12 mar. 2019



Son 14 imputados de las distintas fuerzas de seguridad por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la provincia durante la última dictadura. Lucila Maraga, sobreviviente del genocidio, fue la primera testigo. Habló con Fernando Tebele en La Retaguardia y dio detalles del inicio de un nuevo juicio contra los genocidas. (Por La Retaguardia)

Foto: riojapolitica.com.ar

Después de varias suspensiones y postergaciones, el segundo tramo de esta megacausa se inició el 28 de febrero de este año. Maraga contó que los imputados involucrados pertenecen a distintas fuerzas de seguridad que actuaron en conjunto en la Provincia: “Hay un expediente del año 2000 con 65 imputados de las distintas fuerzas de seguridad de la provincia más un civil, (Roberto) Catalán, que fue juez federal en la época de la dictadura. En el año 2015, ese expediente se elevó a juicio parcialmente; fue la megacausa que ya tuvo sentencia en abril del 2016. Esta megacausa II, como le decimos nosotros, es el expediente 1828/14, sería la continuación de ese iniciado en el año 2000. Es una causa donde son imputadas las distintas fuerzas, 10 imputados. Debio haberse iniciado el 8 de noviembre de 2017, se postergó para el 6 de septiembre del 2018. A días del inicio del juicio hubo una presentación de uno de los abogados de uno de los imputados. Se volvió a suspender hasta el 7 de febrero del 2019. Nuevamente, por una indisposición de uno de los jueces, se prorrogó para el día 28 de febrero. Ahí fue el comienzo”, informó. Ese mismo día, después de las presentaciones correspondientes a cada una de las partes, Lucila presentó nuevamente su testimonio – ya lo había hecho en el primer tramo- frente a 4 de los 10 genocidas imputados presentes en la sala: “Comenzó la etapa de los testimonios. Comencé yo, el jueves 28 a las 19:30 horas aproximadamente. En la sala de audiencias estaban 4 de los imputados, que son los que están en La Rioja, y el resto lo hace por videoconferencia. Yo declaré en el año 2015 en la primera megacausa. Ahora las preguntas son más puntuales con respecto a cada hecho de cada imputado. Ya no hay necesidad de detallar cosas como el traslado. Las preguntas van directamente a los hechos que ahora se están juzgando”, expresó.
La detención de Lucila Maraga junto a su marido Lucho Gómez se produjo en abril del ’75. Ella se refirió a la importancia de continuar dando testimonio en cada uno de los juicios a los genocidas más allá del dolor que eso significa: “Nosotros estamos dispuestos para eso. Son cosas dolorosas, pero las guardamos profundamente en la memoria. No las queremos olvidar. Para cada juicio en el que haga falta nuestro testimonio queremos tenerlo bien grabados en nuestra memoria. Es doloroso para nosotros, para nuestras familias y amigos que nos acompañan. Eso es lo que aliviana un poco esta situación. La sala está llena de gente querida, gente que nos acompaña, gente con la que estamos en la lucha cotidiana. Toda esta angustia y este dolor significan volver a transitar aquellos hechos. En mi caso son 2 policías de la Policía Federal, como en el caso anterior que también fue de la policía, el jefe de la Policía Federal, que fue condenado por estos delitos sexuales. Ahora era volver a relatar esas situaciones. En mi caso, los imputados son por secuestro ilegal en nuestra detención. Nosotros consideramos que todos aquellos que participaron en nuestro secuestro son los mismos que participan después de una u otra manera en la institución. Ellos no son ajenos a lo que está pasando. Son conocedores y pasan a ser cómplices de todo lo que pasa ahí. Nosotros reforzamos no solamente diciendo lo aberrante que fue todo el proceso de la detención, que incluso fueron de civil y sin ninguna identificación, es decir fue un secuestro, y los responsabilizamos de todo lo que sucedió también en la policía”, apuntó.
Si bien en el secuestro intervino la Policía Federal, Maraga insistió en que el proceso de detención, torturas y todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados en La Rioja fueron realizados por un accionar conjunto de las distintas fuerzas de seguridad: “Gente de la policía federal, de la policía de la provincia, gendarmería, del ejército, de la base aérea -algunos están con condenas de la causa anterior y ahora están imputados por otros hechos-. Se ha comprobado el trabajo conjunto que realizaban las distintas fuerzas. El juez Catalán iba a la cárcel, en el regimiento iba personal de la policía provincial, la federal fue a la cárcel... es un trabajo conjunto. Es un plan sistemático en todos los aspectos. Las fuerzas han trabajado en conjunto para llevar adelante ese plan”, cerró.

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