13 ago. 2016



Se reflotó en la Ciudad de Buenos Aires la idea que había planteado el gobierno del Frente para la Victoria, esta vez empuñada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, de trasladar la cárcel de Devoto a la localidad de Mercedes. María del Rosario Fernández, integrante de la Agencia para la Libertad, dialogó con Otras Voces, Otras Propuestas, en Radio La Retaguardia, y sentó el posicionamiento de su organización al respecto. (Por La Retaguardia)


"Rodríguez Larreta retoma un anuncio que había hecho en su momento en el plan de seguridad nacional la ex presidenta Cristina Fernández que en su gobierno dijo que la cárcel de Devoto tenía que ser trasladada a la localidad de Mercedes. Ahora el jefe sostiene que hay que hacerlo sin explicar el porqué. Si pensamos en los antecedentes, vemos que en la presidencia de Menem, cuando se trasladó Caseros, Menem quiso construirla en Marcos Paz y Ezeiza", recordó la abogada. Para Fernández, las consecuencias son claras: "Un alejamiento de los detenidos de sus familias. Todas las personas que están detenidas en la cárcel de Devoto están casi todas procesadas y son del Conurbano, del primer cordón. No es lo mismo para una familia pagar un pasaje a Devoto que hacer doscientos kilómetros hasta la localidad de Mercedes. Una de las características fundamentales del cumplimiento de la ejecución de la pena que es la reinserción social, el vínculo familiar, se estaría quebrando", aseguró. Para la abogada, ese es un dato crucial, pues la primera pregunta de los jueces a la hora de otorgar beneficios es si hay contención familia "¿Cómo va a tener contención familiar si estaba en Devoto y lo trasladaron a Mercedes? La familia no puede ir ahí. Siempre termina pagando el pato el pobre", denunció.
"Otra característica fundamental que puede llegar a pasar es que no sólo se alejan de la familia sino también de su abogado defensor. Ya va pocas veces a Devoto si es un defensor oficial, imaginemos si se tiene que trasladar a Mercedes para poder armar una estrategia de juicio o ver cómo acompaña la ejecución de la pena", agregó.

La causa 

"Es un problema de clase. Tengamos en cuenta que el terreno donde está ubicada la cárcel de Devoto es una de las zonas más caras de la Capital Federal. Sería un negocio inmobiliario perfecto. La gente que compró sus casas cerca de la cárcel pagó un costo muy bajo por ese motivo. Si la cárcel se traslada, su propiedad se va a ver incrementada en el valor, porque allí habrá un shopping o edificios", reveló Fernández, y añadió que "la clase burguesa no quiere cárceles en la Capital Federal, esto es esconder la basura debajo de la alfombra. Los llevamos lejos así no nos enteramos de las torturas que sufren, del abandono. El detenido, esto se ve en el Servicio Penitenciario Bonaerense, cuando sale un traslado a Junín o a Urdapilleta, pierde todo tipo de contacto con la familia, con los jueces, con los abogados defensores", denunció. Para la abogada, así, los reclusos "quedan a la deriva, no llegan a sus juzgados. Un detenido que quiere reunirse con el juez de ejecución porque quiere hablar sobre la condicional, el Servicio responde que no hay móviles ni combustible estando en Devoto, imaginemos si lo trasladan a Mercedes. Nunca más tiene contacto con su juez de ejecución".

Estudiar en la cárcel

"En Devoto está el Centro Universitario de Devoto (CUD), que es único en el mundo y funciona hace más de 30 años. Allí se dictan cinco carreras y un montón de talleres. Hay que tener en cuenta de que los detenidos que estudian una carrera universitaria, cuando salen a la sociedad y se reinsertan, tienen un siete por ciento de reincidencia. Estudiar les viene bien, capitalizan su encierro", aseveró la abogada. "El detenido que no estudia tiene más del cincuenta por ciento de probabilidad de reincidencia. Si se traslada la cárcel a una localidad de la Provincia, ¿qué profesor va a ir a dar clases a Mercedes? Tengamos en cuenta que la gran mayoría de los docentes en contextos de encierro lo hacen ad honorem. Ya no va a haber la misma capacitación que hay disponible ahora en el CUD", planteó la abogada.

La exigencia

"Todos los organismos de derechos humanos y la Procuración Penitenciaria de la Nación apoyan nuestra posición. Están armando estrategias legales y políticas para poder frenar esto, nosotros podemos ayudar y acompañar, pero las decisiones las tienen los organismos", consideró. Según Fernández, sólo la Procuración Penitenciaria controla lo que sucede en cárceles generales, "es la que está presionando al gobierno para que esto no se haga. Esto sería un amplio beneficio para la clase burguesa y muy grave para el pobre. Vemos que este gobierno con todas sus medidas siempre apunta al pobre".

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