16 mar. 2018




El genocida, que había conseguido el beneficio de la prisión domiciliara a fines del año pasado y como parte de un plan del gobierno para liberar genocidas, deberá retornar a la cárcel. Así lo decidió la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Ayer por la mañana se habían realizado dos audiencias ante Casación, en la que las querellas de La Plata y de Puente12/Vesubio, representadas por Guadalupe Godoy y Pablo Llonto respectivamente, entregaron sus argumentaciones. El Servicio Penitenciario Federal había sugerido especialmente que se le otorgara el beneficio, aduciendo urgencias sanitarias. Ese documento que La Retaguardia publicó la semana pasada fue parte de las argumentaciones presentadas. Los organismos de derechos humanos, vecinos y vecinas del Bosque Peralta Ramos, organizaciones sociales y políticas, que se mantuvieron movilizados casi desde la efectivización misma de la domiciliaria, celebran la vuelta atrás de un acto vergonzante de la justicia. (Por La Retaguardia)

El siluetazo realizado en enero en el Bosque Peralta Ramos, una de las tantas movidas para conseguir lo que falló la Cármara. (Foto de Agustina Salinas para La Retaguardia)
La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, compuesta por Mariano Hernán Borinsky como
Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos como vocales, La Cámara rechazó la excusa de la salud de manera contundente: "En cuanto al estado de salud de Miguel
Osvaldo Etchecolatz ––supuesto también invocado por el a quo para conceder el arresto domiciliario-, cabe señalar que los informes confeccionados por el Cuerpo Médico Forense obrantes a fs. 693/695 y fs. 701/704, dan cuenta de las patologías que padece el imputado. Sin embargo, tal como fuera señalado por los impugnantes en sus recursos de casación, de dichos informes no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penintenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para
atender sus patologías". De esta manera además, deja expuesta la maniobra del Servicio Penitenciario Federal, que la semana pasada publicó La Retaguardia, donde el SPF pedía "destacar (del listado de personas propuestas para domiciliarias, entre ellas 110 genocidas), por su delicada situación, aquellos internos pacientes con Patología terminal, como así también aquellos que se encuentran con pronóstico reservado". Casación dice ahora que eso no es cierto y alguien debería hacerse cargo de semejante responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del asunto: que un genocida esté con prisión domiciliaria implica, en el mejor de los casos, que sus movimientos estén controlados por la tobillera electrónica, pero se dejan de controlar las visitas, las reuniones y los posibles planes criminales de gente que jamás demostró arrepentimiento alguno y, en cambio, sí demostraron ser capaces de cualquier cosa para escapar el alcance de la justicia.
El fallo de la Sala IV por ahora solo remite a la causa conocida como Puente 12/Vesubio, ahora en trámite ante el TOF de San Martín. Todavía tiene que resolver sobre las domiciliarias que le fueron concedidas en La Plata. Aunque ya con una revocada, el genocida no podrá evitar regresar a la que nunca debió dejar de ser su casa: la cárcel común, perpetua y efectiva.
Ahora resta saber si, revocada la domiciliaria más simbólica, la de Etchecolatz, también se revocan las restantes 16 que fueron otorgadas en noviembre y diciembre, tras el plan del gobierno para mandarlos a sus casas bajo la excusa del hacinamiento en las cárceles, cuestión que los genocidas no sufren porque están en pabellones especiales. Saber que pasará con el resto, nos ayudará a entender si nos entregaron a Etchecolatz para poder seguir liberando por goteo al resto o si, efectivamente, el gobierno vuelve atràs y los genocidas permanecen en las cárceles.

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