3 jul. 2016


Jorge Perea, historiador y periodista catamarqueño se refirió al fallo en el que se absolvió a quienes habían sido condenados por el Tribunal Federal local a la pena de prisión perpetua en 2013 por ser considerados responsables del fusilamiento de 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El episodio juzgado, la Masacre de Capilla del Rosario, ocurrió en agosto de 1974 en el marco de un acampe realizado por la organización en Banda de Valera, Catamarca. Perea dialogó por Radio La Retaguardia con el programa Oral y Público. (Por La Retaguardia)

“Es una argumentación que no sorprende en perspectiva. Si uno se pone a ver página por página, línea por línea, lo que plantearon los integrantes de la Cámara de Casación, son argumentos conocidos, que tienen que ver con ciertas versiones muy presentes en una parte de la historiografía que ha empezado a recorrer las librerías, las universidades, las escuelas, inclusive algunas casas de amigos militantes en los últimos años. Tiene que ver con esta especie de revisionismo histórico que intenta mostrar la otra cara de lo que ellos plantean como la guerra sucia ocurrida durante la década de los 70”, denunció Perea. Para el historiador y periodista, en esta oportunidad se han tomado como argumentos los postulados de historiadores revisionistas: “Son muy conocidos quizás por los amigos y amigas imbuidos en el tema de los derechos humanos. Quizás el más reconocible es el Tata Yofre, pero hay una larga de lista de bibliografía vinculada con eso y que en los últimos años empieza a dar cuenta de un cambio de clima de época que tiene su impacto político y que ayuda a fundamentar estas argumentaciones que plantean una línea clara con respecto a lo que ellos ven como crímenes de lesa humanidad y lo que ocurrió antes”, explicó.

Lesa Humanidad

Acerca de cómo afrontar jurídicamente el hecho de que la masacre se diera antes del golpe de Estado, Perea sostuvo: “Hemos planteado en muchas oportunidades acá el hecho de que conviene hablar de crímenes de lesa humanidad. Hemos iniciado la causa de Capilla del Rosario y las organizaciones de derechos humanos que afrontaron, como en otros lugares del país, una etapa que resulta dolorosa, conflictiva de tratar para la propia militancia y los propios sobrevivientes: qué ocurrió antes del Golpe de 1976, especialmente entre 1974 y 1976, etapa de una vigencia democrática con un Gobierno constitucional”, consideró Perea. El militante sostiene que ese período fue la gestación del aparato represivo del Estado de la dictadura: “No se puede pensar el golpe de Estado del '76 sin esta serie de experiencias previas, sin esta serie de aprendizaje, esta etapa de acumulación de tecnología, de actos, de discursos, de disciplina, de fuerzas que permitieron el 24 de marzo dar el golpe de Estado y continuar con lo que se venía produciendo desde antes. Esto lo hemos planteado en muchas oportunidades en Catamarca cuando hablábamos de por qué la masacre de Capilla del Rosario era un crimen de lesa humanidad”. El episodio, dice Perea, contribuyó a formar parte del sentido común en la sociedad catamarqueña, “que durante casi treinta años tenía una versión absolutamente falseada de que lo que verdaderamente había ocurrido en agosto de 1974. Esta decisión de la justicia es un cachetazo desde el punto de vista político, pero, además, porque ayuda a revivir en la sociedad catamarqueña —es importante destacarlo— ciertas versiones y ciertos actores políticos que estaban absolutamente desprestigiados y que planteaban, por ejemplo, que en Catamarca durante la Dictadura y la etapa previa casi no hubo violencia y los hechos que se produjeron fueron hechos explicables en el contexto de la época”. Perea asegura que es paradigmático que si el crimen de Capilla del Rosario fue en el 74 funcionó “como un ejemplar de lo que era la masacre en lugares abiertos, alejados de los centros urbanos, de militantes políticos y un esfuerzo organizado, sistemático y efectivo por parte de las Fuerzas Armadas y de funcionarios políticos que intentaron ocultar las huellas de este crimen, la decisión de la Cámara de Casación pareciera tomar nuevamente a Capilla del Rosario como un acto ejemplar de lo que se viene como una nueva época”. El militante profundizó análisis sobre el sentido de lo ocurrido: “Sirvió, en ese momento político, para ejemplificar lo que se venía, lo que se producía en ese momento; y ahora, en el 2016, la misma causa, el mismo proceso, las víctimas sirven también para ejemplificar desde el punto de vista político y judicial cuál puede ser el nuevo horizonte de disputa en términos de las versiones históricas y del camino de la justicia en la Argentina”.

El comportamiento de la prensa

“Los medios de comunicación provinciales de manera muy temprana colaboraron activamente con la difusión de la causa de Capilla del Rosario y la versión de los organismos de derechos humanos y en el camino que hicimos en el proceso judicial. En algún sentido, terminaron tomando como propia nuestra visión sobre lo ocurrido, que, además, terminó siendo demostrada por parte de la justicia y de la investigación histórica”, reconoció y amplió el análisis: “Se hicieron cargo de esta sensación de sorpresa por parte de la sociedad de que de un día para el otro los represores, los genocidas, los condenados a cadena perpetua pudieran estar tomando café en un bar del centro de la ciudad. Están realizando una cobertura, mesurada; es una época que plantea que estas noticias no estén necesariamente en primera plana. Están actuando con suficiente dignidad”, aseveró. “No hay en los medios de comunicación local, a excepción de La Unión, un diario que en algún momento fue serio, una presencia de versiones a tono con lo que plantean, por ejemplo, La Nación y Perfil. La Unión es un diario que durante la década de los 70 tuvo una actitud enormemente digna con la denuncia de crímenes de lesa humanidad, inclusive defendió entre líneas a nuestros presos políticos. En los últimos años se ha convertido en un pequeño pasquín periodístico que solo ayuda, por ejemplo, a viejos discursos políticos e intelectuales ligados al actual Gobierno nacional”, denunció Perea.
El militante volvió sobre el punto de los comienzos del diario: “Fue responsable de denunciar lo que ocurrió con los mendigos de Tucumán, que fueron dejados en la frontera con Catamarca por el genocida Bussi. La denuncia puso en primera plana en época durísimas para nuestro país lo que era este acto oprobioso, aun para los propios límites pseudomorales de la Dictadura. A tantos años de distancia, en La Unión, las posturas editoriales que se publican hoy están en línea con lo que plantea La Nación y lo que plantea La Nueva Provincia”. Perea rescató, fundamentalmente, la rapidez con que actuaron los organismos y abogados: “Queda el camino de la justicia, un camino que se va a recorrer necesariamente. Pero siempre hemos planteado que lo que era importante es sostener que hay una cuestión fundamental: la prueba judicial no necesariamente está emparentada con el relato o la prueba histórica. En el caso de Capilla del Rosario, y en tantos otros crímenes de lesa humanidad, el testigo absoluto, el que todo lo vio, el que puede efectivamente todo lo que ocurrió ya no está, porque está desaparecido o ha sido asesinado”. En este sentido, la versión casi perversa que replica línea por línea los integrantes de la Cámara de Casación dan cuenta, aunque no lo quieran, de la sistematicidad que tuvieron la Dictadura y los antecedentes previos para intentar borrar las huellas de sus crímenes. Y en gran medida, los relatos son relatos fragmentarios, realizados por testigos a muchos años de distancia, con escasez de pruebas documentales, porque este el sentido del crimen: borrar toda huella.

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