23 ago. 2016



Los puesteros de la zona de la estación Constitución pagan 15 mil pesos por una estructura de madera con toldo de plástico de dos metros cuadrados. Hace poco más de una semana, con camiones y de madrugada, cerraron los negocios desde adentro apropiándose de la mercadería los supuestos dueños del lugar, pertenecientes a una sociedad llamada Crisel SA. Los vendedores esperan aún que les expliquen qué pasó y cuándo podrán reincorporarse a sus puestos y trabajar. El programa Otras Voces, Otras Propuestas de Radio La Retaguardia realizó la cobertura del conflicto con María del Socorro, que acudió al lugar y dialogó con una vendedora y Scott Douglas, otro de los trabajadores, explicó cómo se desarrolló el conflicto en estos días en una conversación telefónica. (Por La Retaguardia)

Foto: anred.org

"Hoy con la crisis económica del país, ventas no hay, pero la estamos bancando. Yo he trabajado en la calle, llevo 15 años en este país; comencé a juntar dinero para tener algo legal y no estar en la calle y sufrir los arrebatos que siempre sufrimos. Si estamos saliendo de la calle para trabajar dignamente en estos locales, estos señores no tienen ningún derecho, por más empresarios que sean, por más plata que puedan tener, a venir de esta manera a tratarnos mal a todos los trabajadores", denunció María, la vendedora. La señora Ana Martínez, explicó, era hasta el momento la representante de los dueños, pero "no quiere hablar. Esa señora, desgraciadamente, no sabe dialogar. Ella es la cara visible de este lugar, a los dueños no se los conoce. La sociedad se llama Crisel SA. Cerraron porque siempre roban de noche y nadie se hace cargo. También tienen uno en Retiro, en Once y donde estaba el shopping de Lavalle. Nunca nos hacen contratos legales", aclaró María, y agregó que su interés no es llevarse la mercadería, sino volver a sus puestos de trabajo.
Scott Douglas planteó: "Este es un abuso de autoridad, esa soberbia que tienen los empresarios invaden la Capital Federal haciendo locales comerciales, en Retiro, Pompeya, Once, Liniers. Es un abuso de autoridad por el precio y la cantidad que nos piden. En mi caso, estoy pagando 25 mil pesos; con el 20 % se exceden los 30 mil. Desde el domingo a la mañana acampamos con los compañeros, nadie nos viene a respuestas, ni el Gobierno porteño ni el nacional", denunció.
Douglas aseguró que su protesta es pacífica. "No entramos en lo legal, porque no tenemos casi conocimiento. Hay compañeros que nos están dando información para mañana ir al Juzgado y presentar un amparo para abrir el local. Ana María Martínez se comunicó con el comisario de la 16°, le dijo que vayamos a hablar a la comisaría para solucionar el tema; ninguno de los compañeros accedió a ir. Ella tiene que hacerse presente y decir en público qué es lo que está pasando sobre el lugar. Queremos la verdad", esgrimió.
Además, el trabajador contó que llevan 8 años en ese lugar y considera que "es algo político, es algo estratégico del Gobierno de Macri. Cuando era el jefe de Gobierno porteño, tenía administraciones. Nos dicen que esto estaba clausurado hace nueves meses. No solamente hay ciudadanos peruanos, también de África, que han sido discriminados por parte de la administración. Esto antiguamente era La Saladita. Cuando se incendió, crearon esta monstruosidad. Es algo político y también tiene que ver la policía, porque ellos mismos nos dicen que por la plata baila el mono", ironizó para cerrar.

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