15 ene. 2016

¿Peligra la continuidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR)?.El decreto presidencial 114 publicado el 13 de enero, que propone “reordenar las responsabilidades del ministerio de Salud de la Nación”, generó el alerta en el movimiento de mujeres y en las organizaciones LGTBI. Quienes trabajan el tema expresaron su preocupación, las feministas y las personas comprometidas con las luchas de género y diversidad comenzaron en el día de ayer a multiplicar en sus cuentas de Twitter y en sus muros de Facebook la preocupación y la denuncia. Una reunión urgente con las autoridades del ministerio resultó esperanzadora porque prometió la continuidad del programa y sus políticas. También se barajaron nombres ligados a la gestión de salud sexual de la ciudad para asumir la coordinación. (Por La Retaguardia)

La reorganización ministerial que propone el decreto mencionado podría poner en peligro este y otros programas enmarcados en la órbita de Salud, que podrían pasar a formar parte de áreas, quitándole su autonomía funcional y diluyendo su especificidad. Las actividades del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se encontraban completamente suspendidas desde el 4 de enero, no se había nombrado una nueva coordinación y luego del decreto se produjeron cambios que preocuparon aún más a las y los trabajadores del programa, que ya estaban viviendo un clima de incertidumbre por la continuidad de sus puestos de trabajo. Algunos signos hicieron crecer el temor ante un posible desmantelamiento, como las planillas que circularon para que cada persona completara, y que definirían su destino laboral.
La respuesta de las organizaciones no se hizo esperar: la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito expresó su preocupación públicamente en un comunicado. Lo mismo hicieron el Comité de América Latina y el caribe para la Defensa de los derechos de las mujeres-Cladem Argentina y algunas otras agrupaciones. El alerta corrió por Twitter y en los muros de Facebook, dejando en evidencia que hay muchas personas que no están dispuestas a permitir una marcha atrás en los derechos conquistados.
El Programa Nacional de Salud Sexual fue creado con la sanción de la ley 25673 que lleva el mismo nombre, pero esta iniciativa no nació de un repollo. Es el resultado de años de lucha del movimiento de mujeres que exige “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
Tal como expresa la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en su comunicado, es también el resultado de la adecuación de los marcos legales en Argentina según los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Cladem en su declaración advierte que un retroceso en relación a los derechos adquiridos no solo es inadmisible sino que es violatorio de esos compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

Derechos por garantizar

El PNSSyPR está en marcha desde 2003 y lleva adelante actividades indispensables con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la población. Una de ellas es la entrega de anticonceptivos gratuitos en todos los hospitales y centros de salud del país. El traspaso del área de insumos a otro sector sembró dudas acerca de la continuidad de estas acciones y también circularon temores por un posible desfinanciamiento.
El Programa es el responsable de garantizar el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva de las personas, que implica el cumplimiento de diversas leyes sancionadas en los últimos años que han generado importantes avances, pero aún tiene por delante grandes desafíos y algunas deudas con los sectores más vulnerables.
Uno de esos desafíos es el cumplimiento pleno de la Ley de Anticoncepción Quirúrgica de 2006, que garantiza el derecho a todas las personas mayores de 18 años y capaces, a realizarse en forma gratuita una ligadura de trompas o una vasectomía, como método anticonceptivo permanente, y para el que se estaba trabajando en capacitaciones de equipos de salud del país.
La ley de Identidad de Género de 2012 no sólo establece que todas las personas deben ser reconocidas e inscriptas según su género autopercibido, sino que deben acceder sin ninguna barrera al sistema de salud para poder realizar, si lo desean, tratamientos e intervenciones en sus cuerpos para que se adapten al género autopercibido. Esto es algo que el PNSSyPR también debe garantizar y si bien se estaban alcanzando notables triunfos, como la Guía para equipos de salud para la atención integral de personas trans y las capacitaciones de equipos para sensibilizarlos, hay una enorme tarea por desarrollar que no puede detenerse.
El Programa también debe ser garante de las interrupciones de embarazos en aquellos casos en que nuestro marco legal lo permite, tal como está expresado en el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema en su fallo Fal de 2012: cuando se encuentra en riesgo la salud o la vida de la mujer, y en los casos de violación. Aún cuando hay en la actualidad muchísimos efectores de salud y hasta provincias completas que no garantizan la práctica y eso da cuenta de que falta muchísimo camino por recorrer, el programa tiene personas capacitadas para caminarlo. Las personas que trabajan allí tienen compromiso con los derechos de las personas y una mirada con perspectiva de género y diversidad.
En estos días fueron muchas las voces que alertaban que el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo publicado por el PNSSyPR en 2015 podría ser eliminado de un plumazo de la página web.
También se temía por la continuidad de la entrega de Anticoncepción hormonal de emergencia, el último recurso para evitar un embarazo luego de mantener relaciones sexuales no protegidas.

Dime con quién andas

Esta ola de miedo que vaticinaba retrocesos en relación al derecho de las personas a una sexualidad plena, se asienta sobre la caracterización que el actual gobierno nacional es conservador y pacato en esta temática.
Antes, durante y después de la campaña electoral se hicieron públicas expresiones de integrantes del PRO que entienden a la sexualidad como reproducción y a la salud sexual solamente como salud reproductiva. El PNSSyPR considera la sexualidad en relación al placer y el hecho de garantizar la anticoncepción tiene como meta que las personas puedan vivir una sexualidad plena y elegir cuándo tener hijos, cómo y con quién.
Para recordar algunas declaraciones de funcionarios, el doctor Abel Albino, anunciado en campaña como la cabeza al mando de una cruzada antidesnutrición, dijo: "Las mujeres tienen que ofrecer su virginidad tanto física como moral", también que deben tener relaciones pese a la menstruación o la menopausia: "La mujer debe saber que, si bien declinó su apetito sexual, el del marido permanece intacto".
Sin embargo y contradictoriamente con las declaraciones de quienes hoy ocupan los más altos cargos en el gobierno nacional, la propia gestión en ciudad, por ejemplo, compró Misoprostol, un medicamento eficaz para el aborto seguro, para su utilización en los centros de salud, de manera de garantizar el aborto no punible en los casos permitidos por ley. No todo es tan lineal y es desde esa complejidad que tenemos que pensar el escenario actual.

La respuesta a las presiones

Varias personas que participan del Consejo Asesor formado por organizaciones de mujeres, entidades que trabajan en la salud sexual y reproductiva y centros académicos especializados en el tema, mantuvieron ayer una reunión con el Secretario de Políticas Sanitarias y salud comunitaria Néstor Pérez Baliño; la subsecretaria de atención primaria de la salud, Dora Saráchaga, y la futura directora de salud comunitaria, Cristina Etchegoyen.
En esa reunión, que fue solicitada de manera urgente, se manifestó la preocupación por el cierre, desmantelamiento o achicamiento del programa.
Los funcionarios presentes prometieron la continuidad del 100% del programa y de su personal, que pasaría a planta del Ministerio. Con respecto a la compras, afirmaron que se están reorganizando y que seguirán diferenciados los insumos y el presupuesto propio del PNSSyPR. Expresaron que todas las líneas de trabajo van a continuar y que acuerdan ideológicamente con ellas. Además manifestaron que cumplirán con la ley en relación al programa y también en lo referente al aborto no punible y expresaron su voluntad de trabajar articuladamente con las organizaciones de la sociedad civil.



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