3 nov. 2015

Repasamos junto a la abogada querellante los puntos principales de la sentencia en el juicio por los delitos cometidos por la Fuerza de Tareas 5 en La Plata durante el Terrorismo de Estado. Se trata de una causa en la que los imputados fueron condenados como co-autores del delito de genocidio, y las víctimas fueron reconocidas como tales por su condición de trabajadores. Además, el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata ordenó importantes medidas reparatorias. (Por La Retaguardia)

Foto: donde funcionó el BIM 3 hoy se emplaza la Universidad de La Plata.

El lunes 19 de octubre Jorge Alberto Errecaborde, Roberto Guitián y José Fernández Carró fueron condenados a prisión perpetua, y Luis Rocca, Eduardo Meza, Carlos Ramón Schaller, Antonio Vañek y Juan Carlos Herzberg a 25 años de prisión, por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra  trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica (hoy Ternium,  grupo Techint), Astilleros Río Santiago y el frigorífico Swift en la región Berisso-La Plata-Ensenada.
Para Guadalupe Godoy, abogada querellante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Unión por los Derechos Humanos de La Plata y querellantes particulares como Estela de la Cuadra y los hijos de Roberto Páez, una de las víctimas que falleció justo antes de empezar el juicio; el balance que puede hacerse de la sentencia luego de las elecciones del 25 de octubre no es el mismo que el que podría haberse efectuado a los pocos días de conocerse el fallo. “Varias de las cosas que ordena el tribunal tienen que ver con un sentido reparatorio justamente en la condición en que fueron perseguidas las víctimas que es por su condición de trabajadores y todo lo que eso acarreó que quedó muy expuesto en el juicio. Aquellos que sobrevivieron después de pasar mucho tiempo en la cárcel, en general hasta 1980, 1981, cuando salieron fueron perseguidos; fue muy difícil para todos volver a trabajar, se los dejaron muy en claro, casi ninguno pudo volver a reinsertarse en el trabajo formal, sobre todo después con las políticas neoliberales que vinieron y destruyeron todo ese cordón industrial. Uno de los reclamos, entonces, que todos hacían era la cuestión de que no habían podido jubilarse los trabajadores del Astillero, que dejaron en claro también que no solo fueron militantes en esa época sino que lo siguen siendo, ellos lograron reincorporarse a partir de la gestión de (Julio César) Urien en el Astillero, pero al día de hoy no juntan los años necesarios para jubilarse, entonces uno de los pedidos que hizo la fiscalía, acompañado por las querellas, fue al gobierno provincial y al nacional, porque ahí hay una cuestión que el Astillero era nacional y pasó a manos de la provincia en la última década, para que integraran los aportes necesarios para que se puedan jubilar y que mientras tanto tengan una dispensa no renovada cada 3 meses hasta que se solucione la cuestión porque la mayoría por la edad tampoco puede concurrir al Astillero. Ahora hay un poco de carrera contrarreloj para lograr el cumplimiento debido al cambio de gobierno en la provincia. Ese fue uno de los puntos que generó más satisfacción en la sentencia para muchos, sobre todo para los sobrevivientes, y esta semana ha sido toda una cuestión de muchos apuros y urgencias porque la dispensa que tienen, como es renovable, vence en diciembre y va a haber un contexto de recambio que los tiene a todos muy preocupados”, explicó la letrada.

Sentencia destacada

En líneas generales, Guadalupe Godoy remarcó que la sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata fue muy buena: “tomó varias cosas, por un lado si bien existieron antes condenas por el delito de genocidio, acá ya se plantea una cuestión de participación penal más fuerte que es la co-autoría de todos los imputados en el delito de genocidio, con todas las implicancias que tiene, probablemente esta era la causa donde se podía lograr con más sencillez esto, porque precisamente lo que se demostró es cómo la persecución de todas las víctimas fue por su carácter de miembros de un movimiento obrero activo y organizado, y por otro lado surgieron muy claras las responsabilidades empresariales, que las que se ordenó profundizar la investigación, pero también surgió y muy fuerte un tema que por ahí no está tan instalado dentro de los juicios que son las responsabilidades de las burocracias sindicales, que en muchos casos facilitaron y señalaron, y sacaron del medio a aquellos miembros del movimiento obrero de los sectores más combativos. Se vio por ejemplo en el caso del Frigorífico Swift y Astilleros cómo las listas completas de aquellos que habían sido candidatos en los años previos al golpe fueron apresados o asesinados”.
Godoy afirmó que en la sentencia también surgió la relación entre los hechos juzgados y el accionar de la Fuerza de Tareas 5 con la Concentración Nacional Universitaria (CNU): “cómo la CNU en los meses previos al golpe llevaba adelante la represión que después va a encarar la Marina; pensamos sobre todo en La Plata, lo cual es lógico que haya sucedido así por el grado de involucramiento que tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires, pero recién ahora el rol de la Marina quedó expuesto, hasta ahora las condenas acá habían sido siempre a miembros del Servicio Penitenciario o de la Policía Bonaerense y recién en el último tiempo del 101 de Inteligencia del Ejército”.
En diálogo con Oral y Público, la abogada manifestó que esta causa se inició con una buena intención, que fue la de investigar la totalidad de la persecución que se sufrió en manos de la Marina, de la Fuerza de Tareas 5, pero que finalmente la investigación quedó reducida a lo que fue la primera etapa, los primeros meses que se centraron exclusivamente en el movimiento obrero: “las relaciones con ESMA, por ejemplo, se hubieran visto y seguramente con mucha intensidad si se analizaba el rol de la Marina más adelante, avanzado el ’76, a partir del ’77, cuando la Marina focaliza sobre todo en la persecución del movimiento Montoneros y también en el caso de La Plata, así como lo hicieron en ESMA, del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), y ahí hubiera surgido la relación. En realidad el problema es que hasta ahora tanto en el caso de La Cacha, que es el centro clandestino que también utiliza la Marina después, como en este juicio, esos casos han quedado bastante soslayados, tenemos algunas deficiencias en la instrucción que después aparecen muy claras en los juicios orales”.

Condenas por genocidio

“Lo que ha sucedido en La Plata muestra bastante lo que ha sido la evolución que se ha dado, en los primeros juicios lo que hubo fue un reconocimiento a la existencia de un genocidio pero desde el punto de vista político, sociológico, en general se argumentaba que si bien la figura que correspondía aplicar era genocidio, por cuestiones procesales, de principio de congruencia y demás no se lo hacía y entonces lo que sí había era un fuerte reconocimiento a cuál era la lectura que se tenía que dar a los hechos que se dieron”, expresó Godoy.
“Y en ese momento hay que darle el valor –continuó–, pensemos cuando hicimos el juicio contra (Miguel) Etchecolatz veníamos de la sentencia de Causa XIII del Juicio a las juntas donde quedó plasmada muy claramente la teoría de los dos demonios, y después durante el juicio a Etchecolatz se produce la sentencia en el juicio a Simón, que también vuelve a reiterar esa lectura, así que desde ese punto de vista ya era todo un triunfo poder empezar a instalar esta mirada. Después en La Plata se dieron tres juicios que al no ser por centros clandestinos sino por hechos puntuales pasaron quizás un tanto inadvertidos, pero fueron tres juicios donde ya la condena especificaba que no se trataba de delitos de lesa humanidad sino específicamente del delito de genocidio y se consideraba a los represores cómplices de ese delito, esa era la figura que se les había aplicado. Ahora estamos en un grado mayor que es ya la autoría del delito de genocidio, pero me parece que lo más importante es ver que ahora en todo caso se trata de matices jurídicos pero ya nadie discute cuál es la lectura y la mirada por la que hay que encarar hechos que sucedieron durante la dictadura. Desde ese punto de vista en realidad lo que hace esta sentencia es consolidar esa pelea que se dio desde la reapertura” .

El futuro de Rozanski

Tras las amenazas recibidas a comienzos de este año, el juez Carlos Rozanski, presidente del TOF Nº1 de La Plata, denunció como autor a Miguel Etchecolatz, y luego se excusó de participar en todas las causas donde esté como imputado el ex comisario y represor: “Etchecolatz no está en todas las causas, por ejemplo en la de la CNU que es una causa que para nosotros es muy importante porque lo que hizo la CNU en La Plata en los 2 años previos al golpe, a partir de los asesinatos de (Rodolfo) Achem y (Carlos) Miguel en 1974, es algo muy significativo para la ciudad, así que es una causa que Rozanski podría hacer. En el resto no, porque Etchecolatz está en casi todas, y en realidad esto muestra también que hay una mecánica en la cual los juzgados inferiores lo que nos están enviando a juicio, sobre todo el juzgado que pertenecía antes a (Arnaldo) Corazza, son los mismos imputados que ya hemos condenado en otros juicios anteriores, y esa es una preocupación. La causa que viene que también sería muy importante que es la de las brigadas, lo que fue el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de San Justo, es una causa donde los imputados son exactamente los mismos por los criterios que utilizan, ninguno de los que actuó dentro de los centros clandestinos está acá, solamente las cadenas de mando”.
Guadalupe Godoy y el análisis de una sentencia que marca un gran paso hacia adelante en el juzgamiento del accionar de los represores durante el Terrorismo de Estado, sin dejar de lado cómo podría incluir la actual coyuntura política en materia de derechos humanos.


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