8 jun. 2016


Lo denunció el ex detenido durante el golpe genocida Rubén Fourcade, quien se organiza con otras víctimas para exigir la celeridad de los procesos burocráticos previos a la asignación de pensiones, asistencia y resarcimientos para las víctimas del Terrorismo de Estado. El militante aseguró que, luego de la asunción de Mauricio Macri, los trámites se estancaron por completo, aunque ya avanzaban con lentitud. Tras una movilización realizada este mediodía, el próximo paso será en la ESMA el próximo miércoles, para exigir una reunión con el secretario Avruj. (Por La Retaguardia)

Foto: movilización realizada hoy a la secretaría de dd.hh.
El desguace

"Nosotros formamos parte de un colectivo llamado Víctimas del Terrorismo de Estado, una agrupación. Hay otras agrupaciones, un montón de compañeros hemos votado esta situación del genocidio. Estamos muy preocupados porque creemos que nunca en 40 años de democracia estuvieron tan en peligro todas las leyes de derechos humanos, todas las conquistas de este pueblo que tanto ha sufrido. Nosotros estamos reclamando la aplicación de las leyes reparatorias que son hasta acuerdos internacionales. Estamos observando el desguace de organismos (públicos) de derechos humanos como la Secretaría, el Centro Ulloa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", aseguró Fourcade, refiriéndose a todas las instancias que apoyaban a las víctimas. "Cada vez que vamos en grupos, colectivamente como haremos el 8 de junio -nos dijo hace algunos días-, nosotros reclamamos nuestros derechos. No hay nadie que baje órdenes, según ellos tienen todo atorado para firmar. Los presupuestos para las pensiones ya estaban firmados desde el gobierno anterior y este gobierno se niega a pedirlas. Estamos haciendo un reclamo aproximadamente unas 30 mil víctimas del terrorismo de Estado. Estos datos los sacamos nosotros directamente de las entrevistas que hemos tenido con los directores de área de la Secretaría o el Ministerio, no son datos que hemos sacado de cualquier lugar", explicó. Fourcade denunció que sólo se han otorgado unas 6 mil pensiones y que el gobierno se niega a reconocer leyes reparatorias.
"Estamos viendo que hay áreas que son muy sensibles en la secretaría de Derechos Humanos, como la de memoria, la de los médicos forenses, que han sido desguasadas. En el caso del Centro Ulloa, concurrimos a Buenos Aires y visitamos a los trabajadores, que nos decían tienen apilados cientos de expedientes, porque nos evalúan psicológicamente, y que la orden es no movilizarlos. Esto produce un choque dentro de las necesidades de la gente que está sufriendo esta situación", aseveró.

Volver al trabajo después de la prisión

"Más del 80% de los compañeros que pasaron por los centros clandestinos eran trabajadores. En mi caso, por ejemplo, la fuerza represiva me arrancó de la fábrica. Entonces, lo que hizo el gobierno en los '90 fue pagar los días caídos, es decir, los días que nosotros no habíamos trabajado. Con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lo que se hizo fue profundizar todas las leyes", señaló Fourcade y añadió que "allí comenzaron a identificarse víctimas que tenían daños psicológicos irreversibles, compañeros que actualmente incluso están internados en neuropsiquiátricos, compañeros torturados que perdieron piernas, riñones. Eso fue lo que la ampliación de estas leyes intentaba reparar y eso es lo que en este momento se está negando. Muy poca gente ha podido acceder a estos derechos y siempre fue mediante la presión", aseguró. Fourcade destacó que la movilización de su grupo no es reciente: "Fuimos a pelear al Congreso durante el gobierno anterior para que saliera la pensión porque muchos de los que fuimos víctimas del Terrorismo de Estado no hemos podido acceder a ningún tipo de trabajo. Y los que volvimos a nuestros trabajos queriéndonos acoger a la ley, por ejemplo en mi caso, ahora tengo 77 años, estuve ocho años detenido y me costó muchísimo comprobar que había estado detenido para que eso formara parte de mi jubilación".
Hubo profesionales que no podían jubilarse por falta de aportes, "entonces salió esta pensión nacional que fue hecha en base a la lucha de nuestra gente, un montón de miles de compañeros. Una vez que se hizo esta ley, lograron más o menos meter unos 3 mil compañeros. Llegando al final del gobierno de Cristina se sumaron unos 5 mil o 6 mil compañeros, y habrán dado unas 500 o 600 pensiones más. Hay 30 mil en espera acorde a la ley y los decretos como corresponde y que no pueden acceder a estos beneficios", informó. "Ni que hablar de las reparaciones que ofrece la Ley Ulloa, como nosotros le decimos, que contempla a las víctimas con daños psicológicos y físicos. Hasta ahora no nos recibieron nunca. Recién el lunes pasado me llamaron de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque, como sabían que íbamos a movilizar hoy... Claudio Avruj, el actual Secretario, nos va a recibir en una audiencia. Nosotros lo que necesitamos es la aplicación de la ley, no más vueltas a esta situación", aclaró Fourcade, en referencia a una audiencia que finalmente no se concretó y pasó para el próximo miércoles en la ESMA.

Las expectativas

Fourcade explicó cómo continúa la agenda: "Somos delegaciones de Córdoba, de Tucumán, de Chaco, Corrientes, Entre Ríos más todos los compañeros organizados en Buenos Aires. Como nosotros tenemos Facebook y hacemos correr todo esto por una serie de redes en las que convocamos, ellos se enteran también. Más allá de las leyes reparatorias, nosotros estamos muy preocupados. Tenemos un colectivo muy grande en Córdoba y hay compañeros que están viviendo esta situación con mucha preocupación porque no nos reciben a nosotros, las víctimas, pero sí reciben a los abogados o a los familiares de los genocidas", denunció. "Ese avance en derechos humanos nos tiene muy preocupados. La semana pasada nos reunimos con Estela de Carlotto y comentamos esto, ella nos explicaba más o menos cuál era la situación en los organismos. Hay que explicar nuestra situación y nuestra preocupación", consideró.

La cárcel común en la dictadura

"Yo estuve siete años detenido blanqueado. Fui llevado en marzo de 1975 y preso hasta 1983. Mi cautiverio fue primero en la cárcel de San Martín donde se produjeron los asesinatos de un montón de compañeros que los sacaron después del golpe militar. De ahí nos trasladaron a Sierra Chica, de ahí a La Plata, también a Caseros. Estuve en un montón de cárceles, fue el peregrinaje nuestro y de toda nuestra familia, por supuesto. Estar legal o ilegal era exactamente lo mismo. Es muy posible que quienes estaban ilegales, por ejemplo, en La Perla, hayan sufrido mayores atrocidades pero nosotros después del golpe recibíamos a los militares que venían todos los días a apalearnos", aseguró. "Muchos compañeros quedaron con enfermedades para toda la vida por los golpes en los pulmones, por ejemplo. En el caso de Córdoba, sufrimos la masacre de parvas de compañeros que los hacían aparecer como si hubieran muerto en un enfrentamiento y resulta que los habían sacado de la cárcel. Estoy hablando de alguno de los casos más resonantes. Me imagino el terrorismo que habrán vivido los compañeros de Tucumán, Santiago del Estero, La Plata...", concluyó Fourcade.
Tras haber cortado un carril de la Avenida Corrientes, los manifestantes llegaron hasta el obelisco. Allí se cruzaron con la movilización del SiPreBa (Sindicato de Prensa de Buenos Aires). Aprovecharon la ocasión para contarles a los trabajadores de prensa acerca de su lucha.
Por lo que pudieron recibir como información hoy, existen 20 mil solicitudes para acceder a estas reparaciones. El gobierno habría admitido tener un solo abogado para resolver todos los casos. En una empresa no sucedería... en el Estado, puede fallar.

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