29 dic. 2016


La abogada de la dirigente, Paula Álvarez Carrera, relacionó la sentencia con una persecución y denunció el disciplinamiento a la militancia que ejerce el gobernador Morales. A partir de la condena a 3 años en suspenso a Milagro Sala por daños, en el programa La Retaguardia, Fernando Tebele y María Eugenia Otero dialogaron con ella. (Por La Retaguardia)


Causa insostenible

"Esta condena amerita la lectura jurídica y política también particularmente por el contexto que vivimos en Jujuy. Hay que recordar a todos que el hecho que hoy se juzgó ocurrió en 2009, que fue un escrache del que participaron muchas personas entre las que se imputó a Graciela López a quien también defiendo (junto a Elizabeth Gómez Alcorta). Uno de los planteos que hicimos como defensa fue la prescripción de los dos delitos porque por el transcurso del tiempo no podían ser juzgados. El Tribunal entendió que sólo estaban prescriptas las amenazas y no el daño que consideraron agravado en este caso. Fue por ese hecho en el Consejo de Ciencias Económicas que la condenaron", explicó la abogada. "Si bien la condena es en suspenso y no está firme y la vamos a recurrir ante Casación, entendemos que no había pruebas para condenar a Milagro como instigadora. El único testigo que sostuvo que Milagro lo planificó fue alguien a quien nosotros desacreditamos en la audiencia misma y también después que logramos incorporar un documento del cual surge que esta persona trabaja actualmente para el gobierno de Morales", contó.
"Los daños fueron arrojar huevos, algunas piedras que produjeron roturas en el edificio, vidrios pero, por ejemplo, en el caso de Graciela, ningún testigo pudo acreditar que hubiera lanzado algún elemento contundente para causar esos daños. En el caso de Milagro, ese testigo que evidentemente mintió, que logramos desacreditar, fue quien manifestó que Milagro había planificado esa manifestación. Uno de los argumentos en nuestros alegatos fue sostener una doctrina que no inventamos nosotros sino que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recomendaciones de otros organismos internacionales donde dice que los funcionarios públicos están obligados a soportar manifestaciones en contra de un sector de la población que no necesariamente tiene que estar de acuerdo ni con su postura ni con sus acciones", consideró. La abogada insistió: "Ellos, como máximos responsables en tanto funcionarios públicos, están obligados a tolerar esa discrepancia porque tiene que ver con el ejercicio del derecho a la protesta y a manifestarse en contra de un gobierno".

Las organizaciones y Morales

"En el juicio, estos testigos sostenían que Graciela y Morales habían mantenido una discusión enérgica y se habían proferido insultos. Graciela manifestó esto, lo dijo claramente, ella ya estaba muy enojada con los discursos de Morales que desde entonces venía criminalizando y estigmatizando a las organizaciones sociales diciendo que manejaban recursos y que se robaban la plata. Los acusaba de vagos, de ser sostenidos por el Estado, cuando en realidad, el Estado en ese entonces recién estaba empezando a dar una respuesta al desastre que dejó el 2001, el gobierno de la Alianza, cuando se hizo cargo de las organizaciones sociales al destinarles recursos económicos para que pudieran organizarse, tener cooperativas, constituir de alguna forma trabajo genuino y ya desde entonces Morales venía acusándolas discursivamente, y especialmente a la Tupac Amaru, de robarse el dinero y los recursos del Estado", señaló sobre el enfrentamiento. "Ese escrache fue a una charla que organizó el Comité Radical de la provincia acerca del control público de los manejos de recursos del Estado. En ese contexto fue que muchas personas miembros de organizaciones sociales fueron a manifestarse en contra de Milagro. Así se produjeron estos daños, pero no se pudo acreditar que los produjera Graciela", aclaró.
Además, la abogada explicó por qué siguen presas "Están privadas de la libertad por disposición de otros jueces en otras causas que están en etapa de instrucción. Hay intenciones de acelerar una instancia judicial sobre todo para justificar el incumplimiento de la resolución de la ONU que dijo que la detención de Milagro es arbitraria. Entiendo que están buscando una condena efectiva para no dar cumplimiento a esa resolución".

El acompañamiento

Consultada acerca de la ausencia de movilización popular local en apoyo a Sala durante el juicios, la abogada expresó: "Está presente en las audiencias desde afuera un sector de la Tupac Amaru, no mayoritario. Tiene que ver con el efecto de disciplinamiento que ejerció este gobierno desde que llegó. Cuando asumió Morales, una de las decisiones del poder ejecutivo fue establecer un sistema de reempadronamiento para las organizaciones sociales y las cooperativas. Con este argumento de que había un despilfarro de los recursos públicos y con la idea de controlar a las organizaciones. Cuando se hizo el acampe por el que fue detenida Milagro, a partir de su detención se generaron sucesivas causas penales que la mantuvieron privada de libertad porque por el acampe le concedieron la excarcelación", explicó. "La ONU en su análisis advirtió que fue una estrategia de la justicia y que esto evidenciaba una falta de independencia respecto a Milagro. Hay que recordar que en ese momento, recordemos que duró hasta enero, Milagro fue detenida el 16. En ese momento estábamos en feria, y se habilitaron un juez y un fiscal que continuaron actuando, algo totalmente irregular y que en la feria judicial no sucede. La feria se ocupa de casos urgentes y gravísimos. Esos dos funcionarios estaban abocados a la continuidad de esa investigación y se acumularon causas", denunció.
Álvarez Carrera profundizó en el detalle de la medida de fuerza por la que fue detenida inicialmente: "La protesta en el acampe buscaba conversar con el gobernador para determinar cómo continuar con las cooperativas de vivienda recibiendo recursos de nación o provincia para la obra pública. Ese diálogo nunca pudo ser, el gobernador no recibió a las organizaciones que realizaron la protesta y como implementó el sistema de reempadronamiento, quienes no quisieron someterse a eso quedaban fuera de la posibilidad de financiarse porque el decreto del ejecutivo estableció que quienes estuvieran en el acampe y no se reempadronaran iban a tener como sanción no recibir ningún tipo de recurso". La abogada definió a ese decreto como "un acto extorsivo y de disciplinamiento. Eso provocó un temor, acá los compañeros de la Tupac que eran tantos tienen miedo de salir con sus remeras, con sus banderas, también sufrieron allanamientos a partir de la detención de Milagro y de otros dirigentes. Hubo situaciones de apriete para los miembros de la organización que generaron un temor en gente que igual apoya a Milagro", consideró. Para hoy se espera sentencia en la causa por el acampe de enero de este año.

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