27 may. 2016


El Tribunal Oral Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer la sentencia tras más de 3 años de audiencias. Santiago Riveros, Manuel Cordero Piacentini y Miguel Ángel Furci recibieron 25 años de prisión, y Reynaldo Bignone y Rodolfo Emilio Feroglio 20. El resto de los imputados fue condenado a penas de entre 18 y 8 años y hubo 2 absoluciones. En las horas previas a conocerse el veredicto, Fernando Tebele, María Eugenia Otero y Víctor Basterra dialogaron con el fiscal Pablo Ouviña, durante el programa Oral y Público, que se emite por Radio La Retaguardia. Ouviña quien destacó el desarrollo de este proceso y la cantidad de hechos que se pudieron probar. (Por La Retaguardia)

Foto: Madres, familiares y militantes en la sentencia (cij)
En la tarde del viernes 27 de mayo, el Tribunal Oral Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), dictó sentencia en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la Operación Cóndor, es decir el accionar criminal coordinado entre las dictaduras y los gobiernos de derecha de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Santiago Omar Riveros, Miguel Ángel Furci, Manuel Cordero Piacentini (único militar de otro país, Uruguay, juzgado en este proceso) recibieron 25 años de prisión; Reynaldo Benito Bignone y Rodolfo Emilio Feroglio 20; Humberto José Román Lobaiza 18; Enrique Braulio Olea, Antonio Vañek y Eugenio Guañabens Perelló 13 años; Eduardo Samuel De Lío, Luis Sadi Pepa, Carlos Caggiano Tedesco y Néstor Horacio Falcón 12; y Federico Antonio Minicucci 8 años. En tanto, Juan Avelino Rodríguez y Carlos Tragant fueron absueltos.
Horas antes de conocerse el veredicto, el representante del Ministerio Público Fiscal, Pablo Ouviña, afirmó en diálogo con Oral y Público que desde el punto de vista del organismo durante los más de 3 años de audiencias se pudieron probar prácticamente todos los objetos de la imputación original: “esto es la comisión de hechos aberrantes, específicamente estamos hablando - por lo menos en la imputación que hace a Cóndor - de privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, además de la conformación de una conjunción de personas tendientes a concretar lo que se denomina una asociación ilícita. En este caso, una asociación ilícita regional de la que formaron parte diversas personalidades y buena parte de las fuerzas armadas de los países de la región. Desde mi punto de vista, todo esto se ha podido probar”.
En este proceso, además del valor de los testimonios, tuvo un lugar preponderante la documentación: “en otros juicios denominados de lesa humanidad lo más importante y relevante, lo único que nos da conocimiento de qué fue lo que pasó, son los testimonios de sobrevivientes, familiares y los pocos testigos que han quedado. En el caso de la Operación Cóndor, o por lo menos en el caso de este juicio, es impresionante la cantidad de documentación que pudo ser revelada e incorporada proveniente de diversos servos documentales, sobre eso se formó un universo realmente muy amplio, estamos hablando de miles y miles de documentos que pudimos integrar al juicio, pudimos procesarlos, clasificarlos, y testimonios como el de Stella Calloni o John Dinges fueron muy importantes para nosotros porque nos permitió adentrarnos cada vez más en esa documentación y poder ir dando forma a los rompecabezas que armamos en el juicio”.
Ouviña también destacó otros juicios y sentencias previas, como el primer tramo de Automotores Orletti (considerado uno de los principales centros clandestinos de secuestro de víctimas de la Operación Cóndor) o el del Circuito Atlético-Banco-Olimpo: “todos los delitos que fueron probados nos sirvieron a nosotros como prueba para otros delitos. No solo privaciones ilegítimas de la libertad, no solo tormentos, participación de determinadas personas, sino también la conformación o el retrato del universo que fue y la dimensión que tuvo la Operación Cóndor en el Cono Sur”.
En cuanto a lo que implicó justamente la coordinación entre las dictaduras de varios países de la región, el fiscal enumeró algunos delitos puntuales que dieron cuenta de este accionar conjunto: “en la causa vimos todo lo que fue la primera y segunda caída del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay). Ahí se ve, por ejemplo, cómo se coordinaron especialmente las fuerzas argentinas y uruguayas primero para intercambiar información, perseguir a determinadas personas, secuestrarlas, torturarloa y después en muchos casos trasladarlas a Uruguay. Allí se ve la primera fase de coordinación e intercambio de información, una segunda parte que es la concreta integración de fuerzas argentinas y uruguayas en los secuestros y las torturas, y la tercera que es la coordinación en el traslado ilegal de las personas que habían sido secuestradas de Argentina a Uruguay. Prácticamente todos los casos del PVP, como así también otros casos que pertenecían al GAU (Grupos de Acción Unificadora) y que tuvimos nosotros que investigar, nos dan esta evidencia. Otro caso que podemos citar como paradigmático es el de Alexei Vladimir Jaccard Siegler, un ciudadano suizo argentino que fue secuestrado en Buenos Aires, trasladado ilegalmente y asesinado en Chile. Allí se ve no solo cómo fue seguido en su ingreso a la Argentina, cómo fue secuestrado en forma coordinada por Argentina y la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional de Chile), cómo se lo traslada ilegalmente a Chile donde en definitiva lo matan junto a otras personas que fueron ilegalmente secuestradas y trasladadas, pero además vimos cómo luego Argentina, Chile, y quizás también Uruguay, cubrieron por la presión que en ese momento estaba ejerciendo sobre Argentina y Chile el gobierno suizo; ahí se ve el momento de intercambio de información para lograr el secuestro, el secuestro en sí mismo, el trasladado y después cómo tratan de ocultar todo lo que había pasado, y todo esto se dio en forma coordinada”.
“Espero poder dormir a partir del viernes a la noche”, afirmó Ouviña al ser consultado sobre si la noche previa a conocerse la sentencia iba a poder descansar. “Esto genera expectativas, por supuesto, –continuó– pero no tanto por lo personal sino por las respuestas que nosotros tratamos de lograr que no son para nosotros sino para las víctimas, los sobrevivientes y los familiares, gente que estuvo durante décadas buscando una respuesta y esperemos que en este caso demos una respuesta judicial”.
Finalmente en la tarde del viernes se conoció la sentencia, las penas fueron muy similares a las pedidas en su alegato por la fiscalía, por lo que es probable que Pablo Ouviña pueda conciliar el sueño por la noche, con la tranquilidad de haber alcanzado justicia luego de tantos años y – tal como le dijo Víctor Basterra – “con el corazón puesto en la verdad y la justicia”. El tribunal dará a conocer los fundamentos de su veredicto el próximo 9 de agosto, a las 17; eso sí: Ouviña, seguramente, hoy dormirá tranquilo.

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1 comentarios:

  1. Ante tanta tristeza por el rumbo del pais ,esta es una excelente noticia,que nos distingue del mundo

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