26 jul. 2016


Esta semana comenzaron los alegatos en la causa por crímenes de lesa humanidad en Neuquén, por los hechos ocurridos en el centro clandestino denominado La Escuelita. Oral y Público, por La Retaguardia, dialogó con Juan Cruz Goñi, abogado querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quien alegará hoy. Su exposición final será transmitida en vivo a través de Radio Zona Libre desde las 9. A las 12 se sumarán Radio La Retaguardia y la radio de la RNMA. (Por La Retaguardia)

“El lunes alegó la fiscalía. Es el cuarto juicio que se realiza por crímenes de lesa humanidad en la región y es una foto de cómo funcionó el circuito represivo. Es la continuidad de los tres anteriores que dieron cuenta de cómo se llevó adelante la represión pero este es una foto porque tiene un imputado de cada una de las fuerzas que actuaron”, analizó Goñi y enumeró: “El Ejército, comandando la represión a través del destacamento de inteligencia como cerebro de todas las operaciones; la Policía Federal; la Policía de Neuquén. También hay varios imputados de la Policía de Río Negro, específicamente la comisaría 24 de Cipolletti que fue parte del circuito y se practicaron torturas, numerosos detenidos fueron llevados y no fueron registrados, se aplicó la tortura sistemática sobre militantes políticos. También hay un representante de gendarmería”, enumeró el abogado. Con diferentes rangos y situaciones, explicó Goñi, todos los señalados colaboraron para llevar a cabo el plan sistemático.

La violencia sexual como particularidad

“Tenemos casi 30 víctimas con numerosas circunstancias que tienen que ver con cómo fue encarada la represión que reconstruimos a través de víctimas, familiares y sobrevivientes. De las 28 víctimas, 14 sufrieron la perpetración del delito de desaparición forzada de personas. También es un aspecto importante la situación de que por primera vez se solicita en el Tribunal oral de Neuquén que la violencia sexual sea reconocida como parte del plan de aniquilamiento”, explicó. El caso testigo tomado fue el del compañero Carmona, “que fue detenido en la ciudad de Cipolletti, trasladado al centro clandestino de detención y tortura 'La Escuelita' donde fue doblemente violado y sometido a abusos sexuales de diferente tipo que no fueron distintos de otras situaciones que también se dieron en La Escuelita y en otros centros represivos donde la violencia sexual estuvo presente apuntada tanto a hombres como mujeres”, aclaró el abogado.
Goñi explicó que, a pesar de haber realizado el pedido a mediados del juicio, la resolución de la cuestión sobre el reconocimiento de la violencia sexual será para el momento de la sentencia. “Vamos a reforzar el planteo en la etapa de alegatos. Nos basamos en el caso Carmona para plantear una realidad que estuvo presente en los testimonios de muchas víctimas, una de ellas señala que mientras era torturada escuchó cómo se violaba a una mujer precisamente en ese centro clandestino. Otro testigo que estuvo presente en la delegación de Policía Federal y que fue sometido a torturas también en esa sede escuchó que mientras él era torturado también se violaba a una mujer de nacionalidad chilena. Hay numerosos testimonios que hablan de mujeres que han sido abusadas y en algunos casos violadas”, detalló Goñi. Para el abogado, las Fuerzas buscaban destruir a aquello que consideraban ‘enemigo’, “aniquilar a los considerados oponentes y, a su vez, este caso muestra una realidad que era cotidiana y permanente dentro de los centros clandestinos de detención y de tortura. No sólo hablamos de violaciones sino de exposición a la desnudez, de tocamientos, de torturas aplicadas en genitales”, contó. Estas prácticas fueron comunes durante el terrorismo de Estado y a ellas han hecho referencia una gran cantidad de testigos durante el juicio en curso. “No tenemos hasta el momento ni una sola condena, ni una sola mención por parte de los jueces de que esto, que es una verdad para las víctimas, también pueda ser una verdad para la sentencia”, reflexionó.
El abogado consideró que la transmisión de los alegatos de los organismos permitirá que participe muchísima gente que no suele poder entrar a la sala, “organizaciones sociales y organismos que con la gestión realizada para que pueda ser transmitido en vivo podrán formar parte”.

Cómo se expresa la impunidad hoy

“En las circunstancias en las que estamos, uno de los intentos por parte de los genocidas y del Estado garantizando la impunidad tiene que ver, justamente, con las condiciones de detención. Hoy los juicios funcionan de manera lenta, pero tenemos condenas y esas condenas se licúan cuando uno empieza a investigar en qué situación está cada uno de los represores condenados en algunos casos a 25 o 27 años de prisión pero están todos en sus casas”, aseguró. Para Goñi, los alegatos deben expresar que “se continúa garantizando la impunidad de los represores cuando los dejan sueltos o en sus casas, cuando no se los controla, denunciamos en muchas oportunidades que no hay un monitoreo permanente de cuáles son los movimientos de los represores, algo verdaderamente preocupante”. El abogado propuso analizar “cómo esas condenas a 27, 25 o 23 años que se consiguieron a través de la lucha de los compañeros como Cachito Fukman que se han sobrepuesto al terror y han continuado luchando, quedan disueltas y pulverizadas con un régimen de ejecución de la pena que les habilita la impunidad y les permite estar en sus cómodas casas mientras nosotros seguimos peleando por justicia”, aseveró. En este sentido, concluyó: “Vamos a hacer un fuerte pedido para que el Tribunal condene a cárcel común a los genocidas y que se garantice que esa cárcel común cumpla verdaderamente con los requisitos que el reclamo popular desde apenas terminada la dictadura viene exigiéndole a la justicia”.

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