2 may. 2016


Junto a la abogada querellante Lucila Puyol, integrante de H.I.J.O.S., repasamos la sentencia por la megacausa en Santa Fe que se conoció el jueves 28 de abril: Luis María Vera Candioti recibió 15 años por el caso de Paula Cortassa, quien recuperó su identidad a los 22 años. También hubo una pena de prisión perpetua para el comisario Juan Calixto Perizzotti y otras de 13 y 22 años para los coroneles Carlos Enrique Pavón y Domingo Morales, respectivamente. (Por La Retaguardia)

Foto: www.pagina12.com.ar



“Esta causa llevó a juicio oral los casos de 53 víctimas, 6 sobrevivientes y el resto muertos y desaparecidos. Se trata de personas que en su mayoría fue perseguida en la dictadura y que escapando de sus provincias llegó a Santa Fe; teníamos muchos compañeros y compañeras que eran de La Plata, Salta, Concordia, Entre Ríos, Córdoba. En esta causa muchos de los desaparecidos fueron inhumados como NN; acá se hizo un trabajo muy interesante en el cementerio por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense que encontró muchos de los cuerpos de los compañeros. A fines de los noventa empezaron las exhumaciones y en los años 2000, 2001, 2002 se recuperaron muchos de los restos, no todos, pero sí muchos de los que están en esta causa que eran desaparecidos y se les logró restituir la identidad. Como querellantes, con mi compañero Guillermo Munné somos ambos militantes de la agrupación H.I.J.O.S., y llevamos la representación de nuestra asociación porque nos constituimos como personería pero también de muchos familiares en esta causa, y nosotros fuimos los que pedimos homicidio agravado por alevosía, porque estas personas estaban imputados por secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer los cuerpos, pero también para procurarse la impunidad que fue lo que tomó, creemos nosotros, el tribunal para condenar, porque en este caso la fiscalía no nos acompañó en el pedido de prisión perpetua por homicidio agravado sino que pidió solamente por homicidio”, expresó la abogada Lucila Puyol en el inicio del diálogo con Oral y Público.
El mismo jueves 28 de abril, unas horas antes de la entrevista, el Tribunal Oral de Santa Fe había condenado a Luis María Vera Candioti, ex juez de menores de la dictadura, a 15 años de cumplimiento efectivo. Los cargos fueron “retener y ocultar” a una menor, “alterar y suprimir su estado civil” y “prevaricato”, por el caso de María Carolina Guallane quien perdió su verdadera identidad, Paula Cortassa, a los 14 meses de edad cuando su madre fue asesinada y su padre secuestrado y desaparecido.
También fue condenado por los mismos delitos el coronel Carlos Enrique Pavón, además de “falsedad ideológica de documento público”, a 13 años; mientras que el comisario Juan Calixto Perizzotti recibió una pena de “prisión perpetua” porque también fue juzgado por el asesinato de 16 personas, militantes de Montoneros. Por último, el coronel del Ejército Domingo Morales fue condenado a 22 años de cárcel por “asociación ilícita” y el “homicidio” de 3 militantes. Los integrantes del tribunal ordenaron detener de manera inmediata a Candioti y Pavón que fueron trasladados a la cárcel de Las Flores, mientras que Perizzotti y Morales continúan en prisión domiciliaria.
“Nosotros estamos muy conformes con la sentencia”, expresó Puyol: “obviamente para quienes militamos en los organismos de derechos humanos, los familiares, lograr la condena por casos de homicidio a prisión perpetua es el máximo de las penas de nuestro país y por lo tanto estamos muy conformes con eso. Otro de los imputados tenía 3 homicidios, le fijaron una condena de 22 años que me parece que está bien, de todas maneras esta representación la tenía solo el fiscal pero creo que si la hubiéramos llevado nosotros esa querella también hubiéramos pedido por más, porque el que recibió perpetua tenía 16 homicidios, pero no tiene que ver con el número sino con la alevosía con que se cometieron estos delitos tan atroces”.

Paula

Luis María Vera Candioti es el primer juez de menores de la dictadura en ser condenado en el país: “una de las sobrevivientes de este juicio es María Carolina Guallane, que en ese momento era una beba de 14 meses que se llamaba Paula Cortassa. En la vivienda donde vivía hubo una masacre, asesinaron a una compañera y su mamá (Blanca Zapata) también recibió una herida muy importante en la cabeza y terminó falleciendo en el hospital. Su papá (Enrique Cortassa) fue secuestrado vivo, y en este juicio pudimos escuchar a los vecinos que contaron que vieron cómo lo sacaban con vida, golpeándolo, tomándolo de los pelos y lo subían a un móvil del Ejército. En Santa Fe este ha sido un caso paradigmático, ha sido muy fuerte. A la beba la llevaron al sur de la provincia y ahí la dieron en adopción. La familia adoptiva de Carolina era una muy buena familia, ella no fue apropiada, sus padres adoptivos no sabían nada, no sabían de dónde venía, les habían dicho que sus padres habían muerto en un accidente y que nadie la había buscado. Esa fue la primera información que les habían dado a los adoptantes, después nunca más hasta que Carolina a sus 18 años quiso saber. Sus abuelas biológicas eran muy humildes, del interior de Santa Fe y Entre Ríos, y nunca se acercaron a Abuelas (de Plaza de Mayo), nunca fueron a dejar su sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos, ni denunciaron la desaparición de María Carolina, fue ella la que impulsó su búsqueda”, contó Puyol.
La abogada querellante explicó que aunque muchos datos estaban en la instrucción, sí surgió nueva información durante el desarrollo del juicio: “la masacre en la vivienda de la calle Castelli fue el 11 de febrero de 1977 y Carolina ingresó a disposición del juez y a la Casa Cuna el 6 de abril de 1977 con desnutrición, raquitismo, enfermedades, era piel y hueso, eso significa que durante 2 meses, que fue lo que se pudo reconstruir, ella estuvo en un centro clandestino, estuvo con su papá; seguramente lo torturaron, intentando quebrar su voluntad con amenazas de hacerle un daño a la niña, daño que efectivamente le hicieron porque llegó en un estado casi de muerte. Ella misma lo dijo en el juicio, ‘me entregaron porque yo me moría’. Entonces que esté esta condena a este juez, del que además se probaron sus vinculaciones con el Ejército y fue sumariado por sus manejos como magistrado seguramente con otros niños y niñas, nos parece realmente importantísimo y además fue una pena muy alta, 15 años”.
Por el caso de Paula Cortassa también fue condenado el coronel Carlos Enrique Pavón: “en el juicio se probó que tenía este manejo de llevar y traer los niños de los operativos. Lo que pasa es que el caso más paradigmático es este de María Carolina porque teniendo su identidad, la mamá murió en el hospital, pero además tenemos el archivo fotográfico de la policía de la provincia y está la foto y las huellas de ella pero igual fue inhumada como NN, a su vez el papá estuvo vivo, se lo llevaron vivo, o sea que sabían perfectamente el nombre de ese compañero y por lo tanto el nombre de su hija, sin embargo no la entregaron a sus familiares biológicos sino que la pusieron como una niña NN y la dieron en adopción, todo esto es parte también de la perversidad con la que actuaron”, aseveró Puyol.

Puntos de partida

Además de las condenas a genocidas, los juicios de lesa humanidad permiten conocer historias, datos e información hasta ese momento ocultos y que generan en muchos casos nuevos tramos y/o causas. Lucila Puyol explicó por ejemplo que a partir de este proceso en Santa Fe la querella que representa realizó un pedido para que varias investigaciones se trasladen y continúen en la etapa instrucción: “fue muy interesante la postura del tribunal porque el fiscal no había pedido investigaciones para continuar, pero los jueces propusieron que nuestro alegato y el de la querella de Alejandra Romero Niklison se enviaran en forma de denuncia a la instrucción para que comenzaran nuevas causas o se sumaran algunos hechos a otras. Una de las causas que es también muy paradigmática en Santa Fe porque además de salir en los medios fue muy conocida porque durante horas estuvo el Ejército, la policía de la provincia y el comando radioeléctrico tiroteando en un edificio de departamentos donde en uno vivía una pareja y había allí una reunión con otros dos militantes. Eran 3 varones y una mujer de Montoneros, que en ese momento, enero de 1977, eran la conducción acá, y estuvieron durante horas y horas tiroteando. Fue muy importante que al juicio vinieron muchos vecinos que detallaron cómo fue lo que pasó, porque los diarios de la época hablaban de enfrentamiento, de que uno de los militantes había asesinado a una vecina, porque supuestamente la mujer abrió la puerta y como que se le puso en el camino entonces él la baleó, pero todo eso fue desmentido en el juicio por los mismos vecinos, no por familiares y militantes, sino gente del mismo edificio. Hicimos una inspección ocular y todavía hay una bala en el segundo piso donde mataron a uno de los compañeros, y uno de los testigos dijo que él escuchó los 4 tiros de remate. También vino la hija de esa vecina asesinada y dijo claramente que todo era mentira, porque también hay un libro sobre ese hecho para el que tomaron como testigos a los militares; y ella misma, la hija, vino a desmentir todo eso. A partir de ahí también hoy podemos pensar en nuevos imputados porque hubo gente, por ejemplo, algunos de los vecinos que reconocieron después de tantos años que vieron a tal, que lo conocían por otro lado y que estaba con un FAL apuntando en tal lugar. Eso es muy importante”.
En este punto, Puyol remarcó el valor que tienen los testimonios en la construcción y sostenimiento de los juicios: “en algunos casos tenemos algo de prueba documental pero el valor de los testimonios es incontable”.

El otro Candioti

En Santa Fe hay otro Candioti también con un accionar oscuro. Se trata de Alberto Julio, vicepresidente durante muchos años del club Colón, muy cercano a Julio Grondona, que también está acusado de crímenes de lesa humanidad: “él debería haber estado imputado en esta causa –afirmó Puyol– porque nosotros desde la querella lo acusamos, hay testimonios que lo sindican en la responsabilidad del secuestro y posterior asesinato y desaparición de Roberto Daniel Suárez, que era un compañero militante de Montoneros que estaba haciendo el servicio militar en el ’77 y que desapareció el 1 de agosto. Suárez estaba haciendo el servicio en el Batallón de Anfibios de la vecina localidad de Santo Tomé y tenía un jefe inmediato y después el otro era justamente Candioti. Además, a partir de las investigaciones que hace el Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que presentó su trabajo en el juzgado de Santa Fe con toda la nómina de militares y sus rangos en los distintos años, sea en Comando de Artillería, Anfibios, las distintas reparticiones, y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe también presentó una investigación sobre lo que fue y se llama ‘la comunidad informativa’ junto con el Destacamento de Inteligencia, encontramos que Candioti era un agente de inteligencia del 601 de Buenos Aires, que sabemos que era la base de inteligencia del país, él revistaba ahí y lo enviaron a Santa Fe, o a lo mejor él residía en Santa Fe y dependía del 601. Lo concreto es que él es responsable de al menos este hecho. Pero cuando nosotros comenzamos esta investigación y se lo denunció, él estaba muy ligado a Grondona, ahora además era abogado y trabajaba en estudios, y hacía un tiempo que era como que no se lo encontraba, no se lo veía en Santa Fe. De golpe resulta que Candioti aparece pedido en La Plata por otro causa, ahí ya tenía la imputación y por eso se fuga; se lo encontró en Uruguay, se iniciaron los trámites para la extradición, no Santa Fe porque como acá todavía no se lo había imputado, el pedido está hecho por la gente de La Plata, como responsable y parte de un centro clandestino”. Se trata de la “Brigada de Investigaciones de San Justo”, que formó parte del “Circuito Camps”, con el que Candioti estuvo vinculado mientras era capitán del Ejército Argentino.
Finalizó con condenas otro juicio por delitos de lesa humanidad, esta vez en Santa Fe. De la sentencia ya surgen nuevos elementos para seguir investigando a responsables militares y civiles del Terrorismo de Estado. Al respecto, Lucila Puyol aseguró: “es importante seguir difundiendo, a pesar de que sentimos que en este momento no tenemos todas las herramientas, el apoyo de organismos nacionales como los tuvimos en otro momento, estos juicios ya no se detienen, tenemos toda la convicción de que vamos a seguir trabajando y que va a seguir habiendo condenas a genocidas”. Nos sumamos a la misma convicción.

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