21 jul. 2016



Para recordar el ataque a la mutual judía y pensar en las claves necesarias de cara a una indispensable reparación histórica para las familias y las víctimas, Laura Ginsberg, integrante de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, cuya principal exigencia es la creación de una comisión investigadora independiente del Estado, dialogó en Radio La Retaguardia con el programa Otras Voces, Otras Propuestas. (Por La Retaguardia)

Foto: www.laizquierdadiario.com


“Lo primero que tengo que decir es que pasaron veintidós años... si seguimos hablando de la causa judicial, estamos sonados. Hay que terminar de hablar de la causa judicial, pero no por una cuestión de enojo o fastidio, sino porque realmente todo lo que se ha armado hasta acá para lo único que se sirve es para confundir. Es probable que siga apareciendo alguna pista, algún testigo, pero han pasado veintidós años y tenemos que tener en claro que no va a haber manera de saber la verdad de lo que pasó y tratar de impulsar el castigo a los verdaderos responsables si seguimos hablando de la causa judicial en manos del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado que está implicado en el atentado”, aseguró Ginsberg. “Si uno lo puede poner en perspectiva después de tantos años, como nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo en el acto en la mesa redonda "Terrorismo de Estado y archivos secretos. El caso AMIA", y escuchar otras voces y tratar de reflexionar, nos podemos dar cuenta de que estamos enmarañados, atrapados en la cuestión de la causa judicial. Ya no se habla del atentado a la AMIA, se habla de la causa AMIA como si esa causa tuviera alguna entidad”, denunció. Luego ironizó que si se pregunta por la causa AMIA, hay que especificar de cuál de las setenta existentes: “Porque hay una que fue la principal, hace veintidós años, pero después aparecieron muchas más. ¿O quieren hablar de los quinientos incidentes que hay vinculados a esta causa? No tiene sentido. No tiene sentido porque todo fue armado, preparado y articulado por el Poder Judicial, que ya sabemos cuál es el destino del trabajo que este poder del Estado hace para que nunca se sepa la verdad. Quedamos atrapados en causas judiciales y nos volvemos abogados, usamos términos que nos son ajenos, hasta los hechos mismos; pero hacemos un esfuerzo por comprenderlos”, consideró. Ginsberg planteó, sin embargo, que desde APEMIA siguen teniendo la fuerte convicción de que se puede saber la verdad, “lo que pasa es que no podemos esperar que esa verdad venga de las manos del Estado, a través del Poder Judicial, que nos sigue enmarañando con causas, con pistas y con testigos que, después de veintidós años, no sabemos ni de dónde salen. En ese sentido, la posibilidad del conocimiento de la verdad tiene que ver con que como no puede venir de las manos del Estado —porque es el Estado el que está implicado en este tema porque supo que el atentado iba a ocurrir, porque puso sus fuerzas de seguridad y de inteligencia a disposición para la comisión del crimen y porque lo encubrió durante veintidós años—, es el momento en el que podamos tomar este tema en nuestras manos”, aseveró.

La comisión investigadora

“En el proyecto de ley que elaboramos y que vamos a pelear en el interior del Congreso, está constituida mayoritariamente por referentes de distintos ámbitos de la vida nacional: de los derechos humanos, de la cultura, del trabajo, familiares de las víctimas, y una representación minoritaria de diputados y senadores, porque por supuesto que no tenemos ninguna confianza en el Parlamento”, aseguró Ginsberg.
La militante explicó que la comisión no tendría razón de ser si no se logra que el Estado entregue los archivos secretos: “Entendemos que esta trata de criminalidad y encubrimiento solo va a ser develada a través de los archivos secretos, que es donde escondieron toda la porquería que construyeron durante estos veintidós años. Cristina nunca los entregó y Macri ya se negó a entregarlos. Pero no es solamente porque lo exigimos desde APEMIA, se les niegan los archivos secretos a los fiscales de la UFI-AMIA, que siguen bajo la custodia de la AFI”.
Por otra parte, para Ginsberg, “el objeto de la comisión no es hacer justicia, nosotros queremos trabajar para hacer un aporte al esclarecimiento del crimen. El trabajo realizado y la elaboración de un informe en el que podamos fundamentar qué fue lo que encontramos en relación a las circunstancias que permitieron que este crimen se cometiera, qué intereses intervinieron y quiénes son los implicados tiene por objeto entregarle a la sociedad el resultado de la sociedad misma, porque el Estado no puede hacer nada, y después ir por los juicios”. El atentado a la AMIA, asegura Ginsberg, que perdió a su marido en el ataque, es un crimen político. “En ninguna parte del planeta los crímenes políticos los resuelve un juez. La intervención que tenemos que hacer es política y tenemos que seguir militando en ese terreno porque es donde podemos dar la batalla y llegar a la verdad. Yo no estoy inventando nada. Nosotros tenemos años y años de lucha: las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de familiares, de derechos humanos, de ex detenidos-desaparecidos. Ellos han hecho un trabajo que a nosotros nos marca el norte y por ahí vamos”, reflexionó.

La dirección de la comunidad judía

Para Ginsberg, la dirigencia comunitaria fue cómplice del encubrimiento. “No tienen ningún interés en averiguar nada, lo único que quieren es cerrar el tema. El problema es que el tema, como no cierra, no se cierra; como no hay juicios con imputados, con una investigación seria, con un trabajo creíble, el tema permanece. El objeto de la dirección es terminarlo y liquidarlo. Porque, entre otras cosas, el trabajo que ha hecho la dirección judía durante dos años, en esta acusación de complicidad que nosotros hacemos, la realidad es que han acompañado al Estado argentino en todas las tropelías que se mandó durante todos estos años”. Además, explicó Ginsberg, no han podido demostrar, en 22 años, las acusaciones internacionales que lanzan. “El objeto de eso es exculpar al Estado argentino de su propia responsabilidad, de su responsabilidad como conexión local del atentado. La dirección de la comunidad judía, dicho sea de paso, representan a su abuela, porque no tienen la representación de todos los judíos que viven en este país; muy lejos están de eso. Pero tengo que reconocer que son la representación política, en el caso de la DAIA, de la dirección del Estado de Israel”, denunció. “Si tenemos al único Estado del planeta que sigue sosteniendo que la responsabilidad del atentado a la AMIA es de Irán —cuando todas las potencias del mundo hace un año ya firmaron con Irán— y ese Estado —que, además, tiene prácticas genocidas en su propio territorio— tiene acá una representación política, que sigue acusando a Irán y que, al mismo tiempo, es una acusación que no se puede sostener con pruebas, ¿qué otra cosa se puede pensar que no solo no quieren saber la verdad, sino que además están usando el atentado para cualquier otra cosa?”, interrogó.

El quiebre de la unidad

“Los familiares sufrimos sucesivas divisiones, obviamente, por gran parte de lo que comenté, particularmente en relación a la acusación contra la dirección judía local e internacional. Quiero recordarles también, a pesar de que pasaron muchos años, que en 1997, al cumplirse tres años del atentado, todos los familiares nos pronunciamos en la calle Pasteur acusando al Gobierno de Menem. A partir de allí, todos los esfuerzos estuvieron puestos en quebrarnos y eso fue lo que ocurrió. Esto no es novedoso en la historia de los movimientos de luchas de familiares de víctimas, de organismo de derechos humanos”, planteó y recordó: “Nosotros confrontamos directamente aquel 18 de julio, que es cuando nos empezaron a quebrar, y los principales actores para ese quiebre fue la dirección de la comunidad judía. Después pasó la vida, porque, en definitiva, a lo largo de todos estos años, uno también va adoptando una posición política que no es compartida por todo el mundo. Hoy, el resto de las organizaciones de familiares espera del Estado justicia, cuando ya sabe que todos los jueves estamos yendo como querellantes a las audiencias de un juicio que va a terminar peor que la anterior. Es un tema difícil, pero no está cerrado, porque tampoco está cerrada la impunidad; al contrario, se profundiza año tras año”, aseveró.

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