17 may. 2016


En la madrugada del lunes 2 al martes 3 de mayo, varios dirigentes sindicales de Tierra de Fuego fueron detenidos violentamente en sus domicilios por la policía provincial. Los liberaron a los pocos días pero bajo fuertes restricciones. Paulo Giacobbe dialogó con uno de los dirigentes perseguidos, José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos, quien relató en primera persona las oscuras vivencias sufridas al sur del país. (Por La Retaguardia)

Foto: Conferencia de prensa realizada en el Congreso Nacional (Gentileza APEL)

“Una noche a eso de las 3 de la mañana me fui del acampe que es de 24 horas ya que hacía más de 60 días que estaba sin dormir en mi casa. En el camino de vuelta había tenido la sensación de que me estaban siguiendo, pero pensé que era una cuestión de poco sueño, la psicosis, pero un par de compañeras a las que había llevado a la casa tenía la misma sensación. Llego a mi casa, me baño y me acuesto a dormir y a los 15 o 20 minutos se escuchan ruidos y golpes fuertes en la puerta. Escucho que mi papá baja la escalera, yo bajo atrás de él para ver qué pasaba y me doy cuenta que era la policía que estaba gritando. Mi papá les abre la puerta y entran en forma violenta, me rodea un montón de agentes, también efectivos disfrazados de testigos o testigos disfrazados de policías, no sé cómo definirlos. Nos preguntan si había alguien más en la casa, mi papá les dice que estaba mi mamá durmiendo arriba, y justo ella se asoma por la escalera y atina a querer decir ‘voy a filmar lo que está pasando’; entonces ellos empiezan a decir a los gritos que no se podía filmar, ni registrar nada de lo que se estaba haciendo. Ante eso me preocupé y les dije ‘¿cómo no se va a poder filmar?’, y en ese momento se me tiran todos encima, me tiran al piso, me golpean. Es decir, lo que pasa general y lamentablemente cuando alguien goza de lo que está haciendo, que era al menos cómo yo sentía en ese momento a la policía. Me dejan tirado en el piso, yo estaba en piyama porque estaba durmiendo, no estaba para salir, tiran a mi viejo de la escalera, lo agarran, lo golpean, lo maltratan, mi viejo estaba desnudo con las cicatrices de las operaciones y no les importó nada. Recién ahí prenden una cámara, me la ponen en la cara mientras decían ‘se está resistiendo’, pero yo ya estaba en el piso inmovilizado con gente encima, los brazos retorcidos, me lastimaron los dos hombros”, relató José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos.
Gómez fue uno de los dirigentes detenidos en la madrugada del 3 de mayo, tras dejar por unas horas el acampe que desde hace meses llevan adelante distintas agrupaciones de trabajadores de Tierra del Fuego en contra de un paquete de leyes de ajuste impulsadas por el gobierno kirchnerista de Rosana Bertone. Roberto Camacho (ATE-CTA), Horacio Gallego y Juan Stefoni (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales),  y Alejandro Marcelo Gómez (Sindicato de la Educación de Tierra del Fuego) fueron las otras personas detenidas.
“Me leyeron algo, sé que algo me leyeron pero no lo puedo identificar, lo único que me acuerdo es que me dijeron que podíamos estar 5 días incomunicados –continuó Gómez la descripción de los hechos durante el diálogo con Paulo Giacobbe–, después de un rato que gritaban y decían cosas, no puedo registrar qué porque lo único que yo veía era a mi viejo tirado al lado mío, todo golpeado, lo levantan a él y lo sientan en un sillón, y a mí me dicen que me van a llevar detenido, no me explican por qué. Me levantan entonces del piso y para dejar constancia de que me están secuestrando, chupando, no sé cómo definirlo, me preguntan si me quiero comunicar con alguien, les digo que sí pero que el número lo tenía en el celular pero que ellos ya habían subido a la casa y revuelto todo sin la presencia de estos supuestos testigos. Entonces uno pide mi celular y uno de los testigos lo saca del bolsillo, me lo hacen desbloquear, marcar el número de teléfono de un compañero, ahí me agarran y me llevan al auto policial. Yo estaba con la preocupación, por cómo venía la situación y porque no había testigos, de que inventaran que me quise resistir o alguna situación de esas como para decir que me tuvieron que seguir golpeando. No me olvido más de esa sensación de cuando me levantan del piso y uno de los policías, que parecía más contento que perro con dos colas, me dice ‘viste, Gómez, el brazo de la Ley llega a todo el mundo’, y la verdad que yo nunca pensé que el vicegobernador se llamaba Ley, yo pensé que la justicia era la que administraba la ley”.
La referencia al vicegobernador Juan Carlos Arcando se debe a que la policía y la justicia justificaron la detención de los 5 dirigentes acusándolos de haber increpado y agredido al vicemandatario durante una movilización.

Incomunicados

Los policías llevaron a Gómez hasta la comisaría donde lo dejaron en una de las oficinas custodiado por un agente: “no me querían sacar las esposas que me habían puesto hacia el lado de atrás y que me lastimaban los brazos. Me hacen revisar por una doctora que constata los golpes de la cabeza, el hombro, la espalda y las piernas también. Después me pasan a una celda de 1,5 x 1,5, que tenía colchones meados, materia fecal en las paredes, escupitajos, sin calefacción, ni frazada, y yo estaba con una remera fina, el frío era importante, y me tuvieron así casi 20 horas. Después acercaron un par de frazadas, mejoraron la situación pero la desconfianza que yo tenía era tal que no tomaba agua ni comía porque también estaban 2 de mis compañeros ahí y tenía miedo que nos pusieran algo en el cuerpo; cosa de después decir que estábamos intoxicados o generar una situación violenta. Al mismo tiempo nos ponen un abogado con el que no nos dejan comunicarnos, ni saber por qué estábamos detenidos ni para qué. Cada vez que nos llamaban a hablar o nos preguntaban algo, yo les respondía que quería ver a mi abogado; cada vez que nos veían dormidos nos despertaban y nos traían notificaciones para firmar y nos decían ‘esta notificación es porque te vas a quedar un día más’. Como nosotros decíamos que queríamos ver a nuestros abogados porque no sabíamos qué estaba pasando, era la primera vez que teníamos esa experiencia, traían dos testigos de la comisaría y les decían ‘¿vieron? No quieren firmar’ y les hacían firmar como que nos habíamos negado y nosotros lo único que respondíamos era que queríamos ver a nuestro abogado, que queríamos que nos asesoren. Cuando logramos que viniera el abogado, no le permiten hablar con nosotros, y ya habían pasado más de 20 horas”.
Al cumplirse las 24 horas de detención, los dirigentes fueron notificados de que iban a permanecer allí por más tiempo, ya que –según les dijeron– no estaban dadas las condiciones para la indagatoria: “nos dicen que el juez nos imputa de no sé qué causas y nos preguntan si nos vamos a notificar, entonces ocurre la misma situación violenta y agresiva, nosotros pedíamos por abogados, traían a los testigos y les hacían firmar que nosotros no nos queríamos notificar, lo cual no tenía mucho sentido porque si nosotros ya habíamos designado el abogado pero no podíamos hablarle. Además eran abogados que habían mandado nuestros compañeros pero nosotros no teníamos posibilidad de saber eso ni de preguntar, así que nos arriesgábamos a notificarnos de ese modo, y sin que el abogado nos pudiera explicar qué estaba pasando y cuáles eran o no nuestros derechos. Así llegamos a la indagatoria, con casi 3 días sin comer, ni tomar agua, físicamente estaba bastante golpeado por esta situación. El juez (Javier de Gamas Soler, procesado por encubrimiento en el atentado a la AMIA) nos toma indagatoria, nos lee un montón de causas que nunca existieron, no sabemos si nos metieron o no alguna situación particular en el registro de nuestras casas porque después me enteré, por lo que me contaron mi mamá y mi papá, que cuando me llevan a mí, no solamente estábamos rodeados de 20, 30 antimotines, sino que entraron, revolvieron toda la casa sin los testigos, y después estos dos testigos, que entiendo que uno incluso participa de mi reducción, suben después de que revuelven la casa, con lo cual nunca supimos si me implantaron algo, si inventaron alguna excusa como para poder llevar adelante el allanamiento, todo esto en el marco de total impunidad mientras nosotros estábamos detenidos. Según yo puedo entender, todo esto fue solamente con la intención de generar algún hecho más grave, más violento”.

Parece mejor la cárcel

Los dirigentes fueron finalmente liberados el 5 de mayo pero bajo una serie de restricciones, sobre las que Gómez afirmó: “casi que era preferible quedarse dentro de la cárcel”.
Entre las condiciones de la justicia fueguina se encuentran que los ex detenidos no pueden acercarse a menos de 100 metros a ningún funcionario público, ni efectivo de la policía, ni a sus familiares, ni bienes, como tampoco a reparticiones públicas de la provincia: “yo soy empleado público de la provincia, con lo cual no puedo ir a trabajar y no puedo defender a mis afiliados porque son de la administración pública provincial, o sea que me cortaron la posibilidad de ser yo. Además desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana tengo que estar en mi casa. No puedo participar de actos públicos en los que supuestamente se puedan generar hechos de violencia, no puedo hostigar de ninguna forma a ninguno de los funcionarios, por cualquiera de esas cosas me pueden volver a detener, que es lo que están buscando”, aseveró Gómez.
Para el dirigente, el gobierno de Bertone ha ido avanzando en profundizar la agresividad y la violencia: “Primero fue una sesión en la Legislatura para aprobar el proyecto con todo cortado, internet, la fibra óptica, celulares, sin comunicación, a las 4 de la mañana el 9 de enero. Después el enfrentamiento directo de los funcionarios públicos con los trabajadores que estábamos haciendo la vigilia en la puerta de la Casa de Gobierno, después a la zona liberada con la planta de Orión (que pertenece a YPF), después pasamos a este golpe directo a las libertades de los trabajadores”.

El por qué del conflicto 

Los trabajadores iniciaron el acampe a partir de la aprobación de un paquete de leyes a comienzos de este año en la Legislatura de Tierra del Fuego. Sin embargo, la primera presentación de estas normas de ajuste se había efectuado en agosto del año pasado: “en ese momento y con otra composición en la Legislatura, logramos torcer ese paquete de ajuste, ahí tuvimos la amenaza de la legisladora que había presentado el paquete, que nos dijo ‘ahora van a ver cuando vayamos a asumir”. Actualmente, el parlamento provincial está compuesto de 15 legisladores, 8 de los cuales pertenecen al Frente para la Victoria. "Tras asumir aprueban el 9 de enero este paquete que no solamente incluye el régimen de jubilación, las obras sociales, tarifazos, una nueva agencia de recaudación con superpoderes en el que nos pueden incautar la mercadería e incluso procesar sin la necesidad de hacer un acto muy extenso. Nosotros, mientras tanto, tenemos que pagar las costas de todo eso, y la verdad que es grave la situación. Se avanza con el enfrentamiento de los funcionarios, después liberan la zona y nos mandan a golpear por un patota (que sería del Sindicato de Camioneros) y en los medios salen a decir que era totalmente necesario liberar, como haciéndose responsable de la liberación de la planta Orión, que es la zona donde estamos cortando, porque estábamos dejando sin combustible a la provincia. Después viene nuestro secuestro con la fuerza policial, y después no solo que desarma 3 carpas que estaban al costado de la Casa de Gobierno,  2 de ellas pertenecen a nuestra asociación, sino que hace un nuevo decreto donde establece que con todas las filmaciones que tienen desde el 8 de marzo en adelante, se les va a iniciar un sumario a todos los empleados públicos que hayan participado del acampe, un sumario que tiene el mismo fin que el de los docentes, la exoneración. Y estamos hablando de entre 700 a más de 1000 personas que pueden haber llegado a estar presentes en el acampe, porque tuvimos incluso una marcha de 15.000 personas, así que 1000 personas sería muy fácil de detectar en ese tipo de acciones. ¿Si esto no es criminalizar la protesta, cortar la posibilidad de la libertad sindical o de reagruparnos para poder defendernos entre nosotros, qué es? Que nos expliquen. Si esto no rasga los vestigios que tenía la noche más oscura de nuestra nación, en la época del gobierno de facto, tendría que reentender y releer nuevamente la historia. Está claro que el vicegobernador proviene de la Armada, era parte del gobierno de facto y creemos que tiene una gran connivencia con la justicia provincial, primero por la celeridad y violencia con la que hicieron el procesamiento y allanamientos de las casas, y segundo que los compañeros del SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados Municipales) impulsaron una iniciativa popular  (se trata de un proyecto que propone derogar las leyes de reforma previsional) y el mismo juez que lleva nuestra causa, a los 2 días cuando nosotros decíamos que ya teníamos la cantidad de firmas necesarias, dijo que era inadmisible, sin ninguna explicación ni intervención de nadie, nos bloquea y a partir de entonces no podemos hacer uso de esa iniciativa”.
El acampe frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego lleva más de 70 días, los trabajadores lo mantendrán hasta conseguir ser escuchados y derogar el paquete de ajuste impulsado por los poderes ejecutivo y legislativo, a pesar de que esto implique persecuciones, agresiones y violencia institucional.

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1 comentarios:

  1. Este gobierno es el más parecido al de Isabel Perón,sin las pocas medidas que ralentizaron un poco la voracidad de los monopolios y los terratenientes.Estos SON el proceso,dentro de esta tutelada DEMOCRETINOCRACIA dominante.Debemos hacer uso de las garantías que disponenmos en la C.N. y en aquellos articulos que hablan de organizarse en su defensa...

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