24 feb. 2016

El abogado de presos políticos opinó sobre el lanzamiento del protocolo antipiquetes en el marco de una entrevista realizada en Sueños Posibles, por Radio La Retaguardia, sobre la situación de Rolando Echarri, a quien patrocina, militante del Partido Comunista del Perú que enfrenta la posibilidad de ser extraditado de la Argentina. Vino en busca de asilo, fue sometido a juicio y absuelto por la acusación de agitar banderas rojas con la hoz y el martillo y hacer pintadas pidiendo la liberación de otros presos políticos en su país pero, por las apelaciones de la fiscalía y el Estado peruano, la Corte Suprema revocó el fallo y dio vía libre a la extradición.  Podría cumplir una condena de hasta 30 años si es enviado nuevamente a Perú. (Por La Retaguardia)




Prisión en Perú y rechazo en Argentina

“Echarri es sobreviviente de lo que se llamó la matanza del Frontón En un penal que estaba en esa isla, en épocas de Alan García, la armada peruana lo bombardeó y la infantería completó la tarea. Allí murieron más de 300 personas y sobrevivieron unas 30 o 40. Todavía tiene secuelas tremendas de aquella batalla entre presos desarmados y la Marina. Lo mantuvieron presos muchos años, el Estado peruano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por eso y por otras varias matanzas horrendas”, historizó Soáres. Luego de cumplir su condena, Echarri vino a Argentina, solicitó refugio y le fue denegado. “Fue sometido a juicio de extradición porque cuando recuperó su libertad volvió a militar al Partido Comunista y fue imputado por un delito que allá es muy grave y tiene una pena máxima de 30 años de prisión: haber agitado banderas rojas con una hoz y un martillo en la Universidad de Perú y de haber efectuado dos o tres pintadas reclamando la libertad de los presos políticos”, explicó Soáres. El abogado agregó que, durante el juicio, Echarri estuvo detenido por un años y que la defensa “dejó en evidencia el tema de que en Perú hay pena de muerte, demostró las torturas, la imparcialidad judicial, los jueces sin rostro, el tipo de administración de justicia que tenían. Al juicio vino personalmente el doctor Galindo, el procurador general de la Nación, procurador general antiterrorista”.
En aquella oportunidad, La Gremial de Abogados ganó, y el juez declaró que agitar un trapo rojo no es delito en Argentina. Soáres ironizó: “Nos resultaba muy familiar la mención del 'trapo rojo' y nos recordaba viejas épocas. Echarri estaba preso y lo sacamos en libertad, muy contentos, lo sacamos de la puerta del juzgado caminando junto a nosotros. Ese juicio fue hace unos tres años. Ahora apeló el Estado peruano y el fiscal, así que la causa llegó a la Corte Suprema, que dice algo que perjudica a todos los luchadores”, analizó. La Corte Suprema estableció que realizar pintadas pidiendo la libertad de terroristas o agitar banderas con la hoz y el martillo también es delito en nuestro país: “Va más lejos todavía, dice: el que adoctrina, colabora, propagandiza o publicita es igual de terrorista que aquel que actúa con un explosivo. Esto se hubiera evitado, porque el gobierno nacional y popular que encarceló a Rolando y aceptó por vía de la Cancillería darle luz verde al requerimiento de extradición, porque uno puede entender que lo mantuviera detenido durante el transcurso del juicio o que no adoptara ningún criterio positivo respecto al refugio, pero no una vez que el juez dijo que no es delito en la Argentina”. Soáres evocó una anécdota que acrecentó la legitimidad de su defensa: “El día del alegato, para darse una idea, aparece en primera página de uno de los diarios con más tiraje una foto color con la presidenta hablando y frente a ella banderas rojas con la hoz y el martillo del Partido Comunista. Eso se lo mostramos al juez, con lo cual influimos en su convicción. Si eso volviera a ocurrir, también es delito en Argentina”.

El fallo de la Corte como antecedente político

Para Soáres, es fácil comprender la responsabilidad de Macri tanto como de jueces que alteran su línea ideológica según la conveniencia, pero “el gobierno tuvo la posibilidad de darle refugio a Rolando Echarri porque la justicia había fallado a su favor. Tampoco lo hizo con Osvaldo Quispe ni con Juan Manuel Carranza Laurente, que fue beneficiado con el refugio por Menem, por razones de trabajo viajó a España y cuando volvió se encontró con el gobierno nacional y popular no le reconoce el refugio y lo somete a juicio de extradición”, denunció. El camino que debe recorrer ahora La Gremial es volver a recurrir a la Comisión Interamericana primero “y ver si nos abre el camino a la Corte, pero eso puede ocurrir con Echarri nuevamente en la cárcel de Frontón o en algunas de las tremendas cárceles peruanas. En cualquier momento es detenido y enviado nuevamente a Perú, independientemente de que nosotros podamos conseguir un fallo favorable”. Soáres recordó un fallo de la Corte Suprema en 2003, cuando tenía la misma composición que hoy: “El Estado argentino, el procurador y el Estado español dijeron que la ETA cometía delitos de lesa humanidad y la Corte dijo que no toda organización terrorista comete delitos de lesa humanidad porque éstos deben tener un componente estatal. El Estado argentino y el Estado español querían emparentar a la ETA con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) chilena para decir que sus delitos no prescriben”. Según Soáres, la Corte dio un mensaje en esa oportunidad, “y ahora también lo hizo. Nos están diciendo que agitar un trapo rojo y pintar por la libertad de un preso es terrorismo”.


La implicancia que requiere ser abogado militante

Con más énfasis en lo emocional, Sóares expresó: “Como abogado penalista, no suelo ponerme la camiseta de los defendidos, pero, la verdad, en este caso sí. Rolando Echarri uno de los seres más buenos que hemos conocido a lo largo de toda nuestra militancia. Un ser desprendido, solidario, una persona como pocos. Uno trata de evitarlo pero pasa a ser amigo y después hermano del compañero que defiende y empieza a conocer a la familia. He ido a Perú y voy a volver. No sé con qué cara voy a mirar ahora a sus hermanos, a sus padres. Estamos muy mal, muy compungidos, muy afligidos. Ni siquiera nos ganan con el derecho, lo hacen con malas artes, de la peor manera”, lamentó.

En el contexto nacional, los efectos del protocolo antipiquetes

Con respecto a la nueva medida de la ministra Patricia Bullrich, el protocolo antipiquetes, Soáres aseveró: “Además de ser anticonstitucional, es ejemplificador. No se puede tapar el sol con una mano, si hay lucha popular y resistencia, no hay protocolo que valga. No existe eso, es como pensar un protocolo contra la violencia. Andá a decir eso después de cincuenta años de lucha en Colomobia, por ejemplo, no existe eso”. Continuó ejemplificando: “O un protocolo que protege a los gobiernos elegidos constitucionalmente, andá decirle a De la Rúa ¿Qué protocolo hay con la gente en la calle? No existe. Puede durar un tiempo, puede amedrentar, puede acobardar, pero frente a un avance de la lucha de masas, esos protocolos no existen”. Finalmente, el abogado recordó el pasado de Patricia Bullrich en la JP: “Me hubiera generado escozor hace veinte años. Ahora, que ya he visto Montoneros con Menem, con De la Rúa -incluso Bullrich-, mis viejos compañeros durante doce años. Ya no me genera tanto escozor. Al principio, sí”.


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