31 mar. 2017


Se presentó el Informe Estadístico de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que evalúa el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en nuestro país durante el año 2016 y actualizado al 2 de marzo del 2017. En Oral y Público hablamos con Jorge Auat, procurador general en causas de lesa humanidad y analizamos el contenido de este informe. (Por La Retaguardia)

Lo primero a lo que hace referencia el informe es al retroceso que han sufrido los juicios en relación al número de sentencias y a penalidades más leves para los genocidas, lo que consideran tendencias persistentes tanto en el 2016 como en este inicio del 2017: " Menor cantidad de sentencias y, por consiguiente, de nuevos imputados sentenciados por año; mayor cantidad de excarcelaciones y de detenciones bajo la modalidad de arresto domiciliario" reza el comienzo del Informe.
Actualmente, del total de las 593 causas, solo 16 de ellas se encuentran en instancia de juicio oral por delitos de lesa humanidad. Luego, 118 están elevadas a juicio y otras 284 se encuentran en la instancia anterior, en instrucción. También hay 175 causas que ya tienen sentencia.
Jorge Auat, hace referencia a este retroceso, pero también valora los avances que se producen en algunos casos: “Tuvimos sentencias de la corte por la causa de la masacra de Margarita Belén – 11 militantes fusilados y otros 4 desaparecidos, en Chaco, diciembre del '76- lo que clausura definitivamente cualquier intento de instalar la discusión sobre la prescripción. Ha quedado superada toda intención de prescripción de los crímenes. No olvidemos que nosotros tenemos muchas causas, muchas condenas, muchas sentencias, pero que todavía no están firmes porque falta la instancia final, que es la corte. Por lo tanto, nos pareció un dato muy auspicioso”.
“Todos los años hacemos esta estadística, es permanente. Se ha logrado mucho. Falta todavía un tramo importante por recorrer. Los que estamos en la gestión diaria tenemos que mirar todo lo que falta y no todo lo que se hizo”, opinó Auat ante Fernando Tebele y María Eugenia Otero, en el programa Oral y Público.
Parte de la labor que se hizo fue buscar responsables fuera del ámbito exclusivo del gobierno y las fuerzas militares: “Es un trabajo importante. Empezamos a ampliar el universo de los hechos de los crímenes de la dictadura en algunos sectores que no habían sido imputados, donde no estaba visibilizada la magnitud del crimen con todos sus participantes. La dictadura no fue solamente un proyecto de los cuarteles, hubo mucha gente comprometida e involucrada con lo que pasó. No podemos dejar de señalar la cuestión del aporte de los empresarios, donde existen causas. Tampoco podemos olvidar la complicidad de ciertos sectores de la sociedad civil, en la que incluyo al poder judicial. Tenemos causas en trámite con ex jueves y funcionarios imputados”
El procurador general en crímenes de lesa humanidad contó ciertos impedimentos con los que se encontraron a la hora de querer iniciar estas causas contra los genocidas y por ende la demora con la que transitan algunos de esos juicios: “No es un camino fácil. Hay casos donde no pudimos encontrar un fiscal porque todos se inhibían. Son cuestiones vinculadas a las relaciones de tipo social, afectiva, favores cruzados, en fin, todo eso que marca las dificultades que se presentan. Por eso tardamos tantos años en avanzar. Hemos presentado proyectos, como el de concentración de las causas, y nos costó muchísimo instalarlo. Esa estrategia nos parecía la más adecuada para avanzar en los procesos. Se estaban haciendo juicios por una o dos víctimas, por un imputado, por pocos hechos y con esa dinámica terminábamos en el punto final biológico”. Esta impunidad biológica a la que hace referencia Auat se observa en casi un 20% de los imputados, que fallecieron antes de poder ser llevados a juicio.
Esta idea de realizar las megacausas y unificar los casos sirve también, explica Auat, para aprovechar la gran cantidad de pruebas en contra de los genocidas: “Por otro lado, pensamos en la importancia de hacer investigaciones más completas y más amplias, un universo mucho más abarcativo que refleje la magnitud de lo que pasó. La cantidad de imputados y la cantidad de hechos tienen un efecto colateral y también un efecto técnico jurídico que tiene que ver con el aprovechamiento de la cantidad de pruebas”
En el resumen estadístico, se observa que del total de los 2780 imputados hay 1044 detenidos y 1149 libres. Además 542 ya fallecieron y los 45 restantes están prófugos. Le preguntamos a Auat cómo puede haber jueces que no dicten siquiera la prisión preventiva a genocidas que le han escapado a la justicia por más de 30 años: “Son decisiones. Ellos (los jueces) ponderan circunstancias. Hemos hecho un planteamiento sobre eso, para que no ocurra. Los jueces hacen una evaluación estrictamente procesal, pedido de fuga, entorpecimiento del proceso. Cuando hablaba del punto final biológico -fallecer antes de ser juzgado- es parte de la patología, de los problemas que tenemos. Marca que ya llegamos tarde. El pedido de prisión domiciliaria también forma parte del problema y nosotros lo venimos señalando. Queremos evitar eso. Son 30 años de impunidad. Nosotros empezamos a tramitar las causas y nos manejamos con las herramientas que tenemos. En un momento dado se pensó en hacer reformas especiales al código procesal para este tipo de casos y nosotros nos opusimos. Nosotros como fiscales, como operadores judiciales, dijimos que lo mejor que le puede pasar a los procesos es que se lleven adelante con las herramientas que hoy tenemos. Sin nada especial, para no devaluarlos. Para que no sea una mancha en la propia moral del proceso de memoria”

Las demoras

Respecto a la demora en la culminación de algunos juicios, como el de los jueces en Mendoza, o en la propia Megacausa Esma, Auat explica que, si bien la inmediatez es la mejor forma para encarar un proceso jurídico, no se debe atentar con el derecho a defenderse de los acusados porque podría jugarles a favor: “En algunas audiencias, los jueces le ponen algún límite a cualquier maniobra manifiestamente dilatoria. Hay una frontera muy delicada, porque los abogados pueden alegar que limitan el derecho a la defensa. Se especula mucho con eso. No hay que darles a ellos ese argumento. El juez, en general, trata de permitirles a los defensores todo lo que pueda el derecho de defensa. De todos modos, por definición, el proceso penal no se puede detener. La inmediatez es el mejor camino para cumplir con el paradigma del proceso penal, que es la solución del conflicto. Un juicio de 4 o 5 años está muy lejos de la finalidad de lo que significa una causa penal. La inmediatez es el principio rector del proceso penal. Pero claro, estamos hablando de una causa como la Esma que probablemente sea una de las causas más importante de la historia del poder judicial”.
Y cuenta su participación activa para impedir ese aletargamiento: “Yo he hablado con jueces en Mendoza para que hagan un mayor esfuerzo y traten de acelerar todo lo posible. En algún punto se está logrando”.

Los medios

Consultado por la escasa cobertura de los medios de comunicación acerca de los juicios a los genocidas y los beneficios obtenidos por muchos de ellos, por ejemplo del represor y apropiador Juan Antonio Azic, el doctor Auat dijo: “En general, me parece que algunos medios sacaron de agenda el tema. No tiene la repercusión ni el lugar que tenía hace unos años, eso está claro. Hay medios, como La Nación, que continuamente abogan por la obtención de la prisión domiciliaria. Hacen su aporte, pero desde el otro lado. No precisamente del proceso de Memoria, Verdad y Justicia sino que reclaman todo lo contrario. Está en la agenda de estos medios como parte del proceso de olvido y no de memoria”.
Por último, el procurador general marcó su posicionamiento respecto al derecho de obtener la prisión domiciliaria por parte de los genocidas: “Tenemos que ratificar lo que venimos diciendo. No estamos en contra de la prisión domiciliaria. Es un instituto que está previsto en la ley, es un derecho que tienen. Lo que propusimos es que sea conforme a derecho. Es decir, que se trabaje con seriedad, que los informes médicos sean correctos, un reflejo cabal de la patología que presentan. También que haya un control. El problema de la prisión domiciliaria es que se configura como impunidad en la medida que no haya un agente que la controle y que no se cumplan con los recaudos que la ley establece para otorgarla. No queda otro camino que ir caso por caso, no podemos dar una solución global. El último agente que controlaba era el patronato de liberados que no tiene ninguna facultad. Ese patronato de liberados no estaba en condiciones de hacer un control de este tipo y mucho menos cuando se trata de crímenes de esta magnitud. Lo que no podemos permitir es que la prisión domiciliaria se convierta en impunidad. La ley establece el derecho y la facultad para obtener prisión domiciliaria, pero también pone las condiciones y los requisitos para pedirla. Si no se da eso, nosotros no tenemos otro camino que oponernos. La malversación del instituto nos parece algo que compromete la realización del valor justicia”.
El proceso de Memoria, Verdad y Justicia atraviesa un momento difícil, quizá bisagra. En poco tiempo sabremos si finalmente fue una política de gobierno, o es una política de Estado, como debería. Hay demasiados signos como para preocuparse.

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