18 mar. 2018




Analizamos en detalle el fallo de Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al recurso de la querella presentado por el doctor Pablo Llonto y la fiscal María Ángeles Ramos para revocar la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz en la causa conocida como Puente 12/Vesubio. ¿Con qué argumentos el juez Gemignani votó en contra? El testimonio de la abogada querellante Guadalupe Godoy. (Por Diego Adur y Fernando Tebele para La Retaguardia)

Foto: Etchecolatz deja el boque para volver tras las rejas. (Marcelo Núñez)

La revocatoria de la domiciliaria que devuelve al ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante el Terrorismo de Estado a la cárcel común, perpetua y efectiva, fue resuelta por mayoría con los votos del presidente del Tribunal, el doctor Mariano Hernán Borinsky y el vocal, doctor Gustavo M. Hornos. El juez Juan Carlos Gemignani, el otro vocal, votó en contra de que se le quitara la prisión domiciliaria al represor.
En el fallo, los votos de los jueces Borinsky y Hornos hacen hincapié en los recursos presentados por la querella y la fiscalía donde expresan que el estado de salud Etchecolatz no impide que el genocida pueda atenderse en el Hospital Penitenciario Central, según afirman los informes del Cuerpo Médico Forense. Esos informes fueron pasados por alto cuando el beneficio le fue otorgado. Cumplir con el rango etario, dicen los magistrados, tampoco requiere que el imputado pueda acceder automáticamente a la prisión domiciliaria.
El fallo hace referencia a las presentaciones de la querella que “consideró que el auto recurrido aplicó erróneamente la ley sustantiva y que fue dictado sin la debida fundamentación” ya que “vulneró el principio de razonabilidad, la garantía del debido proceso legal y el derecho a la tutela judicial efectiva”. La querella advirtió un “escándalo jurídico” porque el beneficio fue otorgado “basándose sólo en el hecho de que el imputado tiene dolencias y afecciones” como también las tienen “todos los presos comunes que no han cometido delitos de lesa humanidad”. Se basaron en que el genocida en prisión gozaba de “atención médica cercana y adecuada” y se encontraba “deambulando por sus propios medios”. El recurso de la querella también “destacó que el encierro de Etchecolatz es necesario a fin de asegurarse que el imputado no realice más conductas graves como poner en riesgo o causar daños a los testigos-víctimas del caso o seguir su largo camino de destruir pruebas”. Basándose en la ley de protección de víctimas manifestó que “Etchecolatz en su domicilio es una causal de peligro para las víctimas y la decisión de colocarlo en su domicilio en Mar del Plata con la posibilidad de manejo de conexiones, contactos, comunicaciones, recibir visitas sin control y otros beneficios más, colocan en situación de vulnerabilidad a todas las víctimas”.
La fiscalía, a cargo de María Ángeles Ramos, hizo el razonamiento de pensar  “por qué habría menos riesgos en su casa, fuera de cualquier control estatal” y se pregunta por qué “los informes de los médicos del Servicio Penitenciario Federal pesaban más que las opiniones de peritos expertos del Cuerpo Médico Forense e incluso los de parte que sostuvieron que las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención”. Este punto fue determinante al sentenciar que “Etchecolatz estaba siendo atendido correctamente y que su salud y su integridad no estaban en riesgo”.
Casación también tomó en cuenta que el genocida “ya había gozado de un arresto domiciliario concedido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata que le fue revocado en el año 2006 al verificarse que poseía armas de fuego en su vivienda, cuestión que fue ignorada en la resolución”.
Sabemos que Miguel Etchecolatz no es un genocida cualquiera, sino que, como bien destacó la fiscalía, “ha formado parte de uno de los aparatos de inteligencia represivo estatal más importantes de los que operaron durante la última dictadura”, incluso dirigiéndolo.
Otro de los motivos apuntados por la querella para solicitar la revocatoria del beneficio fue expresar que una de las víctimas de Etchecolatz era vecina del genocida y hacer hincapié en “el derecho que tiene la víctima a no tener que soportar la presencia de su agresor”, destacando la gravedad del asunto y que “el daño al querellante que reside en el mismo barrio que Etchecolatz es una realidad”. Además expresó que es un “deber y preocupación del Ministerio Público garantizar y hacer garantizar los derechos de las víctimas, especialmente en materia de crímenes de lesa humanidad”.

La votación de los jueces

Como señalamos, Juan Carlos Gemignani fue quien votó en disidencia para tratar de impedir que se le revocara el beneficio de la domiciliaria a Etchecolatz. Si bien el juez admitió que “el Estado argentino debe adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura que azotó a nuestra sociedad”, sostuvo que “deberá evaluarse la concesión del beneficio del arresto domiciliario, sin otra distinción que la que establece la ley”. Sus argumentos giraron en torno a que “los padecimientos de salud del imputado se mantienen incólumes, pero con una alta posibilidad de agravamiento”.
Gemignani se refirió al Terrorismo de Estado como “la maquinaria estatal de represión y aniquilamiento de los elementos subversivos durante el último golpe institucional en nuestro país” y se basó en “los principios constitucionales de legalidad formal” para asegurar que “ello no puede jamás conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado”.
En definitiva, para Gemignani, las condiciones de salud de Etchecolatz –que los otros jueces, avalados por el Cuerpo Médico Forense, determinaron que no requerían internación y podían ser bien tratadas en el Hospital Penitenciario Central- pesan más que su rol determinante en el plan de exterminio que llevó a cabo el Estado argentino durante el último golpe cívico-eclesiástico-militar para brindarle el beneficio de la prisión domiciliaria. “Dichas particularidades me llevan, indefectiblemente, a mantener mi postura y convalidar lo resuelto por Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6, por constituir un producto lógico y ecuánime entre los derechos del imputado, sus características personales y las particulares circunstancias del presente caso, correspondiendo confirmar, entonces el arresto domiciliario que le fue otorgado a Etchecolatz, como un modo menos lesivo que el encarcelamiento que viene cumpliendo, sobre la base de estrictas razones humanitarias, atento las razones probadas y fundadas de salud esgrimidas”, y así “RECHAZAR los recursos de casación interpuestos”, expresó.
Por su parte, el juez Mariano Hernán Borinsky tomó en cuenta lo que expuso Fiscalía respecto a considerar más los informes de los médicos del Servicio Penitenciario Federal que la opinión del Cuerpo Médico Forense y resaltó que “si bien se contó con los dictámenes de los peritos oficiales, aquéllos no fueron considerados por los jueces”. Coincidió también en que la estadía del genocida en el Hospital Penitenciario no representa un hecho perjudicial para su salud ya que allí “recibió atención médica las 24 horas y sus dolencias crónicas fueron tratadas adecuadamente”. Además informó que, según el Cuerpo Médico Forense, “las afecciones del imputado no requieren internación” y los controles “pueden ser efectuados en su lugar de detención”.
El magistrado consideró el papel del genocida durante el terrorismo de Estado y advirtió que desde su domicilio “tendría posibilidades de conservar cierto ascendente o poder para eliminar pruebas o rastros que lo incriminen, y de tal modo evadir o entorpecer el accionar de la justicia”.
Borinsky fue determinante a la hora de señalar que la edad del genocida no le permite acceder automáticamente al beneficio de la prisión domiciliaria: “Miguel Osvaldo Etchecolatz tiene 88 años de edad- circunstancia que valoraron los jueces de la anterior instancia para sustentar su decisión…Sin embargo, como ya he tenido ocasión de señalar, dicho extremo no justifica la concesión automática de la prisión domiciliaria”, afirmó.
También aseguró que de los informes del Cuerpo Médico Forense se desprende que “no se advierte impedimento alguno para que el nombrado permanezca en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención médica, el tratamiento y los controles que sean necesarios para atender sus patologías”
Se refirió a los jueces del TOF 6 que otorgaron el beneficio y pronunció el “especial deber de cuidado que pesa sobre los magistrados para neutralizar toda posibilidad de fuga en los procesos en los que se juzgan delitos calificados de lesa humanidad y las implicancias que ello tiene con relación a su posibilidad de sustraerse al proceso”.
Su voto positivo para la revocatoria también se basó en el hecho de que en el año 2006 le hayan encontrado al genocida armas de fuego en su domicilio y en “la necesidad de que se le brinde un real tratamiento a las objeciones que el Ministerio Público Fiscal esgrimiera al respecto”.
El juez Gustavo M. Hornos es el otro jie5z que votó a favor de la revocatoria al beneficio al que accedió el genocida: “Más allá de la edad que tiene el interno y de las patologías que sufre, el otorgamiento de la prisión domiciliaria es una decisión jurisdiccional que no puede tomarse de manera automática o irreflexiva”, reconoció el magistrado.
El juez también resaltó que las condiciones de salud del genocida podían ser atendidas en el Hospital Penitenciario. Aseguró que “los informes del Cuerpo Médico Forense” son “de realización ineludible” y confirmó que las afecciones de Etchecolatz no requieren internación.
Coincidió con el juez Borinsky en señalar que “en la resolución impugnada se ha efectuado una irrazonable y arbitraria valoración de las conclusiones citadas a las que arribó el mencionado cuerpo especialista. Conclusiones que evidenciaban las posibilidades con las que cuenta Etchecolatz para permanecer detenido dentro de un establecimiento penitenciario, recibiendo la debida atención, tratamientos y controles que sean resultan necesarios para sus patologías”. En resumen, el Cuerpo Médico Forense afirmó que el genocida puede ser tratado y atendido de manera eficiente estando dentro el penal y no es necesaria ni justificada su prisión domiciliaria como había recomendado el Servicio Penitenciario Federal.
“Así, las constancias médicas obrantes en autos ponen de manifiesto que, en las circunstancias actuales, corresponde revocar el arresto domiciliario concedido a Miguel Osvaldo Etchecolatz desde esta instancia”, concluyó el juez Hornos.
Entonces, este fallo resuelto por mayoría por el Tribunal de la Cámara de Casación revocó la resolución que beneficiaba a Etchecolatz con la prisión domiciliaria. El genocida vuelve a la cárcel, de la que nunca tendría que haber salido.

Las audiencias en Comodoro Py

Dos audiencias se desarrollaron en los tribunales de Comodoro Py durante la mañana del pasado jueves. Una de las querellas, era la del doctor Llonto y la fiscal Ramos, la causa Vesubio-Puente 12 por la que se dictó la revocatoria. La otra querellante presente fue Guadalupe Godoy, por las causas de La Plata. En diálogo con La Retaguardia, Godoy retrató el color y el entusiasmo que hubo ese día: “Éramos muchos en Comodoro Py, no esperaban que hubiera tantas personas. Entramos todos. La mayoría de las personas presentes eran víctimas por los cuáles fue juzgado Etchecolatz y vecinos de Mar del Plata nucleados en la agrupación Vecinos sin genocidas, habitantes del Bosque Peralta Ramos. También estuvo presente Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices y Marta Ungaro (hermana de Horacio Ungaro, desaparecido).
Godoy contó acerca de la recomendación especial del SPF para otorgarle la domiciliaria a Etchecolaz y cómo manipularon los informes para lograrlo: “Uno de los puntos que expresamos es cómo se veía dentro de los expedientes la permanente presión que el Servicio Penitenciario Federal realizaba sobre el Poder Judicial para que se le otorgara la domiciliaria a Etchecolatz. Cuando le otorgaron la domiciliaria una de las cuestiones era el agravamiento de su salud por una huelga de hambre y la pérdida de 6 kilos. Cuando empezamos a mirar detalladamente los expedientes veíamos que el Cuerpo Médico Forense en todos los exámenes que le había hecho informaba un peso que oscilaba siempre entre los 67 y 65 kilos. Cuando Etchecolatz inició la huelga de hambre, el SPF informó un peso inicial de 73 kilos. Entonces, rápidamente a los pocos días, una pérdida de peso que llega a los 66. Es decir, al peso que el Cuerpo Médico Forense había informado durante meses cada vez que le hacía un control. Eso originó una causa donde se está investigando la responsabilidad de los médicos del SPF”, expresó.
Además, se refirió al rol del Estado en este plan específico para liberar genocidas: “Salvo que seamos muy distraídos no podemos omitir el rol que tiene el Ministerio de Justicia. No hay posibilidad de que el Servicio Penitenciario Federal mande mail a los tribunales orales recomendándoles a quiénes tiene que liberar si no hay un aval claro del Ministerio de Justicia. A partir de la publicación de estas notas- de La Retaguardia-, los comunicados del SPF fueron circulados a través de los operadores de prensa del Ministerio de Justicia".
Godoy aseveró que de existir el plan de gobierno tampoco sería una novedad. "Lo que estuvimos denunciando todo esto tiempo se materializa. Hay un acuerdo. Este gobierno sabe que la sociedad argentina no resiste un indulto ni una amnistía y por lo tanto los juicios tienen que continuar. Han decidido que continúen a cuentagotas, desmantelando todas las políticas públicas que había en función de los juicios de lesa humanidad, que continúen sin la investigación de responsabilidades civiles y que continúen con los genocidas en su casa”, aseguró Godoy en el programa Oral y Público por Radio La Retaguardia.
Estas son las razones técnicas y jurídicas por las que Etchecolatz volvió a la cárcel. Como apunta Godoy, estas formas si se quiere más sutiles de libertad, como sería la domiciliaria, responden al modo ensayo-nivel de resistencia que el gobierno suele utilizar cuando toma una decisión que sabe que generará resistencias. Aquí han jugado claramente las innumerables manifestaciones de rechazo realizadas en contra de la domiciliaria de Etchecolatz. Y queda también espacio para pensar que el escandalete de la maniobra de utilizar al SPF, para que lleve adelante la estrategia de abrir las cárceles por hacinamiento y meter en el medio a los de lesa que no están hacinados, se termino de caer con la recomendación especial para liberar a Etchecolatz que publicamos la semana pasada. Entonces la justicia, la misma que lo consideraba un pobre viejito en fase enfermedad terminal, hoy vuelve a consideralo un genocida peligroso. En el medio quedan, como actores fundamenteales, la gente en la calle y los escándalos de prensa.


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