24 may. 2019




El 31 de enero se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. En esta nota, repasamos solo algunos de los hechos más significativos en la lucha por verdad y justicia impulsada por sus familiares y amigos. Un caso emblemático que ayudó a visibilizar una problemática, aunque (todavía) sin resolución judicial. (Por Rosaura Barletta para La Retaguardia*)

*Esta nota fue publicada en la edición de enero 2019 de La Retaguardia Papel. Ante las declaraciones de Patricia Bullrich, que consideró el caso de Luciano una construcción de organismos de derechos humanos, publicamos esta nota que es apenas un mínimo repaso por la causa.

Fotos: Agustina Salinas y Natalia Bernades




Podríamos decir que la historia de la desaparición de Luciano Arruga comenzó hace diez años, y eso tendría sentido. También podríamos decir que comenzó hace doce, cuando el ex intendente de La Matanza fundó el destacamento policial que luego sería su peor pesadilla. Lo cierto es que hay cinco años y ocho meses que deberían -y pudieron- haberse evitado. Es el período en el que el paradero del joven de 16 años fue una incógnita sin sentido. Ni muerto ni vivo, estuvo, al menos para la justicia, que definió su búsqueda hasta el 2013 como averiguación de paradero. En ese año, la Justicia Federal tomó el expediente y cambió la carátula: ahora se habla de una desaparición forzada de persona. Y aunque el delito es de lesa humanidad y la letra es clara -sólo puede ser cometido por el Estado-, en todo este tiempo no declaró ningún efectivo policial, y sí lo hicieron reiteradamente los amigos de Luciano. Amigos que, además de ser señalados implícitamente como quienes deberían (y no pueden) aportar información relevante, son blanco de hostigamientos y persecución hasta el día de hoy.
Ahora podemos ir a los hechos. Luciano Arruga tenía 16 años cuando, el 31 de enero de 2009, fue secuestrado, torturado y desaparecido. Con el hallazgo de su cuerpo, se comprobó que los límites de la tortura exceden ampliamente a los de nuestra imaginación; o peor: la tortura no tiene límites. Sus segundos finales constituyen una escabrosa historia irreproducible en la dimensión que realmente reviste. Corrió por la vía rápida de la General Paz y fue atropellado por un auto. Un accidente. Listo. Fin. NN. Así se expresó, al menos con el cuerpo la versión oficial. Enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, con una autopsia inconducente -e incorrecta- se descompuso al mismo ritmo en que era instalado el tema en la agenda pública: hay un desaparecido por la Policía en democracia. El debate sobre la mesa fue aún más profundo que eso. El fulgor de las expresiones contra la inseguridad devenidas en fascismo en el caso del barrio de Lomas del Mirador, con una organización encabezada por el “vecino” Gabriel Lombardo, hacían varias veces más dificultosa la campaña por la aparición con vida de Luciano, que desde el 31 de enero faltaba de su casa. También ponía obstáculos la fiscal Roxana Castelli, que puso la investigación en manos de la propia Policía denunciada y se negó a recibir a la familia de Luciano durante los 45 días en los que tuvo la causa a su cargo, días en los que se perdieron pruebas fundamentales. 2009 fue un calvario.



Las primeras pericias

Tuvieron que pasar tres meses sin noticias de Luciano para que se realizara el primer peritaje en el entonces destacamento de Lomas del Mirador, el que su familia señalaba con convicción y conocimiento de causa. Lo ordenó la nueva fiscal, Celia Cejas, luego de que Roxana Castelli fuera removida. Los perros reaccionaron de forma positiva en la dependencia policial, reconociendo rastros de Luciano, y también lo hicieron en el Monte Dorrego, un descampado de la zona. También, observando el recorrido del GPS de los patrulleros, se supo que uno estuvo parado en el predio peritado durante dos horas en aquella madrugada. La medida trascendente, sin embargo, llegó dos años después: el peritaje con luminol. Se trata de un líquido que permite detectar ADN y otros elementos pero, dos años después, ningún material genético coincidía con el de Luciano, que pudo haberse deteriorado o “limpiado”.
Hasta mediados de 2012 y con interrupciones reiteradas de la fiscalía y el juzgado, el Grupo Antropológico Arqueológico Memoria e Identidad (GAMI) trabajó en el Monte Dorrego y se utilizó un aparato llamado georadar, que identifica remociones en la tierra. Efectivamente había habido movimientos en la tierra del descampado y del entonces destacamento. Estas medidas de prueba no significan nada en sí mismas, tampoco aisladas, sino como parte de una investigación que se desarrolla con celeridad, en la que una medida conduce a la otra. Pero para llegar a la siguiente, que fue el cambio de carátula de la causa y su traspaso al fuero federal, hubo que esperar hasta 2013. El tiempo relatado transcurre con rapidez, casi a toda velocidad en estas líneas, es que es una enumeración de acciones tan pequeñas -y mayoritariamente inconducentes- que son difíciles de ubicar con el grado de lentitud con que sucedieron.
Primero, como resultado de la reunión que la familia de Luciano había tenido con el entonces gobernador Daniel Scioli en agosto de 2012, y de forma tardía, el ejecutivo de la Provincia tomó la decisión de desplazar a los ocho efectivos sospechados por la desaparición de Luciano. Néstor Díaz, que se desempeñaba como subcomisario en la seccional 1 de Esteban Echeverría; el subcomisario Ariel Herrera, que prestaba servicios en la 4 de Morón; el subteniente Oscar Fecter, de la 1 de Lomas de Zamora; el subteniente Daniel Alberto Vázquez, de la 2 de Lomas de Zamora; el oficial Martín Monte, de un destacamento de Pompeya y Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz, de las comisarías 1, 2 y 3 de Morón. El poder judicial, quedó demostrado, tiene una lógica conductista: se impulsa con estímulos. El estallido mediático del pase a disponibilidad de los policías desembocó en el cambio de carátula de la causa: con ocho sospechados fuera de la fuerza, averiguación de paradero sonaba una frase obsoleta. Desaparición forzada, sin embargo, tampoco fue una calificación muy a tono con los avances posteriores, que fueron casi nulos, pero al menos le pone nombre al delito ocurrido.

Esta misma nota, que salió publicada en La Retaguardia Papel Nº9 en enero de 2019

En este contexto, en abril de 2014 la familia presentó el segundo hábeas corpus -el primero fue el 3 de febrero de 2009 y fue rechazado- y fue desestimado en primera y segunda instancia. Es decir, con una causa que no tuvo ningún avance significativo orientado a ubicar el paradero del joven desaparecido, el poder judicial consideró que había razones para confiar en que la investigación lograría, en algún momento, todo lo que no logró hasta entonces. El juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1, el mismo que ahora tenía la causa de desaparición forzada, rechazó el hábeas corpus “por ser el objetivo de la causa 7.722/3 la averiguación del paradero de Luciano Arruga y los motivos de su desaparición”. El rechazo fue confirmado en segunda instancia, también el 25 de abril, por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y con los mismos argumentos. Ante la apelación de Juan Manuel Combi y Maximiliano Medina, entonces abogados por APDH de La Matanza y el CELS, el pedido llegó a la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py, que le dio curso favorable en un fallo histórico para el delito de desaparición forzada en democracia.
Por un lado, los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, plantearon que el entonces juez de la causa, el mismo que rechazó el pedido en primera instancia, no explicó en su respuesta “de qué manera y a través de qué prueba la investigación penal está siendo fructífera en la averiguación del paradero de Luciano”. Gemignani afirma que “Luciano Arruga (…) fue privado ilegalmente de su libertad física y ambulatoria por parte de autoridad pública” y denuncia: “a casi cinco años y seis meses del inicio de la investigación penal, NADA se supo acerca del paradero del menor, sumado a las serias irregularidades advertidas al comienzo de su tramitación”. Otra vez, se dirige a Juan Pablo Salas: “El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nro. 1 de Morón, debe desplegar toda actividad investigativa conducente al esclarecimiento de los (delitos denunciados), removiendo al efecto todo obstáculo, administrativo o judicial, que impida una acabada y efectiva reconstrucción histórica de los hechos”. Gemignani también mencionó al poder ejecutivo de la Provincia y la Nación, expresó la adhesión a dar curso al hábeas corpus por Luciano Arruga, revocar los fallos previos que lo desestimaron y “ORDENAR al Juez del Juzgado Federal (…) Nro. 1 de Morón intimar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y sus representantes administrativos, al Ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, doctor Ricardo Casal, y al gobernador (…) Daniel Osvaldo Scioli, así como al Ministro de Justicia de la Nación, doctor Julio César Alak –conforme las previsiones del art. 11 de la ley 23.098-”. La ley 23.098 es la que detalla las características del hábeas corpus como garantía constitucional, y el artículo que evocó Gemignani –el Nro. 11- expresa la responsabilidad de las autoridades jurídicas para responder a un hábeas corpus ante una detención ilegal o desaparición forzada.
En síntesis, un fallo tardío y al que no debió haberse llegado impulsó las medidas que luego desembocaron en el hallazgo del cuerpo de Luciano. El 17 de octubre de 2014, luego de que Juan Pablo Salas ordenara revisar los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009, las huellas de un joven no identificado que había sido atropellado por un auto en la General Paz en esa madrugada coincidieron con las de Luciano. Este cotejo ya se había hecho, pero con fotocopias, así que no había habido coincidencia. El hallazgo destapó una olla de irregularidades obscenas: la autopsia lo describía como una persona de entre 25 y 35 años, cuando tenía 16, como alguien de tez blanca, cuando era muy morocho, y de mentón normal, cuando la dimensión de su mandíbula es lo que sobresale indefectiblemente en la imagen de su cara. Luciano fue atropellado por un auto, según testigos, mientras corría desesperado, como escapando de algo, por la vía rápida de la General Paz, a donde se llega trepando un terraplén empinado, mientras el paso peatonal está a la altura del suelo. También, según testigos, en la colectora del lado provincia había un patrullero de la Bonaerense con las luces bajas al que le hicieron señas luego del incidente, pero siguió su marcha. Luciano fue operado de urgencia en el Hospital Santojanni, donde su familia lo buscó en el mismo momento en que estaba allí, pero la respuesta fue que ningún NN coincidía con la descripción ofrecida. Finalmente, murió a las 8 de la mañana del 1 de febrero y tiempo después fue enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, donde permaneció cinco años y ocho meses. La familia dejó en claro siempre un planteo: no hay animosidad alguna contra el joven que lo embistió con su auto, que no lo vio hasta tenerlo muy cerca y que no esperaba ver a una persona corriendo en una zona vedada al acceso peatonal, que además cooperó siempre que tuvo la posibilidad y se puso a disposición de la investigación, antes y ahora, que permaneció dos días en una celda y fue liberado luego de que un Policía le dijera “quedás en libertad, mataste a un NN”.



Muchos pibes, pocos policías

Desde aquel momento hasta hoy, en la causa que tramita en el juzgado federal N° 1 de Morón, primero a cargo de Juan Pablo Salas como subrogante y actualmente a cargo de Martín Alejandro Ramos, declararon repetidamente los jóvenes del Barrio 12 de Octubre, amigos de Luciano, pero no los ocho efectivos señalados por la familia, ni todos los demás en funciones esa noche en comisarías cercanas, probablemente involucrados.
En paralelo, y también sometidos a las burocracias del Estado, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga consiguieron algo sin precedentes: la recuperación del destacamento policial donde se sospecha que Luciano estuvo antes de morir atropellado en la General Paz, y su puesta en marcha como un Espacio de Memoria. El primer sitio de torturas recuperado por hechos sucedidos en democracia. Allí funcionan talleres para niños/as y adolescentes, una biblioteca especializada en derechos humanos, una huerta, e infinidad de actividades culturales, sociales y de promoción de derechos. Para lograrlo tuvieron que hacer una vigilia pacífica con permanencia en el lugar, que estaba cerrado y con una medida de no innovar por no haberse realizado en él todos los peritajes correspondientes. Luego de permanecer allí más de 60 días a fines de 2013, consiguieron que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realizara el rastrillaje que terminó de descartar que allí hubiera más evidencia para recoger y que arrojó resultados negativos en cuanto al paradero de Luciano en ese lugar, previo al hallazgo del cuerpo en Chacarita. Una vez terminado el trabajo del EAAF, la familia pudo acceder al exdestacamento y fundar un sitio de memoria, militancia y encuentro, actualmente una referencia sin igual en La Matanza y el país.

Algo de justicia 

En mayo de 2015, el policía bonaerense Julio Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión por torturas contra Luciano Arruga. Vale aclarar que esta causa no está vinculada jurídicamente a la que investiga su desaparición forzada, aunque sí se ven lazos claros con la historia central. El 22 de de septiembre de 2008, Luciano fue detenido ilegalmente acusado por el supuesto robo de de un reproductor de mp3. Estuvo en el destacamento durante todo el día. El juicio reveló que Torales torturó a Luciano en aquella jornada. Además, dio cuenta de la persecución que el joven venía sufriendo y que tuvo su episodio final apenas cuatro meses después. Si bien la familia no denunció aquella detención ilegal ni las torturas, su hermana Vanesa Orieta lo acompañó esa misma noche a un hospital de San Justo donde se constataron las heridas que Luciano tenía producto de los golpes. Esa prueba, más el relato del sufrimiento de todo el día tanto de Vanesa como de Mónica Alegre, su mamá, fueron esenciales para la condena. Pero el dato más importante fue la voz del propio joven. Luciano les relató a ambas lo que sufrió en su detención ilegal. Ese relato, en la voz de sus mujeres más queridas, terminó condenando a Torales.



Amenazas

La circunstancia de la denuncia misma por la desaparición de Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador fue una amenaza. Vanesa Orieta se presentó en el lugar con una amiga, y ambas se sentaron en una oficina. Quien dialogó con ellas, lo hizo luego de poner su arma reglamentaria sobre la mesa. De allí se desprendieron una cadena de atentados a la seguridad de la familia y de quienes se organizaron con ella. Autos de civil y personas extrañas siguiendo todos sus pasos se hicieron costumbre. El primer episodio con algo de repercusión fue contra dos militantes que acompañaban la causa: mientras una recibía un llamado en el que se reproducía un audio de Vanesa, el otro atendía otro y sonaba, del otro lado, la marcha fúnebre.
Sin embargo, el primer sacudón llegaría meses después. El episodio a partir del que la familia identificó que no se trataba de ‘sustitos’ sino de vidas en riesgo, de enfrentarse a un monstruo y que ese monstruo fuera el Estado: una amiga de Vanesa fue secuestrada y llevada a una comisaría en la jurisdicción contigua a Lomas del Mirador. Fue golpeada y abusada. Años después, ella y su hermano fueron visitados por policías del destacamento de Lomas del Mirador, que les recomendaron que se fueran por un tiempo porque los iban a matar.
También fue atacado Mario, uno de los hermanos de Luciano, por dos policías, uno de civil, que lo increparon desde un auto de civil y sin patente. Se bajaron, lo arrinconaron contra una pared y le pegaron en la calle. Otra vez, alguien metió una madera en brasa por la ventana de la casa en la que Mónica (mamá de Luciano) vivía con Mario y Mauro, su hijo menor. La acomodó cuidadosamente en medio de una pila de frazadas. Los despertó el humo. Los quisieron matar.
A mediados de 2015, incendiaron el auto de Vanesa en la puerta de su casa. Fue un mes después de que la justicia condenara a diez años de prisión a Julio Diego Torales por las torturas cometidas contra Luciano el 22 de septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición definitiva. Estas son algunas de las más graves amenazas que recibió el grupo de Familiares y Amigos de Luciano, pero son incontables las veces que el Estado les mostró su impunidad y sus herramientas para garantizarla.


La historia al cine

Si el caso de Luciano se convirtió en emblemático para dar cuenta de la problemática que sufren los pibes de los barrios populares de parte de las fuerzas del Estado, es lógico pensar que el cine aborde el caso. Algunas obras lo tomaron parcialmente (por ejemplo Nunca Digas Nunca, de producción colectiva, o Antón Pirulero, de Patricio Escobar) pero, en este caso, la cineasta Ana Fraile, junto a Lucas Scavino, da los toques finales a la película ¿Quién mató a mi hermano?, que si bien aborda la problemática general lo hace siempre con el foco en la historia de Luciano Nahuel Arruga. Fraile, realizadora de Un Fueguito -documental sobre su tío abuelo, el científico César Milstein- se vinculó con la familia de Luciano en 2014, a través del periodista Adrián Pérez. A partir de allí, comenzaron a registrar el recorrido de la búsqueda de verdad y justicia. La película promete imágenes del juicio al policía Torales nunca publicadas antes, y datos reveladores para la causa judicial. Se estima que podría estrenarse en los cines antes de mitad de año. Fraile vive ahora en Alemania, y a partir de estar dando los toques finales a la película sobre Luciano, pudo vincularse con familias de regiones tan distantes como diferentes: Pakistán, Colombia o Cachemira. En ellas halló historias gemelas de gente que, al menos por ahora, no se conocen entre sí.

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