15 may. 2016


Una joven que llega a un hospital público cursando un aborto, espontáneo o no, puede, como consecuencia menos grave, ir presa. La confidencialidad médico-paciente pasa a segundo plano si la víctima es mujer, pobre y se rebela, voluntariamente o no, ante el mandato adoctrinador de la maternidad. El caso Belén suscitó una discusión ética y moral sobre el accionar de los trabajadores de la salud en esas situaciones. En Radio La Retaguardia, Viviana Mazur, médica generalista y trabajadora de la salud pública, aportó su mirada técnica a la discusión sobre el accionar de sus colegas en diálogo con Otras Voces, Otras Propuestas, con Luis Angió y Rosaura Barletta. (Por La Retaguardia)

Foto: la marcha que acompañó a la presentación de la apelación de Belén a la Cámara.

“Lo que tiene que aparecer por delante es la necesidad de cuidar la salud de la persona que tenemos enfrente. Cualquiera sea el problema de salud por el que consulte. Es el fin primero. Hablamos de personas que ponen su cuerpo y su vida en nuestras manos intentando conseguir algún alivio a sus dolencias. Lo que es increíble es este lugar que ha ocupado la medicina durante mucho tiempo, que en el tema aborto se pone más en carne viva, en el que los profesionales nos ocupamos de ser parte de los oficiales de justicia para impartir o no la ley”, criticó Mazur sobre los profesionales de la salud: “Ese no es nuestro rol. Lo que allí se cuela en este encarnizamiento es esta forma de pararse en contra del aborto limitando el acceso al derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. Quiero dejar en claro que no todos los profesionales actúan de esa manera”, señaló.
Mazur destacó el rol de una nueva generación de trabajadores de la salud que no se apegan a esos estereotipos de criminalización: “Tanto de la medicina en particular como de las ciencias de salud mental, el trabajo social, etcétera, que tienen una perspectiva de derechos y desde esa perspectiva le aclaran a las personas que nuestro rol es cuidar su salud sin juzgar sus prácticas, sus ideas, sus elecciones y que por lo tanto no teman contar lo que les pasa, aún si hicieron alguna práctica que pueda ser insegura para su salud o su vida”, explicó sobre los procedimientos correctos ante casos como el de Belén. “Esto se tiene que difundir, porque el caso Belén es terrible desde el punto de vista del sufrimiento que le imprimen a esta joven pero también lo es porque intenta ser aleccionador para muchas mujeres que van a abortar igual, de cualquier manera, porque cuando lo deciden lo hacen como pueden, y que no van a querer concurrir a los centros de salud y hospitales ante una complicación y eso las expone a situaciones de altísimo riesgo”, denunció Mazur sobre lo que para la sociedad representa la historia de Belén.

La violencia obstétrica

Mazur planteó que muchas veces escuchó casos de mujeres que llegan a los hospitales con amenaza de aborto o contracciones y son interrogadas por el personal médico: “¿Qué te hiciste? ¿qué te pusiste? Decime la verdad, mirá que yo me voy a dar cuenta”. Mazur introdujo rápidamente el concepto de violencia obstétrica: “El profesional no está preocupado por cuidar la salud de la persona sino por sacar información quién sabe para qué cosa, porque en realidad el riesgo debería correrlo el profesional que no cumple con su obligación de mantener el secreto”, denunció.
“En los últimos años, sobre todo en los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires pero también de muchas otras provincias, Santa Fe, Río Negro, Chubut, hubo un gran movimiento de profesionales entre los que está por ejemplo Profesionales por el Derecho a Decidir, que hemos empujado desde la Asociación de Medicina General. Tiene que ver con poder ofrecer a las mujeres la posibilidad de elegir sobre su situación, sobre si quieren o no tener hijos, con quiénes, cuándo y asesorarlas en relación a que no corren ningún riesgo si desean interrumpir un embarazo y que tienen derecho a hacer lo que quieren sobre sus propios cuerpos y que nadie podría denunciarlas”, explicó su accionar en la salud. “Si alguien, las amenaza con que las podría denunciar es esa persona la que está cometiendo un delito que es no proteger el derecho de las personas a la privacidad de la información y al secreto profesional”, contó Mazur, quien además integra el Consejo académico del Postítulo de Educación Sexual que se dicta gratuitamente en el profesorado Joaquín V. González.

Objetores sin ciencia

Sobre los objetores de conciencia para la realización de abortos no punibles, Mazu explicó: “Reafirmado por la reglamentación que emanó la Corte Suprema de Justicia en 2012 queda muy claro que el Estado está obligado a garantizar ese derecho y que para eso tiene que generar los recursos que sean necesarios. La objeción de conciencia es una excepción para cumplir con la obligación, pero no un derecho. Es un pedido de excepción”, aclaró. “De ninguna manera puede ser masiva, de servicios enteros, y si todos los profesionales son objetores de conciencia, el jefe de servicio, aunque también lo sea, debería resolver igual la práctica porque se pone por delante la necesidad de acceder a un derecho que tiene la mujer. Esto de las objeciones masivas de conciencia está más vinculado a una resistencia civil a cumplir con las obligaciones que el Estado tiene que al ejercicio de un derecho”, explicó la profesional.
Situaciones judicializadas como la de Belén ahora, o Romina Tejerina en su momento, reflejan en realidad el pensamiento de un sector de la sociedad. En ellas se cruzan desde la religión hasta la mirada de los otros. Todo con un condimento infaltable que garantiza que casos así continúen ocurriendo: la hipocresía. El gran problema es que nos enteramos de esas situaciones muy de vez en cuando.

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