13 may. 2016


Belén fue condenada a 8 años de prisión por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía luego de cursar un aborto espontáneo el 21 de marzo de 2014 en el Hospital de Clínicas Avellaneda, en esa provincia. La acusación plantea que la joven parió en un baño y luego mató a su bebé prematuro. Su abogada, Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, plantea actualmente que la instrucción de la causa debe ser anulada de plano, pues se cimentó sobre la base de la violación de la confidencialidad médico-paciente. Durante el programa radial La Retaguardia, María Eugenia Otero y Fernando Tebele, dialogaron con la profesional sobre la apelación próxima. (Por La Retaguardia)


Foto: www.notas.org.ar
“Estoy preocupada como estamos en Tucumán y creo que en sintonía con todo el país en un caso muy desafortunado. Belén entra en la madrugada del 21 de marzo de 2014, hace un poco más de 2 años, a la guardia del hospital Avellaneda. Entra con dolores abdominales y en el interín tiene un aborto espontáneo muy completo, sin complicaciones según informa su historia clínica”, explicó Deza y explicó que, aún así, la joven se despertó rodeada de custodia policial. “Al parecer, por lo que consta en la causa, una de las parteras encuentra un feto en un baño, no sabe en cuál, no hay precisiones. Sólo en planta baja hay ocho baños y no hay ninguna precisión acerca de cuál. A Belén le adjudican, primero moralmente, luego policialmente, luego judicialmente, siempre sin un ADN, a ese feto en carácter de hijo. Así termina presa y acusada de homicidio agravado por el vínculo”, denunció la abogada.
Según Deza, “no hay precisiones sobre las semanas que tenía el embarazo que cursaba Belén porque según algunos testimonios el feto tenía 18 semanas. El médico le dijo a Belén y su mamá que el aborto había sido de unas 20 semanas, en otros lugares decía 22, en otros 26, en otros 27, y en la autopsia 32. La autopsia se refiere a un feto femenino en algunos lugares y masculino en otros, que tiene contradicciones en lo que se llaman medidas antropométricas”. Para traducir el lenguaje técnico, la abogada explicó: “Un fémur de siete centímetros tiene determinada edad gestacional, una circunferencia abdominal refiere a otra. En este caso hay contradicciones, según el fémur parecería de 38 semanas, según la circunferencia abdominal, de 22. La autopsia, además, tiene fecha del año 2004. Es un caso bastante complejo”, consideró.
Para Deza, “se montó una maquinaria simbólica para ponerla presa y nunca más volvió a su casa. Tuvo una defensa técnica deficitaria, primero fue un abogado que dejó la causa a los pocos días, pero durante toda la etapa de instrucción su defensora fue una persona que puso el Estado que no pudo alegar que toda la causa era producto de la violación del secreto profesional, que no pudo mostrar estas discordancias que muestro yo y es algo que advierto porque soy inteligentísima. Alcanza con ojear la causa”, señaló. Deza identificó, en el tratamiento de este caso, desigualdad y asimetría: “Así se para una mujer frente al Estado en la salud, en la policía, en el poder judicial, y por eso es complejo. Hay una privación de libertad que lleva más de dos años sin una condena firme y se emite un mensaje que es el dilema cárcel o muerte. El hospital pareciera ser un lugar poco confiable”.
Deza señaló un rasgo determinante del hospital: tiene un destacamento policial permanente. “Eso hace suponer que están para cuidar los bienes, a las personas. Sin embargo, cuando se ve que actúan de forma conjunta con efectores inescrupulosos y arman una causa uno debe detenerse a pensar, debe sentirse interpelado ¿Qué hace la policía dentro de un hospital?”, interrogó.

Asistencia tardía

“Yo llego a Belén de casualidad. Me llamó una de las testigos que fue citada a declarar, una profesional del área de la salud del hospital, para que la asesore. Me enteré un día antes de que la condenen. Belén es una chica cualquiera de 27 años que no tiene hijos, que tenía muchos planes, que sufrió un estado de mucho abandono simbólico, con culpabilización producto de un accionar muy agresivo del personal policial, de los propios médicos tratantes, luego de su defensora”, denunció Deza, pero agregó: “También veo una Belén que se está empoderando, a la que le hace bien la compañía, que se siente acompañada por el movimiento de mujeres y se está parando de otra forma en la vida”.
La abogada sostiene que en esta oportunidad se mancomunó “una tríada compuesta por salud, policía y un sector del poder judicial que también pone el caso en un cajón a partir del hecho de que Belén pertenece a un sector popular, con una ciudadanía debilitada, que no conoce sus derechos y, por lo mismo, muchas veces no sabe qué exigir, no sabe qué derechos tiene. Han confluido muchos factores y nosotras estamos igualmente alarmadas porque pensamos que habrá otras Belén”.
Deza buscó dimensionar la peligrosidad que implica para todos dejar pasar desapercibida a esta historia: “Los actores que intervienen tienen una connivencia que significa el poder biomédico, el disciplinamiento desde todos los sectores, son un poder muy fuerte, pueden armar una historia clínica, pueden hallar un feto y que no haya un acta policial que diga dónde pero ese feto dentro del sistema judicial logra criminalizar a una mujer, un poder judicial que se da el lujo de ignorar que las investigaciones en el marco de la violación del secreto profesional son nulas. En el medio hay una mujer presa, privada de su libertad y era una criatura de 25 años”, interpeló.

Belén y Romina Tejerina

La principal prioridad de la abogada hoy es que cese la prisión preventiva para Belén y que pueda esperar en libertad las definiciones judiciales: “Así esperaron los tratantes de Marita Verón, así esperan en general los procesados y está muy bien que así sea porque para eso es el principio de inocencia. Concluyeron allí con el pedido formal de la defensa muchas organizaciones, mucha gente, mucho apoyo, entonces tenemos fe de que eso no se diluya porque interpela al poder judicial”.
La abogada planteó ciertas similitudes entre el caso Belén y el caso Romina Tejerina, ya que los dos interpelan: “Plantean hasta qué punto hay un mandato de maternidad obligatorio que está enquistado en nuestra sociedad y que desoye o se desinteresa por la demanda de autonomía reproductiva que tienen las mujeres. En el caso de Romina, hubo una situación muy desagradable y que la afectó mucho, fue un embarazo producto de un abuso, de una violación, un parto en avalancha, un estado puerperal y, si se quiere, un Estado ausente en acompañar a esa mujer que pudo interrumpir una gestación y no lo hizo, quizás no lo sabía, quizás le negaron la práctica, pero lo que sí hubo en ambas fue una subversión del mandato”, analizó. Deza señaló que a los efectos del mandato patriarcal no es relevante si el aborto es espontáneo o no: “Hay una sociedad que condena porque considera una asesina a quien no quiere ser madre y está bien, el Código Penal así lo dice. Lo que subyace es que cuando no se acata el mandato hay una condena. Podemos leer que ser mujer, pobre y subvertir el mandato de maternidad implica una condena, literal”.

La apelación

Por último, la abogada explicó todas las valoraciones técnicas con las que cuenta para la presentación de la apelación a la Cámara de Casación: “Voy a cuestionar este cuadro probatorio en términos penales, también la arbitrariedad en la valoración de la prueba, el estado de indefensión que supone tener una defensa técnica deficitaria, cómo la Cámara valoró eso. De hecho, la Cámara antes de analizar la prueba menciona que la defensa no cuestionó la circunstancia de modo, tiempo y lugar, como si estuviera analizando un cheque”, ironizó. Deza plantea la nulidad de la causa porque es producto de la violación del secreto profesional y “porque afectar la confidencialidad médico-paciente afecta garantías constitucionales. Hay un trasfondo político que tiene que ver con la falta de perspectiva de género, a eso me refiero cuando digo que hay asimetría de poder, cuando hablo de dónde se para una mujer que aborta frente a la sociedad y demás”, concluyó.

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