7 mar. 2018



En el programa Sueños Posibles, Alfredo Grande dialogó con Martha Rosenberg, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La activista por los derechos de las mujeres explicó en qué casos el aborto está legalizado en la actualidad, cuáles son los planteos que hacen desde la Campaña para la discusión parlamentaria, qué rol cumplieron las gestiones de gobierno actual y anterior y qué implicancia tiene para este debate el hecho político histórico del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans que se desarrollará mañana. (Por La Retaguardia)

"La implicancia política de este paro tiene que ver con un auge de las demandas del movimiento feminista y de mujeres a nivel mundial. Por eso el paro es global y se hace en más de cincuenta países. Este año parece que tiene muchísima más adhesión y repercusión. Este paro fue elaborado teniendo en cuenta los paros que hicimos en Argentina, el primero fue el 19 de octubre. Las mujeres pararon cuando ninguna central sindical había parado todavía contra el gobierno. También se funda mucho a nivel de experiencia positiva en el movimiento contra la violencia hacia las mujeres que convocó hace dos años las marchas por Ni Una Menos, que fueron multitudinarias. La convocatoria fue enormemente productiva y hubo una marcha como de 200 mil personas. El movimiento de mujeres y feministas viene muy activo porque entre otras cosas tenemos anualmente los Encuentros Nacionales de Mujeres que son muy concurridos. Ya vamos hacia el número 33 y se sostiene un movimiento federal, transversal y multitudinario. Todos los años son cuarenta mil o cincuenta mil mujeres, y recién se publica información en la prensa en los últimos años. Esta es toda la plataforma, el fundamento: de aquellos lodos vienen estos barros", graficó. "En este momento, la convocatoria se produce en la coyuntura del Día Internacional de las Mujeres. Los despidos, los ajustes económicos, el trabajo precario, la diferencia salarial entre mujeres y varones. Hay una situación en la que las mujeres son especialmente afectadas por todas las medidas económicas. La disminución de las jubilaciones, la inflación. Todo recae de una manera muy pesada sobre las vidas de las mujeres porque son las encargadas de la supervivencia, de mantener funcionando hogares que encuentran cada vez más dificultades. Tienen que salir a demandar medidas para remediar esta situación. El 8M recoge toda esta ebullición, además de un componente muy importante con el que yo estoy especialmente ligada: el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hace trece años peleamos por la legalización del aborto voluntario y por la educación sexual integral y el acceso a anticonceptivos gratuitos en los servicios públicos", enumeró Rosenberg.
"Logramos enormes progresos en la discusión, la difusión, el trabajo, la concientización social sobre el tema del derecho al aborto. Qué significa ese derecho desde el punto te vista de las vidas y posibilidades de igualdad para las mujeres. Los trece años de la Campaña son trece años de hacer conferencias, talleres, cátedras, seminarios, libros, entrevistas. La sociedad viene debatiendo esto y somos protagonistas de ese debate. Hemos logrado un alto grado de despenalización social de la práctica del aborto y por eso ahora aparece como un espacio tomado como posible de ampliación política para el gobierno de Macri. Es un piso políticamente importante. Durante el gobierno de Cristina, lo que ocurrió es que hicimos todo esto pero, un aspecto fundamental de nuestra campaña que es la pelea por la legalización, por que haya una ley que permita que las mujeres que aborten en nuestro país, que son alrededor de 500 mil por año, estén protegidas en su derecho a la salud, a la autonomía, a la libertad de decisión sobre sus cuerpos, sus vidas y sus proyectos, a planificar su familia. Hay derechos que tienen que ser protegidos por la legalización del aborto. Hay otro aspecto muy importante que es el tema del aborto como problema de salud pública, que son las muertes y las secuelas que tienen los abortos practicados de manera peligrosa e insegura, sin protección de los servicios médicos correspondientes. En los países en los que es legal no tiene consecuencias mortales, no hay mortalidad de mujeres por aborto", informó y ejemplificó con los casos de Uruguay y Canadá.
"La objeción de conciencia hoy es un refugio de los médicos para no realizar los abortos legales que en nuestro país existen hace noventa años en el artículo 86 del Código Penal: "El aborto no será punible si se realiza por un embarazo fruto de violación o por peligro para la salud y la vida de la mujer". Ese artículo que no se cumple como debería cumplirse fue objeto de un fallo de la Corte Suprema de la Nación en el año 2012, donde ante un caso de un aborto no punible que fue negado primero a una chica de 14 años que tenía un déficit intelectual y había sido violada por su padrastro. Este era un aborto no punible según la ley pero fue denegado y la causa siguió su curso hasta llegar al máximo tribunal. En el fallo, se establece la constitucionalidad del artículo 86. Es decir, de los abortos no punibles. También se explica de qué manera deben proceder los prestadores médicos cuando se encontraban ante una demanda de un aborto no punible: no debe ser judicializado, que no debe ser demorado, que basta en el caso de violación la declaración jurada de la mujer, que el médico tiene que actuar en los casos indicados", explicó. "Antes había un protocolo del ministerio de Salud para los abortos no punibles que fue cambiando, reformulándose en estos años y la Corte recomendó que se adopte ese protocolo y que las provincias dictaran los propios acorde al fallo. Esto ocurrió en algunas provincias y en otras, federalismo mediante, no. No adhirieron al protocolo ni hicieron los propios. Es decir que en los casos de los abortos legales hay formas ilegales de eludirlos u omitirlos. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el tema estaba excluido de la agenda parlamentaria por vocación y disposición de la presidencia. Ahora llega por una propuesta del presidente, que me parece muy bien pero no hacía falta desde el punto de vista de que el poder legislativo es autónomo. En los dos casos tienen que ver los acuerdos con la comisión episcopal. Me da la impresión, de todas maneras, de que hemos ganado cierto espacio hasta en la comisión episcopal, que en su declaración termina recomendando educación sexual integral y acceso gratuito a los anticonceptivos. Siempre se opusieron y fueron el obstáculo mayor a esas dos cuestiones fundamentales para tener una política sobre salud y derechos reproductivos para las mujeres", cerró Rosenberg.

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