20 mar. 2016

En el marco del paro nacional de trabajadores estatales que se realizó el 24 de febrero pasado, ATE Desde Abajo, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentaron un habeas corpus preventivo ante la implementación del protocolo antipinquete del Ministerio de Seguridad y el decreto de declaración de emergencia en seguridad nacional. Auque fue rechazado, un juez decidió abrir una investigación para determinar si estas medidas gubernamentales tienen validez legal o atentan contra los derechos de los ciudadanos. Sobre este tema, el programa La Retaguardia dialogó con María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi. (Por La Retaguardia)


“El 24 de febrero pasado, los compañeros de ATE Desde Abajo nos plantearon que los acompañáramos en esta presentación que tenía como objetivo puntual en ese momento dar algún tipo de cobertura y protección a las miles de personas que se iban a movilizar en esa jornada en todo el país. De acuerdo a las declaraciones públicas que venían haciendo distintos funcionarios tanto a nivel nacional, como provincial y de la ciudad, existía una amenaza concreta a partir de la vigencia del protocolo antipiquete y del conjunto de medidas represivas que el gobierno de Cambiemos y sus socios vienen implementando. Esa acción como habeas corpus fue rechazada por la sencilla razón de que cuando el juez hizo lo que tenía que hacer, que es llamar al Ministerio de Seguridad para preguntarle qué instrucciones había dado concretamente para ese día a las fuerzas de seguridad en relación a los manifestantes, en el Ministerio le contestaron ‘ninguna, señor’. Después llamó a la Policía Federal y le preguntó qué instrucciones había recibido y el comisario que los atendió le dijo ‘ninguna, señor’, con lo cual el juez dijo que no había ninguna instrucción concreta, lo que se tradujo en la calle con esa masiva movilización que tumbó el protocolo y en la que hubo más de 50.000 personas al menos en la Ciudad de Buenos Aires”, explicó María del Carmen Verdú al detallar lo sucedido con la presentación efectuada desde su organización junto a ATE Desde Abajo y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.
De todos modos, la referente de Correpi señaló que a pesar del rechazo el juez decidió ir más allá: “el magistrado dijo ‘está bien, hoy no pasó nada pero esta gente - por nosotros - me está denunciando que hay una serie de normas que potencialmente pone en riesgo una cantidad de derechos’. Hablamos del derecho a la huelga, a la reunión, a la expresión, a informar y ser informados, porque también señalamos lo del corralito a los medios de prensa que está establecido en el protocolo, que no solamente violenta el trabajo de los trabajadores de prensa, sino que nos priva después a nosotros contar con ese testimonio gráfico de primera mano, como son los videos, las fotos que tantas veces, como ocurrió con Mariano Ferreyra, Maxi y Darío, nos han permitido demostrar que las cosas eran como dijimos nosotros y no como las decía la policía. Entonces el juez convirtió este habeas corpus en una acción de amparo que ahora se está tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1, del doctor Ernesto Marinelli, que aceptó la competencia. Incluso el fiscal del mismo fuero dijo que no se oponía a que continuara la investigación”.
Al día siguiente de la charla con La Retaguardia, las organizaciones iban a acercarle al juez una serie de medidas de prueba para aportar a la investigación: “es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano no ocurrió nada en relación al protocolo el 24 de febrero precisamente por esa masividad que hizo recular al propio Ministerio cuando dijo que no había dado ninguna orden específica –especificó Verdú–, pero sí pasó en otros lugares como en Mendoza donde hay 3 referentes sindicales, 2 de ATE y uno de SITEA (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados), que están imputados en una causa penal donde la propia fiscal ha declarado a los medios que ésta se inició por una denuncia del Ministerio de Seguridad en el marco del protocolo; entonces estamos pidiendo que el juez que está interviniendo en esta investigación pida a la fiscal de Mendoza este expediente para poder demostrar que ya no estamos hablando de un riesgo cierto e inminente, sino que estamos hablando de un hecho consumado donde ya hay delegados de trabajadores, secretarios generales de gremios imputados por un delito solo por haber participado de una movilización”.
Ante la consulta respecto a si estas medidas llevadas adelante desde el gobierno de Cambiemos les daba vía libre y mayor permisividad a las fuerzas de seguridad, Verdú aseveró: “yo diría que permisibilidad es lo que tuvimos hasta diciembre de 2015, a partir de ahí lo que hay es una serie de instrucciones, órdenes y mensajes muy explícitos y concretos. Cuando el mismo día que se unifica la Policía Federal y la Metropolitana, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Superior Tribunal de Justicia porteño saca un fallo diciendo que la policía ni siquiera necesita un indicio de sospecha, que no es otra cosa que portación de cara, para parar a alguien y pedirle el documento evidentemente lo que se está haciendo es dar una señal muy clara desde los distintos ámbitos del poder. Desde el poder político con las declaraciones de (Cristian) Ritondo (ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires), (Patricia) Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación), (Eugenio) Burzaco (secretario de Seguridad de la Nación), en el poder judicial con fallos como el del Superior Tribunal de la Ciudad o el de la Corte Suprema legalizando el uso de las picanas portátiles, las pistolas taser. Este es un conjunto de hechos al que además le sumamos el decreto presidencial de declaración de emergencia en seguridad y que el protocolo antipiquete está vigente en el 80% del territorio nacional, dato que surge del propio comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que está publicado en su sitio web. A su vez, es público y notorio que salvo 5 provincias las demás han adherido y están muy felices de aplicarlo, incluso las que pertenecen a otros signos políticos distintos al del gobierno nacional, como es el caso de Santa Fe. Evidentemente en ese marco ya no podemos hablar de permisividad o de cierto discurso contrapuesto con la práctica concreta, porque acá no es que la policía ha hecho lo que se le da la gana, sino que una cosa era lo que se declaraba a los medios cuando decían que no iban a criminalizar la protesta, y otra cosa las órdenes del día concretas contantes y sonantes como las pudimos probar en el juicio por Mariano Ferreyra, donde por algo hay 2 comisarios de la Federal condenados por el homicidio, sino que directamente estamos hablando de instrucciones explícitas para recrudecer las herramientas represivas, el signo de la época es el ajuste y la represión”.

Recuerdos del 24 de marzo de 1976

Tal como lo viene haciendo con los entrevistados de las últimas semanas, La Retaguardia le consultó a María del Carmen Verdú cuál era su registro del inicio de la dictadura cívico militar de 1976: “tenía 17 años recién cumplidos y mi principal preocupación en el mundo era saber si había aprobado el examen de ingreso a la Facultad de Derecho que había rendido el 8 de marzo de 1976, en medio de todo el enrarecimiento del clima social y político con editoriales que salían todos los días en los diarios anunciando que se venía el golpe, y esa sensación de impotencia cuando después los ingresantes ese año tuvimos que esperar hasta mayo porque naturalmente la facultad estuvo clausurada durante todos esos meses mientras se producían las purgas, los secuestros, la desapariciones de trabajadores docentes, no docentes, estudiantes, etcétera. Recién casi a mitad de año con un solo cuatrimestre entré a empezar a cursar la carrera con, por ejemplo, Martínez de Hoz como titular de cátedra de una materia, ‘Régimen de los Recursos Naturales no Renovables’, así que hay que imaginarse lo que podíamos llegar a aprender; o Fernando de la Rúa como titular de cátedra de Derecho Procesal. Yo cursé la carrera de abogacía entre 1976 y 1984, me recibí a mediados del ’84 con lo cual apenas sí tuve un soplo de vida democrática en la universidad. Recuerdo entonces escenas como la primera clase de Derecho Laboral con un profesor que se llamaba Niepo, que lo primero que dijo cuando entró al aula fue ‘buenos días señores y señoras, bienvenidos a la primera clase de Derecho Laboral, les aclaro que esta materia es derecho positivo histórico en las actuales condiciones’, porque estaban suspendidas todas las garantías laborales, ni siquiera estaba en vigencia la ley de contrato de trabajo. A eso me remite la fecha en lo personal”.
Igualmente, Verdú referenció también el significado de este 40 aniversario: “por supuesto en este momento me parece que más allá de lo importantísimo, lo simbólico de los 40 años, como inicio de un año que está lleno de números redondos porque en abril se nos vienen los 25 de la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio, en setiembre los 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, en diciembre los 15 años de la rebelión popular que tumbó al gobierno de la Alianza y la represión en su salida, en mayo son los 30 años de la masacre de Budge, y en el medio de todo esto los 20 años de Correpi, del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, me parece que lo significativo y lo más fuertemente convocante de este 24 de marzo es, además de la pelea contra el ajuste y la represión de hoy, casi como síntesis es la necesidad del repudio a la presencia del presidente yanqui en estos mismos días en la Argentina”.
En este marco, y hacia el final de la charla, Verdú convocó para este jueves 24 de marzo a la concentración que hará Correpi, como todos los años, en Plaza Lorea para luego sumarse a la movilización que el Encuentro Memoria verdad y Justicia realizará desde Congreso a Plaza de Mayo, a partir de las 15.30.

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