16 jun. 2017



Lo afirmó Alberto Mendoza Padilla, miembro de la Asociación Miguel Bru, refiriéndose al supuesto extravío del expediente que investiga la desaparición del joven estudiante asesinado y desaparecido por la policía el 17 de agosto de 1993. En aquel entonces, Fabián Perroni era parte de la patota de la comisaría 9° (la que amenazaba a Miguel) que patrullaba y tenía denuncias por torturas, por eso la familia Bru se pronunció contra la propuesta de Vidal. (Por La Retaguardia)

Lamentablemente nos desayunamos con este trascendido del diario El Día de La Plata que sacó una nota en tapa en la cual decía que se había extraviado la causa de la búsqueda del cuerpo de Miguel. Es una noticia que nos golpeó mucho más allá de que no se dan datos precisos de quien denunció. Hablan de un alto funcionario judicial. Nos preocupó terriblemente, nos sacudió nuevamente este revés que nos da la justicia de la provincia de Buenos Aires. Es otro golpe más que sentimos de parte de la fiscalía que llevaba la causa de la búsqueda del cuerpo hace ya siete años. Inmediatamente nos comunicamos entre los integrantes de la Asociación y con Rosa y decidimos acercarnos y hablar con quien es hoy el fiscal general para ver qué información tenía", relató Mendoza Padilla sobre los pasos que siguieron luego de leer la noticia en los medios de comunicación. "La nota de El Día es ambigua, dice que no está en el lugar donde tendría que estar pero que no se terminó de realizar la auditoría que pidió el fiscal general por varias irregularidades que venía habiendo en la causa por los hechos que se sucedieron que lo pusieron al fiscal Cartasegna como víctima", señaló.
"Esta auditoría que se venía llevando a cabo no halla la causa de la búsqueda de Miguel, en otra demostración de esta justicia de que no da las respuestas que tendría que dar. Hay muchísimos casos de gatillo fácil y violencia institucional donde el poder judicial no ha estado a la altura de las circunstancias. El fiscal no se encontraba en su despacho, nos dijo la gente que estaba en la Procuración. Con Rosa dijimos que íbamos a esperar, cuando salimos fuimos a la fiscalía del fiscal Romero que es el que tendría la causa después de que Cartasegna no está en sus funciones para ver qué novedades tenía", aclaró el integrante de la Asociación Miguel Bru. "Personal nos dijo que le iba a avisar a ver si nos recibía y al ratito nos dijo que el fiscal no nos iba a recibir porque no tenía más información que nosotros, que era esa nota que había salido en el diario y estaban esperando que les llegara la denuncia que tiene que realizar la Fiscalía General. Nos dijeron que cuando recibieran la denuncia que creían que podía ser en unos días nos acercáramos y ahí tendrían más información para definir líneas de acción", relató.
Mendoza Padilla explicó: "A nosotros nos preocupa mucho por la búsqueda que venimos llevando hace 24 años. Esta causa judicial se abrió en 1999 a los pocos meses de haber terminado el juicio oral y público que condenó a cuatro policías. Dos recibieron prisión perpetua y a quien era el comisario recibió una condena menor por lo que en un tiempo muy corto recuperó la libertad, también fue condenado quien borró del libro de guardia el nombre de Miguel y ya recuperó la libertad", enumeró. "La desaparición de esta causa que son once cuerpos, cada uno con 200 fojas, le dan un volumen que no se puede llevar bajo el brazo escondida. Es imposible, es un volumen considerable. Nosotros no queremos culpabilizar a nadie pero nos obliga por una cuestión natural a hacer conjeturas como las hicimos el 17 de agosto de 1993 cuando nuestro amigo no aparecía. Empezamos a pensar quién le podría hacer daño y empezamos a desandar su historia del último tiempo y llegamos a sospechar la responsabilidad del servicio de calle de la comisaría 9° de La Plata, sospecha que después se confirmó. Con esta causa, uno empieza a hacer conjeturas", aclaró. En este sentido, agregó: "A quién le puede beneficiar, a quién perjudicar. No es un dato menor que la causa desaparezca al poco tiempo en el que nos manifestamos cuando la gobernadora proponía a Fabián Perroni como nuevo jefe de la Policía Bonaerense. Perroni en 1992 era parte de la patota y tenía una denuncia por torturas en comisarías. Nosotros dijimos que si pateaba la calle y tenía esta metodología vinculada a la dictadura militar, tranquilamente podría saber dónde escondieron el cuerpo de Miguel. Rosa hizo pública esta posibilidad, sin culpabilizarlo, y al poco tiempo pasa esto con una fiscalía profundamente cuestionada, con un sistema judicial cuestionado con causas eternas", denunció. "En 1999 pudimos llegar a un juicio por la movilización en la calle, porque la sociedad se manifestó, porque organizamos cientos de marchas y vigilias como hizo Rosa en Casación una vigilia de meses", recordó Mendoza Padilla sobre el juicio realizado por el asesinato de Miguel.
"Nosotros apuntamos a un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias, un poder judicial clasista, machista, racista, xenófobo. El fiscal Cartasegna hizo dos búsquedas en siete años, de las cuales nos enterábamos en los medios de comunicación. Es un poder muy cuestionado, muy lejos de los deseos de justicia", aseguró el integrante de la Asociación Miguel Bru.

Expectativas

"Desconozco cómo sigue esto, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Sería de una gravedad institucional enorme que la causa de la desaparición de Miguel no apareciera, que haya sido hurtada o robada. Pondría en jaque y echaría luz sobre uno de los tres poderes cuestionados con estos mecanismos y maniobras y derechos tangibles y reales ¿Qué garantía se le puede dar a un ciudadano o ciudadana sabiendo que un expediente puede desaparecer de una fiscalía? Es un precedente terrible, pone en jaque a la institución completa", aseguró. Además, Mendoza Padilla ofreció un ejemplo de una situación similar: "Tuvimos la causa de Cristian Domínguez en un momento, un pibe que había entrado denunicando un hecho de robo en la comisaría 1° de Berisso y salió muerto. Quisieron simular que se había ahorcado y unos órganos que están en las glándulas del cuello desaparecieron entre la morgue y la fiscalía y nunca más aparecieron. Otro caso terrible, un elemento que corroboraba o no si había sido asesinado. Un hecho gravísimo", destacó. "Es un poder judicial muy viciado de intereses personales, estrechamente vinculado a ejercicios ilegales de corrupción. El caso de Miguel, muy sensible y que trascendió mucho, es muy preocupante. Mañana vamos a ver si podemos entrevistarnos con el fiscal general para ver qué novedad hay, si verdaderamente la causa no está en la fiscalía y a partir de tener un panorama un poco más claro y una versión del poder judicial que hoy no nos dio ninguna respuesta", planteó. "No se comunicaron por teléfono con Rosa, no se comunicó el procurador general de la Provincia ni el fiscal general. No sé si les corresponde pero por un acto de humanidad, conociéndola a Rosa, una madre que está buscando a su hijo hace 24 años y cuando pasa esto, creo que correspondería mínimamente un llamado. Esto demuestra insensibilidad de este poder que muchas veces queda reflejada en los fallos. Este poder ejerce una violencia simbólica hacia los familiares de víctimas de la violencia institucional demuestra insensibilidad. Simplemente se puede esperar que el fiscal general haya investigado lo que corresponde. Hace años venimos contra este sistema de injusticia", concluyó Mendoza Padilla.

DESCARGAR O ESCUCHAR AUDIO

0 comentarios:

Publicar un comentario