29 jun. 2016



A 14 años de la masacre de Avellaneda, las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y partidos políticos de izquierda realizaron, como todos los años, una actividad cultural el 25 en memoria de los jóvenes militantes y una marcha al puente Pueyrredón el domingo 26. Allí estuvieron integrantes de diversos espacios: Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza -el organismo que lleva adelante la causa por las responsabilidades políticas de la masacre- y Vanina Kosteki, hermana de Maxi e integrante del Partido Obrero son los que dialogaron con Paulo Giacobbe, que realizó la cobertura de las actividades para La Retaguardia, que también participó de la ya clásica transmisión desde la estación donde los jóvenes fueron asesinados. (Por La Retaguardia)

Foto: www.diariocontexto.com.ar

Las responsabilidades políticas

El presidente de la APDH La Matanza habló sobre este punto por ser parte del organismo que patrocina a la familia Santillán: “Tenemos la expectativa, desde el momento en que llegaron Alberto y Leo con la gente del Frente Popular Darío Santillán, de acompañarlos con el encuentro de justicia. Para que haya una justicia tiene que haber pruebas y testimonios que es lo que venimos presentando a la fiscal hace ya un año y pico para que pueda reunirlos y dar con los responsables políticos. Hay una realidad: las fuerzas que intervinieron son federales y no actúan por sí solas. Lo hacen por decisión del poder ejecutivo nacional”, sentenció Pimentel. “Desde la cabeza de Duhalde para abajo están los responsables. Hay que encontrar quién recibió la orden, llamados. Los hubo, hay aportes de eso, y le hemos pedido a la fiscal el jueves que accione, que se ponga de un lado o de otro. Esa reunión fue muy contundente y ella quedó un poco conmovida pero, como dijo Alberto, 'el más dolido soy yo que espero hace catorce años que quienes dieron la orden de matar a nuestros hijos empiecen a responder ante la justicia'”, aclaró el militante.
“Lo último que se pierde es la esperanza -aseguró-. Es muy difícil y sobretodo con estos gobiernos que ahora pululan por Latinoamérica y el mundo. Se ha derechizado todo. Hay que continuar y lo que garantiza que haya justicia es la movilización en la calle. Los testimonios realizados el año pasado aportaron, sobre todo el de Oscar Laborde, intendente de Avellaneda, que contó que recibió llamados, aprietes, para que no salga a declarar, etc”, contó Pimentel. Reiteró que los datos aportados son muy contundentes, “más lo que hemos presentado el jueves, que lo tenemos un poco como estrategia que no trascienda cuáles son las personas que vamos a citar para que testimonien. Con eso le hemos pedido a la fiscal trabajar juntos para ver  a quién se llama y se empieza a preguntar, pero no como testigos, sino ya como indagatoria”.
Para Pimentel, este año podría haber novedades si la fiscal se pone a trabajar “junto con los familiares, la querella, los abogados de la APDH de La Matanza para buscar que todos esos testimonios sirvan como indicio y como prueba para dar con los responsables políticos”.
Pimentel comparó la historia de Darío y Maxi con otros casos, y recordó una deuda pendiente “que es el secuestro, desaparición y asesinato de Agustín Ramírez, un joven de 23 años que el 5 de julio de 1988 fue torturado y asesinado por estar acompañando desde su militancia a los barrios más populares. Todavía no está resuelto, ni siquiera la autoría material. El año pasado hicimos un juicio ético y con esos elementos vamos a ir a la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos)”, contó. Pimentel aseguró que hay muchísimos casos impunes en el país: “Esto tiene que ver con una justicia totalmente corrupta pero, también, cuando la familia deja de estar la causa se cae. Lo que nosotros tratamos de hacer es alentar a la familia para que no decaiga en la búsqueda de justicia. Los casos en que ha estado la familia se ha llegado a alguna resolución. Caso Arruga con la tortura. Ahora se está buscando, también, lo central, el pasado. El caso de Gabriel Blanco, aunque terminaron absueltos, se va a seguir insistiendo. El caso Bulacio, en el que luego de tanto tiempo se logró, pero estaban la familia y un grupo de gente. Si no, es un expediente, un archivo en el estante de la impunidad en la Argentina”, consideró.

La denuncia de la familia

Desde el punto de vista político realizaron intervenciones Vanina Kosteki, hermana de Maxi, y Alberto Santillán, papá de Darío: “Hace catorce años que seguimos viniendo a este puente y seguimos reclamando lo mismo: juicio y castigo a los responsables políticos. Más allá de eso, seguimos encontrando, en la lucha que venimos haciendo, que tenemos que seguir reclamando por juicio y castigo por más compañeros. Durante doce años el gobierno de los Kirchner se burló de nosotros y hoy le decimos al gobierno de Macri que no le vamos a permitir de ninguna manera que se burle de nosotros, que sigamos teniendo más Maxi y más Darío”, denunció Kosteki. La militante aseguró: “Vamos a seguir luchando desde la calle y de la manera que lo sabemos hacer, que es todos unidos. Desde cada lugar de trabajo, desde cada centro de estudiantes, desde cada universidad, desde cada lugar, desde donde estemos. Seguimos luchando en la calle, porque es la calle de cada trabajador, de cada desocupado, de cada joven que tiene derechos a decirle al gobierno de turno que estamos cansados de vivir en la miseria”, planteó. “No lo vamos a permitir, no vamos a ceder ni un milímetro de la calle porque es nuestra y porque nuestros compañeros caídos lo merecen. Somos luchadores y los luchadores luchan en la calle. Decimos que queremos justicia, los queremos presos y por el bien del pueblo”, Kosteki se refirió a cada responsabilidad intelectual, esgrimiendo que las futuras generaciones merecen un futuro mejor: “Queremos a Aníbal Fernández, a Duhalde, a Solá, a Atanasof, Ruckauf, Juan José Alvarez, Soria y todos los que siguen en la cadena de mando. Todos presos. Queremos trabajo, vivienda, educación digna. A Macri le decimos que más allá de las medidas que quiere implementar contra el pueblo trabajador, vamos a demostrarle en la calle que nosotros unidos podemos más que todos ellos juntos”, aseguró desde el escenario de lucha.

El pronunciamiento de las organizaciones

El documento unificado leído por la locutora militante Liliana Daunes fue contundente en el sostenimiento de la denuncia sobre las responsabilidades políticas y planteó que los autores intelectuales están libres gracias a que el juez Ariel Lijo mantuvo la causa archivada. También se mencionó la decisión política del Frente para la Victoria de impedir que se investigue la masacre y se hizo referencia a las promesas del presidente Kirchner a Alberto Santillán sobre la creación de una comisión investigadora.
Para las organizaciones que convocaron la actividad, la causa profunda de la masacre de Avellaneda fue la crisis política y económica que el gobierno de Duhalde decidió descargar sobre los trabajadores. El panorama actual, plantearon, también es de ajuste y tanto el gobierno nacional como los gobernadores deben dar explicaciones al pueblo. Se repudiaron las represiones, el intento de implementación del Protocolo Antipiquetes, la vigencia de la Ley Antiterrorista y las sucesivas represiones ocurridas en estos seis meses de gestión Pro a lo largo y ancho del país.


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