28 sept. 2016


Lo afirmó Luis Garay, ex preso político e integrante del Instituto Espacio de la Memoria (IEM) de Santiago del Estero en referencia a la muerte del ex juez federal Arturo Liendo Roca y el militar retirado Cayetano Fiorini, dos de los genocidas que estaban siendo juzgados en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en esa provincia. En diálogo con Oral y Público, que conducen Fernando Tebele y Eugenia Otero por Radio La Retaguardia, Garay habló de las dificultades que afrontaron y continúan teniendo en este proceso. (Por La Retaguardia)

El cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Santiago del Estero, conocido como Megacausa III, comenzó el 22 de agosto pasado luego de que la causa estuviera durante 13 años en etapa de instrucción. Sin embargo, es el primero en el que entre los imputados se encuentran civiles: “son 13 años prácticamente de tramitación, en una causa que tiene 14 imputados y más de 48 víctimas, y que incluye el juzgamiento de ex funcionarios judiciales que fueron jueces y fiscal durante 1976, además de altos jefes militares como el caso del ex subjefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141 del Ejército, Cayetano Fiorini, además de otros imputados que integraban los grupos de tareas de la Dirección de Información Policial. El 22 (de agosto) empezaron las audiencias con muchos inconvenientes, fundamentalmente por la presencia de estos ex funcionarios que además son de un sector de la sociedad de Santiago del Estero que han sido beneficiarios y sostenedores del proceso militar durante esos años”, afirmó el ex preso político Luis Garay en diálogo con Oral y Público.
Respecto a la demora para elevar la causa a juicio oral, Garay señaló particularidades propias de la provincia: “en Santiago nosotros consideramos que la democracia se dio recién a partir de 2003 con la caída del juarismo, ya que conspicuos representantes del aparato represivo, como son los casos del ex comisario (Antonio) Musa Azar y del ex mayor (Jorge) D’Amico, ocuparon cargos muy importantes desde 1995 hasta 2003, uno como secretario de Seguridad y otro como secretario de Información Pública, lo que significó prácticamente la destrucción de muchas de aquellas pruebas que se habían logrado reunir en años previos, durante los primeros años de la democracia con Alfonsín. 1983 es la fecha en que se abrieron algunas causas e incluso fueron detenidos algunos de ellos pero fueron interrumpidas por las leyes de impunidad”.
En esta Megacausa III se juzgan hechos que ocurrieron incluso antes del Operativo Independencia, que comenzó el 9 de febrero de 1975: “hubo detenciones en enero de 1975 en Santiago del Estero y abarcan un periodo que va hasta prácticamente 1983. En el caso de ex funcionarios judiciales (además de Arturo Liendo Roca, es juzgado el también juez federal Santiago Olmedo de Arzuaga) se trata de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad y en los otros casos desde autorías mediatas en homicidios, prisiones ilegales, torturas y demás, son casos que involucran hasta desapariciones de personas. En lo que tiene que ver con la actuación de la justicia y algunos integrantes de la Dirección de Inteligencia Policial son casos de comienzos de 1975; y ya a partir del año 1976 más directamente lo que implica algunos altos mandos del Ejército, como integrantes de la fuerza que era el Batallón de Ingenieros de Combate 141, y en el caso de (Ramón) Warfi Herrera como jefe de Policía en Santiago del Estero”, detalló Garay.
La mayoría de las víctimas por cuyos casos se desarrolla el juicio era estudiantes: “adolescentes de 14, 15, 16 años, en algunos casos trabajadores, fundamentalmente estudiantes, y también muchos integrantes de organizaciones políticas, militantes políticos de distintas extracciones peronistas, Frente de Izquierda Popular, Partido Revolucionario de los Trabajadores, variada y nutrida”, agregó Garay.
Una de las últimas novedades del juicio fue el fallecimiento, el mismo día, de dos de los represores que estaban siendo juzgados. Se trata del ex juez federal Arturo Liendo Roca y del coronel Cayetano Fiorini: “en estos casos ganó la impunidad biológica –afirmó Garay–, la espera rindió sus frutos y murieron impunes. A Liendo Roca nos ha costado mucho llevarlo a la justicia, incluso el inicio del juicio ha generado muchas reacciones en contra por parte de este sector de la sociedad que todavía tiene mucho poder, fundamentalmente poder simbólico. Muchas acciones que han puesto palos en la rueda, dificultando el tránsito normal de un juicio oral. Hoy estamos frente a la decisión de Casación Penal que en la mitad del juicio aceptó una serie de quejas acerca de la constitución del tribunal, algunas que han tenido efecto suspensorio, algo que se está discutiendo todavía. El juicio no se ha suspendido porque hay audiencias fijadas para los próximos días, no con testigos pero sí con inspecciones oculares. Estamos entonces a la espera de qué se resuelve en Casación Penal para ver si se continúa con el normal desarrollo del juicio oral. La suspensión todavía no está firme, el tribunal ha decidido continuar hasta que haya una decisión firme de Casación Penal. Fue presentado un pedido de apertura de queja y quejas con efectos suspensorios y el fiscal de Casación Penal, (Raúl) Plee, presentó un recurso de reposición que deja en suspenso su decisión hasta tanto se resuelva ese recurso”.
Desde el inicio de este juicio hubo varias manifestaciones: “en realidad las movilizaciones las realizamos nosotros en apoyo al juicio, que por suerte son numerosas, pero quiero marcar que este juicio no tuvo las características que otros sí tuvieron, fundamentalmente porque implicaba a sectores civiles, en este caso no solo funcionarios judiciales, la ‘familia judicial’, sino también de un sector de la sociedad de Santiago del Estero, que todavía conserva un poder simbólico, eso se ha expresado en la tensión que se ha vivido durante el transcurso de las audiencias, en los ingresos al juzgado federal, prácticamente el juzgado era de ellos, esto no ha sucedido en juicios anteriores porque quizás se juzgaba a personas que no tenían esa representación social que sí tienen estos personajes que ahora están siendo juzgados, fundamentalmente los civiles”.
Al ser consultado acerca de por qué se veía que el juzgado era de estos imputados, Garay detalló: “se vio reflejado en las dificultades en el ingreso, muchas restricciones, por lo general los sectores que iban a ser ocupados por el público que venía a apoyar a las querellas a pesar de haber lugar no los dejaban pasar; una serie de restricciones que obligaron al tribunal a tomar medidas para equilibrar un poco la situación, cosa que antes no sucedía, mucha virulencia en los medios, apoyo desde editoriales del diario La Nación, muy poco apoyo de la prensa local. En general este juicio tiene características particulares y especiales, por supuesto que acompañado por los tiempos políticos que se viven, en los que estos sectores que todavía sostienen la inexistencia del Terrorismo de Estado o el discurso de (la teoría de) los dos demonios han cobrado mayor visibilidad y mayor fuerza. Y la prueba de la cantidad de incidentes judiciales que tuvo la causa antes de iniciarse, se resolvieron 55 incidentes y todavía siguen llegando quejas a Casación Penal, porque básicamente su estrategia es buscar la nulidad del juicio”.
Los organismos de derechos humanos y querellantes esperaban que este juicio durase no más de 3 meses, pero tal como relató Garay desde el inicio han surgido inconvenientes y retrasos: “posiblemente dure un poco más por la cantidad de testigos, testimonios, pero así como vamos ya tenemos bastante retraso, creemos que va a durar un poco más”, expresó Garay.
El apuro por lograr el juzgamiento de los imputados no es en vano, se trata de una carrera contra la impunidad biológica que ya dio su primera muestra en este juicio con las muertes de dos de los genocidas que estaban sentados en el banquillo de los acusados. Arturo Liendo Roca y Cayetano Fiorini fallecieron sin ser condenados.

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