2 mar. 2018



Las viviendas fueron construidas con el objetivo de relocalizar a las familias que ocupaban territorios en el camino de la Ribera en la cuenca del Riachuelo. Actualmente, el responsable es el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, aunque las obras fueron llevadas a cabo en principio por la Fundación Sueños Compartidos y luego por una empresa privada. Hay paredes electrocutadas, filtraciones de agua, instalaciones mal hechas, edificios de hasta siete pisos sin ascensores, sin salidas de emergencia, sin planes de obra ni escrituras. Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explicó a Luis Angió y Rosaura Barletta en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, qué le exigen los vecinos al gobierno y qué respuestas recibieron. (Por La Retaguardia)

Foto: observatoriociudad.org

"Denunciamos la situación en la que se encuentran distintos complejos urbanos o habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires. También para aprender de errores o evitarlos ahora que el gobierno decidió avanzar con la urbanización de villas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuevamente, el modelo de organización es construyendo estos complejos. Lo que queremos es poner a disposición la información con que contamos para solucionar estos errores porque se fue olvidando la situación de precarierdad e inhabitabilidad de algunos lugares. Uno de los casos paradigmáticos es un complejo urbano creado hace unos cinco años. Es el barrio Padre Mugica, al lado de la villa 19 en el barrio Inta", explicó Baldiviezo. "Ese complejo fue construido para relocalizar por orden de la justicia a las familias que ocupaban el camino de la Rivera en la cuenca del Riachuelo. La construcción de los edificios comenzó a cargo de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, hubo varios vaivenes por las denuncias de corrupción, así que pasaron a manos de una empresa privada durante la gestión de Mauricio Macri y bajo la competencia del IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad)", señaló.

Condiciones infrahumanas

"A las familias las relocalizaron sin tener escritura, planos. Es difícil chequear con qué materiales fueron construidos porque no hay planes de obra. No hay información catastral. No funcionan los consorcios. Imaginen 700 viviendas funcionando sin tener consorcios. Eso va en detrimento de los edificios, que además tienen falencias de construcción bastante graves. Hay filtraciones de agua. Hay muchas paredes que las familias han retirado o sacado, pero nadie les informó que las paredes funcionan como columnas: son paredes portantes. Algunas están electrocutadas", advirtió Baldiviezo. "No hay salidas de emergencia para los incendios. Han ocurrido incendios en esos edificios donde de milagro no murieron personas porque quedaron encerradas con el humo. Tuvieron que tirarse de primeros o segundos pisos. Hubo rotura de techos donde cayeron cocinas y bañaderas de un piso a otro. Eso demuestra la gravedad de la situación de habitabilidad que viven las familias allí. Lamentablemente, el gobierno destina grandes presupuestos en el avance de la construcción de nuevos complejos pero no destina presupuesto para solucionar los problemas de estas familias, que es su responsabilidad", insistió el representante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. "Se encuentran en una situación de abandono en estas condiciones y sin tener respuestas al día de hoy. El presidente del IVC, a finales del año pasado se había comprometido con las familias a destinar presupuesto del IVC si nación no autorizaba la remisión de presupuesto hasta enero de este año. Finalizó enero de este año, Nación no aprobó el envío de dinero para estas obras que son bastante profundas y de restauración de los edificios", explicó. "El IVC no cumplió con su compromiso tampoco y por eso justamente lo que estamos haciendo es denunciando esta situación como abandono de personas porque esta condición de vulneración de estas familias fue creada por el gobierno. El gobierno es quien construyó sin controlar estas obras, sin dar mantenimiento y es el que ubicó a las familias en estas viviendas mal construidas. El gobierno y sus funcionarios son responsables de las lesiones a la salud o a la vida que puedan sufrir las familias que viven en estos complejos", señaló sobre el peligro que corren los vecinos.

La obra

"No sabemos bien cuál fue la distribución del trabajo, es decir, hasta dónde había avanzado la Fundación Madres (en realidad, Sueños Compartidos, del sector que lidera Hebe de Bonafini). Lo que los propios funcionarios del IVC nos dijeron es que estos edificios no tienen planos registrados. Cada edificio tiene alrededor de siete pisos, dejaron los huecos de los ascensores y en algunos hay ascensores que no funcionan. Las personas tienen que subirlos a pie, e incluso como hay problemas de cañerías a veces deben subirlos con el agua", relató Baldiviezo.
"El gobierno hizo un diagnóstico superficial para ver cómo solucionaba uno de los problemas más grandes, que es el de las filtraciones porque se filtraba agua de los techos superiores a todos los pisos. Lo que no hizo, y es algo que estamos pidiendo, es un diagnóstico estructural. De si estos edificios van a soportar tiempo o va a haber derrumbes. Esa es la condición básica para saber si se va a destinar presupuesto para mejorarlos o directamente hay que construirlos nuevamente, localizar a las familias en otros y estos demolerlos", explicó. "Las malas condiciones en las que fueron construidos no se dimensionan del todo, se ven las consecuencias pero no se sabe la magnitud de las causas. El gobierno debería hacer un verdadero estudio estructural antes de comenzar las obras y esto es lo que no hicieron. La característica del sistema constructivo no es tradicional con columnas o bloques, porque cada pared es un soporte. Las paredes tienen dos placas de hierro y, en el medio, telgopor. Hay muchas partes en las que se rompieron, entraron ratas, comieron el telgopor y no se sabe el estado de lo que no se ve del edificio. Los vecinos se vienen organizando por edificio para solucionar algunos problemas aunque no existan consorcios formales", destacó.
"A este informe lo presentamos el año pasado al IVC, que fue, vio la gravedad de la situación que conocen hace tiempo y se comprometieron a disponer el presupuesto. Lo hacemos público ahora porque vemos que esa palabra, ese compromiso no fue respetado. Por eso los hacemos responsables de lo que pueda pasar a esos niños y familias que viven en los edificios. Hay casos extremos de paredes electrocutadas: los vecinos se van informando cuáles son para evitar que los niños y ellos mismos se electrocuten", contó. "En cualquier momento puede haber una persona que fallezca por estas situaciones, que tenga heridas graves. Ya hubo incendios y personas que tuvieron que tirarse de un primer, segundo piso, personas que se cayeron de las escaleras, personas que se electrocutaron pero no fallecieron. El riesgo es extremadamente alto, por eso los funcionarios tienen responsabilidad penal. Por cuestiones políticas, deciden destinar presupuestos a otras áreas y no a resolver estos problemas que ponen en peligro a cientos de familias", denunció Baldiviezo.


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