29 feb. 2016

Un grupo de 9 represores fue condenado a perpetua y otros 3 a penas de entre 8 y 12 años este jueves 25 de febrero por delitos de lesa humanidad cometidos contra 123 víctimas durante la última dictadura cívico militar. Pocas horas después de finalizado el juicio, conversamos en Oral y Público, por Radio La Retaguardia, con la fiscal ad hoc Eugenia Montero, quien dio detalles del proceso y relató sus sensaciones. (Por La Retaguardia)

Foto: los fiscales Montero, Romero y Larriera en una de las audiencias (Foto: Belén Cano www.fiscales.gob.ar)


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris, condenó a prisión perpetua al ex jefe de Operaciones de la Agrupación GADA 601, Alfredo Manuel Arrillaga; a los ex jefes de la Base Naval y comandantes de la Fuerza de Submarinos, Juan José Lombardo y Raúl Alberto Marino; al ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos y ex subjefe de la Base Naval, Rafael Alberto Guiñazú; al ex comandante de la Agrupación Buzos Tácticos, José Ornar Lodigiani; al ex jefe del Departamento de Operaciones de la Base Naval de Mar del Plata y comandante del GT6.1, Alberto Ignacio Ortiz; al ex jefe de Contrainteligencia de la Base, Julio César Falcke; al ex jefe de Comunicaciones de la Base Naval y ex jefe del Departamento Operaciones, Daniel Eduardo Robelo; y al ex jefe de la sección Inteligencia de la Base Naval durante 1978 y 1979, Francisco Lucio Rioja.
En tanto, el ex jefe de la prefectura Naval Argentina, Juan Eduardo Mosqueda, fue condenado a 12 años de prisión; el ex jefe de la sección de informaciones de la Prefectura, Ariel Macedonio Silva, a 10; y el ex suboficial de Infantería de Marina, José Francisco Bujedo, a 8.
Es por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 123 víctimas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y la Prefectura Naval Argentina de Mar del Plata.
“El día de la sentencia es muy especial y más después de un juicio que tuvo una duración de casi un año de audiencias en las que se escucharon muchísimos testimonios y se recibió muchísima prueba, se trabajó mucho en pos de este resultado, que realmente es muy movilizante porque el fallo en principio, más allá de algunas diferencias y más allá de que obviamente hay que leer los fundamentos, responde a las expectativas de esta acusación y del trabajo que hemos desarrollado en este casi año de juicio oral y también en muchos años anteriores de instrucción y elevación de la causa a juicio”, expresó la fiscal Eugenia Montero en el inicio de la charla con Oral y Público.
“3 de los imputados llegaron por primera vez a juicio oral, el resto ya había transitado en algunos casos un juicio y en otros más de uno. Esto tiene que ver con la lógica de estas investigaciones que a veces es un poco difícil de explicar para la gente que no está circunscripta específicamente en la materia, pero que tiene que ver con que las investigaciones se hacen por tramos en los que se siguen incorporando hechos. Esto motiva por ahí a que en función de los plazos procesales se fraccione el juzgamiento de hechos de los que han sido víctimas personas que han pasado por los mismos centros clandestinos y esto genera que más de un imputado tenga que sentarse más de una vez en el banquillo. Este es un tercer tramo de una causa que tuvo 9 víctimas en el primer tramo, 69 en el segundo, y ahora fueron 123. Esta es la lógica que explica, si bien no excusa la lentitud de la justicia, la evolución del proceso de investigación y juzgamiento de los crímenes que se cometieron en este ámbito”, aseveró Montero.
Efectivamente, el jueves 25 de febrero finalizó el juicio por el tercer tramo de la Causa Base Naval, el que aparecieron por primera vez pruebas que confirman el trabajo en común entre la Armada y el Ejército a partir de la coordinación entre la Base y la subzona militar 15: “si bien Arrillaga - coronel del Ejército y jefe de Operaciones de la subzona 15 - había sido condenado en los 2 tramos anteriores por hechos específicos en los que se entendía que había responsabilidad del Ejército y no por hechos en los que se podía comprobar la responsabilidad de la Marina, en esta ocasión es la primera vez que el jefe del Ejército también responde por las víctimas que pasaron probadamente por los centros clandestinos de la Marina. En principio, y a priori por lo que fue el veredicto de hoy, entendemos que el tribunal hizo suya la interpretación de esa acusación en cuanto a la coordinación inter-fuerzas que funcionó para la represión”, señaló Montero.
Durante este tramo se juzgaron hechos previos al golpe, ya que las primeras víctimas de la causa son de diciembre de 1975, y de enero de 1979, en plena dictadura. Al ser consultada sobre si en el trabajo de la fiscalía se hizo una distinción entre los casos ocurridos con anterioridad al 24 de marzo y los posteriores, Montero explicó: “en la acusación llevada adelante por la fiscalía todos los crímenes fueron tratados como parte del Terrorismo de Estado, no hubo una diferenciación específica en relación a los hechos que en el caso nuestro eran de diciembre de 1975. Sí se explicó que claramente la modalidad de esos hechos era exactamente la misma que la de los que sucedieron después del 24 de marzo, con lo cual toda la lógica de cómo se desarrollaron las detenciones, los tormentos, los lugares que fueron alojadas las víctimas y las condiciones en que permanecieron secuestradas nos permitieron unificar el tratamiento de lo que pasó antes y después del 24 de marzo de 1976, por lo menos en el marco de esta causa y de lo que fue esta acusación”.
Uno de los momentos más conmovedores y enriquecedores para la fiscal, en estos 10 meses de juicio, fue la inspección ocular realizada a la Base Naval: “se desarrolló con la presencia de los jueces pero también con testigos. En los 2 tramos anteriores del juzgamiento había inspecciones oculares a las que habían ido jueces y fiscales, pero no los testigos sobrevivientes; y esta vez un poco a propuesta de la fiscalía y de las querellas, varios de los testigos, los que quisieron y estuvieron en condiciones de hacerlo, no como una obligación, participaron en ese recorrido y fueron obviamente fundamentales para ubicar un montón de sitios y experiencias que habían transitado horrorosamente en ese lugar. Y la verdad que fue una de las cuestiones más ricas, uno incluso después de muchos años de trabajar en estas causas y de haber ido ya varias veces a la Base, nos quedó después de este juicio la experiencia de volver al centro con los sobrevivientes, algo que sí se había hecho en Mar del Plata en otros centros clandestinos pero nunca antes en la Base. Es una de cosas más significativas que me quedó grabada de estos 10 meses de juicio oral”.

Base Naval – ESMA

“Padecí algún oficial que venía de Mar del Plata; había 2, uno que le decían Alejandro y al otro Pancho, dos grandotes. Recuerdo que habían trasladado a una compañera que le decían La Polaca a la ESMA, estuvo un tiempo allí y luego la regresaron a Mar del Plata, afortunadamente la compañera sobrevivió. También está la famosa presencia en algún momento de la dictadura y del proceso en Mar del Plata y en la ESMA del capitán (Pedro Eduardo) Giachino, creo que eso fue en 1978, 1979”, recordó Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, en su intervención durante la entrevista con la fiscal.
Al respecto, Eugenia Montero manifestó: “esa responsabilidad no formó parte de este proceso, pero sí hay datos vinculados a alguna posibilidad de participación en otros hechos que aún permanecen en instrucción, porque esta causa sigue teniendo tramos de investigación en instrucción, no es que este tercer tramo cierra el juzgamiento de los hechos en la Base Naval, sino que por el contrario hay imputados procesados y otros que están justamente en instancia de proceso de investigación por estos hechos y por otros procesos por distintas funciones cumplidas en el ámbito de la Marina local. En el caso de ‘Pancho’ Francisco Lucio Rioja que recibió condena a perpetua en Mar del Plata, él también está siendo juzgado en el tramo de la ESMA, cuya participación fue probada por diversos testimonios y que también han sido fuente del trabajo que nos permitió a nosotros acusarlo en Mar del Plata por su actuación en relación a varias de las víctimas que formaban parte de este juicio”.
Cabe recordar que Pedro Eduardo Giachino es el caso del represor del que se pretendió que quedara en la historia argentina como el primer soldado caído en Malvinas, durante la recuperación momentánea del 2 de abril de 1982; incluso hay un grupo neonazi en Mar del Plata que ha tomado su nombre como bandera. En este sentido, se le consultó a Montero, que trabaja en la fiscalía federal de Mar del Plata desde hace casi 10 años, siempre en relación a causas de lesa humanidad, cómo se encuentra la situación en la localidad balnearia ante la sucesión de hechos y ataques neonazis y cómo puede repercutir esta sentencia por la causa Base Naval: “indefectiblemente el trabajo de uno se toca de manera cotidiana con la actualidad de la ciudad y particularmente con la realidad que estamos atravesando en materia de ataques discriminatorios y que claramente están vinculados con los derechos humanos, con lo cual es un momento muy candente para la ciudad. Esta sentencia llega en un momento complejo desde todo punto de vista, después de un cambio de gobierno, de muchas cosas que se dijeron en estos meses respecto de lo que podía pasar con estos juicios, y me parece que es muy saludable para Mar del Plata una sentencia como la de hoy que viene a confirmar un rumbo. Además, hay un dato que es que los jueces por primera vez, al menos en esta jurisdicción, dieron por acreditada la existencia de una asociación ilícita, que es un delito que novedosamente se les imputaba en este juicio a los imputados, y que ha sido resaltado por el tribunal que los ha condenado a todos, a algunos como jefes y organizadores y a otros como integrantes, por la asociación ilícita que llevó adelante estos hechos, lo que nos habla de un marco ilícito mucho más amplio del que puede abarcar en sí misma cada una de las privaciones de libertad y cada uno de los tormentos que estamos juzgando. Creo que hay una sensibilidad muy especial en Mar del Plata en este momento”.
En cuanto a los últimos casos de ataques nazis, Montero explicó que la fiscalía se encuentra en etapa de investigación de todos estos hechos: “no soy quien interviene pero sí varios de mis colegas, y me parece que este acto de reivindicación y justicia que tiene que ver con los crímenes de hace 40 años también repercute en la historia que estamos viviendo en el presente, dado que los nombres y muchas de las personas que se reivindican en este presente son aquellos mismos nombres”.

A 40 años del Golpe

Al igual que muchos de los fiscales que se encuentran actuando en causas de lesa humanidad, Eugenia Montero no había nacido al momento del inicio de la última dictadura. Ella es del año 1977: “muchas veces uno tiene a favor no haber estado en ese momento y por ende no tener un preconcepto o un pre-posicionamiento para uno y para la mirada de los demás respecto de cómo se sucedió la historia, esto que nos permite un abordaje no digo con falta de compromiso, todo lo contrario, sino más objetivo y un juzgamiento que prescinde de ciertos reproches que a veces uno percibe que los actores de aquella historia todavía pueden tenerse mutuamente. Nosotros como nueva generación tenemos el compromiso de llevar adelante estas banderas, estos juzgamientos, la convicción de hacerlo y también el beneficio de que llegamos a esta historia cuando de alguna manera ya estaba concluida en su desarrollo, y que ahora la etapa de juzgamiento es en la que nos toca ser protagonistas y estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias para dar estas respuestas”, reflexionó hacia el final de la charla con Oral y Público Eugenia Montero, fiscal de la causa Base Naval en Mar del Plata, cuyos fundamentos de la sentencia dictada esta semana se conocerán el próximo 25 de abril.

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