30 jul. 2018

Fotografía: Sonia Ivanoff en la Audiencia por la domiciliaria para el Lonko (Natacha Bianchi para La Retaguardia
Sonia Ivanoff, la abogada de Facundo Jones Huala, habló con Paulo Giacobbe para La Retaguardia y contó acerca de las condiciones de la prisión domiciliaria que recibió el lonko mapuche. También, expuso detalles de la causa judicial y apuntó contra el Estado argentino y chileno(Por La Retaguardia)

La abogada se refirió a las restricciones impuestas para la prisión domiciliaria del lonko mapuche: “La casa de Facundo Jones Huala es el Pu Lof en Resistencia Cushamen. No obstante, entendiendo que este territorio está conflictuado, y totalmente estigmatizado, nos allanamos a constituir un domicilio en Esquel. Desde el principio de su detención debía ser en Esquel por el arraigo familiar, cultural y comunitario que tiene Facundo. Constituimos el domicilio en la casa de la abuela paterna de Facundo, doña Trinidad Huala. Por su edad, convive con una hija, su esposo y los hijos. Para eso se realizaron los informes pertinentes. Se demoró más de 15 días. El juez Villanueva puso una serie de condiciones que atentan a las condiciones culturales de Facundo Jones Huala. (Restringió) la cantidad de personas que lo pueden visitar por día, estableció días y horas para su visita, la prensa debe requerir autorización con 3 días de anticipación aclarando quién es la persona que lo va a entrevistar y a qué medio pertenece. Además, la tobillera de control de vigilancia electrónica monitoreada. Se han puesto condiciones en exceso. Por ejemplo, él tiene 6 hermanos y en la visita no pueden ser más de 4. Nunca va a poder estar con su grupo familiar. Ni hablar con su papá, su mamá y sus sobrinos. Este condicionamiento es no entender cómo está constituido el grupo familiar. Se hicieron informes sociales y antropológicos sobre lo que implica ser un lonko. Se vuelve a desconocer las pautas culturales propias de un lonko. No toda la gente de la comunidad hizo la documentación para el ingreso del sistema penitenciario, ya sea por costos o distancias. Comparándola con Milagro Sala, a ella en su prisión domiciliaria se le permite reunirse hasta con 20 personas. Para Facundo Jones Huala está prohibido organizar reuniones y recibir más de 4 visitas en los horarios y días estipulados. Tiene ciertos monitoreos y un cierto control hasta de sus movimientos físicos. No solamente es una prisión domiciliaria sino que se están cercenando hasta su libertad de pensamiento, su ideología y su identidad mapuche”, señaló Ivanoff y contó cómo es a partir de ahora la atención médica que podrá recibir Facundo: “En julio del año pasado se le permitió el ingreso irrestricto de la machi, la persona que lo atiende. Ahora, si él se siente mal, cualquiera de los guardadores que están puestos deben informar que se tiene que trasladar en forma rápida al juzgado. Desconocen así este trámite de las personas que lo asisten medicamente. Se vuelve a incurrir en un error de no interpretar las pautas culturales. Él es un detenido que se atiende medicamente diferente. Su entorno social, comunitario y cultural es diferente. Es un avasallamiento al derecho que deben reconocerse a los pueblos indígenas”, expresó.
Para Ivanoff, estas condiciones impuestas a Jones Huala tienen que ver con un recurrente pensamiento de la Justicia acerca de la concepción de los pueblos originarios: “Forma parte de una negación histórica. Los operadores de justicia se manejan monoculturalmente. Forma parte de estas prácticas de relación. Es como los jueces que siguen insistiendo en las recuperaciones territoriales como delitos de usurpación. Además, desconocen categóricamente leyes de orden público o tratados internacionales que forma parte de esa idea colonialista que tienen. Tienen una idea científicamente falsa. Han construido un sustento de una relación con el indígena desde la dominación colonial y con un sentido estigmatizante y racista. No están actualizados en el nuevo paradigma de relación de la diversidad cultural que reconoce la Constitución Nacional”, dijo la abogada.

Enemigo interno
Desde el gobierno y los medios masivos de comunicación se pretende instalar a los indígenas como el enemigo interno de la nación, corrompiendo su figura, desconociendo sus reclamos y violando sus derechos: “Hoy el mapuche, primero que nada, ejerce el derecho penal de autor. Antes que empiece a hablar ya es autor responsable de cualquier delito que se investigue. Esta construcción del enemigo interno se vuelve a reeditar a través de la criminalización y la judicialización de no reconocer a un argentino de raíces indígenas. En el siglo XIX, la justificación era la necesidad de un modelo agroexportador. Se repartieron las tierras que hoy solicitan los mapuches. Hoy, se edita nuevamente ese modelo y esos salvajes que estaban en este desierto de europeos vuelven a molestar. Se instala al mapuche como enemigo, diciendo que no pretende estar bajo las leyes de la nación, que intenta imponer sus ideas por la fuerza y que arrebata territorios que no le pertenecen. Esas premisas y acciones son parte del paradigma de relación del Estado y del gobierno para con el pueblo mapuche”, explicó Ivanoff a La Retaguardia.
La abogada de Jones Huala se refirió a la histórica deuda que tiene el Estado argentino para con los pueblos originarios y pidió que se reconozcan sus derechos: “Hay cosas que no son coincidencias sino causalidades. El general (Julio Argentino) Roca, a cargo del Ministerio de Defensa, le pidió al Congreso de la Nación un decreto de avanzada sobre esos territorios para consolidar las fronteras porque estaban en manos de salvajes que atentaban contra el orden y el progreso de la nación. Hoy, estos método se vuelven a instalar aggiornados y con nuevas tecnologías. No los exterminaron por completo. Es algo que la Argentina no ha resuelto. Una Memoria, Verdad y Justicia a un genocidio que implicó exterminar a un gran porcentaje de la población. El Estado argentino está obligado a ratificar una serie de tratados internacionales y de convenios que lo obligan a tener una relación con los pueblos indígenas como actores políticos y no como actores sociales de preventa. Ya no son los destinatarios de becas y subsidios de programas sociales”, manifestó.

La situación de Facundo Jones Huala
“La domicilaria sigue siendo un arresto. En estas condiciones impuestas es preocupante. Vemos con preocupación la estigmatización que se ha instalado con el pueblo mapuche. Está transitando un segundo juicio de extradición. Nadie puede ser sometido dos veces al mismo juicio. Siempre hubo un solo pedido de captura desde Chile, en febrero del 2016. Al momento de su detención, estaba en suspenso la sentencia que declaraba nula. En el primer juicio la Corte tardó 11 meses. Ahora empieza el proceso de estudio de las apelaciones y de las actuaciones en la corte. Si antes se demoró 11 meses... Él fue detenido el 30 de enero de 2013. Entre Chile y Argentina lleva casi 36 meses preso por un hecho que no se juzgó. No fue sometido a juicio. Él es requerido para someterse a juicio, juicio que se podría realizar en la argentina porque es de nacionalidad argentino. Esto lo dispone el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo tiene una percepción del conflicto mapuche que no es de las mejores. Entiende que extraditándolo se va a solucionar el problema de los mapuches en la Argentina. Facundo todavía tiene la presunción de inocencia como regla y no como excepción”, explicó Ivanoff.
La abogada ironizó sobre la situación de Jones Huala y explicó por qué debe negarse la extradición a Chile, un país que está llevando al extremo el castigo contra las comunidades originarias y al que la Argentina parece acercarse cada vez más: “Estamos frente a un sujeto peligroso, beligerante, que atenta contra las leyes de la nación y que evita el progreso. Otra de las causales de por qué se tiene que negar la extradición es porque se lo pretende juzgar por delitos políticos. El tratamiento como líder político lo está legitimando el propio Estado argentino. El mismo informe del Estado lo ha legitimado como un líder político. Los delitos que investiga y por los que se lo requiere en Chile son incendio en un fundo y tenencia de una escopeta de fabricación casera. Esos delitos comunes se dan en un contexto de conflicto mapuche que también hay en Chile hace más de 20 años. Chile ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su trayectoria de aplicación de la ley antiterrorista y sus condenas fortísimas. Es un país que tiene privatizado el sistema penitenciario. Son situaciones preocupantes. Argentina, en el último tiempo, está teniendo exactamente el mismo modelo de relación”, indicó Ivanoff y se refirió a cómo sigue la causa de Facundo: “Desde el punto de vista técnico, la corte no tiene plazo. Hoy que los líderes o referentes de un pueblo originario se conviertan en voceros de la defensa de un derecho cultural y de la reivindicación del derecho territorial los hace posibles autores de delitos. Si no hay un cambio en el vínculo con los pueblos indígenas va a seguir como una práctica de relación. Es preocupante”, cerró.


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