28 ago. 2018













En el juicio que finalizó el jueves pasado fue absuelto Héctor Torres Queirel, ex militar interventor e intendente de facto de Gobernador Virasoro, Corrientes, acusado por la desaparición del empleado rural Marcelo Peralta. Hilda Presman, Coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, habló con Fernando Tebele en el programa Oral y Público por Radio La Retaguardia. Lamentó el fallo que mantiene el blindaje de impunidad alrededor de la empresa Las Marías y su participación en el Terrorismo de Estado. (Por La Retaguardia)
Foto: elcohetealaluna.com

El juicio que se desarrolló en Gobernador Virasoro ya había comenzado marcado por la impunidad mediática, judicial, política y económica de la provincia de Corrientes. Tuvieron que pasar 20 jueces para que se llegara a la instancia oral y pública. La responsabilidad empresarial de la Estancia Las Marías no pudo investigarse. Su dueño, Adolfo Navajas Artaza, fue sobreseído en una instancia anterior. Así, la participación y colaboración de la empresa yerbatera durante el Terrorismo de Estado no pudo ser juzgada. Héctor Torres Queirel, único imputado por la desaparición de Marcelo Peralta, fue absuelto porque, según el Tribunal, no se hallaron elementos para condenarlo. Hilda Presman, Coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, repasó la cronología de este juicio y su lamentable desenlace: “Hoy (por el jueves) se realizó la última audiencia de este juicio oral y público con la absolución del único imputado, Héctor Torres Queirel. Es un día triste. Cierra con un circuito de impunidad que viene produciéndose desde hace bastante tiempo. Este juicio ha llegado debilitado y fragmentado, con una intencionalidad del poder judicial, político y económico para que esto suceda. Ha tenido este desenlace de la absolución. 20 jueces fueron inhibidos durante el proceso. Venimos de esa historia, con una instrucción muy débil y tendenciosa. En la medida en la que fue apareciendo como imputado el principal responsable del poder económico de Gobernador Virasoro, el empresario Navajas Artaza, dueño del Establecimiento Las Marías, se puso toda la intencionalidad para ningunear, subestimar y desestimar estas denuncias”, manifestó Presman quien, de todos modos, rescató el lado positivo de haber llegado al juicio: “Pese a todo esto, nosotros creemos que hemos logrado visibilizar lo que sucedió en la empresa Las Marías. Estamos muy conformes con el alegato de la fiscalía que plantea la hipótesis del enemigo interno que ejercía el Terrorismo de Estado. En el caso de Gobernador Virasoro, estuvo centralizada a los trabajadores rurales sindicalizados vinculados al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y el sindicato de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE). Son los dos sindicatos vinculados a todo el circuito de la producción yerbatera que venía cuestionando seriamente (a la patronal) y organizando a los trabajadores alrededor de la dignificación y sus derechos laborales. Eso es lo que se buscó aniquilar y desmantelar. Por eso, hablamos de la responsabilidad empresarial como parte de un engranaje cívico militar. Quedó más que claro que en este juicio, más allá del resultado que tuvimos. Todo lo que ha surgido en este juicio dejó en claro que todos los represaliados en Gobernador Virasoro, alrededor de 15 o 16 personas, incluidos dos desaparecidos (Marcelo Peralta y Neris Victoriano Pérez), eran todos trabajadores rurales, sindicalizados y vinculados a la empresa Las Marías que cuestionaban el manejo laboral explotador de la empresa”, expresó.
Los operativos militares que terminaban con los secuestros y las torturas de los trabajadores rurales surgían luego de que los represores se reunían con la patronal de la estancia Las Marías lo que comprueba la responsabilidad empresarial de la yerbatera: “Aparecieron documentaciones como por ejemplo una lista de todo el personal de la empresa Las Marías donde aparecen señalados con marcas y cruces precisamente esta nómina de personas que fueron desaparecidas, presas y secuestradas. O sea que había una señalización de la empresa que orientaba a quiénes eran los trabajadores que consideraban agitadores y molestos. Esto es lo que hemos logrado visibilizar. En este juicio hubo una cadena de impunidades que determinó que inicialmente quedara sobreseído Adolfo Navajas Artaza. En este tiempo tuvimos la desgracias que estos militares se fueron muriendo o quedaron apartados de la causa por razones de salud o insania. Quedó una sola víctima, Marcelo Peralta, secuestrado y desaparecido en la estancia María Leida, propiedad de Héctor Torres Queirel, un militar retirado, interventor e intendente de facto de Gobernador Virasoro”, remarcó Presman en Radio La Retaguardia.
La absolución de Torres Queirel no hace otra cosa más que garantizar la impunidad a todos aquellos que participaron activamente en el aparato represivo contra los trabajadores de la estancia Las Marías: “Hoy se pretendió borrar toda la estructura represiva del Terrorismo de Estado y decir que este hombre era un mero administrador de un campo y que no formaba parte del aparato represivo. Entonces, no se considera más que un trabajador secuestrado muerto en un campo, como si hubiera pasado alguien y lo hubiese matado. En realidad, con este doble rol de intendente y administrador del campo en el contexto del terrorismo de Estado, es imposible suponer que podía ingresar un grupo de tareas por el camino interno del establecimiento, abrir tranqueras, pasar, levantar gente, tirar tiros y que el empresario, dueño del lugar e interventor del pueblo, desconociera los hechos”, aseguró.
Los fundamentos del fallo se leerán el 6 de septiembre y Presman espera que la fiscalía recurra a la Cámara de Casación para apelar la absolución. También, que se investigue, de una vez por todas, la responsabilidad empresarial de Las Marías en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado en Gobernador Virasoro: “No pudimos investigar ni avanzar en juzgar desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, persecuciones. La fiscalía (a cargo de Flavio Ferrini) plantea que el sobreseimiento del año 2008 a Navajas Artaza estuvo vinculado a un solo hecho represivo, la desaparición de Neris Pérez. Sobre todos estos otros hechos no hubo sobreseimiento. La fiscalía pide una nueva investigación. El Tribunal oral se lava las manos. La fiscalía, se supone, iniciará actuaciones vinculadas a la responsabilidad empresarial de la estancia Las Marías”, explicó.
Respecto al fallo en sí, la Coordinara de la Red de Derechos Humanos de Corrientes dijo que “fue un momento muy tenso” y responsabilizó al Tribunal, al que calificó de “responsable nuevamente de las desapariciones de los compañeros: Los desapareció la dictadura y hoy los vuelve a desaparecer la impunidad judicial”. Por último, dejó un mensaje de lucha y resistencia para lograr alcanzar justicia: “Fue un mazazo emocional. Nos vamos a recomponer porque tenemos la verdad de nuestro lado. Tenemos que rendir homenaje a nuestros compañeros. Sabemos que la condena social es muy poderosa. Nos reorganizaremos e iremos para adelante”, cerró Hilda Presman.

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