9 nov. 2016


A partir del juicio por delitos de lesa humanidad que se está desarrollando actualmente en San Rafael, Oral y Público dialogó con Victoria González, co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de esa localidad mendocina, sobre el funcionamiento de centros de detención y tortura en lugares visibles y públicos como el edificio del Poder Judicial o la radio local.  (Por La Retaguardia)

San Rafael fue la ciudad en la que se llevó adelante el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la provincia de Mendoza, una instancia que Victoria González, co-presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, calificó como “muy especial”: “tuvo un toque de lo que es la solidaridad entre los compañeros, San Rafael es un pueblo chico y se trata de una ciudad muy conservadora sobre todo, donde tenemos la iglesia muy presente. Pero este juicio pudo abrir muchas puertas y tener un reconocimiento en la provincia muy satisfactorio para nosotros. La idea del primer juicio en San Rafael fue poder sacarlo a las calles, entonces se hicieron muchas charlas en los colegios, mucha gente iba pasando por la puerta del juicio y siempre había algún compañero de distintas organizaciones afuera con un mate, con una torta frita esperando a aquellos que iban saliendo del juicio y la gente que pasaba miraba, preguntaba. La verdad que el juicio en San Rafael ha sido un caso muy especial”.

Del Rotary al banquillo

El proceso que se está desarrollando actualmente se encuentra en instancia de declaraciones indagatorias: “se ha demorado porque los imputados han querido declarar varias veces, que es su derecho, tampoco se les puede impedir que declaren, y han pedido dos o tres veces declarar. Tenemos además en el banquillo a algunos juzgados que están presos en Mendoza, otros en Buenos Aires, entonces las audiencias se hacen a través de videoconferencias desde Ezeiza, desde la ciudad de Mendoza, y se ha ido complicando. Esta semana justamente declararon desde del Tribunal Oral Número 5 de la Capital Federal, y otro desde Mendoza que ya había sido puesto en el banquillo en el primer juicio de San Rafael pero no fue juzgado, sin embargo uno de sus comentarios en la declaración indagatoria del miércoles 26 de octubre fue que él no había podido ser juzgado en el juicio pasado pero que tenía que soportar la condena social, porque obviamente en San Rafael al hacerse conocido el juicio era el vecino ejemplar, era quien te daba la medallita del Rotary Club por ser el mejor compañero en el colegio. Muchos de los imputados fueron ciudadanos de San Rafael muy arraigados en la cultura sanrafaelina y eso también les dio una condena social más amplia de la que estamos acostumbrados a ver”, explicó González.
La referencia de la co-presidenta de la APDH local es al letrado de la policía Raúl Egea: “era el abogado que firmaba las actas de liberación de los compañeros que luego eran chupados nuevamente y desaparecidos. Los dejaban salir y a la cuadra los chupaban, era una metodología constante. En San Rafael hubo varios casos donde la familia podía llevar la comida cuando estaban presos, se podían acercar, eran otras metodologías. Eran presos que se blanqueaban ante el acta de liberación, y quien las firmaba como abogado era justamente del mismo colegio donde yo salí egresada de la secundaria, un profesor que dictaba ‘Ética Ciudadana’ en el área de contabilidad. Sorprendente”.
“Yo era más chica, había leído quizás los nombres de quiénes iban a estar imputados pero nunca relacioné el profesor del colegio en ese listado –continuó González– y cuando ingresé al juicio cuando inicio fue la verdad un baldazo de agua fría porque además el día que egresaba él me había dado la medallita de mejor compañera del colegio en representación del Rotary Club; la verdad fue bastante impactante para quienes habíamos sido del colegio. Lo que logramos en el primer juicio es que algunas facultades o algunos compañeros que eran docentes lograran poder llevar alumnos, entonces en ese caso verlo sentado ahí nos dejó sin palabras”.

Obediencia Debida

Respecto al contenido de las declaraciones indagatorias de los imputados, González señaló: “tampoco han dicho mucho, por ejemplo (Luis Ricardo) Rizo Avellaneda hizo todo un análisis de la estructura que tenían en ese momento, también para defender esta posición de ‘yo cumplía órdenes, no tengo responsabilidad’ o ‘yo pertenecía a esta área que no tenía influencia con lo que eran los secuestros, las visitas a las casas’. También esta persona divagó mucho con el tema de fomentar esto de que en verdad lo que nos había pasado en la dictadura militar venía de unos procesos desde Rosas, que él no podía ensuciar su apellido porque él es Avellaneda y entonces obviamente no podía permitir que nosotros lo ensuciáramos. Y esto nos llevó muchas horas porque no se puede coartar su declaración, pero no han dado información que nosotros necesitaríamos en este momento. En ninguna de las declaraciones han planteado un arrepentimiento, ni tampoco han declarado dónde pueden llegar a estar los cuerpos”.

A la vista de todos

Durante la charla con Oral y Público, Victoria González se refirió a cuáles eran los principales centros de detención que funcionaron en el Terrorismo de Estado en San Rafael: “uno era en el Poder Judicial, el mismo lugar donde se debería impartir justicia, tenía secuestrados en el subsuelo; y lo que se hablaba también en el primer juicio y se vuelve a recalcar en el actual es que el Poder Judicial nuestro es todo vidriado así que a los secuestrados los llevaban al patio, allí los bañaban, los torturaban, o sea que estaban todos al tanto, quien trabajaba en el Poder Judicial desde la secretaria, el encargado de la limpieza, todos tenían constancia de que podrían haberlos visto. También en la radio municipal, que está en el mismo establecimiento municipal en el segundo piso, pasaban también los detenidos. Esto era en lo que actualmente sigue siendo la radio municipal. Son lugares que hoy están señalizados, el anteaño pasado se señalizó la municipalidad en la puerta y también se señalizó el Poder Judicial, después tuvimos otro centro clandestino en lo que es una vieja bodega y después tenemos uno que se ubica en la calle Maza y Deoclecio García que hoy es una comisaría de investigaciones”.
Sin duda, el hecho de que estos lugares públicos hayan sido centros de tortura dan cuenta del consenso social que existía en aquel momento para con el Terrorismo de Estado: “casi todos los centros clandestinos de San Rafael están más ubicados en la zona céntrica que en la periferia. Hay un regimiento que sí fue identificado como centro clandestino, solamente que se tiró abajo hace varios años donde los testigos dan a conocer que era ahí donde los torturaban, que es en uno de los distritos de San Rafael”, remarcó González.
Durante la última dictadura cívico militar, la metodología del Terrorismo de Estado funcionó a la luz del día en los lugares más visibles de San Rafael, dejando en evidencia el fuerte consenso social que allí existía ya que ni siquiera era necesario esconder los centros clandestinos de detención y tortura, una situación que explica además por qué en la actualidad aún resulta difícil militar las causas de derechos humanos en la provincia. Los integrantes de organismos de derechos humanos incluso hoy viven situaciones complejas como el hecho de que se tapen pintadas, se rompan monumentos y placas de homenajes a las víctimas, además de recibir permanentes amenazas.

DESCARGAR

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada