6 ene. 2016

A comienzos de 2015 estalló el conflicto entre los trabajadores de Cresta Roja y la patronal avícola. Parece, hacia afuera, estar resuelto, pero la presunta compra de la empresa quebrada por parte de otros tres grupos no garantiza aún la continuidad de los puestos de trabajo ni el pago de salarios adeudados. En un principio, las amenazas extra-oficiales sobre la pérdida de empleos y el abandono de cientos de pollos que redujeron la producción a menos de la mitad antes de su cierre definitivo, fueron las señales de alerta para la movilización de los operarios. Juan Carlos Ceballos es un abogado que asesora al grupo y, analizó la situación actual de la avícola en diálogo con Sueños Posibles, con Alfredo Grande e Irene Antinori por Radio La Retaguardia, (Por La Retaguardia)

En medio de la transición gubernamental, el conflicto tomó estado político y referentes del FpV y del Pro respectivamente hicieron de mediadores sin demasiado éxito. La disputa perdió entidad en los medios tradicionales poco después de la feroz represión ordenada por Patricia Bullrich el 22 de diciembre contra el grupo de trabajadores que se manifestaba, como cada día desde hacía alrededor de un mes, en la autopista Ricchieri. La tarde de ese mismo día, en una mesa de diálogo con el ministerio de Trabajo, se resolvió que se levantarían las medidas de fuerza a cambio de un compromiso de los funcionarios Pro de gestionar la compra de la empresa quebrada y de depositar a los trabajadores sumas de dinero de $4000 y $6000 para paliar el desempleo.
“El estado actual del conflicto sigue siendo de incertidumbre. Tras un año de lucha las maniobras empresariales llevaron a decretar la quiebra de Cresta Roja, por la cual los trabajadores no tienen absolutamente nada que responder. Siempre han puesto la mejor voluntad y han cumplido sus tareas y la patronal ha llevado progresivamente a una crisis que se encuentra en el estado actual”, aclaró Ceballos. El abogado explicó que la quiebra fue decretada por la jueza interviniente y que lo que buscan los trabajadores es que se levante a la empresa y se recupere la productividad, para lo que se ofrecieron varias empresas: “Dentro de estas ofertas, en una devaluación que hizo la jueza, le otorgó por una propuesta la empresa por treinta días en un fideicomiso a Ovoport y otros dos grupos. Aparentemente hay que levantar de cero a las granjas, la cría y varios factores complejos. Los trabajadores hicieron hoy una asamblea informativa. Mi evaluación como abogado es que, por lo que vi en la resolución, todo es provisorio”. Según informó Ceballos, ese período de un mes se puede prorrogar por seis meses y luego por otros seis meses más, pero “no se garantiza la totalidad de la producción de la planta que incluye a 2500 operarios, sino que la premisa es absorberlos progresivamente en función de la productividad de 4000 pollos faenados por día. Cuando se llegue a ese número, según la empresa, podría reincorporarse a la totalidad de los trabajadores”.

Demasiadas preguntas

Ceballos planteó una serie de interrogantes: “¿Quién decide quién entra y quién no?, ¿cuántos entran? ¿Qué pasa con los salarios atrasados? ¿Y con el aguinaldo? ¿Con la obra social? Ovoport no tiene los mejores antecedentes, tiene causas criminales por contaminación de los veterinarios por los productos que vendían dedicados a la producción de huevos. También tienen denuncias por trabajo infantil”.
En esta negociación, explicó Ceballos, nunca se consideró a los trabajadores como voz decisiva: “No ven al cooperativismo como una salida a su crisis. Ellos quieren hacerlos trabajar como obreros a cargo de una empresa, eso es lo que percibo. No ha habido ofertas sugiriendo ni una propuesta acabada de parte de los trabajadores. Yo no lo descarto como posibilidad. Puedo transmitir la propuesta de hacer una cooperativa, pero ellos son los que deciden”. Sobre la situación del mercado avícola más allá de Cresta Roja, Ceballos explicó alarmado: “Es inentendible porque es un mercado que no tiene ninguna crisis sino un fuerte ascenso. Es una empresa que se encuentra en esta situación por exclusiva responsabilidad de los hermanos Rasic que tras 50 años de haber puesto en pie a esta empresa a niveles de exportación internacional y demás, están ahora en una quiebra fraudulenta”. El abogado amplió que los Rasic tienen todos sus activos embargados y ellos mismos están inhibidos, y sugirió: “Desde allí podrían tomar algún patrimonio para continuar. No han sido sin embargo enfrentados en la justicia penal, aunque el fraude es un delito”.
Ceballos informó que Cresta Roja, de manera estimativa, daba de comer a unas 5000 familias: “La mitad de conforman las plantas 1 y 2 que son las movilizadas a Ezeiza y el resto están en granjas en varios distritos alejados del Conurbano. Había un funcionamiento tercerizado de la empresa en relación a las granjas, la logística, el transporte y otras áreas. Los operarios de planta estaban contratados en forma directa”.

Los mediadores

Ceballos planteó que pasaron una enorme cantidad de funcionarios por el conflicto en carácter de mediadores o manifestando su intención de resolverlo: “Todos prometieron de todo y nadie cumplió absolutamente nada y han empeorado la situación. Es lamentable que los gobiernos nacional y provincial anteriores no le hayan dado salida a este problema social”. El abogado calificó el comportamiento del gobierno kirchnerista como de “complacencia y complicidad, porque tuvieron una intervención directa en el último tramo de este conflicto incluso con funcionarios especializados en el tema y no han resuelto absolutamente nada. Yo los vi acá muy interesados. Estaba Alejandro Granados y todo el espectro y vinieron a empeorar”.
Sobre las autoridades actuales, Ceballos dijo que “también se presentaron cuando no habían asumido y decían que no tenían la lapicera para firmar; ahora lo hicieron y seguimos acá. Están interesados en una resolución, pero hasta ahora no vemos respuestas. El jueves habrá una asamblea resolutiva para ver qué se hace con relación a la propuesta de las tres empresas”. La posición predominante, según informó el abogado, bajo la consigna todos adentro, es “no aceptar esta imposición de ingresar progresivamente trabajadores hasta hacerla funcionar. La propuesta en ese sentido es que se haga el reparto de horas, al menos, y que el Estado se haga cargo de la diferencia, ya que quiere solucionar el conflicto. No queremos una explotación salvaje sino la reincorporación de todos”.

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