20 ene. 2018



Se trata de Martín Alderete, que actualmente patrocina al militante del PSTU. Recibió un ataque cuando desconocidos entraron a su garaje, rompieron su auto y colocaron una bomba que incendió la parte trasera del vehículo. Para el abogado no se debe a un acto de vandalismo ni un intento de robo sino un acto de amedrentamiento por su participación en las distintas causas que representa. Alderete habló con Paulo Giacobbe para La Retaguardia y contó acerca de lo sucedido. (Por La Retaguardia)

“Esto ha ocurrido ayer (el lunes), alrededor de las 6 de la mañana. Evidentemente alguien ingresó rompiendo parte del cerco perimetral. Rompió la ventanilla trasera del auto y puso algo como una bomba de estruendo, pensamos por el ruido que hizo. Generó un poco de fuego en el asiento trasero del auto. Cuando yo salí, logramos apagarlo rápidamente”, comenzó contando el abogado y agregó: “Claramente no fue un acto de vandalismo porque el auto no estaba afuera. Se tomaron el trabajo de ingresar al predio donde yo estaba. Tampoco fue con ánimo de robar absolutamente nada. Es un hecho de amedrentamiento, en función de eso decidí darlo a conocer y denunciar públicamente la situación. Hicimos una denuncia penal. No pudimos ver nada ni a nadie con lo cual no tenemos elementos para determinar en concreto quién podría haber sido, pero sí hicimos la denuncia penal además de la denuncia pública”, explicó Alderete y enfatizó en que para él se trató de un hecho consecuente con la política persecutoria del Gobierno hacia los que piensan distinto: “Esperamos que a partir de la visibilización de esta situación se pueda tomar más conciencia de la política de persecución, no solo de las luchadoras, los manifestantes populares y políticos sino también del intento de amedrentar”, dijo.

La demonización de los militantes populares

“No tenemos certeza de dónde puede haber venido y qué fue lo que efectivamente ocurrió, sí denunciamos la situación en el marco general de lo que está ocurriendo. En ese caso, nos parece importante señalar el ingreso al estudio particular porque es un intento de amedrentamiento en el marco de algo mucho más general y más grave incluso que tiene que ver con la persecución y la demonización a los militantes populares. Incluso, las últimas decisiones judiciales de mantener privados de su libertad a personas con calificaciones legales o carátulas absurdas. En el caso de la manifestación del 18 de diciembre, una manifestación pública y popular, asimilarla con un delito en contra del orden institucional. No hay antecedentes de que hechos de manifestación popular, por más incidentes que se produzcan, sean asimilados judicialmente a poner en jaque el orden constitucional”, expresó el abogado en referencia a lo que se le imputa al militante del PSTU, Sebastián Romero, por su participación en la marcha durante la represión policial del 18 de diciembre pasado.
Alderete es miembro de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), abogado en distintas causas de derechos humanos y defensor de militantes populares. Todo esto en su conjunto, sumado a la visibilidad que adquirió al ser el representante legal de “mortero”, hace que el abogado haya calificado este hecho como un amedrentamiento: “Actualmente, la causa más políticamente sensible de las que yo intervengo es la de Sebastián. No tengo la certeza de que tenga que ver directamente con esa situación. Me llama la atención todo el clima y la agitación de enrarecimiento político. Las supuestas bombas encontradas en el Departamento Central de Policía con panfleto absolutamente apócrifo que le quieren ligar al Partido Obrero. Eso se utiliza como forma de justificar y demonizar a las organizaciones políticas. Hay un clima generalizado proclive a generar temor y a amedrentar. Entonces, más allá de no tener certeza de dónde proviene la situación yo lo enmarco en este clima general de amedrentamiento. Yo soy abogado de Derechos Humanos, intervengo como defensor de Sebastián Romero e intervengo en otras causas que tienen su grado de sensibilidad. Soy abogado de una de las querellas en la causa de Santiago Maldonado, soy defensor de gran cantidad de militantes populares judicializados y procesados por delitos en manifestaciones con intenciones políticas concretas. Soy abogado del sindicato ATE Capital, con lo cual no sé con qué situación particular tiene que ver, pero sí la más visible en este momento es la defensa de Sebastián Romero”, repasó Alderete que opinó sobre la maniobra política y judicial para justificar agresiones de este tipo e incluso la permanencia en prisión los distintos manifestantes políticos.
Precisamente, días atrás, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en conjunto con Ministros provinciales, presentó un informe donde intenta ligar a la RAM con militantes políticos con el objetivo de criminalizar la protesta y a todo aquel que tiene ideas contrarias al Gobierno macrista: “Es un informe que padece de un cierre de inteligencia, muy poco serios y con un montón de lugares comunes. Claramente el objetivo de ese tipo de informes es demonizar a militantes y organizaciones. En el caso de la RAM ni siquiera está probado que exista. Buscan justificar cualquier respuesta. Lo dicen explícitamente. No solo lo dicen sino que lo hacen. Hay gente que está detenida o con un pedido de captura por un hecho en el que no se dañó a nadie. Es absurdo que lo mantengan detenido porque no hay un delito grave en el medio salvo esta creación del delito de rebelión donde se lo acusa de poner en jaque al Poder Legislativo. Es un absurdo. Quieren relacionar a la RAM con cualquier movimiento anarquista. El informe en sí es muy poco serio. Plantean afirmaciones dogmáticas sin ningún respaldo probatorio de nada. Se plantea dar una respuesta dura contra personas que formarían parte de estos grupos. Lo único palpable es que del Ministerio de Seguridad se promulga la caza de brujas contra militantes. Con el solo hecho de acusarlos que son de la RAM o algo similar, justificarían la respuesta más dura del Estado y del Poder Judicial. En este contexto, hay algo que ya está empezando y tiene que ver con la persecución de personas simplemente por lo que piensan, no por lo que hayan hecho. Estamos a un paso de la criminalización de las ideas”, se indignó el abogado Martín Alderete en charla con Paulo Giacobbe para La Retaguardia.
Este punto acerca de buscar una excusa con el objeto de justificar la mano dura se ve en distintos allanamientos donde jueces piden el secuestro de material político. Alderete hizo una comparación para ilustrar esta idea de presentar como criminales contra el Estado a simples manifestantes y militantes políticos: “Ha pasado en otras causas, pero nunca con este nivel de ferocidad judicial. La acusación que se hace es mucho más grave. Regímenes abiertamente persecutorios, el de Fujimori en Perú, hacían eso: crear delitos en contra de la seguridad nacional o utilizar artículos del Código Penal que establecían penas en contra de la seguridad nacional o del orden democrático. Perseguían a cuanto militante popular se les ocurriera. Esto es más o menos así. Me parece arbitrario e injustificado que una persona se pase meses en la cárcel por el solo hecho de que se lo acuse de un delito absurdo en el marco de una persecución judicial y mediática que planteó el Gobierno contra los manifestantes que tomaron las calles en el mes de diciembre”, expresó.
Las pruebas en contra de Sebastián Romero
“No hay ningún elemento de prueba de que Sebastián Romero haya lastimado a alguien o haya dañado bienes. Nadie pudo refutar eso porque evidentemente no hay pruebas. Más allá de que si las hubiera la discusión la daríamos igual. Lo grave del caso es eso. No hay pruebas de que se haya lesionado personas o dañado bienes. Lo único que está probado es que utilizó un elemento que a todas luces es un elemento pirotécnico, atado con una cinta a un palo. Es un elemento pirotécnico que no produce esquirlas. Fue en diagonal hacia arriba, a una distancia de 20, 30 metros del personal policial. Si los jueces consideran que eso es un delito, lo discutiremos. No existe en el Código Penal un delito de esas características, pero lo discutiremos. Mantener a una persona presa con esa acusación la verdad que nos parece un absurdo y una injusticia absoluta”, manifestó Alderete y opinó sobre por qué insisten en mantener presos a los manifestantes: “Yo entiendo que tiene que ver con una lógica y una política de amedrentamiento. Es un mensaje claro de que el que se manifiesta públicamente corre el riesgo serio y concreto de terminar preso. Es el mensaje que queda frente a este tipo de situaciones. El objetivo, incluso, es ese. Hay una presión evidente al Poder Judicial para que sean duros con el tema de las detenciones y las prisiones preventivas. No solamente por voceros formales del Gobierno, sino también voceros informales como los periodistas que vociferan que tienen que estar todos presos. La ley argentina y el Código Procesal Penal establecen cuestiones muy concretas y muy claras por las que una persona puede ser privada de su libertad durante el proceso. Por más que conocemos los criterios de los jueces y su cosmovisión política, deberían ser mucho más cuidadosos porque efectivamente es abrir la puerta a la persecución a las personas por lo que piensan. Es una puerta bastante peligrosa de abrir, pero es lo que está ocurriendo”, aseguró Alderete.
El manejo mediático sobre la causa de Romero también fue funcional a esta intentona del Gobierno de plantear una caza de brujas y criminalizar la protesta. Los grandes medios tradicionales se mostraban horrorizados ante el hecho y pedían la inmediata encarcelación del manifestante: “La mayoría de los medios masivos asimilaron la situación de Sebastián de abierta y alta violencia. Todos pedían la detención y la cárcel. Eso se vio desde el principio y, de hecho, se tomó como un elemento simbólico de la violencia en la causa judicial. Se habla de que él es el eje, una de las piezas claves, para poner en jaque al Poder Legislativo. Objetivamente, es un absurdo. Estamos hablando de un trabajador ex automotriz, ex delegado, con datos políticos públicos. Que una persona así se esté planteando como una especie de conspirador en las sombras para poner en jaque al Poder Legislativo es un absurdo. Cuando se plantea la situación judicial de Sebastián Romero, los medios plantean que él está prófugo. Técnicamente él está discutiendo dentro de las vías legales el derecho que tiene a presentarse en un marco de eximición de prisión. Eso no está resuelto. Interpusimos un recurso ante la Cámara de Casación y tenemos una audiencia en breve. Técnicamente no está prófugo, más allá de que haya un pedido de captura que debería estar suspendido frente a la discusión de la eximición de prisión”, explicó el abogado en relación a la información que arrojan algunos medios.
Por último, Alderete habló de una intención del Poder Judicial de querer mostrase igualitario en el castigo a ‘todos los violentos’, por ejemplo con el policía que pasó con su moto por encima de una persona causándole un serio daño, mientras que no existen pruebas de que Romero haya lastimado a nadie pese a la espectacularización de sus imágenes: “Se intenta mostrar cierta ecuanimidad con la detención de este policía que pasó con la moto por arriba a este compañero. Con solo ver la cantidad de filmaciones que hay en las dos manifestaciones uno puede contabilizar decenas y decenas de hechos delictivos cometidos por las fuerzas de seguridad que no pueden calificarse de excesos ni mucho menos y sin embargo no hay ninguna voluntad del Poder Judicial ni del Poder Ejecutivo de perseguir ni castigar esos hechos delictivos. Todo lo contrario. Los policías no tenían la identificación que debían tener, las motos tenían la identificación tapada y el Ministerio de Seguridad no dijo nada. Evidentemente avaló y promovió que eso sea así. El Poder Judicial intenta mostrar cierta ecuanimidad al detener al policía”, cerró Alderete.

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