7 may. 2018

  

El polémico proyecto ya fue aprobado por la Legislatura porteña, pero eso no es lo más grave. En conferencia de prensa, diputados de la oposición y organizaciones sociales denunciaron que Cambiemos se dio una estrategia para convencer -o extorsionar, o comprar- a periodistas y ONG's. Andrea Conde, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el bloque de Unidad Ciudadana, dialogó con Cristina Varela y Luis Angió en el programa Oíd Mortales y en La Retaguardia, Facundo Di Filippo, ex legislador, dialogó con Fernando Tebele. En este proceso puede verse claramente cómo se construye una ley dentro del sistema actual. (Por Luis Angió, Fernando Tebele y Rosaura Barletta para La Retaguardia)

Las fotos de este informe son parte de la filtración de un plan del gobierno exhibido por legisladores y militantes sociales.


La mano de Durán Barba

"Amigo de la casa", sentencia una de las columnas del recuadro de ONG's que el gobierno de la Ciudad consignó en el archivo filtrado para armar un ejército de lobbistas de la incineración de basura. "MUY crítico de la gestión ambiental y social del gobierno. Uno de los militantes en contra de la incineración", reconoce sobre otro dirigente ambiental este trabajo de inteligencia. Periodistas: "Habrá que ver si acepta cambiar (o morigerar) su posición a cambio de algún acuerdo de pauta para sus medios", sincera obscenamente el recuadro sobre comunicadores pasibles de defender la modificación de la ley.
Este archivo filtrado no sólo contiene un listado de consideraciones sobre periodistas y organizaciones a convencer -o extorsionar, o sobornar-, sino también una serie de estrategias comunicacionales para hacer pasar la ley a la ciudadanía. Legisladores de la oposición y organizaciones ambientales y sociales lo denunciaron en conferencia de prensa: "Participaron cooperativas de cartoneros, doce legisladores de tres bloques de oposición (FIT, Suma + y Unidad Ciudadana), organizaciones ambientalistas y diversos activistas sociales. Hicimos la presentación de una filtración que se produjo del gobierno de la Ciudad en la que se dieron a conocer algunos archivos de trabajo interno del propio gobierno, principalmente de la Agencia de Protección Ambiental. Esto comprueba cómo el gobierno comenzó una campaña a partir de diciembre del año pasado que durará hasta diciembre de este año. La finalidad es tener concensionada a empresas privadas la incineración de la basura. También se ve la manipulación de la información pública, cómo se intenta confundir a la población enviando una cantidad de proyectos a la legislatura. También se coaccionó a periodistas invitándolos a viajes para promover notas a favor de esta política. A otros, que son críticos, se les iba a proponer la pauta oficial para comprar su voluntad. Así aparecen una gran cantidad de periodistas en este listado. A otros se los buscaba presionar dado que trabajan para medios públicos. Fue una radiografía bastante cruda de cómo el gobierno de la Ciudad inicia una campaña de este estilo con el objetivo y la firme convicción de modificar esta ley por intereses propios y ajenos, que son los del sector privado", explicó el ex legislador Facundo Di Filippo.

La etapa fundamental: crear consenso social a través de los medios amigos.
Medios y periodistas 

Di Filippo explicó por qué la denuncia realizada en conferencia de prensa mantuvo a los periodistas nombrados en el documento filtrado en el anonimato: "No dimos los nombres de los periodistas consignados en el documento filtrado porque lo que se dice sobre ellos ahí es lo que dice el gobierno de la Ciudad y nosotros no sabemos si esos periodistas están a la venta o no. No queremos violar el derecho a la intimidad en los términos en los que se maneja el gobierno de la Ciudad, que son bastante deleznables por cierto. A algunos periodistas los tilda de enemigos, de medios opositores, a otros los tilda de amigos, sobre otros dice que ya trabajan para el Estado, sobre otros, que serían influenciables y que pueden contar con ellos para la difusión de estas campañas. En otros casos, consideran que pueden cambiarles la voluntad con la entrega de publicidad oficial. Como son situaciones tan variadas, decidimos preservar los nombres y que en todo caso lo investigue la justicia cuando hagamos la presentación pertinente, que no sólo seguirá el origen de estos archivos sino si el gobierno de la Ciudad efectivamente asignó pauta para estos medios que allí aparecen detallados. Sí aparecen La Nación y Clarín identificados como dos medios de comunicación hegemónicos, que por cierto faltaron a la convocatoria de hoy para cubrir esta noticia. También aparecen algunos diarios como Infobae. Ya sabemos que tienen esta cuestión proactiva de comunicar que por momentos se convierten en 'house organ' del gobierno de la Ciudad".


Sesión escandalosa y van...

La conferencia de prensa y posterior denuncia penal que realizaron legisladoras y legisladores de diversos bloques el miércoles no consiguió impedir que al día siguiente sesionara la Legislatura y se pusiera en tratamiento “el Despacho N° 87/20 que tiene por objeto modificar la Ley N° 1854 - Basura Cero autorizando la incineración de residuos urbanos con recuperación de energía (´valorización´)”.
La votación en general fue de 36 afirmativos contra 22 negativos, sobre una presencia de 58 diputados/as. El oficialismo tiene 34 legisladores/as propios por lo que tuvo dos de bloques unipersonales que lo acompañaron. Uno de ellos, Sergio Abrevaya del partido GEN, que lidera Margarita Stolbizer a nivel nacional; el otro, Marcelo Depierro del unibloque Mejor Ciudad, desprendimiento de Confianza Pública que lidera Graciela Ocaña. Depierro se retiró de este partido en la Ciudad de Buenos Aires cuando  Ocaña se unió a Rodriguez Larreta manifestando: “no me siento cómodo en la situación política que quedo en la Ciudad de pasarme al Pro…Sumo más como oposición que como oficialismo”. Sin embargo, en esta oportunidad sumó como oficialismo, y mucho.
Organizaciones reclamando en la sesión (Foto: Luis Angió)
En el debate en tratamiento de la ley la legisladora De las Casas, del bloque oficialista Vamos Juntos y Presidenta de la comisión de Ambiente, planteó una modificación al Art. 3ª del proyecto de Ley que ningún legislador/a de la oposición conocía. Gabriel Solano, legislador del bloque del FIT denunció que esa nueva versión leída oralmente permite un margen de manipulación ya que la redacción final de esa Ley va a ser efectuada luego de la votación. Por ese motivo, a través de una moción de orden, pidió que se vuelva nuevamente a comisión, resultando la votación 36 votos en contra y 22 a favor, con lo que ya se anticipaba cuál iba a ser la votación final.
Solano denunció, además, que esa Ley determina “la incineración pero no dice dónde van a estar los hornos. No dice cuál va a ser el verdadero gasto, presupuesto asignado, cómo se va a financiar. Es un cheque en blanco que se le ha dado de entrada al gobierno a sí mismo a través de la votación de la Legislatura”. En relación a la denuncia del día anterior de parte de la/os legisladora/es de la oposición, no hubo ninguna referencia por parte del oficialismo. Como dijo Solano, “el que calla otorga”.
Por su parte Javier Andrade, de Unidad Ciudadana, manifestó su  preocupación porque “después de 40 años se vuelve a incinerar en la ciudad de Buenos Aires”, ya que en varios países donde se usa esta tecnología están cambiando la metodología. Se estima que cada usina incineradora tendrá un costo de 3.500 millones de pesos. “Ese es el negocio” indicó Andrade.
Esta ley no determina los lugares donde se van a instalar las usinas, y las versiones indican que estarán ubicadas en la zona sur de la ciudad y en otras localidades del Gran Buenos Aires.
La presidenta de la comisión, Mercedes De las Casas, manifestó que ese proyecto “ha tenido muchísimos cambios; todos fueron escuchados, todos incluidos, hemos tomado todas las modificaciones propuestas porque queremos una ley con el consenso de todas las partes”. Contradiciendo a los recicladores que se encontraban en el recinto junto a organizaciones sociales y ONG's que se oponen a este cambio de la ley, negó que afecte a los recicladores, y aseguró que hay artículos que garantizan esa actividad. De las Casas mencionó que “habrá controles con estándares europeos para el tratamiento de un volumen de basura diario de 2.500 camiones. Si funciona en París, no veo por qué no puede funcionar acá”, concluyó.
Una vez terminada la votación en general se pasó a votar en particular, lo que motivó otra disputa. El Art. 3º modificado no había sido convenientemente debatido en Comisión, por lo que Solano reiteró que debía volver a esa instancia de debate. El presidente de la Legislatura Diego Santilli, le respondió que esa propuesta ya había sido rechazada.
Concluido el tratamiento de esa ley se pasó a cuarto intermedio por las voces en repudio a esta ley que se levantaron entre los concurrentes a la sesión. Estaban presentes recicladores, cartoneros, organizaciones sociales y Greenpeace, quienes mostraron un gran cartel que decía "QUEMAR BASURA MATA" y otro firmado por distintas organizaciones con la leyenda "NO A LA INCINERACIÓN DE LA BASURA ¡SÍ AL RECICLADO!"
Alicia Montoya, de la Cooperativa El Álamo, enfatizó que “la Ley de Basura cero se construyó en la calles y es en la calle donde hay que volver a recuperar esta iniciativa e ir por más”. Fuera del recinto manifestó que esta tarea propia de la pobreza llevó a perder la vida a muchos recuperadores desde el 2005, insistiendo en que tienen un compromiso con los problemas ambientales y sociales. “Hay que salir a impugnar la ley barrio por barrio con la gente. Hemos logrado establecer un vínculo real con los vecinos”.
Por último, Montoya manifestó que la ley es la punta de lanza para instalar seis incineradores en la Provincia de Buenos Aires, donde los recuperadores no tienen los mismos derechos que los de la Ciudad. “El negocio de la incineración es muy grande y cuando el negocio es muy grande la coima es grande. Para el 2019 necesitan mucha plata para la campaña y ya empezaron a pasar la gorra para recaudar”.

Crisis ambiental

"Lo que proponen en este proyecto es incluir como parte del tratamiento de los residuos su valoración energética. Esto es incinerar o quemar basura, algo prohibido por la ley de Basura Cero que está hoy vigente. Lo que ellos están haciendo es modificar algunos artículos para poder incinerar. Esto tiene varios problemas. Uno de ellos es que para llevar adelante esto necesitás una inversión altísima en tecnología", advirtió Conde. "Esto es carísimo y para eso la Ciudad debería endeudarse y además, como ya lo dijeron todas las organizaciones ambientalistas, esto es contaminante. No hay ninguna duda de que es contaminante, aunque ellos digan que estos equipos que traen no perjudican al ambiente. Este proyecto, entonces, que va en contra de la ley que tenemos vigente, una ley que hace once años que no cumplen, tiene un problema de base porque hay miles de cartoneros que integran el circuito de recolección de residuos secos y también se ven perjudicados con un cambio de esta magnitud", consideró la legisladora. "Tiene todo lo negativo que se puede tener y ninguna virtud. Teníamos una ley en espíritu muy buena que no se cumple y proponen una modificación que trae problemas graves", insistió. En este sentido, Di Filippo agregó: "El documento (filtrado) afirma, además, la ineficiencia del Estado en la aplicación de la ley de Basura Cero. una ley que se aprobó en 2005 y está efectiva desde 2007, que es el año en que asumió Mauricio Macri. Es decir que hace un sincericidio brutal reconociendo que la gestión del actual presidente fue desastrosa en materia de cumplimiento de esta ley. También, lo que hace ver es que eso fue ex profeso, dejando caer determinada política pública para luego decir que hay que modificarla con excusas para la modificación", analizó.
Según Conde, "lo que sabemos perfectamente bien es que han invertido dinero en algunas campañas que son necesarias pero no suficientes. Lo que hay que hacer son políticas públicas, de gestión. Para eso, también, los cartoneros y algunas de las organizaciones que están trabajando con este tema no tienen suficiente presupuesto destinado para la recolección de los residuos. Si quemamos la basura sin la separación necesaria, se contamina mucho más", planteó. "Algunas organizaciones ambientalistas nos contaban que en algunos de los países en que se incinera, se incinera basura ya separada. Acá no está sucediendo eso. Hay campañas insuficientes y no hay políticas de gestión. Estamos intentando resolver un problema llevándonos por delante la solución".

El gobierno plantea abiertamente crear oponentes y evitar mostrarse divididos.
¿Cuáles son las consecuencias?

Para Di Filippo, "esta política tiene tres problemas básicos. Uno es que los gases que genera la incineración afectarían el ambiente, incluso reconocido en documentos oficiales también. Hablando sobre determinadas organizaciones ambientales, por ejemplo, decían que no iban a acompañar el proyecto por lo que causa en el medioambiente. Es decir que reconocen que tiene un efecto negativo. También generaría un problema social, porque hay seis mil cartoneros que viven de las doce cooperativas que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires y que van a ver afectado directamente su trabajo porque las empresas van a disputar el material más rentable que tienen los cartoneros porque son los materiales que después generan mayor caloría, es decir, energía, que es el supuesto objetivo", puntualizó.
Para Conde, "este proyecto sólo introduce modificaciones en la ley vigente, pero no da especificaciones acerca, por ejemplo, de cuántas plantas incineradoras serían necesarias ni dónde se instalarían. Sólo se habla de que sería en la Comuna 8, pero son rumores", advirtió.
"En la legislatura empieza un proceso que es de discusión en las comisiones, mañana a las nueve y media de la mañana hay reunión y vienen funcionarios del gobierno de la Ciudad para que podamos preguntar algunas de estas cosas y hay que ver qué responden, porque nos ha pasado con otras leyes o proyectos que las respuestas después son insuficientes. La idea es que se empieza una instancia ahora de discusión en las comisiones que, por supuesto, en el proyecto de ley no está porque es muy escueto, es simplemente la modificación de un par de artículos", explicó. "Como ellos tienen una mayoría automática en la legislatura, cualquier ley que desean puede salir automáticamente. Lo que puede hacerlos cambiar algunas de estas decisiones políticas que tienen es la movilizacion de organizaciones, sectores o la ciudadanía en general. En la primera reunión hubo muchísimas organizaciones y voces alzándose en contra del proyecto. Si se escuchan esas voces y logramos que puedan permear los medios de comunicación que tienen blindado al gobierno y esta discusión se lleva también a los porteños y las porteñas, tendrán que repensar la decisión que tomaron", consideró Conde. "Para eso es, como te decía recién, las organizaciones del sector movilizándose, los trabajadores y las trabajadoras de las organizaciones de recolectores de basura que cumplen un rol importante, son 5500 puestos de trabajo que están en riesgo. Si se aplicara el proyecto de ley de Basura Cero, además, tendría que haber muchas más organizaciones trabajando en esto que hablábamos al principio de la separación de residuos, el origen. Para eso, es fundamental e importante el trabajo de los cartoneros y las cartoneras. Ellos lo decían, que van casa por casa en los barrios, tocan timbre, explican. No alcanza con las campañas de publicidad en la vía pública, en televisión. Esto también significa que no puedan continuar teniendo más puestos de trabajo alrededor de este tema", cerró, en referencia sobre todo a quienes se agrupan en el Movimiento de Trajadores Excluidos (MTE), que vienen organizándose y dignificando su trabajo desde la crisis de 2001.

Buenos Aires Ciudad, en todo están las empresas

A los efectos ambientales de la hipotética aplicación de la iniciativa, se suman los negociados en manos privadas: "El otro problema es que está pensándose en utilizar la participación público privada, esta iniciativa que se aprobó hace poco en el Congreso Nacional con la ayuda de un sector del peronismo bastante adicto al gobierno. Será, por ejemplo, para la ampliación de rutas o autopistas con concesiones de por vida, bueno, acá sería un sistema similar en el que determinadas empresas crearían estas tres plantas y después podrían hacer uso de la venta de toda la energía y el material que recuperen del proceso de incineración. Ahí, se hipoteca la facultad de un Estado de poder controlar este tipo de políticas. Los problemas son diversos en la aprobación de esta ley", advirtió Di Filippo.

Si bien el gobierno dio un paso fundamental con la sanción de la ley, no parece ser un tema cerrado. Es fácil suponer que en cuánto se sepan los lugares donde se instalarán las usinas incineradoras, habrá resistencia por parte de los vecinos y las vecinas. Por más prensa y organizaciones que vayan a comprar.


1 comentarios:

  1. La verdadera concientizaciòn de la separaciòn en origen no corre por cuenta del gobierno sino de los trabajadores cartoneros, ellos son los que "acarician lo àspero" todos los dìas. El gobierno siempre avanzò sobre las cooperativas, restàndoles recursos y nunca les brindò logìstica. Larreta: la relaciòn del porteño con la basura es la del "asco" y tus publicistas lo aprovechan y usufructan. Espero que las plantas incineradoras encuentren las pertinentes resistencias de los vecinXs de la ciudad.

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