30 sept. 2016


El cuarto tramo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en Río Negro y Neuquén tuvo un final predecible: bajas condenas y absoluciones predominando ante una sola perpetua. Bronca, dolor e indignación fueron las palabras que más resonaron tras la audiencia. Radio Zona Libre y El Zumbido mantuvieron una radio abierta con transmisión desde el interior de la sala en el exterior de AMUC, en la que también participó La Retaguardia desde Buenos Aires. (Por RNMA)

Fotos y videos: Iris Sánchez / Juicio Escuelita 2

El juicio Escuelita IV duró más de diez meses y fue parte de una megacausa fragmentada por la justicia que comenzó en el año 2005 y seguirá.  En este tramo fueron juzgados 22 genocidas por los casos de 28 víctimas de las cuales la mitad permanecen desaparecidas.
El Tribunal Oral Federal de Neuquén, integrado por los jueces Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido, dio a conocer hoy el veredicto para los represores, otorgando absoluciones y penas menores a 10 años, mientras condenó a prisión perpetua solo al jefe de inteligencia del comando, Oscar Reinhold.
Las penas máximas de 10 años fueron para los oficiales de inteligencia del ejército Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín. Osvaldo Laurella Crippa y Raúl Guglielminetti recibieron 8 años de prisón, Gustavo Vitón y Alberto Camarelli 6 años, Nestor Castelli 5 años, Saturnino Martínez, Hilarión de la Paz Sosa y Jorge Alberto Sosa recibieron 4 años de prisión por condena y Emilio Rozar 3 años.
Los represores Enerio Huircain, Enrique Sires, Gustavo Sommer y Julio Héctor Villalobo fueron absueltos, así como José Luera, Enrique Braulio Olea y Luis Alberto Farías Barrera, autoridades militares que fueron apartadas del juicio por “incapacidad sobreviniente”.

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, dijo en la radio abierta de la RNMA: “hace 40 años que caminamos las calles de Neuquén, que colgamos el delantal en la cocina sin saber a dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién nos iba a recibir; tantos lugares que hemos recorrido con la esperanza de saber qué carajo hicieron con nuestros hijos, dónde están, eso es lo que queremos saber. Este Tribunal le ha dado a los asesinos de los argentinos una miseria de años, tienen que ir a cárcel perpetua, para toda la vida; ¿cuántos jóvenes no van a volver, siguen desapareciendo en este país y nadie se preocupa?, ningún gobernante, ni los jueces, total les pagan bien”. Concluyó diciendo que van a “seguir en la calle hasta el último día de nuestros días, porque queremos justicia, porque esta no es la verdad”.
Lolín Rigoni, por su parte, recriminó al juez haber leído el veredicto "apurado, como queriendo sacarse esto de encima; esto que esperamos durante meses y que significó la lucha de los compañeros y el trabajo de las querellas, de los testigos que tuvieron que recrear su dolor, es imposible que esto se terminara así y en diez minutos". Calificó el fallo como "repudiable" y dijo que "hay que asumir esto con valentía y con los valores que nosotros tenemos, no con los que ellos han usado". Finalizó diciendo que lo único que les va a traer tranquilidad es que "los genocidas digan dónde están".
“Nos invade una profunda bronca, ni siquiera han tenido un minuto para atendernos adentro”, expresó Natalia Hormazabal (abogada querellante por el Ceprodh): “es imposible pensar que se puede hablar de justicia con condenas a 3, 4, 5 y 10 años para quienes secuestraron, torturaron, violaron, mataron y desaparecieron a nuestros compañeros”. Agregó que “nos están hablando de inseguridad en todos los medios, pero mandan a los genocidas a sus casas” y aseguró que “los genocidas se envalentonan con el aval de este tipo de condenas de impunidad que repudiamos”.
La abogada del Ceprodh repudió también que  “el tribunal considere que puede diferir la posibilidad de decirnos si van a estar en cárcel común o si los van a seguir dejando en sus cómodas casas” y que “la mayoría de los genocidas llegaron a este juicio con prisión domiciliaria”.
En comunicación telefónica, el abogado de la APDH Juan Cruz Goñi manifestó: “bronca, indignación y repudio contra este fallo que podrá ser legal, porque cumplió con todos los requisitos, pero que es completamente ilegítimo para las víctimas y para las organizaciones de derechos humanos” y cuestionó “penas que no superan los 10 años de prisión para genocidas cuyos delitos han sido comprobados es una vergüenza que repugna definitivamente el sentimiento de justicia y la condena social que no podrá negar ningún fallo”. Aseguró que la condena a perpetua a Rehinold queda opacada por el resto de las condenas y lamentó que  “no se ha comprendido que esto fue una empresa criminal conjunta y que todos ellos con su aporte contribuyeron a llevar adelante esta maquinaria de terror, de violación, de muerte, de tortura”.
El abogado de APDH también se refirió a que  la definición del TOF “ha desconocido la realidad de las violaciones y los diferentes tipos de violencia sexual que se aplicaron dentro de los centros clandestinos de detención y de tortura” y  señaló que “el hecho de no reconocerlo y darle impunidad a los genocidas violadores es otro de los aspectos terribles de este veredicto”.

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