30 sept. 2017



 En el III tramo de la causa, cuatro genocidas que aún no habían recibido sentencias fueron condenados a penas de entre 6 y 25 años de prisión. Luz Palmás Zaldua, Coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dialogó con Fernando Tebele en el programa Oral y Público que emite Radio La Retaguardia y dio detalles al respecto. (Por La Retaguardia)

Foto: Gerardo Gatti junto a Washington Pérez en Orletti (desaparecidos.org)

“Hace unos días atrás tuvimos una sentencia muy importante en una tercera investigación que involucró hechos que se cometieron en el marco del despliegue represivo que se hizo en Automotores Orletti durante la dictadura. Esa investigación llegó a juicio en el 2011 y se obtuvo una condena. Después hubo un segundo tramo que también se trabajó en un juicio más grande que tuvo que ver con identificar y acreditar los hechos que habían sido parte de la coordinación represiva entre las dictaduras, el Plan Cóndor. Hubo una segunda parte de la investigación que llegó a juicio oral en esa etapa y que tuvimos condena en el año 2016. Fue un juicio muy importante porque fue la primera vez que se logró llevar a una instancia oral y pública los hechos que se habían cometido en el marco de la coordinación represiva. Automotores Orletti es un centro clandestino paradigmático de esta coordinación represiva porque para nosotros en Argentina durante la dictadura cívico militar fue el campo de concentración que alojó la mayor cantidad de víctimas del Plan Cóndor en nuestro país”, comenzó la abogada, relatando los antecedentes del proceso judicial.
Para Palmás Zaldua, uno de los aspectos más importantes de este tercer tramo de Automotores Orletti fue la posibilidad de juzgar a genocidas que nunca antes habían recibido sentencia por crímenes de lesa humanidad: “Este tercer tramo tuvo como característica principal el haber logrado llevar a juicio a cuatro acusados de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de Automotores Orletti que hasta ahora no habían recibido ninguna sentencia. No habían enfrentado ninguna acusación en el marco de un juicio oral y público. Además, puso de relieve algo que todavía está en plena investigación y que se sigue tramitando en la etapa de instrucción. Un grupo que pertenecía a la Superintendencia de Seguridad Federal, que era el departamento de Asuntos Extranjeros, tenía mucha relevancia en el accionar represivo, incluso antes de que se instalara el Golpe en nuestro país. Ese departamento de Asuntos Extranjeros que dependía de la Policía Federal Argentina empezó su actividad represiva y de persecución a los opositores políticos alrededor del año 1974. También funcionó en otro centro clandestino, el de Coordinación Federal, donde hubo alojados un grupo importante de chilenos que buscaban refugio acá en Argentina después del Golpe en Chile. Su accionar se fue perfeccionando luego del Golpe, como sucedió con otras instancias represivas en nuestro país. Dos integrantes de ese departamento, (Rolando Oscar) Nerone y (Oscar Roberto) Gutiérrez, fueron acusados en este tercer tramo del juicio Automotores Orletti. Fueron sentenciados y quedó acreditado por primera vez su accionar en el aparato represivo”, aseguró en conversación con Radio La Retaguardia.
Las penas para Nerone y Gutierrez no fueron más duras ya que solo fueron condenados por privaciones ilegítimas de la libertad y no por homicidio, como había pedido la Fiscalía: “Ambos recibieron 6 años de prisión porque habían llegado a este juicio oral con 2 acusaciones. Una tenía que ver con el secuestro de Victoria Grisonas, una ciudadana uruguaya que formaba parte del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), un partido uruguayo que se había conformado acá en Buenos Aires en el exilio de los uruguayos luego del Golpe en Uruguay. Otra acusación que enfrentaban en este juicio era el asesinato del marido de Victoria Grisonas, también un referente importante del Partido por la Victoria del Pueblo, Mario Roger Julién Cáceres. Respecto de ese hecho, los acusados fueron absueltos. Todavía no conocemos los fundamentos por los cuales los jueces llegaron a esta solución del caso. Los fundamentos los tendremos recién el 3 de noviembre. Ahí podremos evaluar cuáles fueron las cuestiones que los jueces entendieron que no se pudieron probar en este juicio. Nosotros seguimos pensando que había pruebas suficientes como para que estos dos acusados sean condenados. Habíamos pedido en su momento una pena de prisión perpetua. Entendíamos que el asesinato de Mario Roger era un homicidio agravado y ese delito prevé una pena de prisión perpetua. Eventualmente, cuando conozcamos los fundamentos de esa sentencia, recurriremos a una instancia superior para que revise esa sentencia absolutoria a la Cámara de Casación. Recibieron solamente condena por el secuestro de Victoria”, expresó Palmás Zaldua.
Los hijos de Grisonas y Cáceres también fueron secuestrados durante el operativo y llevados al centro clandestino Orletti. Luego fueron trasladados a Chile, donde los adoptaron. La restitución de su identidad fue una de las primeras que lograron llevar a cabo las Abuelas de Plaza de Mayo: “Es un caso muy particular porque Victoria fue secuestrada y llevada a Automotores Orletti con sus hijos. Anatole y Victoria permanecieron con su madre en el centro clandestino Automotores Orletti. Luego fueron trasladados a Uruguay. Desde ahí los llevaron a Chile. Los abandonaron en una plaza de Valparaíso. Fueron adoptados de manera regular en Chile por una familia que desconocía el origen de estos dos niños. Prontamente las Abuelas recuperaron la identidad de ellos dos. Hoy se conoce que ellos eran hijos de Victoria y de Mario Roger. En ese operativo en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, es donde resulta asesinado Mario y secuestrada Victoria con sus dos hijos. Fue el primer caso en donde se supo la verdadera identidad de ellos dos. Todavía hay una cuenta pendiente de la Justicia. Si bien se pudo restablecer la verdad, todavía en ningún juicio que se llevó a cabo en Argentina fueron tomados como víctimas del Terrorismo de Estado. Fueron secuestrados junto a su madre en el centro clandestino Automotores Orletti. Este operativo tan tremendo donde esta familia resultó diezmada tiene todavía sus cuentas pendientes”, dijo.

Los otros condenados

José Néstor Ferrer fue sentenciado a 25 años de prisión: “Ferrer era un integrante de la Policía Federal Argentina también dependida de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Dirección de Inteligencia. En ese momento estaba a cargo de una comisaría que intervino en un operativo en el barrio de Villa Urquiza donde resultó asesinada Estela Moya y resultaron secuestrados Gustavo Gayá y Ana María del Carmen Pérez. Luego, sus cuerpos fueron llevados al centro clandestino Automotores Orletti. Ana María del Carmen Pérez era una militante que estaba embarazada. Su cuerpo, junto con el de su compañero y el de su cuñado, Ricardo Gayá, esposo de Estela Moya, fueron colocados en tambores y arrojados en el canal de San Fernando. Luego de muchos años, en el año '89,  el equipo argentino de Antropología Forense identificó esos cuerpos y se conoció la verdadera identidad de esos cuerpos que habían sido enterrados como NN. Mucho más recientemente se identificaron otros cuerpos. Todos habían pasado por Orletti. Lo que había quedado de los juicios anteriores sin investigar ni sancionar era el asesinato de Estela Moya. Se produjo un operativo en el barrio de Villa Urquiza donde resultaron estos secuestros, pero a Estela Moya la asesinaron en ese departamento en el marco de ese operativo que interviene Ferrer. En esta sentencia, Ferrer es condenado por homicidio simple por 25 años de prisión. Nosotros habíamos pedido que el homicidio sea considerado agravado por distintas agravantes. Los jueces entendieron que debía caratularse como homicidio simple y por eso no dictaron una sentencia de prisión perpetua que es la que nosotros habíamos pedido. Ferrer tampoco había enfrentado antes un juicio oral hasta el momento”, contó la abogada del CELS.
César Alejandro Enciso fue sentenciado a 16 años de prisión: “Enciso es el cuarto acusado del juicio. Recibió una condena de 16 años de prisión. Enciso tiene la particularidad de haber sido personal civil de inteligencia de la SIDE. Tenía una relación familiar con el secretario de la SIDE, en ese momento a cargo de Otto Paladino. La hija de Otto Paladino se casó con César Enciso. Formaba parte del grupo de tareas que operaba en el centro clandestino Orletti. Fue parte del grupo de Aníbal Gordon, una banda que operó en Automotores Orletti. Tuvo distintas instancias en su carrera delictiva, ya sea como parte de la estructura represiva del Terrorismo de Estado, pero también antes en la Triple A y después, en una banda que llevaba adelante secuestros extorsivos. Es lo que más nos resuena de la época post dictadura. Esa es la historia de esta banda y la particularidad de este centro clandestino. Condensa una cantidad de aristas del Terrorismo de Estado y de bandas paramilitares como la Triple A, o bandas de delincuentes que llevaban a cabo secuestros extorsivos. En el caso de César Enciso, que era personal civil de inteligencia de la SIDE más que nada por su vinculación familiar con Otto Paladino, tenemos la particularidad de que en el año 2006 él estaba prófugo de la justicia. Se había ido a Brasil y se logró extraditar desde la Argentina. La acusación que había hecho en su momento el juez (Daniel) Rafecas tenía que ver con la imputación de 39 hechos de privaciones ilegales de la libertad y de tormentos. Después, con el proceso de extradición, solamente se lo pudo acusar por algunos de esos hechos. Entre otros, un hecho que está probado en los tramos anteriores de los juicios de Automotores Orletti, por el secuestro de Gerardo Gatti; uruguayo, referente del Partido por La Victoria del Pueblo, el PIT-CNT, trabajador y sindicalista gráfico en Uruguay. Fue llevado a Automotores Orletti. El caso de Gerardo Gatti muestra esta lógica de patota del Terrorismo de estado y delincuente que busca un rédito económico. El Partido por la Victoria del Pueblo había trascendido que contaba con una cantidad de dinero para su conformación acá en Buenos Aires para una cantidad de exiliados uruguayos que tenían su militancia en Uruguay y vinieron a Argentina a refugiarse. La banda de Aníbal Gordon buscaba ese dinero. De hecho, Gerardo Gatti no solo es secuestrado y alojado en Automotores Orletti en el marco de la persecución política que llevaba adelante el Terrorismo de Estado, sino también buscando este dinero del Partido por la Victoria del Pueblo. Entonces se produjo un hecho casi ilógico, fuera de lo habitual en los centros clandestinos: secuestraron a un compañero de Gatti, Washington Pérez, también del Partido por la Victoria del Pueblo y lo llevaron a Automotores Orletti. Empezaron a negociar con él la liberación de Gerardo Gatti a cambio del dinero del partido. Hay una foto, que circuló por muchos lugares y fue prueba en el juicio, que le sacaron a Gerardo Gatti dentro de Automotores Orletti, algo que tampoco es habitual. La banda de Aníbal Gordon le sacó una foto recostado en una cama en uno de los cuartos de Automotores Orletti. Se lo ve bastante mal, deteriorado físicamente por los resultados de la tortura, al lado con Washington Pérez. Era la prueba que Gatti seguía vivo. Le hicieron llevar a Washington Pérez la foto a los otros compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo para hacer esta negociación por el rescate a cambio del dinero del partido. Lamentablemente, Gerardo Gatti sigue desaparecido. No sabemos su destino. Fue uno de los casos por los cuales Enciso fue condenado en este último juicio”, concluyó.
Agradeciendo a La Retaguardia por el espacio, Luz Palmás Zaldua remarcó la importancia de llevar adelante los juicios contra los genocidas y seguir levantando la bandera de la memoria, la verdad y la justicia: “Necesitamos esa pretensión de ustedes para poder difundir los que pasa en estos juicios por delitos de lesa humanidad. Seguimos insistiendo en que los juicios son una política de Estado y deben seguir siéndolo pese a los momentos políticos tan difíciles que vivimos. Argentina es un ejemplo en materia de investigación y sanción de estos crímenes luego de las largas etapas de impunidad que vivimos en nuestro país. Finalmente logramos llevar a juicio oral a muchos acusados por delitos de lesa humanidad. Todavía falta mucho por hacer, muchos acusados que tienen que enfrentar estos juicios orales y las sentencias. Necesitamos que esto también se difunda. Es parte de lo que llamamos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Necesitamos que compañeros como ustedes difundan esto que está pasando en nuestro país”, pidió la abogada.

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