13 feb. 2017


 El 15 de febrero de 2010 una feroz represión se desató contra quienes protestaban contra la minería en Andalgalá. Sin embargo, lejos de asustar a la población, ese hecho fortaleció a la Asamblea del Algarrobo, multiplicando su lucha a tal punto que se constituyó en una referencia para otras asambleas en todo el país. Silvina Reguera es una de las personas que integran la asamblea y escribió esta nota de opinión. (Por Silvina Reguera* para La Retaguardia)

Andalgala está siendo acorralada por la gran minería a cielo abierto. Con la instalación hace 20 años de la mina Bajo de La Alumbrera, la primera explotación a gran escala de América del sur, que utiliza 100 millones de litros diarios de una de las aguas más puras del planeta, ha quedado demostrado que los pueblos siguen siendo cada vez más pobres y las sociedades están más quebradas. No hay sustentabilidad en esta actividad, pero lo peor está por venir: pretenden instalar otra mina, tres veces más grande que Alumbrera y a solo 14 kilómetros en línea directa con el pueblo, afectando el cerro El Aconquija del que la población se nutre de agua.  Este proyecto lo venimos frenando desde hace 7 años con la gente en la calle, haciendo caminatas ininterrumpidamente todos los sábados  y habiendo presentado un recurso de amparo, que nos costó esperar 6 años para que la Corte Suprema se expidiera (con dos acampes frente a los tribunales en CABA incluídos). Aun así, la dictadura minera del feudo catamarqueño sigue vapuleando nuestros derechos como ciudadanos, queriendo ensuciar y desapareciendo el expediente. Ha corrido mucha agua debajo de nuestro puente de lucha, pero seguimos batallando contra ese monstruo multimillonario con sobredosis de poder.
Existe una ordenanza de prohibición que hicieron los concejales, pero en lo personal, con respecto a eso, hay cosas que no me cierran, porque esa ordenanza solo abarca la cuenca alta del rio Andalgalá. Esto demuestra que los concejales se mandan solos y hacen las cosas sin preguntar y sin saber, pero lo más curioso de todo es que, cuando la corte de Catamarca dice que la va a “voltear” por ser anticonstitucional, los ediles, que argumentaron en su momento que  la medida se ampara en principios constitucionales de derecho al ambiente saludable, no salen a defenderla. Entonces uno termina pensando que todo esto fue solo una medida político-partidaria, porque si no, no se entiende.
En definitiva, lo que sostiene esta lucha es la gente en la calle, las caminatas de todos los sábados, el grito al unísono de: ¡NO PASARÁN! Y por supuesto, la tarea legal, con un amparo que nos costó mucho mantener y que la CSJ se expida a nuestro favor, poniendo en evidencia el mal manejo de la justicia catamarqueña y ni hablar de la de Andalgala, en donde uno o dos la manejan como “patrón de estancia” creyendo que la impunidad de la buena racha les va a durar toda la vida. Dos acampes tuvimos que hacer en Buenos Aires para que nos escuchen. A nosotros se nos dificulta mucho la lucha porque es despareja. Estamos hablando de un pueblo con simples ciudadanos contra todo el poder político y las empresas multimillonarias que compran voluntades y manejan lo anterior.
Poco se sabe de que es lo que piensa el Intendente  Alejandro Paez. Él no habla con nosotros, tiene sus operadores que hacen de “mensajeros” para llevar y traer, pero con nosotros no dialoga. Tampoco salió a defender la ordenanza y nunca quiso actuar como policía ambiental, aunque sea para ir al cerro y ver que hacían. Él, como todas las demás instituciones, no nos apoyan. En esto estamos siempre solos, huérfanos, como si no se tratara del Agua y la Vida de ellos también.



El 15 de febrero se convirtió en una fecha triste que marca la historia de Andalgalá como un antes y un después. A partir del 15 de febrero de 2010, las cosas cambiaron en la vida de un pueblo tranquilo que solo quería vivir en Paz. Todos los años para esta fecha se hace un recordatorio donde se revive el desastre que fue aquella vez. Hay miles de vecinos que cuentan cómo vivieron ese día, qué estaban haciendo cuando se desencadenó todo y cómo quedamos sentimentalmente. Esa fecha quedará en la memoria de todos los andalgalenses como el día en que el Juez Cecenarro firmó una orden para que fuerzas preparadas especialmente para la ocasión y de forma premeditada, fueran a reprimir a todos en la peor emboscada (cual si fuera una cacería), dejando a un pueblo que salió a defender la Vida, nada menos, viviendo como en un estado de sitio.
Este gobierno, como el anterior, están dispuestos a seguir con el modelo extractivista, con el nuevo “Acuerdo Federal Minero”. Buscan la tan ansiada Licencia Social que NO tienen en los pueblos cordilleranos; o sea: más entrega, más saqueo, más corrupción, más pactos secretos que solo benefician a las empresas y, por supuesto, todo lo perjudicial es para la gente que vive allí y que ama vivir en esos lugares. La idea de “pueblos sacrificables” es cada vez más profunda en cada político y cada gobierno de turno. Ya pasaron 14 meses del gobierno nacional de Cambiemos y no hemos visto ningún cambio en materia de medio ambiente. El ministro Sergio Bergman es una persona inepta para el cargo que ocupa. No sabe, ignora y no escucha nuestros argumentos. Habla mucho, dice poco y hace nada. Con gente así, no nos queda otra alternativa que seguir en la calle, resistiendo, diciendo una y mil veces que NO y luchando para que no se violen más leyes, para que no se trituren mas montañas, y sobre todo para que Andalgalá recupere su vida en paz.

* Es integrante de la Asamblea del Algarrobo, Andalgalá, Catamarca.

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