12 abr. 2017




Desde que el PRO gobierna a nivel nacional, ha trasladado la política inmobiliaria que aplica en el gobierno de la CABA a todo el país. Para poner en venta los terrenos públicos, Mauricio Macri ha tenido que reflotar un decreto emitido por Videla durante la dictadura y vencido, además, en 2010. Por otra parte, el gobierno de Rodríguez Larreta busca implementar en CABA un nuevo Código Urbanístico que, en lugar de resolver problemas, otorgaría mayores licencias y seguridad jurídica al mercado inmobiliario. Estas denuncias fueron realizadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que preside Jonatan Baldiviezo quien, durante el programa La Retaguardia, dialogó con Fernando Tebele y María Eugenia Otero. (Por La Retaguardia)

La entrega nacional

"Se están por vender tierras que están en todo el país. La mayor cantidad en la Ciudad de Buenos Aires, aunque los terrenos de mayor superficie se encuentran en Córdoba o en Mendoza, donde se venden miles de hectáreas. Lo que nosotros denunciamos es que desde el año pasado, a penas asumió Mauricio Macri, empezó a dictar decretos autorizando la venta de inmuebles. Lo que uno podría decir que fue una decisión concreta de vender algunos en el primer decreto, se fue traduciendo a largo plazo en un plan sistemático de entregar al mercado inmobiliario la mayor cantidad de tierras públicas a nivel nacional", denunció Baldiviezo. Además, aseguró que "son posturas que no nos sorprenden porque en la Ciudad de Buenos Aires en ocho años se realizó una de las privatizaciones históricas de tierras públicas con alrededor de 170 hectáreas. Casi dos Puerto Madero Macri privatizó en su gestión. Este año, Larreta privatizó 120 hectáreas más. Esta oleada privatizadora ahora ha sido trasladada a nivel nacional. El gobierno encontró una estructura legal mucho más flexible y laxa que la que tenía aquí", planteó. "En CABA cada vez que quería privatizar necesitaba un acuerdo político en la Legislatura. Por eso no es responsabilidad exclusiva del Pro sino de una clase política mayoritaria que está de acuerdo con estos negocios con las tierras públicas. El massismo, Ocaña y Confianza Pública, ECO, los kirchneristas", señaló. "A nivel nacional lo que encontró el gobierno fue una inmobiliaria ya creada que se llama Administración de Bienes del Estado, creada por el kirchnerismo en 2012, a la que le dio un carácter de ser resignada a ver cuáles son las tierras a nivel nacional que se van a vender. Segundo, lo que para nosotros es la comisión de un delito, se utiliza una ley de la dictadura, la 22004/23 en la que Videla se atribuyó a sí mismo el rol del Congreso y la facultad de vender tierras nacionales. Esa ley fue reconocida y aceptada por la democracia y el Congreso siguió delegando esa facultad al ejecutivo, pero venció en 2010. Así que de ahí en adelante no podía practicarse, pero Macri la reflotó dictando una serie de decretos poniendo directamente al mercado casi 100 propiedades del Estado nacional", aseveró Baldiviezo.
En relación al tipo de los terrenos, informó: "Son de todo tipo, principalmente ferroviarios que son los de mayor superficie y más valiosos, varios cercanos a Puerto Madero. Hay otros que pertenecen al Ejército que se encuentran en Palermo o Recoleta. También hay algunos que son parcelas donde existen edificios o el gobierno tenía algún tipo de oficina. Es una variedad bastante amplia, pero sí se observa que se venden los que se encuentran con mejor localización, en Puerto Madero, Palermo, Recoleta o Belgrano", aclaró.

Código Urbanístico

"Estas políticas están en sintonía con lo que viene a establecer el nuevo Código Urbanístico que justamente plantea la extensión de Puerto Madero con sus torres en toda la rivera del Riachuelo. El Código que está vigente tiene gravísimos problemas que no son los que el gobierno utiliza para implementar el nuevo. El problema actual es que no está respetando las identidades barriales, es tan vago que permite al ejecutivo establecer muchas excepciones, entonces en zonas bajas aparece una torre y después otra. Y se puede verificar cómo el gobierno a través de interpretaciones va autorizando obras que no estarían dentro de los parámetros. De esas situaciones hay cientas, incluso en muchos casos la justicia ha declarado la nulidad de estas interpretaciones que hace el poder ejecutivo que más se asemejan a una violación del Código que a interpretaciones", denunció Baldiviezo. Además, el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad señaló los problemas reales: "Se desconocen muchas situaciones graves, como el tema de las inundaciones, el colapso de servicios públicos, el tema de los inquilinos, de la falta de espacio verde, los problemas de viviendas ociosas, el transporte. Son todas problemáticas urbanas que el Código actual desatiende y olvida. Pero la nueva propuesta tampoco las contempla", sostuvo. "En los casos de las interpretaciones, muchos jueces fueron ordenando la demolición de los edificios y eso fue generando una inseguridad jurídica muy fuerte en empresas inmobiliarias que temían que finalizada la construcción ocurriera eso. El nuevo Código viene a legalizar todas las ilegalidades y a otorgar seguridad jurídica. Olvidan todos los reclamos y necesidades prioritarias que tiene la Ciudad. No hay ningún tipo de herramientas que permitan solucionar la crisis habitacional, ambiental, la falta de espacios verdes, la mercatilización o privatización de tierras públicas que menciono", reiteró Baldiviezo sobre lo que se deja de lado en esta nueva propuesta. "El Código debería proteger las tierras públicas y disponer medidas para que se puedan incorporar más inmuebles al banco de suelos, evitar que la Ciudad se vaya orientando a tener más inquilinos. La inquilinización de la Ciudad va generando dos clases, una de propietarios y otra de inquilinos que todos los meses transfieren ingresos, capitales, parte de su salario a una clase que cada vez acumula más tierras. Son  infinitos los problemas de la Ciudad", insistió el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

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