6 oct. 2016


La Asamblea Jáchal No Se Toca está en estos momentos ocupando el municipio para exigir el cierre de la Mina Veladero y ya se emitió hace pocas horas la orden de desalojo. A partir de que un juez levantara la medida cautelar que suspendía la actividad de la empresa hasta que se determinara judicialmente su situación definitiva, y para dar a conocer algunas nuevas muestras que arrojan elevados niveles de metales pesados en el agua del río en San Juan, el grupo de asambleístas realizó ayer una conferencia de prensa que dio inicio a la medida de fuerza. Luego, fueron a la municipalidad, que continúa ocupada, además de la permanencia en el acampe de la plaza de enfrente. En Radio La Retaguardia, Marcela Frontera, integrante de la Asamblea y de la toma, dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero. (Por La Retaguardia)

"Estamos adentro del municipio y muchísima gente en este momento está acompañando desde afuera. Venimos desde hace un año en esta lucha. Algunos, en realidad, desde hace más de diez años. Después del segundo derrame quedamos todos muy sensibilizados porque hacía meses que hacíamos presentaciones y pedíamos a las autoridades advirtiendo sobre posibles derrames por la cantidad de nieve que tenemos en la Cordillera. Estos derrames iban a ser inevitables, nos lo dijeron todos los peritos que estuvieron", aseguró Frontera. La activista se refirió a la complicidad estatal: "No escucharon las autoridades, no esperábamos que la empresa lo hiciera. El segundo derrame (en realidad el quinto) fue revivir la historia de hace un año y lamentablemente las cosas se dieron de la misma manera que el año pasado: negación por parte de las autoridades, de la empresa, luego vino la suspensión que nunca fue porque nosotros vivimos acá y veíamos pasar todos los días a los camiones con cianuro. Nunca se dio esa suspensión de actividad".

El inicio de la medida de fuerza

"Ayer levanta la cautelar un juez que no es el que elevó a juicio la causa, el juez Oritja, que estaba de licencia. La jueza que debía reemplazarlo presentó automáticamente un certificado médico, y le estalló la bomba a Hugo Quiroga que es un juez de paz de Iglesia. En una confusa conferencia de prensa anunció que el levantamiento de la cautelar se iba a dar dentro de las siguientes 48 horas, pero 20 minutos después llama a una segunda conferencia de prensa donde anuncia que ya está levantada y la empresa hacía una hora había vuelto a sus actividades. Fue un baldazo de agua fría, un juez que tomó la causa y en un día y medio tomó tremenda determinación", planteó Frontera. "Esta mañana estuvimos con él y el tipo ignoraba absolutamente todo sobre la causa. En los últimos análisis, los índices de los metales pesados figuraban el doble de elevados que en los anteriores y con presencia de mercurio en más de tres localidades. Ese fue el detonante de nuestra medida, nos dirigimos inmediatamente al municipio a exigir a las autoridades que se tomen medidas. Tenemos el agua envenenada, ellos lo saben porque los análisis los realiza la UNCuyo (Universidad de Cuyo) de Mendoza que es el laboratorio que propusimos nosotros desde la Asamblea y la Universidad Católica de San Juan que es el laboratorio que propuso el municipio. Son los mismos resultados (pueden verse aquí). De hecho, los resultados llegan al municipio y ellos saben tanto como nosotros cuáles son los valores y no han hecho absolutamente", denunció.

Llegar al límite

La vecina de Jáchal, conmovida hasta las lágrimas, explicó las razones de las medidas extremas: "Nosotros ya no tenemos más opción. Nos tildaron de violentos, de no querer el diálogo. Hace un año que venimos con presentaciones, agotando todas las instancias legales y de diálogo, pidiendo audiencias que nunca nos dan. Suplicando que por favor reacciones. No terminan de entender que la gente de la Asamblea, como la gente del pueblo, está en esta lucha por el agua y por la vida. Necesitamos vivir tranquilos y nos están envenenando el agua y nos están matando el futuro. Es algo que no entienden o no está dentro del orden de las prioridades de ellos. Es muy loco porque el intendente de acá y los concejales de su bloque son jachalleros y tienen a sus hijos y su familia acá", planteó sorprendida. "El poder político y económico no les permite ver que nos están arruinando la vida. Tenemos miedo por nuestros hijos porque sabemos que estos metales pesados son acumulativos y que no podemos hacer nada. Si nosotros hoy tomamos la municipalidad podemos conseguir que la empresa se cierre pero el daño que ya nos ha generado es imposible de revertir. Son muestras tomadas de diferentes puntos desde la zona cero que es Veladero hasta las cuencas, los últimos departamentos de Jáchal", explicó Frontera. Además, detalló el alcance de la contaminación: "El Río Jáchal se abraza con cinco provincias más, nosotros lo vivimos de cerca pero esto va a trascender nuestra provincia. Estarán afectadas Mendoza, La Rioja, parte de Córdoba, parte de La Pampa, entre otras".

La resistencia

"Además de la toma de la municipalidad, tenemos un acampe aquí enfrente en la plaza y lo instalamos el 13 de septiembre del año pasado, cuando se dio a conocer uno de los cinco derrames que ocurrieron. Por suerte lo que sucede es muy esperanzador, hay mucha gente y desde aquí se puede ver afuera. Han llegado nuestros familiares y mucha gente del pueblo. Es importante que se entienda que no nos dejaron otra alternativa, se trata del futuro de la próxima generación, no otra cosa", aseguró y añadió: "Así que aquí nos quedamos hasta que nos den respuestas, nosotros exigimos el cierre de este emprendimiento. Hay policías afuera y adentro, son locales, vecinos, todos jachaleros, y hace un par de horas llegó la infantería así que estamos esperando a ver qué pasa. Jamás hemos tenido problemas con la policía acá a diferencia de otro tipo de cosas. Nos han acompañado siempre custodiándonos en las marchas. Hace unas semanas atrás hicimos una caminata a San Juan capital y la policía nos acompañó en todo momento".
Cerca del mediodía de hoy, el fiscal libró una orden de desalojo. Si se efectiviza, no será la primera ni seguramente la última vez que haya represión vinculada a conflictos mineros. Para ellos no hubo 10 de diciembre.

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