Cuando David le puede ganar a Goliat

Si bien el modelo extractivista se ha consolidado en este último tiempo, con el uso abusivo de agrotóxicos como consecuencia, existen focos de resistencia que lo denuncian y lo combaten. Como cuando Monsanto se tuvo que ir de la localidad de Malvinas Argentinas, o el fallo reconocido en el Barrio Anexo Ituzaingó, ambos casos en la provincia de Córdoba. En el programa Tengo una idea, Carlos Morchio y Graciela Carballo estuvieron conversando con Darío Ávila, abogado ambientalista, docente de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante de la Red de profesionales de pueblos fumigados, quien defiende y acompaña estas luchas. (Por La Retaguardia)

El histórico fallo de Ituzaingó (Córdoba), sentó precedentes

Darío Ávila se refirió al fallo de Ituzaingó de la provincia de Córdoba: “El caso de Ituzaingó yo siempre digo que tuvo innumerables lecturas.  Primero porque fue el primer juicio que se realizó en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, en el que se puso en discusión y en debate oral y público el modelo de producción agroindustrial imperante en la argentina del año ’95; es decir, desde que ingresó la soja transgénica, el paquete tecnológico compuesto por soja transgénica más los plaguicidas. El caso de Ituzaingó tuvo esa enorme virtud, y se puso en tela de discusión en un debate oral y público, en el cual todas las partes interesadas en este conflicto tuvieron la oportunidad de decir sus cosas, y aportar sus pruebas, y aportar sus evidencias en relación a este modelo. Tanto los que lo denunciábamos como altamente peligroso y contaminante, como aquellos que claramente lo defienden lo sostiene y lo promueven. Digamos, esto fue la principal virtud. ¿Y cuál fue la conclusión de eso?, y que bueno claramente ustedes saben que en este juicio se aplicó por primera vez en Argentina una ley nacional, la 24051, que es la ley de residuos peligrosos. Esa ley data del año 1997 y fijate vos, en la Argentina en el año 2012 se pudo aplicar por primera vez esa ley a través de un fiscal, cuando todos los fiscales en la Argentina tienen la obligación de aplicar esta ley, porque es una ley de orden público”, indicó Ávila. “La misma sanciona con una pena de prisión de 3 a 10 años, a quien utilizando estos productos, los agrotóxicos, contamina de un modo peligroso para la salud, ya sea el agua, el aire o el ambiente en general. En el caso de Ituzaingó, lo que se pudo demostrar a raíz de esta gran lucha titánica que llevaron adelante el grupo de madres del barrio Ituzaingó, quienes fueron las primeras que visibilizaron este problema de las enfermedades asociada al uso de agrotóxicos. Allí se pudo demostrar, en base a los testimonios de los afectados, en base a la evidencia técnica, en base a la evidencia científica, que todos estos productos que se utilizan en los campos son tóxicos, algunos en menor grado, pero son todos tóxicos. Segundo, que una vez que estos productos son liberados al ambiente, contaminan el ambiente, y que a su vez esta práctica es absolutamente incontrolable, porque claramente de acuerdo a la composición química de estos productos, hay algunos que tienen mayor capacidad para gasificar o para volatizarse, es decir para mantenerse suspendidos en el aire. Una vez que uno libera eso al ambiente, se produce un descontrol, que es difícil poder controlarlo porque interviene factores de tipo climático, el viento, la reversión térmica, la temperatura que hace que estos plaguicidas se transporte en el ambiente en cantidades y distancias insospechadas digamos. Y después que esta contaminación afecta a la salud de la ciudadanía. Eso fue lo que claramente se pudo demostrar en el juicio y fue eso  lo que se condenó”, dijo el abogado ambientalista. Acerca del valor de ese falló, indicó: “Ustedes saben que en materia penal, vos para condenar a una persona tenés que tener certeza, tenés que estar plenamente convencido de lo que ocurrió y que las personas que están imputados son las autores de ese hecho. Bueno, aquí se tuvo la certeza de todo lo que yo les acabo de comentar, y por eso se condenó a la pena de prisión en suspenso de 3 años a un productor sojero y al dueño de una empresa implicada. Esa es la primera conclusión, y a partir de ahí, se pudo establecer y quedó sentado como jurisprudencia consolidada en Argentina, que todo aquel que utilice estos productos y en la medida que afecte a la salud de las poblaciones cercanas a estos campos, eso es un delito. Y esto ya ha sido jurisprudencia consolidada, no solamente en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que ha ratificado este fallo por unanimidad, sino que además recientemente La Corte Suprema de la Nación acaba de rechazar el recurso de queja, es decir el último recurso que podían poner como defensa los imputados y por lo tanto este fallo quedó firme y quedó consentido y ya puede ser citado como jurisprudencia en cualquier caso y en cualquier situación similar o parecida de lo que se discutió en Ituzaingo”, aclaró.

Caso Sofía Gatica, un ejemplo de resistencia que se multiplica

En relación a este caso, y más precisamente a la detención que sufrió Gatica en el mes de enero de este año, Ávila agregó más información. “Sofía sigue siendo absolutamente coherente con su lucha en la que la ha servido claramente el reconocimiento de haber sido nominada como premio Goldman en el 2012, en representación de América latina digamos. Ella sigue adelante con su lucha. Esa detención se produjo precisamente en el marco de una discusión judicial que estamos dando junto a los vecinos de Dique Chico (Córdoba)”.
El caso de Gatica despertó la conciencia de otros pueblos, en este sentido el abogado ambientalista nos comentó, “como bien lo señalaban, una de los consecuencias que también se derivaban precisamente del fallo Ituzaingó, es que todos los pueblos que conviven o que están pegados a estos campos que se fumigan, los vecinos empezaron a cuestionar políticamente a sus autoridades, y a comenzar a exigir que tomen medidas de carácter legislativo con el objetivo de alejar la fumigación. Hoy en Córdoba, está permitido fumigar pegado a tu casa, ¿por qué?, porque hay una ley provincial de agroquímicos que dice que cuando la fumigación es terrestre vos podés utilizar los productos menos tóxicos, por ejemplo los clasificados en grado 3 y grado 4. Y dentro de esos grados está incluido el glifosato, que es el más utilizado en la Argentina y que la IAR precisamente los ha clasificado recientemente como probable cancerígeno. Fíjense la gravedad de lo que estamos mencionando. A raíz de ello, Dique Chico ha sancionado una resolución que ha alejado las fumigaciones de la población a 1000 metros. Los productores que se sintieron afectados por esta medida, interpusieron un amparo, y la justicia con criterios que por supuesto rechazamos absolutamente, hizo lugar a una cautelar y permitió a los productores suspendida esa resolución, seguir fumigando”, explicó.
Ávila relató cómo fue la detención de la activista: “En ese contexto, Gatica se acercó a los vecinos de Dique Chico que querían impedir esa fumigación, porque veían que esto claramente les venía afectando la salud de sus hijos, Sofía ingresa a ese campo, es detenida. Y bueno, la verdad que es una aberración tratar de imputarle por el ejercicio de los derechos colectivos, que digamos, la sociedad hace cuando reclama en este sentido el derecho al ambiente sano, a la salud y a la vida. Frente a eso, la justicia responda con represión y con detención de los líderes y estos luchadores sociales imputándoles estos delitos de resistencia a la autoridad y violación de la propiedad privada. Cuando uno sabe que, la propiedad no es un derecho ilimitado sino que también tiene una función social. Cuando yo, en el ejercicio de esta propiedad estoy vulnerando un derecho de terceros como el derecho a la salud, ese derecho debe ser limitado y restringido. Bueno, lamentablemente esta es una discusión que se tiene que dar. Y hoy estamos frente a esta situación de tener que salir a ejercer la defensa técnica de Sofía por encontrarse involucrada frente a una imputación que es absolutamente injusta, claramente”.

Una masa crítica

Frente a la consulta de si es posible la lucha contra el capitalismo salvaje que parece no tener freno ante el avance de la contaminación y por ende la muerte, Ávila fue claro: “Sí uno no tuviera la convicción de revertir este proceso de profundización de este capitalismo salvaje, contaminante y absolutamente depredador, claramente hoy podemos decir que ha habido un crecimiento en cuanto a la concientización de estos problemas. Hoy ya es más fácilmente poder asociar y visibilizar que el problema del Pilcomayo en Salta, que es la segunda vez que ocurre, porque en Tartagal es el antecedente primero que se dio y que precisamente la inundación de Tartagal, es la que dio origen a la creación de los bosques nativos.  Hoy la gente tiene una conciencia respecto de estos problemas, de que el desmonte es para seguir agrandando o incrementando la frontera agropecuaria, porque Salta está haciendo eso: están desmontando para seguir metiendo más soja transgénica. En Córdoba, nos ha pasado también en el 2015 con las sierras chicas. En Salta, ha pasado ahora, la mortandad de los peces en el río Paraná, a raíz de la lluvia, y como la lluvia arrasa esos agrotóxicos, que terminan en nuestros ríos y generan la mortandad de nuestros peces por la contaminación, esto hoy ya la gente lo visibiliza y lo puede asociar. Y esto está generando de manera absolutamente espontánea la reacción de una masa crítica social que ya no compra más espejitos de colores, que se nos intenta imponer, que se nos quiere hacer creer que este es el progreso, y el desarrollo. Y lo que estamos haciendo es transformándonos en el gran mercado granero y para apalear el hambre en el mundo, la gente ya ante esas frases hechas ya han perdido absoluta credibilidad frente a la población y a la ciudadanía. Que ven claramente como este modelo está destruyendo nuestros bienes, nuestros recursos. Y se están organizando. A mí me acaba de llegar un mensaje de vecinos de Paraná (Entre Ríos) que se han organizado para ver cómo recolectan muestras y como tienen que hacer para ir hacer la denuncia penal para que se investigue esto de la mortandad de los peces. Hay un mayor acceso a la información, y esto ha generado la existencia de focos de resistencia en contra de este modelo. Y a la par, la agroecología que viene ganando territorio por suerte y gracias a esta lucha. Estamos viendo como de pronto volver a generar alimentos saludables con ese paradigma que nunca debió haberse abandonado, prácticamente que viene de prácticas ancestrales de nuestros campesinos y pueblos originarios. Hoy lo estamos viendo como que hay también una demanda creciente a esa producción de alimentos sanos. Y me parece que conjugando todos estos factores, producción agroecológica, resistencia social, acceso a la información, estamos generando una resistencia muy consolidada, muy fuerte y que va en pronto crecimiento por suerte”, finalizó.