28 nov. 2016


Hay un proyecto que plantea el pase de los fueros penales, civiles y laborales de la Ciudad de Buenos Aires de la justicia nacional al ámbito de la justicia local. Por ese motivo, desde el programa Otras Voces, Otras Propuestas de Radio La Retaguardia, Luis Angió y Rosaura Barletta dialogaron con Matías Cremonte, abogado laboralista e integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). (Por La Retaguardia)

Foto: movilización de los trabajadores del fuero laboral contra el traspaso (Foto: notas.org)


“Esto tiene varias aristas, pero el primer análisis que se puede hacer es que es parte de una serie de políticas generales, o por lo menos de una política laboral, que tiene como objetivo disminuir, flexibilizar, atacar muchas de las legislaciones laborales que existen, donde los trabajadores finalmente discute cuál es el derecho que les asiste. Luego de haber discutido individual o colectivamente con los empleadores, finalmente queda la justicia. La justicia laboral es un ámbito creado hace sesenta años para que haya una justicia específica, donde los trabajadores vean que sus problemas sean atendidos con una mirada especial, con una mirada de jueces preparados para que entender una relación de absoluta desigualdad entre empleadores y trabajadores”, aseguró el abogado. “El proyecto de Macri y del ministro Garavano tiene que ver con un viejo plan de algunos organismos internacionales —del Banco Mundial, el grupo Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), entre otros—, que se denomina Justicia 2020. Entre sus objetivos, está el traspaso de la justicia nacional a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Puntualmente en lo que respecta a la justicia laboral, esto implica destruir un fuero, que, es cierto, ya tiene muchísimos problemas —nosotros lo venimos denunciando desde la AAL, porque hay problemas edilicios, faltan jueces, falta personal—“, explicó Cremonte. Para el abogado, sin embargo, “filosóficamente y en la práctica, convertirlo en un fuero local, implica destruir décadas de una jurisprudencia. Pero, además, para no discutir lo que a uno le parece que pueda implicar, en concreto, se agrega una instancia más. Hoy los trabajadores que litigan tienen un Juzgado de primera instancia, luego apelan en la Cámara Nacional del Trabajo y finalmente, por vía extraordinaria, les queda la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires son los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y recién después uno podría intentar llegar a la Corte Suprema”, explicó sobre los pasos para llegar al máximo tribunal.
Sobre los beneficios de llegar a la Corte Suprema de la Nación, Cremonte consideró que no siempre es necesariamente beneficioso: “Cuando se gana, uno quiere que termine rápido, y cuando se pierde, uno quiere llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema no es la panacea, pero es cierto que en derecho social y el derecho laboral en los últimos años ha habido una avanzada muy importante en fallos, sobre todo declarando la inconstitucionalidad ley de riesgo de trabajo, en temas vinculados al salario, a las jubilaciones. Hubo una avanzada, una nueva mirada —sobre todo si lo miramos con la Corte menemista— que fue una bocanada de aire fresco”, aseguró. “Esto ya viene complejo, es otra discusión; la Corte está cambiando, ya hay síntomas o evidencias que esta jurisprudencia está cambiando. Pero más allá de que convenga o no convenga, por ejemplo, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires nunca le llegó esa bocanada de aire fresco que le llegó a la Corte. Llegar ahí va a ser un problema para los trabajadores. Que la acción que se presente en la Cámara la haga el trabajo o la haga la empresa, depende quién haya ganado llegue a ese tribunal también sería una sentencia de muerte, por hacer un paralelo trágico”, señaló.
Cremonte explicó el mecanismo utilizado para el traspaso: “Es firmar un convenio entre la nación y la Ciudad de Buenos Aires de traspaso. Convenio interjurisdiccional que luego sería tratado ante las legislaturas correspondientes, el Congreso de la Nación y la Legislatura. Nosotros accedimos. Son públicas las actas que iban a firmar el 30 de noviembre. Hoy nos enteramos que aparentemente no se firmaría. En principio, no surge de acuerdo, el traspaso no implica nuevos edificios, no implica mejores condiciones; implica que, de alguna manera, se le cambiaría la chapa de la puerta y se le pondría ‘Ciudad de Buenos Aires’, no ‘Justicia nacional’”, informó. “Ahora, ¿qué mecanismo encontraron, más allá de lo formal? Existen treinta Juzgados laborales vacantes de ochenta que no tienen jueces. Esto implica que en uno de esos Juzgados otro juez sea interino. Por supuesto hay que sumarle que el personal es poco para todo lo que hay; hay problemas con impresoras, se corta la luz en algunos edificios. Hay que decirlo, esta debacle no nació en estos meses de gobierno macrista, viene de antes”, señaló Cremonte. Pero ahora, para el abogado, “a lo que antes podíamos decir que era una desidia, con una posición ideológica, acá hay una decisión política de aprovechar esta decisión de no hacer para transformarlo directamente en una avanzada mucho más profunda”.
Para Cremonte, el posible traspaso responde a una lógica política del gobierno sobre todo el ámbito laboral en términos de flexibilización y precarización: “Un ejemplo concreto: hoy está tratándose en el Senado la reforma dela ley de riesgo de trabajo, mañana estamos convocados a una audiencia con la Comisión de Legislación Laboral a plantear nuestro rechazo y a justificar y explicar por qué nos parece que esta reforma es escandalosa. Esta reforma implica retroceder en esa jurisprudencia de la Corte Suprema, que había declarado inconstitucional la mayoría de los aspectos de nuestro sistema de la ley de riesgo de trabajo”, aseguró y amplió: “El proyecto supone eliminar esa jurisprudencia y volver al viejo sistema de 1995, donde los trabajadores tienen que pasar por un procedimiento administrativo de las comisiones médicas creadas por las ART... Todo en el marco de lo que es el gran negocio de la salud de los trabajadores en nuestro país. Eso, indudablemente, debiera obtener como sentencia declaraciones de inconstitucionalidad. Cambiar al fuero de la ciudad retrasa diez años esas declaraciones de inconstitucional. Ahí tenés directamente una relación concreta entre una política laboral y el traspaso de la justicia”, ejemplificó.
Para Cremonte, lo que se perjudica “no es solo una cuestión de jurisprudencia, es parte del sentido del derecho del trabajo. Macri planteaba que los jueces laborales tendrían que empezar a fallar un poco para el otro lado. Es un absurdo, porque, justamente, la justicia laboral es imparcial. Toda justicia es imparcial, pero no es neutral, porque su sentido es favorecer a una de las partes en la aplicación del derecho, no en lo que ocurrió o no ocurrió”, planteó.
El abogado destacó que “en una movilización de las centrales sindicales, sindicatos y nuestra asociación esto frenó un poco la posibilidad del acuerdo. Es un avance. Que haya una reacción, resistencia a este tipo de políticas es la base para que esto no ocurra, después veremos si lo logramos o no”.


0 comentarios:

Publicar un comentario