5 jul. 2018



El lunes pasado se inició en Gobernador Virasoro, Corrientes, el juicio que investiga el secuestro y la desaparición de trabajadores de la empresa yerbatera Las Marías. El único imputado en la causa es el ex intendente de facto de Gobernador Virasoro, Héctor Torres Queirel. Adolfo Navajas Artaza, dueño del establecimiento Las Marías, fue sobreseído. Hilda Presman, Coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, habló con Fernando Tebele y con Víctor Basterra en el programa Oral y Público por Radio La Retaguardia y contó los detalles del juicio. Compartimos además videos realizados por La Rastrojera TV de Misiones. (Por La Retaguardia)

Foto: Movilización previa al juicio (Captura de pantalla video de La Rastrojera)

Esta causa, que investiga los crímenes de lesa humanidad contra los trabajadores de la yerbatera Las Marías, es muy particular. El juicio había sido suspendido en 2014 y recién el lunes pasado volvió a iniciarse. El poder de la familia Navajas Artaza había logrado posponer el juicio durante el mayor tiempo posible. En todos estos años, víctimas y testigos de los secuestros, torturas y desapariciones han fallecido. Además, algunos militares y los grandes responsables empresariales implicados en los delitos ya no están en la causa. Hilda Presman viene acompañando a las familias de víctimas y a sobreviviente: “A la complicidad judicial, política e institucional tenemos que sumarle la impunidad biológica. El compañero Ramón Aguirre, una de las principales víctimas y testigos de este juicio, falleció en mayo del 2015. Es una de las tantas pérdidas que estamos teniendo en estos juicios. Los principales responsables militares vinculados a este juicio han quedado apartados de la causa por razones de salud. El coronel Llamil Reston, jefe del destacamento del área regional que correspondía a Gobernador Virasoro, quedó apartado de la causa por insania. Lo mismo el capitán (Juan Carlos) Sacco, que fue el jefe del operativo militar que ocupó Virasoro inmediatamente después del golpe militar. También fallecieron algunos otros oficiales. A este juicio llegamos con un solo imputado vinculado a una sola muerte en Gobernador Virasoro: la de Marcelo Peralta, en unos campos vinculados productivamente al establecimiento yerbatero Las Marías, pero en una estancia del ex teniente Héctor Torres Queirel, que es el imputado. Era el propietario de estos campos y además el intendente de facto de Gobernador Virasoro. Lamentablemente, en la operatoria judicial no está planteada la responsabilidad empresarial y económica de la familia Navajas Artaza, dueños del establecimiento Las Marías”, subrayó Presman.
Son dos los  trabajadores desaparecidos en Gobernador Virasoro: Marcelo Peralta, por quien está imputado Queirel, y Neris Victoriano Pérez. Ambos eran empleados del establecimiento yerbatero Las Marías y formaban parte de los dos grandes sindicatos combativos de la región: “Eran trabajadores sindicalizados que venían con un plan de lucha y compromiso por la dignidad de los derechos de los trabajadores de la yerba. La particularidad de Gobernador Virasoro es que los desaparecidos fueron exclusivamente delegados sindicales vinculados a los dos sindicatos que ofrecieron resistencia al poderío económico de la familia Navajas Artaza. Está desaparecido Neris Pérez, que era tractorista, secretario adjunto del gremio de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE), y también está desaparecido Marcelo Peralta, que era un delegado rural en los campos de María Aleida. Además fueron presos Ramón Aguirre, secretario general de FATRE, Marcelo Acuña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Pablo (de la Cruz) Franco, secretario del tesorero del sindicato y otros delegados y trabajadores rurales de estos dos sindicatos. Hay alrededor de 20 trabajadores entre los desaparecidos, los presos, los perseguidos y los secuestrados, todos vinculados al establecimiento yerbatero Las Marías. Todos los desaparecidos, los presos, los represaliados, los exiliados y los reprimidos en Gobernador Virasoro son pura y exclusivamente trabajadores rurales sindicalizados del establecimiento Las Marías. Este es el primer dato que nos indica la responsabilidad empresarial en estos hechos. Además, de los testimonios se desprende que había campamentos del Ejército y operativos militares que funcionaban dentro del establecimiento yerbatero. Los operativos militares de secuestro a los compañeros surgían después de que este capitán Sacco se entrevistaba con la patronal y salía cada día con una lista de quiénes eran los obreros molestos”, explicó Presman demostrando la responsabilidad del establecimiento Las Marías en los crímenes contra la humanidad.
Ahora bien, por qué si es tan clara la implicancia de la empresa yerbatera no hay más imputados y, de hecho, está sobreseído el dueño de Las Marías. Esto solo se explica por el poderío político, judicial y económico de la familia Navajas Artaza: “La responsabilidad empresarial fue señalada en los inicios del juicio por todos los testimonios cuando se produjeron las primeras imputaciones en 2008. El juez natural de la causa de Paso de los Libres se inhibió alegando que los abuelos eran primos en segunda instancia (de los implicados). A partir de allí, tuvimos exactamente 20 jueces que se fueron inhibiendo y retirando de la causa para no comprometerse con los máximos dirigentes de la empresa Las Marías. El juez número 21, Tomás Chalup, juez ad hoc de Paso de los Libres, tomó la causa e inmediatamente, sin realizar declaración indagatoria ni ninguna medida procesal, sobreseyó a Adolfo Navajas Artaza. Ese sobreseimiento no fue apelado ni sostenido por la fiscalía de Cámara. En el año 2009 quedó absolutamente desvinculado de la causa y el juicio avanzó solamente con las responsabilidades militares”, expresó la Coordinadora de la Red de DDHH de Corrientes en Radio La Retaguardia.

El valor del juicio, a pesar de todo

El sobreseimiento de Navajas Artaza no es motivo de desaliento para Presman, quien espera que a lo largo del juicio pueda incorporarse como imputado: “Navajas Artaza tiene sobreseimiento. En este momento no estamos en condiciones de poder juzgarlo. De cualquier manera, hay un firme compromiso de las víctimas y del conjunto de familiares que acompañan de que iremos encontrando que la justicia se abra paso. Seguramente encontraremos alguna forma de vincular directamente la responsabilidad empresarial, probablemente no la responsabilidad penal, pero sí la civil y empresarial vinculada a estos hechos. Tomamos este juicio como el primer paso de la consolidación de la reivindicación de los derechos de los trabajadores de Gobernador Virasoro, más allá de la pobreza judicial que vamos a tener en el juicio”, manifestó.
Más allá de todo este manto de impunidad, Presman destacó como positivo que el juicio se desarrolle en la localidad de Gobernador Virasoro, donde sucedieron los hechos: “Hemos logrado que el juicio oral se realice en la localidad de Gobernador Virasoro donde todo el pueblo está marcado por la figura patriarcal de esta empresa. En Gobernador Virasoro, la calle, la escuela, la estación de servicio se llaman Navajas Artaza. En este lugar, donde las víctimas han sido despreciadas, ninguneadas y avasalladas en todo este tiempo, puedan contar su verdad, para nosotros es el primer paso reparatorio. Probablemente será mucho más contundente la condena social que logremos con la visibilización de estos hechos en el propio Gobernador Virasoro, aunque tengamos un solo imputado”, aseguró. Toda la etapa testimonial se llevará a cabo en la Casa del Bicentenario de Gobernador Virasoro y el final del juicio sí se realizará en la ciudad de Corrientes: “Gobernador Virasoro no tiene Tribunales Federales. Nosotros, con fuerza y presencia de familiares y víctimas, nos hemos constituido en Corrientes en el Tribunal Oral Federal y hemos hecho un planteo concreto para que se constituya en Gobernador Virasoro. El Tribunal Oral viaja hasta a Gobernador Virasoro, que queda a 400 kilómetros de la capital. El juicio es en un complejo municipal, por lo menos durante toda la instancia testimonial, para evitar que todas las víctimas viajen hasta Corrientes y, además, por este hecho reivindicatorio de que se ventilen estos testimonios; que estas verdades calladas por 40 años puedan ser dichas en la propia comunidad donde ellos se sintieron perseguidos y avasallados. El juicio arrancó el lunes 2 de julio en la Casa del Bicentenario, en Gobernador Virasoro. Durante toda la semana se van a tomar los testimonios. Probablemente, las instancias finales del juicio, todo lo que tiene que ver con alegatos y sentencias, sí se realicen en la ciudad de Corrientes”, completó.
Por último, Hilda Presman comparó lo sucedido en Corrientes con la yerbatera Las Marías con los hechos ahora también juzgados en Jujuy en el Ingenio Ledesma, no solo en sus responsabilidades durante el Terrorismo de Estado sino en toda la vida política, social y económica de las provincias: “Encontramos bastante similitud con el Ingenio Ledesma, en Jujuy: ciudades que viven alrededor de la familia patriarcal, una relación muy de patrón de estancia y pueblos muy sometidos. En el caso de Las Marías, las primeras denuncias se hicieron a partir del año 2006. Es la época en donde las mujeres que quedaron como jefes de hogar, compañeras de los desaparecidos, y que encontraron lugar de trabajo dentro de la propia empresa, esperaron jubilarse para poder hacer la denuncia. Esto indica este grado de sometimiento de relación patriarcal y de dependencia, donde toda la economía y la vida social de la comunidad giran en torno a los patrones”, cerró.

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