirigente y por supuesto sigue siendo hoy recordado en el ámbito radical de la provincia como uno de los hombres políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, tan importante que merece un busto de bronce en el lugar de reunión de uno de los partidos democráticos de la Argentina”.
Para Perea, entonces, tampoco es casualidad que se hayan demorado durante tanto tiempo las instancias judiciales en Catamarca: “que los procesos de instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad hayan tenido un trámite kafkiano; la Masacre de la Capilla del Rosario es un proceso que se inicia con una primera denuncia en 2004 y se termina juzgando 10 años después. Y lo mismo ocurrió con los casos de Ponce, Burgos y Borda, fue también un reclamo por parte de las organizaciones de derechos humanos junto con la importante solidaridad de otros organismos que ayudaron a que la segunda parte de la causa se empiece a sustanciar desde la semana pasada”.

Lesa humanidad, megaminería y la memoria de las luchas

“Estoy iniciando un trabajo de investigación junto con docentes y estudiantes del Instituto de Estudios Superiores de Belén que también han tenido un papel importante como militantes y miembros de la comunidad de esa ciudad en recuperar por ejemplo la memoria de sus desaparecidos. Un hecho que es absolutamente negado durante décadas en la ciudad de Belén y que también implicó la desaparición de sus memorias de lucha”, relató Jorge Perea, en referencia a una de las localidades provinciales que hoy sufre a la megaminería a cielo abierto.
El historiador advirtió, sin embargo, que es la única lucha que se ha intentado ocultar: “en la provincia de Catamarca los conflictos en torno a la megaminería no son recientes, pero hubo otras luchas en las décadas del ’60 y el ’70 en función de otros emprendimientos de explotación minera de gran magnitud, que tuvieron un grado de importancia enorme en la provincia de Catamarca, especialmente con importantes movilizaciones en Belén, Andalgalá, que no sé si fueron olvidadas pero sí fueron ocultadas, dejadas de lado por los relatos en función de la mirada oficial sobre lo que ocurre desde el punto de vista político y por supuesto tampoco tuvieron presencia en la memoria de la propia comunidad respecto a la memoria de sus luchas, y esto tiene algo que ver porque uno dice que en gran medida pareciera que los sectores subalternos no solo en nuestro país sino en el mundo están condenados a volver a luchar sin poder recuperar lo que es su memoria de la lucha, y esta es la violencia sistemática del Estado, de un sistema, sobre los sectores populares para que no den cuenta de su pasado, no tengan la posibilidad de rememorar su pasado, y en todo caso realizar aprendizajes o recuperaciones significativas sobre lo que les ha pasado, sobre la lucha que se encuentra entrelazada de manera muy fuerte sobre lo que está planteando la minería hoy en la provincia, el fenómeno minero en el noroeste argentino, lo contradictorio que implica también su valoración de si es necesaria al interior de las propias comunidades. Esto pareciera realizarse siempre en el manto de un eterno presente, pero durante los ’60 y ’70 también hubo luchas que son importantes volver a recordar”.
Hacia el final de la charla con Oral y Público, el integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre recordó especialmente a varias personas que han luchado por recuperar los caminos de la memoria: “abogados como Guillermo Díaz Martínez, que es realmente un hombre importante para nosotros en términos de la lucha por los derechos humanos en la provincia; militantes como Noemí Toledo que vive en su casa, la casa de la memoria de la que le arrancaron a sus familiares; la familia Borda del Departamento de Belén que vivió en una absoluta soledad en términos también de solidaridad colectiva durante mucho tiempo; y siempre recuerdo a Felicinda Ponce, una mujer católica que no era militante, no estaba formada políticamente, pero marchó con nosotros durante todos los 24 de marzo de la década del ’80 y ’90, momentos en los que éramos tan pocos que no llegábamos a sostener con nuestras manos los carteles de los desaparecidos”.


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