13 ene. 2016

Charlamos con María del Carmen Verdú, referente de Correpi, acerca del fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que convalida que la policía pueda pedir documentos en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. También aprovechamos para hablar del traspaso de agentes de la Federal al ámbito porteño, del Servicio Penitenciario y de la actualidad de la causa por los baleados con plomo de la RNMA en el intento de desalojo de la Sala Alberdi. (Por La Retaguardia)

Identifíquese

Al inicio del diálogo con La Retaguardia, María del Carmen Verdú describió la causa a partir de la que surgió este fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad: “ese señor que iba caminando por la calle le vieron pinta de sospechoso, lo paró un policía que le dijo ‘documentos por favor’, el tipo se puso nervioso, terminaron requisándolo y le encontraron un arma, por lo que empezó una causa por tenencia de armas. En ese marco, su defensa argumentó que en realidad el procedimiento estaba viciado de nulidad porque no había habido motivo razonable para detenerlo en primer lugar. El juez de primera instancia dijo que tenía razón porque  este señor simplemente caminaba por la calle y la detención, el pedido de documento y la requisa fueron nulos, entonces a partir de un acto nulo no puede haber una condena válida, se declaró nulo el procedimiento y el señor fue absuelto. La fiscalía apeló y la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que resolvió que el procedimiento había sido debidamente realizado porque en función de la ley 23.950 la policía tiene derecho a frenar a cualquiera y pedirle que se identifique, y si no se identifica o si aún teniendo documento al policía le parece sospechoso se lo puede llevar detenido hasta 10 horas para identificar”.

El lío en los medios

Para Verdú, lo sorprendente de lo sucedido fue la “bulla mediática” que el fallo generó: “desde hace por lo menos 30 años que Correpi viene denunciando que más de 2/3 partes de los detenidos en todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, no están acusados de un delito, sino que los policías justifican los arrestos con estas supuestas facultades que tienen. Hay fallos de la Corte Suprema, de la Cámara de Casación, de la Corte Bonaerense en el mismo sentido en que ahora se encolumna también desgraciadamente el Tribunal Superior de la Ciudad”.
En este punto, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional aclaró: “la justicia de la ciudad no se había pronunciado a través del Tribunal Superior sobre este tema hasta ahora porque inicialmente la justicia de la ciudad era contravencional y de faltas; el tema de los delitos penales se agregó a través de sucesivos convenios que le fueron transfiriendo distintos delitos, por ejemplo la portación de armas, el delito de daños o las amenazas simples, que ahora son competencia de la justicia de la ciudad, aunque siguen siendo delitos penales. Esta es la primera vez, aparentemente porque la verdad que ignoro si hay otros fallos anteriores, pero es el primero que ha trascendido donde el Tribunal Superior de la Ciudad tuvo que pronunciarse sobre la validez de una detención por averiguación de antecedentes, pero fallos sobre este tema hay a montones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Suprema Corte Bonaerense, en los Tribunales Superiores del resto de las provincias, en el Tribunal de Casación Penal de las provincias, y en la Cámara de Casación Penal”.
“No me gusta ser autorreferencial –continuó–, pero en el año 2009 se publicó mi libro ‘Represión en Democracia’, y en el segundo capítulo que precisamente se llama ‘Me va a tener que acompañar’ cito por ejemplo el fallo Tumbeiro de la Corte, que creo que es de 2006, donde los miembros de la Corte de principios del kirchnerismo, sin la retirada de los que ya se fueron, dice muy claramente que es legal una detención por averiguación de antecedentes porque el policía está capacitado para detectar sospechosos por su formación y aclara que además (Carlos) Tumbeiro evidentemente era sospechoso porque estaba vestido con ropa que no era acorde al barrio por el que se movía. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia de (Raúl) Zaffaroni y Carmen Argibay”.
Verdú también mencionó otros antecedentes: “en el mismo año que yo estaba naciendo, 1958, se dictó un decreto que funcionó como ley orgánica de la Policía Federal y sigue haciéndolo con alguna modificación hasta el presente. En su artículo 1º, inciso 5º, contenía la facultad policial para detener personas para averiguar sus antecedentes, la misma facultad que por supuesto existía antes del dictado del decreto 333/58 bajo otras formas y que a partir de 1991, después de que el Caso Bulacio pusiera sobre el tapete el tema de las detenciones arbitrarias, terminó siendo modificada levemente, con nada más que una reducción de la cantidad de horas en que uno puede permanecer en la comisaría en esas condiciones a 10. O sea, este fallo de ninguna manera establece por primera vez la detención por portación, ni la reinstaura, simplemente la convalida”.
Al ser consultada acerca de cuál es el motivo por el que esta noticia del fallo del Tribunal aparece entonces como novedosa, Verdú reflexionó: “por un lado no es poca cosa que el Tribunal Superior de la Ciudad, que no existía en aquellos años, adhiera a esta jurisprudencia mayoritaria de la Corte Nacional y de todo el país. En segundo lugar, hay evidentemente una intención de atacar todos los males a la actual administración a la que muy lejos de defender debemos reconocerle que no inventó la averiguación de antecedentes, la 23.950 se dictó durante el gobierno de (Carlos) Menem, y el decreto 333 del año 1958 es de una dictadura”.

De policías y penitenciarios

Con María del Carmen Verdú también hablamos de lo que significa el pase de agentes de la Federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, anunciada esta semana por el gobierno nacional: “por lo pronto implica que vamos a tener una fuerza de más de 20.000 efectivos en total, sumando los 6500 de la Metropolitana a los 17.000 que van a ser transferidos de la Federal, bajo un comando que si bien en un principio nos están diciendo que va a ser todavía doble, porque van a conservar jefaturas y estructuras, porque hay problemas como la existencia del escalafón simple en la Metropolitana y doble escalafón en la Federal, diferencias en la composición salarial, posibilidad o no de hacer adicionales, lo cierto es que sí va a haber una misma dirección política en dos fuerzas que hasta ahora respondían a mandos políticos diferentes”.
La referente de Correpi hizo especial mención a las palabras que utilizó Mauricio Macri al anunciar el traspaso: “a mí me retumbó sobre todo un párrafo en el que señaló que a partir de ahora van a trabajar de conjunto, en lugar de simplemente coordinar en determinadas oportunidades como lo han hecho hasta ahora, pero esas oportunidades en las que coordinaron fueron en el Parque Indoamericano con 3 muertos, el Hospital Borda con la tremenda represión contra pacientes, periodistas y trabajadores que trataban de defender el taller protegido, o la represión en el intento de desalojo a la Sala Alberdi con 2 trabajadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos heridos con balas de plomo. En esas tres oportunidades hubo coordinación de la Federal y la Metropolitana. Imaginémonos lo que va a ser nuestra vida de ahora en más en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no ya con la coordinación sino con la actuando bajo un mismo mando unificado, según las palabras del presidente Mauricio Macri”.

El culebrón de los 3 fugados

Otra de las noticias que llenó horas de aire en los medios tradicionales en los últimos días fue la fuga de los 3 condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Al respecto, Verdú fue determinante: “hay que decir que nadie sale caminando de(l penal de General) Alvear, ni de ninguna otra prisión de máxima seguridad, ni de mediana tampoco, si no te abren la puerta, y por cierto que no es una sola puerta sino unas cuantas hasta los pabellones con sucesivos mecanismos de control, o sea que ni siquiera es imaginable que esa fuga, a la que yo prefiero llamar salida, haya sido realizada no sin la connivencia como dice la ministra (de Seguridad de la Nación, Patricia) Bullrich, o el ministro (de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo de un puñado de penitenciarios infieles, sino con el aval de prácticamente toda la unidad, incluyendo básicamente la dirección”.
“Que el propio gobierno nacional y el de la provincia hayan tenido que salir a reconocer la participación policial y del servicio penitenciario en la fuga de estos 3 personajes, que además sabemos que tienen toda una vinculación, por un lado con una línea delictiva que es imposible de llevar adelante sin la intervención del aparato represivo estatal y por ende el poder político que lo dirige, y por el otro con las relaciones personales que público y notorio que tienen, nos da una pauta de la gravedad de la situación, que además se corrobora con el hecho de que siguen pasando los días y vaya a saber dónde están a esta altura del partido”, agregó la abogada.
De todos modos, Verdú afirmó que lo más grave de este hecho es la discusión que se abrió sobre la declaración de emergencia penitenciaria: “se la declara porque se escaparon estos 3 no porque estén preocupadísimos porque muere un preso por día en una unidad carcelaria, porque hay denuncias cotidianas de tortura, porque los internos no tienen la posibilidad siquiera de tener una alimentación digna de un ser humano si no reciben mercadería de sus familiares. La situación carcelaria es dramática en la Argentina, sobre todo en una situación donde tenemos un crecimiento de la población como pocas veces hemos visto, en los últimos 3 o 4 años ha habido un incremento notable de la cantidad de internos. Solamente hay alguna disponibilidad de datos por ejemplo a nivel federal en la página de la Procuración Penitenciaria de la Nación, donde se advierte por ejemplo que de 7000 detenidos que había en el conjunto de las unidades penitenciarias hace pocos años atrás, ahora estamos superando los 10.000”.

Agenda 2016

Hacia el final de la charla con María del Carmen Verdú, le consultamos sobre la causa por los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos baleados con plomo en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi. La abogada afirmó que es probable que el juicio se desarrolle este año: “ya tenemos designado tribunal, que es el tribunal oral en lo criminal número 7, que se encuentra en el edificio del Palacio de Tribunales, así que nos manifestaremos en Plaza Lavalle. Todavía no nos han notificado formalmente la designación, no nos han emplazado a ofrecer prueba porque la causa fue sorteada muy sobre el filo de la feria judicial, pero calculamos que en febrero estaremos teniendo que ofrecer pruebas y a partir de allí surge la posibilidad de que se realice el juicio oral en muy breve tiempo, en el curso de 2016, pero dependerá más que nada de las dilaciones que siga metiendo la defensa y de la agenda del propio tribunal. Lo cierto es que vamos a tener un debate en un escenario bien diferente al que comenzó, porque ya no vamos a estar discutiendo exclusivamente con la Metropolitana y el gobierno de la Ciudad, sino con el conjunto del aparato estatal nacional, provincial y municipal”.
Como todos los años, Correpi imprime una agenda antirrepresiva. En este 2016 su publicación se vio demorada por el aumento de los costos de papel e impresión, pero a partir del 15 de enero se podrá conseguir a 160 pesos en el local de la Coordinadora, ubicado en Humberto Primo 1692 de la Ciudad de Buenos Aires,. Se puede solicitar a través del correo [email protected] o las distintas vías de comunicación que cuenta la organización.
“Es una agenda antirrepresiva con mucho material importante para sobrevivir en estas épocas; por ejemplo, para estar un poquito más canchero y poder tener algún discurso que nos permita zafar cuando justamente te pare un policía y te diga ‘Me va a tener que acompañar’ o ‘Identifiquese’.  Y también algunos recursos que tienen que ver con cómo encontrar a alguien que suponemos que fue detenido y nos lo niegan en la comisaría. Es decir, material útil para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero”, aseguró María del Carmen Verdú a La Retaguardia.

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1 comentarios:

  1. La nota está buena pero el caso Tumbeiro fue en 2002. El fallo lleva la firma de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, Augusto Belluscio, Guillermo López y Adolfo Vázquez; votaron en disidencia Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert.
    Me parece que zaffa no estaba e.

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