25 jun. 2016


María Soledad Escobar, administradora de elrevelador.com.ar, se encontraba hasta hace días dentro del programa de protección a testigos. Dialogó con Paulo Giacobbe para La Retaguardia sobre las razones políticas de su expulsión, los motivos por los que se había incorporado a partir de publicaciones sobre irregularidades en la morgue de La Plata e investigaciones y presunciones con respecto a las desapariciones en democracia. Escobar es amicus curiae en la causa por las inundaciones de La Plata por haber investigado a los procedimientos de la morgue en aquella oportunidad. Escribió, además, el libro Inundados La Plata: lo que el agua no encubrió, junto a Gabriel Prósperi. (Por La Retaguardia)

"En septiembre de 2014 me citó Alak al ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando le mostré todo lo que había pasado en la investigación de la morgue. Le comenté que me había amenazado varias veces la policía y me llevó con quien era entonces el director del Programa de protección a testigos y me metí. No entendía mucho de qué se trataba pero calculé que si consideraban que debía ingresar, no me iba a negar. Estuve en el Programa hasta el martes 7 de junio, cuando me notificaron que quedaba afuera. Firmé en disconformidad haciendo responsable, por supuesto, al Estado nacional por mi integridad física y la de mi familia", se plantó Escobar. Asegura que no hay ningún criterio esclarecido para incorporar ni correr personas del Programa: "Mi retiro se da luego de dos eventos: uno es la publicación de Verbitsky en Página/12 de la investigación, que citó como fuente a una página que hice sobre periodismo de datos pegándole claramente al gobierno actual. La difusión que ha tenido la web ha generado cierta molestia. A la persona que vino a retirarme del programa le dije que no me parecía que fuera de esa manera y a él se lo veía un tanto avergonzado. Le dije: '¿Será porque soy kirchnerista?' y él respondió 'todo puede ser'", denunció. "Lo lógico hubiera sido que me citaran y evaluaran la situación. Luego, si tomaban la decisión, uno no lo puede desacatar, es lo que la ley manda y tienen el derecho de hacerlo. El juez Arias lo hizo público. Es una señal para intimidar, uno no sabe cómo leerlo. Es preocupante el hecho de saber que hoy la Policía Bonaerense no tiene control político. De alguna manera lo hemos visto en el permiso de solicitar a las personas que se identifiquen", señaló Escobar sobre las modificaciones en las políticas que se evidencian con el cambio de gestión. "Mostrar el documento está mal, pero en lugar de eso los ponen contra la pared, los revisan, los tocan, según la portación de cara. Sabemos que se desbocan fácilmente y más sin control político. Hay mucha gente que seguramente quedó muy enojada con el hecho de que hubiéramos llevado a la Gendarmería dentro de una morgue de la Policía de la Provincia", aseguró.

Riesgos

"Al juez Arias le han hecho de todo. En un operativo le pegaron, en otra oportunidad venía por la ruta a las 12 de la noche y lo rodearon un montón de patrulleros con la excusa de que habían robado una camioneta como esa y era todo mentira. El juez lo comprobó y lo tuvieron dos horas con la familia en el medio de la ruta. Sabemos que con el juez están muy disgustados y conmigo naturalmente también. Estoy tranquila igualmente, con las cosas que están pasando en el país, hay gente que se está muriendo de hambre y de frío y eso me tiene bastante más preocupada", aclaró.

El caso de Jorge Julio López

El peritaje en la morgue luego de la inundación de La Plata arrojó que "había allí 62 cuerpos entre adultos, bebés, perros, cuerpos pegados literalmente pudriéndose a temperatura ambiente. Había cuerpos que no tenían rótulo, es decir que no te podías remitir a ningún papel. Otros estaban mal rotulados, por ejemplo, el cuerpo de un adulto tenía un rótulo pero cuando íbamos a los papeles pertenecía a una criatura de 4 años carbonizada. En uno de los cadáveres, que se notaba que estaba totalmente esqueletizado, era de larga data que tenía fecha del 26 de septiembre de 2006, unos días después de la desaparición de López, había un rótulo que era el 13520 y decía 'Fernández'", explicó Escobar, que luego aclaró la referencia posterior: "Cuando vamos a los libros, ese rótulo correspondía a un tal Matías Cañedo que había sido entregado al día siguiente, es decir que no era él. Si avanzábamos en el libro, el 13528 era Enrique Fernández, enterrado ya en estos procedimientos de inscripciones falsas o irregulares donde se presenta la policía como testigo, inscribe la defunción y entierra. No era ni Cañedo ni Fernández. Nos sobra un cadáver de esos días. Si nos ponemos a pensar que en el caso, por ejemplo, de Luciano Arruga, tanto Arias como yo dijimos que para nosotros estaba en un cementerio, y era bastante jugado decirlo, y a los pocos meses apareció así", contó. Para Escobar, lo de López es más que evidente: "Crucemos Etchecolatz, Policía Bonaerense, morgue policial de La Plata, no es descabellado pensar que fue enterrado con otra identidad o que era el cuerpo que estaba en la morgue. La pericia sobre ese cuerpo no dio resultado, yo pedí otras medidas pero la causa quedó trabada por todas las apelaciones de fiscalía de Estado. Entre otras cosas, me acerqué al CELS para pedir ayuda legal, que se involucre en la causa y de esa manera poder avanzar. En la pericia hecha no salió el ADN, entonces no se puede contrastar, hay que tomar una nueva muestra. Cuando son cuerpos muy degradados o viejos se toma una muestra y a veces ésta se consume y no se obtiene un perfil genético, por lo que es necesario tomar una nueva y que se haga el trabajo de nuevo. Eso pasó con diez cuerpos, entre ellos este", relató.
En síntesis: "Había un cuerpo que tenía un número que decía 13520-Fernández, ibas al 13520 en el libro de entradas y salidas de cadáveres y era Matías Cañedo que ya había sido entregado a la familia, o sea que 13520 no era. Fernández, avanzabas en las hojas y era el 13528, es decir, ocho cuerpos luego, y Fernández fue enterrado en el 2013. El procedimiento aplicado se arma el 10 de abril cuando van el juez Atencio con Damián Corta, fiscal de la causa en ese momento, César Albarracín, subsecretario de Política Criminal, mano derecha de Casal, el jefe de la Asesoría Pericial dependiente de la Corte. Un montón de personas hicieron una puesta en escena después de que no lo habían dejado ingresar a Arias", denunció Escobar sobre las irregularidades en la investigación. Escobar contó, además, que el entonces ministro Casal ordenó una pericia informática, lo que no está permitido siendo que él "no es parte, ni denunciante, ni imputado, el juez de garantías, sin embargo, va igual, en la provincia de Buenos Aires todo es posible. En ese momento surge que mientras en una de las computadoras labran el acta de esa inspección ocular que fue una farsa, en la otra computadora crean un archivo llamado 'archivo fantasma' en el que ponen un listado de 56 cuerpos. Ese Fernández estaba en ese archivo y correspondía al 13528, una persona que había ingresado y había sido enterrado. O sea, ese que estaba ahí no era ni Cañedo ni Fernández. Actualmente ese está en la morgue y quedó precintado. Es un descontrol, de fines de septiembre de 2006, en los papeles sobra un cuerpo. Eso es lo que a uno lo hace pensar que podría estar vinculado a Julio López", sentenció.

Los casos de Miguel Bru y Miguel Avellaneda

Escobar explicó con respecto a este caso que si Bru fue enterrado como NN es muy difícil poder rastrearlo en la actualidad, pues "después de cinco años van a osario común los restos. Es muy difícil, ¿se puede investigar a través de los papeles? Sí, se puede, pero de ahí a comprobar y encontrar el cuerpo es técnicamente muy difícil. De los papeles siempre surgen NN que han quedado sin identidad en los días posteriores al ingreso. Rosa (la mamá) sostiene que estuvo en la morgue, lo hablé con ella. La investigación habría que hacerla digitalizando un montón de datos, empezando a hacer cruces con el Registro Nacional de las Personas, hospitales, ir chequeando que los casos en los papeles tienen un correlato con de dónde vienen. Si están en una causa penal, si estuvieron en un hospital", explicó, aclarando que esa investigación requiere de un equipo de personas dedicadas a la tarea. "Encontré 2 personas que fueron identificadas por huellas por la policía y que una fue enterrada como NN y en el caso de la otra tenían todo listo para enterrarlo, se llama Miguel Avellaneda, y no encontré familiares, no es de acá pero fue identificado e inscripto como NN. Eso hicieron con el caso Madrid, donde tardé cuatro horas en encontrar a la familia que buscaba al padre hacía dos años y medio, lo que pasa es que nunca hicieron la denuncia, gente humilde. No todo el mundo sabe que tiene que hacer una causa de averiguación de paradero, por ahí pensaron que el padre se había ido al sur porque ya había pasado otra vez", relató sobre un episodio irregular por pura negligencia: "Los hijos estaban bastante preocupados porque no tenían contacto, la hija el día de la inundación buscó por todos lados. Es un hombre que murió en enero de 2012, ingresó a la morgue policial, teóricamente lo atropelló un tren. Digo teóricamente porque la autopsia da golpes en un costado del cuerpo y los cuerpos quedan de otra forma cuando una persona se suicida", aseguró. "Es llamativo, es una persona que aparentemente tendría algún inconveniente con la policía también. Ingresó, lo identificaron por huellas y no buscaron nada. Yo tardé cuatro horas en encontrar a la familia, la policía hubiera tardado cinco segundos. Tuve que darles la noticia y se presentaron, hicieron una causa pero aún no pudieron exhumar los restos", denunció.

Repercusiones de la investigación

"La única explicación para sacarme del programa es que no se inició la causa penal y por lo tanto no había un oficio judicial. Es cierto, pero eso no es mi responsabilidad. De hecho, la persona que vino me dijo 'podés iniciarla vos a la causa'. Yo no tengo obligación porque no soy funcionaria, hay causas penales en trámite en la justicia bonaerense y sabemos que no van para ningún lado. El fiscal Paolini sabe de toda la situación de la morgue y las irregularidades que ha habido, de cómo se confeccionó el plan para enterrar cuerpos con falsa identidad y todo lo que hay publicado y no ha citado nunca nadie", explicó Escobar, en su larga charla con Giacobbe, sobre el accionar judicial. "Respecto de hacer una causa federal (lo que le sugirieron para mantenerse en el programa de protección a testigos), no voy a ser yo la denunciante porque sería una actitud suicida presentarme ante una fiscalía. Sobre todo porque los fiscales federales de La Plata también están al tanto y es llamativo que de oficio no hayan iniciado ellos una investigación. Yo estaba en el Programa de protección a testigos, no de denunciantes", aclaró.
"Respecto de la causa penal que lleva la justicia bonaerense se ha imputado a una médica forense de policía por firmar certificados de defunción falsos, luego se imputó y desplazó a dos comisarios, uno de los cuales yo grabé para encontrar al primer fallecido que habían escondido, era Juan Carlos García. No más allá de eso; es decir: cortar el hilo por lo más delgado. Alguna que otra persona de bajo rango. Al día siguiente que publica La Nación una nota que me hace Hugo Alconada Mon sobre el desastre de la morgue, fue desplazado el superintendente de la policía científica pero no por decisión judicial", contó sobre los implicados hasta el momento, pero aclaró: "En esa parte no se ha avanzado. Ningún funcionario ha sido siquiera citado en una testimonial. Conociendo el desastre que han hecho evidentemente la justicia penal bonaerense es cómplice de un montón de irregularidades. De hecho pensemos que para que la policía pueda enterrar un cuerpo con identidad falsa o quitarle la identidad a un cuerpo y enterrarlo como NN existe un oficio de una fiscalía que lo permite. Las fiscalías de la provincia de Buenos Aires y de La Plata no se van a atacar entre sí. Es un callejón sin salida la cuestión judicial, de la cual no soy experta porque no soy abogada, sólo puedo contar qué es lo que pasa", aseguró sobre su rol. Escobar contrastó datos: "No fue citado a declarar ningún funcionario pero sí está imputado el juez Arias porque en mayo de 2013 la Corte lo declaró competente en cuanto al cómputo de víctimas, le envía un oficio al fiscal Paolini en la causa solicitando que no diera a conocer información sobre víctimas fatales porque no era de su competencia y podría obstruir la investigación. Por ese motivo, el fiscal Romero por órdenes de la procuradora Falvo le inicia una causa por abuso de autoridad. O sea, una cosa insólita", consideró. El juez Arias, según Escobar, sufrió varios tipos de persecución: "Ha tenido pedidos de jury, está imputado penalmente por esta investigación cuando lo único que se logró fue descubrir cómo la policía se deshace de cadáveres. Pensemos que antes del allanamiento que hace gendarmería en la morgue ya teníamos al menos cinco licencias de inhumación para cadáveres que sabíamos que no estaban ahí. Una licencia de inhumación en manos de la policía para cuerpos que no tiene es un cheque en blanco para matar una persona en un patrullero, meterla en un cajón y enterrarla en un cementerio con otra identidad", planteó. "Es una situación gravísima institucionalmente, sabemos que lo pueden hacer y no digo que los hayan matado en un patrullero pero han enterrado cuerpos con falsa identidad. Eso está probado en el marco de una causa en el juzgado de Arias. Lo único que se hizo institucionalmente fue atacar a las personas que lo descubrimos", explicó.

Los números de Panamá Papers

"El último informe que lancé en El Revelador se llama 'De Swiss Leaks a Panamá Papers'. Poca gente sabe de la Lista Falciani y quién es Hervé Falciani. Sí les quedó en la mente un dato que es 4040 cuentas. No son 4040 cuentas, sino 4040 clientes. Según la Lista Falciani en realidad son 4600, la AFIP después de investigar dice el número 4040 que quedó en la mente de los argentinos. Si uno va a la denuncia de Etchegaray, el número es de clientes, y no es lo mismo clientes que cuentas", explicó. Escobar aclaró que, en el caso de las Off Shore, varios clientes pueden ser titulares de una sola cuenta. "En el mundo Off Shore, las cosas no se dan como en la vida natural de uno que suele tener una sola cuenta en el banco. Pueden tener varias, o muchos son dueños de una. Las ecuaciones son distintas. Parto de lo que es la lista Falciani porque un dato curioso de Panamá Papers es que, a pesar de tener once millones y medio de documentos, el consorcio internacional de periodistas de investigación al cual pertenecen Hugo Alconada Mon o Santoro de Clarín, que son los que han investigado, Panamá Papers no te da un número, sólo te dice quiénes, pero no cuánto", señaló. Escobar aseguró que los números figuran en esos once millones de documentos pero "no te los van a mostrar. A diferencia de Swiss Leaks que, además de decir algo de quiénes, muy poquito, lo más importante que da es el cuánto en un período de 142 días. Toma los montos máximos que había en alrededor de dos mil y pico de cuentas. Ese número da 3505 millones de dólares. Menos del 1% de esos clientes había declarado ante la AFIP que tenía una cuenta en Suiza. Ni siquiera sabemos si habían declarado el monto correcto", consideró. Todo lo no declarado, explicó la periodista "es plata que surge de lavado de dinero, de evasión impositiva, es decir, plata asociada a delitos, que es la que quieren blanquear ahora. 3505 millones de pesos en un solo banco en Suiza. Cuántos bancos hay en el mundo y cómo hacía el CEFID AR, el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina que Macri cerró y dejó sin financiamiento, para estimar la fuga. Hay distintos métodos para estimar la fuga y yo traté de tomar los más conservadores o los que daban en el medio para hacer un análisis de cuánto dinero tenemos los argentinos, porque creo que es de todos los argentinos. Si un argentino gana dinero con el trabajo argentino en el suelo argentino y se lo lleva afuera y encima evade impuestos, el dinero es nuestro", afirmó. La estimación, explicó, de cuánto hablamos "ronda hoy los 400 mil millones de dólares. Es decir, un PBI entero. Paradójicamente a la gente le llenan la cabeza con hechos de corrupción que, por los montos, hablamos de centavos. No digo que haya que disculpar ningún hecho de corrupción, que no se malinterprete, pero tendríamos que estar mucho más preocupados por todo el dinero que se ha evadido, que es salud, educación, vivienda. Si ese dinero se invirtiera en el aparato productivo no habría ningún argentino sin trabajo. Lo que demuestro es que Argentina es un país rico que ha sido empobrecido por estos procedimientos de fuga de capitales. Argentina produce muchísimo y de 2011 a 2013 se fugaron promedio por día 41 millones de dólares. Nadie tiene noción de esos números y de lo que significan. Trato de explicar en ese informe qué nos dijo Swiss Leaks, qué puerta nos abrió y trato de traducir informes muy técnicos económicos para que la gente lo entienda", contó, sobre el cierre, acerca del objetivo de su sitio web.

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