28 mar. 2017



El 23 de marzo arribó a San Salvador una caravana impulsada por las comunidades originarias en Jujuy. La principal exigencia es la derogación de la ley 5915, que fue sancionada de forma inconsulta y que contempla la ocupación de territorios aborígenes que no cuentan con escritura. (Fotos y entrevistas de Santiago Romero para La Retaguardia)
"Mi nombre es Enrique González, referente de esta marcha. Estamos en la Plaza Belgrano. Después de varios días, desde el 16 de marzo hasta hoy 23, venimos caminando desde una comunidad que se llama Tafira recorriendo toda la Puna, la Quebrada de Jujuy para llegar a la Capital. Queremos expresarnos, tenemos como propuesta la derogación de la ley 5915 llamada Ley de Servidumbre, una ley que atenta contra los derechos de los pueblos originarios", denunció. Además, la definió como "una ley inconsulta e inconstitucional. También queremos visibilizar y que nos den información sobre los proyectos extractivistas como Mina Chinchillas y los impactos ambientales que van teniendo como la sequía y la contaminación en la Puna". Por otra parte, González señaló: "También marchamos para ser solidarios. Estamos en contra de la criminalización de la protesta social  y por todo el malestar que está viviendo nuestra comunidad con la aplicación de estas políticas neoliberales claramente capitalistas de Macri y de Morales".

Refiriéndose puntualmente a la ley denunciada, explicó: "La ley se sancionó de forma inconsulta. Es la vía libre para que entren a nuestros territorios todas las empresas multinacionales a llevarse nuestros recursos. Es una ley discriminatoria porque hay comunidades que tienen título de propiedad comunitaria y otros que no lo tienen y contempla únicamente a los que tienen. Contradicciones en sus artículos con todas las leyes que hemos adquirido como pueblos originarios", aseveró.  
En relación a la continuidad de la lucha, González advirtió: "Nosotros creemos que esto es el principio de un plan de lucha, la caminata es para fortalecernos y ver como comunidad la capacidad organizativa que tenemos. De aquí en adelante vamos a seguir con medidas con más fuerza para que el gobierno escuche y contemple las problemáticas que tenemos los pueblos originarios. Han cerrado las puertas, las ventanas, ese es el diálogo que dicen que tienen".
Otro de los manifestantes expresó: "Mi nombre es Walter Sandro Farfán, vengo de la comunidad aborigen de Piedra Negra que es está a 280 kilómetros de Capital sobre la Ruta 9 y a 16 kilómetros hacia el sur de La Quiaca. Nos unimos en esta lucha el 16 cuando la caminata pasó por nuestra comunidad. Compartimos unos almuerzos con los hermanos. Nuestro tema es la construcción de la planta Volcánica que el doctor Morales quiere instalar en nuestro territorio", denunció. "Eso -sostuvo- viola la Constitución Nacional en el aspecto del consentimiento y el informe previo. En ningún momento nos han consultado, no hubo mesa de diálogo ni nada por el estilo. Nosotros no queremos esa planta".

En relación a la oposición a la ley 5915, planteó: "Queremos que se derogue, no nos favorece en nada a nosotros ni nuestros hermanos. Quieren construir megaminería y otras plantas que perjudican. La planta abarcaría 102 hectáreas, es territorio donde nuestra comunidad y hermanos viven y crían sus animales. Es el sustento económico que ellos tienen para poder vivir. Morales no entiende que este es el único sustento económico", aseguró. 
"Nosotros no nos enteramos por el gobierno, en ningún momento nos llamaron a diálogo, nos consultaron, ni nos explicaron qué era la ley. Nos enteramos por medios radiales y televisivos que informaron que para fines de este año se construirá la planta", denunció sobre el carácter de inconsultas de las medidas. 
"Tenemos otras acciones que tomar de acuerdo al resultado de hoy. Pensamos seguir en esta lucha por nuestro territorio que deben respetar", sentenció.





  




  

1 comentarios:

  1. Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos
    ARTICULO 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
    “Una institución para Pueblos Indígenas, creada sin consulta ni participación de los interesados se convierte en un aparato de propaganda y reafirmación de políticas estatales negativas y hasta coloniales hacia los pueblos indígenas”, aseveran en el folletín de Prensa Indígena Libre Mink’a.

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